La gente de El Mercurio online parecen ser de los pocos medios que trabajan en estos ajetreados y flojos días. A lo menos parecen ser los únicos que han dado cobertura al impresentable proyecto de ley que pretendía desconectar de Internet a quienes descarguen archivos en infracción a la ley de propiedad intelectual. En la nota fechada hoy, El Mercurio da cuenta de las, por decir lo menos, extrañas explicaciones del diputado Ceroni, las que son contextualizadas por Christian Leal, donde da cuenta de su desconocimiento del tenor del proyecto de ley que suscribió y de su ánimo de retirarlo.
En la misma nota, la diputada Ximena Vidal, ex-actriz y recurrente defensora de estándares restrictivos en materia de derecho de autor, opinaba lo contrario diciendo que era partidaria no de retirarlo sino de revisarlo, debido a las observaciones hechas llegar por correo electrónico.
La noticia es que la señora Vidal esta vez perdió y el proyecto fue retirado con fecha de hoy, como cuenta Pedro Huichalaf. Hasta acá, todo bien.
En paralelo, me escribe un correo don Guillermo Frene, abogado de Carey y Compañía que aparece salpicado en la historia por aparecer como “autor” del documento donde consta el proyecto de ley y para rematarla, con software pirateado. Según Guillermo, todo esto fue un malentendido y que nunca participó en la redacción del proyecto. Que trabajó como asesor parlamentario, pero que no tenía idea de este proyecto de ley. Y que todo esto le ha provocado un costo importante, familiar y profesional.
Sinceramente creo que el proyecto de ley era horrible. Impresentable e irreflexivo. Pero lo más grave, creo yo, y algo en lo que ningún periodista, salvo Leal, ha reparado, que es en cual es la vinculación de estudios jurídicos con diputados y senadores. En este caso, tenemos más que indicios que este lamentable proyecto fue redactado en las oficinas de un prestigioso estudio de abogados y que a días de hacerse público, fue retirado por los mismos diputados que felices firmaron el proyecto hace una semana atrás.
Supongo que a nivel público cuando se trata de complejos temas legales, se licitan servicios jurídicos para la redacción de proyectos de ley. A lo menos esa vinculación es transparente y uno puede acceder a esa información a través de recursos legales. Pero ¿y en este caso? ¿Cuál es la vinculación entre Carey y Cia. y el grupo de diputados PPD? De existir, ¿Cómo resuelven los evidentes conflictos de intereses entre un estudio jurídico que defiende intereses económicos y los intereses públicos de nuestros representantes en el Congreso? Me parece que las preguntas más importantes en toda esta historia siguen sin ser resueltas.
Y para añadirle más merkén al asunto, resulta que el proyecto que pretendía aumentar radicalmente las penas frente a la mal llamada piratería, fue redactado en una versión de Windows pirateada. ¿Es que acaso nadie repara en ello? Hoy estamos inmersos en un tremendo proyecto de ley que pretende reformar nuestra anticuada ley de propiedad intelectual, entre otras cosas, aumentando las penas frente a las infracciones y con lobbys inmensos de empresas varias, organizaciones sociales, pero fundamentalmente de entidades de cobro de derechos de autor.
La pregunta que resuena de fondo, y a la que nadie ha dado una respuesta satisfactoria, es a quien realmente beneficia una legislación cada vez más protectora de derechos de autor en detrimento del público.
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