Durante los últimos años Bono se ha re-inventado, esta vez no musicalmente, como un líder de la paz, la caridad y la buena onda pasada a corrección política. De hecho, en su entrada de Wikipedia el trabajo humanitario ocupa hoy más caracteres que su exitosa carrera de cantante de rock.
En un OpEd del New York Times de ayer, Bono se anota con listado personal. Un listado que no está pensando en el pasado, sino que -en palabras suyas- en el futuro. Y se refiere a los desafíos de la propiedad intelectual.
En un párrafo muy interesante, Bono hace la ya famosa crítica a la neutralidad de los prestadores de servicios de internet, pero con una vuelta intrigante, haciendo una comparación con el control que se realiza en Estados Unidos para detener la pornografía infantil y los esfuerzos de China para detener discurso crítico en línea (sí, leyó bien).
We’re the post office, they tell us; who knows what’s in the brown-paper packages? But we know from America’s noble effort to stop child pornography, not to mention China’s ignoble effort to suppress online dissent, that it’s perfectly possible to track content.
Discutir respecto de la importancia de los bienes jurídicos a proteger es la parte fácil del argumento. Hace falta algo más que un párrafo para explicar una razón suficiente para creer que es razonable intervenir el contenido de una red con el fin de evitar descargas de contenido protegido. Pero lo que más me gusta de la columna es que la escribe una superestrella que habla a nombre de jóvenes compositores, con quienes a estas alturas probablemente lo único que comparte sea que ambos son capaces de sacarle sonidos a una guitarra.
Así como es exagerado solicitar control de lo que circula en internet para proteger un modelo de negocios que se ha mostrado incapaz de evolucionar, también lo es que el niño símbolo de la corrección política quiera mostrarse empático con los compositores jóvenes desde su chalet, culpando al empedrado por la crisis de la industria que hizo posible su éxito.
fotografía: wikimedia commons, PD.
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En 1968 la revista Science publicó un artículo del biólogo texano Garret Hardin que se iba a transformar en un clásico de la literatura económica de la segunda mitad del siglo XX. En él, Hardin sostiene que si todo el mundo tiene acceso libre a un terreno, cada uno de nosotros intentaremos llevar la mayor cantidad de animales posible. Mientras más animales llevemos, mejor para nosotros. El problema -la tragedia, dice Hardin- se produce porque maximizar nuestro beneficio implica pérdida para el resto. Y si todos hacen lo mismo, todos pierden y nadie se beneficia. En palabras del propio Hardin,
Y ahí está la tragedia. Cada hombre está encerrado en un sistema que lo impulsa a incrementar su ganado ilimitadamente, en un mundo limitado. La ruina es el destino hacia el cual corren todos los hombres, cada uno buscando su mejor provecho en un mundo que cree en la libertad de los recursos comunes. La libertad de los recursos comunes implica la ruina para todos.
La única salida para esta tragedia, para Hardin, era un sistema de propiedad, con intervención gubernamental o la propiedad privada del terreno común, dado que de lo contrario esos bienes colectivos estaban destinados al abandono y la falta de gestión.
Este corolario parece haber sido repetido como un mantra por varias generaciones de economistas, muchos de los cuales han terminado convenciéndose de ello, haciendo apuestas que apuntan a la destrucción y consiguiente propietarización de estos recursos de uso común (sin ser economista, es la mejor traducción que se me ocurrió para los “common-pool resources”) como una manera eficiente de gestión.
Hasta que llegó Elinor Ostrom. En un libro de 1990 llamado “Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action”, le envía un flechazo al corazón a la tesis de Hardin, sosteniendo -entre otras cosas- que para evitar la tragedia, lo relevante no es el sistema de propiedad sino el sistema de administración. Ostrom sostuvo que existe una tercera vía de administración de esos recursos de uso común, cuando los individuos usan normas sociales e instituciones muchas veces informales para hacer una gestión que muchas veces es superior a la mera privatización de dichos recursos. De alguna manera, parece sugerir Elinor, en condiciones de escasez resultan más eficientes estructuras de colaboración entre los individuos antes que la depredación indidivual.
