Por si usted no lo sabe, en Chile buena parte de la biblioteca para ciegos de Providencia es ilegal. Es ilegal también fotocopiar el libro que compraste para poder subrayar y destacar con colores amarillos ese capítulo que tienes que estudiar para una prueba. Es igual de ilegal comprar un CD de Kudai y pasarlo a MP3 para poder escucharlo en un pendrive. Es ilegal hacer un collage o samples de canciones sin autorización. Es ilegal publicar en tu blog una foto del volcán Llaima que viste en El Mercurio para ilustrar un post. Aunque dejes clarito que quien sacó la foto fue un fotógrafo del diario y no tú. Igual de ilegal es hacer una cita que supere las diez líneas. Sí, leíste bien, diez líneas. Para la legislación chilena de propiedad intelectual hacer reproducciones de obras intelectuales sin autorización (MP3, libros, películas, etc) es ilegal. Sea que lo hagas para vender o que lo hagas para uso personal. Igual de ilícito. Igual de pirata.

Todo lo anterior resulta de aplicar al día de hoy una ley que se redactó antes del año 1970, antes que siquiera se pensara en ver televisión a color. Si bien esta ley ha sufrido varias modificaciones, todas ellas han sido para sobre proteger a los titulares de derechos de autor (más bien a las transnacionales de la música y del espectáculo que a los autores, dado que son ellas quienes detentan estos derechos), aumentando las penas en forma desmesurada frente a las infracciones a la ley y aumentando los plazos de protección de 30 a 70 años luego de la muerte del autor, yendo bastante más allá que los estándares internacionales, entre otras cosas. Para ponerlo en contexto, en Estados Unidos, los 70 años son gracias a una ley llamada por algunos Mickey Mouse Protection Act, que aumentó los plazos para evitar que el ratón Mickey pasara al dominio público. En otras palabras, para proteger los bolsillos de la Disney Corp. y no el de los pobres dibujantes.

Los derechos de autor son derechos que la sociedad le entrega a los autores de una obra para que la exploten comercialmente por un lapso de tiempo. Una vez que expira ese lapso de tiempo, la obra pasa a ser patrimonio cultural común, patrimonio de todos. Lo que es obvio, dado que ninguna obra se ha creado por generación espontánea, todas se crean emulando a otro, mejorando ideas anteriores y utilizando patrones existentes. Los Prisioneros no hubieran existido sin The Clash, y nadie en su sano juicio desearía que Jorge González le pagase un impuesto a Joe Strummer o a Mick Jones. Por eso, una vez expirado el plazo, la obra pasa a lo que se denomina dominio público. Y por eso el derecho de autor no es lo mismo que la propiedad que tiene un músico sobre su guitarra.

Pero si hay una tendencia en el derecho de autor en los últimos cincuenta años ésta es aumentar la protección y eliminar progresivamente las excepciones que benefician al público, tendencia de la que Chile no ha estado ajeno. Por eso llama la atención que en este momento se esté discutiendo una reforma a la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) que pretende de una vez por todas restablecer el equilibrio y la cordura perdidas, estableciendo excepciones que permitan funcionar a las bibliotecas, que favorezca a los discapacitados y, en definitiva, que no nos convierta en delincuentes por usar internet. Es una reforma que pretende volver las cosas a su equilibrio. Tomar en cuenta de una vez al público.

Pero aunque ustedes no lo crean, en Chile hay quienes piensan lo contrario .

Donde se aprecia apertura y coherencia, algunos ven violaciones. Donde yo veo equilibrios, algunos ven destrucción. Donde usted ve internet y acceso, algunos ven robo.