Por cierto que la tesis de Ostrom no es aplicable a toda clase de problemas. Pero probablemente donde con mayor claridad es posible aplicarlo es, sorpresa, a las nuevas formas de asociatividad promovidas por las nuevas tecnologías. Tal vez el ejemplo de la Wikipedia o la construcción del sistema operativo Linux sean buenos ejemplos al respecto. Por otro lado, la regulación de la propiedad intelectual y el dominio público también tienen cosas que decir. En un artículo titulado “Ideas, Artifacts, and facilities: Information as a Common-Pool resource“, Ostrom y Charlotte Hess aplican dicha teoría al campo de la investigación científica y las publicaciones académicas con resultados interesantes. Respecto de la información académica, expresamente Ostrom señala que la tragedia de los comunes no parece tener cabida. Entre otras razones, porque existe una cantidad importante de razones que incentivan la producción de investigaciones científicas y la colaboración entre investigadores, como la necesidad de tener información al día, los altos costos de acceso de publicaciones indexadas privadamente o la necesidad de diseminar el conocimiento en forma inmediata, gracias a repositorios e índices de acceso abierto.
Como sea, pareciera ser que con el Nobel se comienzan a escuchar lejanas las conclusiones trágicas de Garrett Hardin cuando las oportunidades y herramientas que permiten la colaboración son únicas en la historia. En un mundo donde muchos paradigmas económicos parecen estar en una encerrona fatal, muchos queremos que Elinor Ostrom tenga razón.
Fotografía: rpdorgan, Flickr.
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En estos días ha aparecido en prensa la existencia de un proyecto de ley que pretendería establecer censura en internet, cortar la conexión a internet y dejaría a los prestadores de internet (ISP) como policías para perseguir infracciones a la ley de propiedad intelectual.
Dos noticias. La primera es que existe un proyecto de ley, pero de propiedad intelectual. La segunda es que el proyecto no contempla ninguna de esas tres cosas. No existe, en definitiva, ningún proyecto de censura en Internet.
El proyecto de ley, por el contrario, es el primer esfuerzo serio de tener un sistema de derechos de autor equilibrado y justo, con excepciones y limitaciones para bibliotecas, establecimientos educacionales y público en general. Un proyecto que adapte de una buena vez la ley que data de 1970 y que, a estas alturas, es insuficiente para la realidad del siglo veintiuno.
En el contexto de la ley ha habido dos grandes debates. El primero, respecto del establecimiento de una excepción que garantice usos justos, al que en un principio se opuso fuertemente la SCD y los sellos discográficos. El segundo, el sistema de notificación y bajada del sistema de limitación de responsabilidad de los ISP. Resabio del TLC con Estados Unidos de 2003, Chile está obligado a regular un régimen especial de limitación de la responsabilidad de los ISP por los eventuales ilícitos que se realicen a través de sus redes. La SCD junto con los sellos discográficos hicieron fuerte lobby a favor de un sistema de notificación privada para que el ISP se viera obligado a bajar contenidos eventualmente infractores. Por medio de una mera carta certificada, proponían, el ISP debía bajar esos contenidos o de lo contrario sería él el responsable de dichas infracciones.
Como ese tipo de notificación adolece de problemas constitucionales, finalmente lo que el Senado adoptó fue un sistema mediante el cual cualquier bajada de contenidos debe suponer previamente una resolución judicial. Es decir, no cualquier notificación ni carta certificada, sino el estudio previo por parte de un juez que garantice la idoneidad de la medida restrictiva de derechos.
Pero se les coló el artículo 85 T, que en una redacción confusa señala que:
Artículo 85 T. (…) El prestador de servicio que voluntariamente o ante un requerimiento, de buena fe, retira, inhabilita o bloquea el acceso a material, basándose en una infracción aparente o presunta, estará exento de responsabilidad ante cualquier reclamo por esas acciones en la medida que, tratándose de material alojado en sus sistema o red, notifique sin demora al proveedor del material, que se ha retirado, inhabilitado o bloqueado el acceso a éste. Si el proveedor del material realiza una comunicación informando su sometimiento a la jurisdicción del tribunal competente de su domicilio en un proceso por supuesta infracción, el prestador de servicio deberá reestablecer el material en línea, a menos que en el intertanto el requirente haya presentado una medida prejudicial o una demanda ante el tribunal competente que ordene o ratifique el retiro, inhabilitación o bloqueo de acceso al material.
El artículo, según mi opinión, adolece de una serie de defectos y, por lo demás, no guarda relación con la lógica de notificación judicial para cualquier bajada de contenido. Efectivamente puede suponer una puerta para abusos de los ISP. Pero de ahí a sostener que se está autorizando al ISP para bajar contenidos y cortar conexiones, hay un buen trecho. Ni siquiera este artículo, de deficiente técnica legislativa, supone la censura en la red, como algunos han señalado.
Por otro lado, el proyecto de ley tiene muchas deficiencias, como la inexistencia de sistema público de protección del patrimonio cultural común, o resolver el problema de las obras huérfanas, por sólo dar dos. Pero pretender echar por tierra un proyecto de ley que por primera vez en la historia de Chile va a equilibrar los intereses del público estableciendo excepciones claras para el público es absurda y, como bien dice Carlos, sería el gran triunfo de quienes quieren un sistema extremista de propiedad intelectual sin excepciones.
Por otro lado, las campañas que han aparecido en internet, lejos de alentar un sistema adecuado o justo de propiedad intelectual al parecer no hacen sino poner obstáculos a la compresión de los derechos de autor no sólo como protección de propiedad, sino también como garantías de acceso al conocimiento y la cultura. Saturar las casillas de correo de los diputados con mensajes equívocos y otros derechamente equivocados respecto del proyecto, lo único que hacen es darle razones a quienes quieren seguir discutiendo esto entre cuatro paredes, de espaldas a la gente. Un activismo digital de verdad, es un activismo que se haga responsable y con la verdad, no con supuestos ni con intuiciones. Y eso veo que hace mucha falta en estos días.
Foto: St3f4n, CC:BY-NC-SA
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La inglesa Lily Allen, que se hizo famosa por canciones en un MySpace, quería dar una batalla en internet a favor de los artistas. Que internet está mal y que mata la música y la cultura. Que los ISP son malignos y se llevan plata que le corresponde a los artistas. De esas cosas que hemos escuchado por acá últimamente.
Lily anunció que montaría un blog para mostrar su verdad sobre el debate respecto de la piratería. Montó un blog y lo llamó ‘It’s not alright‘, que en castellano podría traducirse como “Esto no está bien”, un nombre que llenaría de orgullo a nuestro Juan Guillermo Tejeda.
El experimento duró cuatro días y Allen decidió cerrar el blog.
¿Soy el único al que le parece conocida esta historia?
Fotografía por NRK CC:BY-NC-SA
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Créditos de la fotografía de arriba para SML, CC:BY-NC-SA
Ayer se movieron las aguas. No sólo en algunos blogs que hablaban de la supuesta desaparición de los usos justos en Chile después de un complot del gobierno. Sino que también en el Congreso, respecto de la reforma a la ley de propiedad intelectual.
Pasó ayer miércoles que en pleno debate, el Senador Ruiz-Esquide retiró una indicación por él propuesta que tenía una redacción similar a una norma propuesta por el ejecutivo en el mensaje presidencial que consagraba, básicamente, más excepciones que las que establece la ley cuando estos casos no afecten la explotación normal de la obra. La norma de la que les contaba en post anterior. Mala cosa, pero no el infierno.