Así es como durante los últimos días hemos visto desfilar con pancartas y chapitas a conocidos artistas nacionales como Juan Carlos Duque, Horacio Saavedra, Denisse Malebrán y muchos otros en contra de esta reforma a la LPI. Según ellos, esta reforma privilegiaría a “las grandes empresas de internet” dejando desprotegidos a los creadores. Han armado grupos en Facebook y pagado caros insertos en diarios de circulación nacional. Se han encargado de llenar las casillas de los medios nacionales haciendo saber su enojo por una ley que según ellos se ha hecho a espaldas de los artistas y que llevará a la muerte de la cultura en Chile.

De hecho, montaron una página web -un newsletter, en estricto rigor- donde expresan su malestar exigiendo un TRATO JUSTO para los artistas de Chile con las siguientes palabras

El proyecto de ley de propiedad intelectual que se tramita en el Congreso maltrata a los artistas y autores; destruye sus organizaciones; contradice los hermosos discursos oficiales en favor de la cultura y de las organizaciones ciudadanas; da la espalda a la tradición nacional de apoyo a autores y artistas; abre las puertas a la pillería, el abuso y el dominio sin contrapesos de las grandes empresas multinacionales perjudicando a los creadores; y daña finalmente al país completo porque un país que trata mal a sus creadores se trata mal a si mismo. Tal como está, esta ley no garantiza un trato justo.

El problema, mis amigos, es que ellos están hablando a nombre de todos nosotros, porque todos somos creadores. Desde el momento en el que sacamos una fotografía o cuando escribimos en nuestros blogs. Lo que ellos están exigiendo es un trato justo para algunos. Nosotros debemos exigir un trato justo para todos.

A pesar de lo que ellos dicen, las reformas que están hoy en el Congreso no quieren eliminar a los artistas, quieren entregar derechos al público. No suprime a los autores, sino que integra a los usuarios. No fomenta la piratería, sino que pretende no criminalizar todo lo que hacemos en Internet. No decirte pirata si pasas un CD a MP3. No llamar delincuente a la biblioteca si copia un libro para proteger el original de los ratones o la humedad.

La pelea por un derecho de autor hace rato dejó de ser una discusión de expertos. Tampoco es una discusión entre artistas. Es una cuestión de interés público y que afecta nuestro día a día. Por eso hay que estar atento a lo que pasa en el Congreso y atentos a la desinformación que algunos pretenden imponer en la opinión pública.

Si alguien pide un trato justo para algunos, entre todos digamos que necesitamos un trato justo para todos.

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No voy a descubrir acá la relación directa que existe entre democracia y disidencia. Esta idea que explica que la democracia supone la existencia de grupos de disidentes, de descontentos, que ponen en duda y cuestionan continuamente esos sospechosos acuerdos generales entre quienes toman decisiones.

Y claro, la democracia moderna supone además, entre otras cosas, que los intereses públicos se vean legítimamente reflejados en esta toma de decisiones, sea a nivel parlamentario, sea a nivel de gobierno. De no ser así, de no cumplirse estos estándares formales y materiales simplemente no estaríamos frente a una democracia verdadera.

Todo esto a partir del hecho que marcó la semana en Chile. El martes pasado se desarrollaba la Jornada de Clausura de Diálogos Participativos por la Educación Pública que convocaba a estudiantes, profesores y autoridades frente a las eventuales reformas a la Ley General de Educación. Cuando la Ministra de Educación Mónica Jiménez estaba en plena exposición, fue interrumpida por estudiantes encarándola por defender la famosa ley. En el marco de esa batahola, María Música Sepúlveda, una escolar de 14 años se acercó a la Ministra y le vació un jarro lleno de agua a la autoridad.

Como usted se podrá imaginar, luego del bochornoso episodio todo el mundo opinó, desde la presidenta hasta la conferencia episcopal (?). Todos, por supuesto, estuvieron de acuerdo en repudiar el acto de la estudiante así como también la torpe reacción del colegio de profesores frente al asunto.