Es más, los trascendidos dicen que los senadores acordaron a su vez discutir respecto de la excepción de usos justos contemplada en las indicaciones 123 y 124, que son las que verdaderamente importan y las que finalmente establecerán una excepción de usos justos para Chile.
Tanto la indicación del Senador Ruiz-Esquide como la 123 y 124 han sido rechazadas con energía por nuestros amigos de la SCD y la industria discográfica. Pareciera ser que para ellos todo lo que suene a una excepción favorable al público, por más de sentido común que sea, resulta una ‘expropiación’ inaceptable que impedirá alimentar a los hijos de nuestros artistas.
Es por eso que ni la pelea ni la guerra todavía está perdida. Y personalmente me duele que con el legítimo fin de informar algunas veces se pierda el norte del asunto y terminen por desanimar a quienes están de verdad preocupados por estos temas. El desánimo y la falta de acción son nuestros principales enemigos.
Necesitamos usos justos, sí. Necesitamos hacer algo, sí. Pero no esperemos que otra gente haga cosas ni caigamos en el juego histérico de la propia SCD y sus campañas mañosas. Hagámosla nosotros.
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La gente de El Mercurio online parecen ser de los pocos medios que trabajan en estos ajetreados y flojos días. A lo menos parecen ser los únicos que han dado cobertura al impresentable proyecto de ley que pretendía desconectar de Internet a quienes descarguen archivos en infracción a la ley de propiedad intelectual. En la nota fechada hoy, El Mercurio da cuenta de las, por decir lo menos, extrañas explicaciones del diputado Ceroni, las que son contextualizadas por Christian Leal, donde da cuenta de su desconocimiento del tenor del proyecto de ley que suscribió y de su ánimo de retirarlo.
En la misma nota, la diputada Ximena Vidal, ex-actriz y recurrente defensora de estándares restrictivos en materia de derecho de autor, opinaba lo contrario diciendo que era partidaria no de retirarlo sino de revisarlo, debido a las observaciones hechas llegar por correo electrónico.
La noticia es que la señora Vidal esta vez perdió y el proyecto fue retirado con fecha de hoy, como cuenta Pedro Huichalaf. Hasta acá, todo bien.
En paralelo, me escribe un correo don Guillermo Frene, abogado de Carey y Compañía que aparece salpicado en la historia por aparecer como “autor” del documento donde consta el proyecto de ley y para rematarla, con software pirateado. Según Guillermo, todo esto fue un malentendido y que nunca participó en la redacción del proyecto. Que trabajó como asesor parlamentario, pero que no tenía idea de este proyecto de ley. Y que todo esto le ha provocado un costo importante, familiar y profesional.
Sinceramente creo que el proyecto de ley era horrible. Impresentable e irreflexivo. Pero lo más grave, creo yo, y algo en lo que ningún periodista, salvo Leal, ha reparado, que es en cual es la vinculación de estudios jurídicos con diputados y senadores. En este caso, tenemos más que indicios que este lamentable proyecto fue redactado en las oficinas de un prestigioso estudio de abogados y que a días de hacerse público, fue retirado por los mismos diputados que felices firmaron el proyecto hace una semana atrás.
Supongo que a nivel público cuando se trata de complejos temas legales, se licitan servicios jurídicos para la redacción de proyectos de ley. A lo menos esa vinculación es transparente y uno puede acceder a esa información a través de recursos legales. Pero ¿y en este caso? ¿Cuál es la vinculación entre Carey y Cia. y el grupo de diputados PPD? De existir, ¿Cómo resuelven los evidentes conflictos de intereses entre un estudio jurídico que defiende intereses económicos y los intereses públicos de nuestros representantes en el Congreso? Me parece que las preguntas más importantes en toda esta historia siguen sin ser resueltas.