En uno de los mejores highlights de la jornada, el senador Eduardo Frei, apuntó seriamente que el hecho revelaba “la existencia de una escalada de violencia” y agregó sin arrugarse que

“Si seguimos por este otro camino vamos a la anarquía, vamos al caos, vamos a la violencia institucionalizada y lo más grave es que los profesores justifican esa violencia”

En el mismo tenor, el alcalde de la comuna donde estudia María pidió su expulsión del colegio como medida disciplinaria, la que fue respaldada por la Dirección de Educación. Como había cámaras de televisión, el siempre hiperventilado alcalde de La Florida Pablo Zalaquett no pudo evitar opinar y sostuvo que frente a la falta de arrepentimiento de la menor de edad, “lo mínimo que puede haber es la expulsión del colegio“.

Como decía al principio, tiendo a levantar las antenas y a sospechar cuando todo el mundo está de acuerdo. Es que la verdad de las cosas es que yo no le veo tanta gravedad al jarrazo de la María Música. Me parece mal. Pero más bochornoso es utilizar el hecho para reprimir discurso disidente de una serie de actores que durante años han tratado de ser escuchados en una reforma educativa como es el caso de estudiantes y profesores. E infinitamente más bochornoso me parece que la Ministra se mofe de los estudiantes después del episodio agradeciendo ser mojada con agua y no por el “guanaco“.

No estoy diciendo que el lanzar jarros de agua sea una forma correcta de expresarse en democracia. Lo que me sí parece inaceptable es que se demonice la reacción de una chica de catorce años que incluso ha terminado declarando ante los tribunales de familia por haber “atentado contra la autoridad”. Todo esto porque actores políticos sostienen sin un atisbo de duda que el problema es que la chica no se ha arrepentido y por tanto es necesario una “condena moral” e incluso algunos sostuvieron la necesidad de “sanciones formativas” (lo que sea que ello signifique).

Más inaceptable me parece que una Ministra de estado se luzca con la siguiente declaración que ha pasado aséptica por buena parte de la prensa nacional y que demuestra una concepción de la educación y de la democracia que no quiero compartir con mis hijos.

“Yo le preguntaría qué pasó antes de la violencia. ¿Qué pasó? ¿por qué anda en la calle desde los 11 años? ¿por qué ella se ha convertido en una activista desde los 11 años?. ¿Es eso lo que esperamos de un niño de 11 años, que ande reclamando como decían ellos, hoy por las ballenas, mañana por la Ley General, pasado mañana por la causa mapuche?”

Una sociedad realmente democrática cuida a sus hijos, no los envía a la policía ni los expulsa de los colegios cuando cometen faltas. Por lo demás, una sociedad sana se sentiría orgullosa con que sus hijos sean capaces de participar en política desde temprana edad. Cuando quienes están en el poder sugieren poner límites arbitrarios a la libertad de expresión, perdemos parte del corazón de la democracia y nos transformamos en una sociedad más pobre, abúlica y enfermiza. Las María Música de este mundo, a pesar de los excesos ciertamente evitables, nos sirven para testear qué tanto creen nuestros políticos y nuestra sociedad en una democracia deliberativa. Lamentablemente, esta vez en esto salimos reprobados.

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Fotografía por Gabriel CC:BY-SA-NC

Con esto cierro el ciclo de post dedicados a Campus Party Bogotá.
El cierre es con una entrevista que hice a Álvaro Ramírez y a Gabriel Jaime de Hiperbarrio.org

Como les he comentado, Hiperbarrio es un colectivo de usuarios de la biblioteca de La Loma en Medellín, quienes a partir de la tecnología han comenzado a rescatar la memoria histórica del barrio, dejando de lado la historia reciente de violencia.

En la entrevista explican cómo lograron que hoy esos chicos de un barrio muy pobre y estigmatizado estén hoy escribiendo en blogs, haciendo podcast, entrevistando a vecinos, e incluso una de ellas viajó a Budapest al Summit anual de Global Voices.

Si para algo debe servir la tecnología, es para esto. Les dejo la entrevista, también disponible, como siempre en Podcaster.

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