Y para añadirle más merkén al asunto, resulta que el proyecto que pretendía aumentar radicalmente las penas frente a la mal llamada piratería, fue redactado en una versión de Windows pirateada. ¿Es que acaso nadie repara en ello? Hoy estamos inmersos en un tremendo proyecto de ley que pretende reformar nuestra anticuada ley de propiedad intelectual, entre otras cosas, aumentando las penas frente a las infracciones y con lobbys inmensos de empresas varias, organizaciones sociales, pero fundamentalmente de entidades de cobro de derechos de autor.
La pregunta que resuena de fondo, y a la que nadie ha dado una respuesta satisfactoria, es a quien realmente beneficia una legislación cada vez más protectora de derechos de autor en detrimento del público.
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Mientras algunos seguimos atentos, expectantes y ansiosos respecto de lo que se decidirá en el Congreso Nacional durante los próximos meses en el marco de la discusión sobre la reforma a la Ley de Propiedad Intelectual de la que tanto hemos escrito, un grupo de diputados tienen ganas de meter un gol de media cancha inaudito.
El día 17 de diciembre, los diputados señores Guillermo Ceroni, Rodrigo González, Jorge Insunza, Tucapel Jiménez, Marco Antonio Núñez, Jaime Quintana y doña Ximena Vidal (todos del PPD, salvo Jiménez, independiente) presentaron un proyecto de ley que denominaron “Protección de la creación en Internet” (Boletín 6280-12), el que propone incorporar una norma nueva a la ley de propiedad intelectual:
Artículo único: Incorpórese un nuevo inciso final al artículo 81 bis de la Ley 17.336 sobre Propiedad Intelectual, del siguiente tenor:
“Las personas o abonados que descarguen de Internet archivos que infrinjan las disposiciones de la presente ley, sin perjuicio de las demás penas señaladas, estarán sujetos a la suspensión de su conexión a la red, de entre tres meses y un año.”
Así que ya lo sabe,
usted, que tiene iPod y pasa sus CDs a MP3,
usted, señora bibliotecaria que fotocopia capítulos de libros para los alumnos,
usted, señor profesora que enseña a leer con fotocopias de Piececitos de Niños de la Mistral,
usted, señor que le regaló un compilado de canciones en CD a su polola,
usted, que hace citas de más de diez líneas,
usted, que hace traducciones de artículos en su blog,
usted, señor músico, que hace remixes y samplea canciones de otro sin autorización…
además de ser considerado hoy delincuente,
algunos quieren desconectarlo de internet.
Seguimos así con la irracionalidad del derecho de autor y cómo nuestros representantes no parecen entender cómo funcionan las nuevas tecnologías. Cómo nuestros representantes en el Congreso suponen que la regulación debe ser punitiva y castigadora en lugar de optar por reducir la brecha digital, ofrecer oportunidades para el acceso a la cultura y al conocimiento a través de internet y no pretender proteger vetustos modelos de negocio.
Feliz navidad para todos. Y ya lo sabe, señor diputado. Acá estaremos acordándonos de usted para su reelección ;-)
Actualización Habemus:
Al parecer los adalides en la defensa de la propiedad intelectual tienen tejado de vidrio…
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Todo el mundo tiene sus informantes. Por el correo de las brujas nos enteramos que ayer por la noche se iba a realizar una cena en un humilde restaurant de la capital ubicado al borde del Cerro San Cristóbal llamado Divertimento donde se darían cita una serie de personajes ligados a la SCD para mostrar su “campaña” por un trato justo sólo para algunos.
Pero claro, la noticia no era esa, sino que estaban también invitados varios Senadores de la República, sí, esos mismos que han sido escogidos por todos nosotros para representar el interés común de toda la sociedad. No obstante la negativa de varios de ellos (todos supongo por razones de diversa índole), respondieron afirmativamente a la invitación los Senadores Alberto Espina y Carlos Ominami.
El ojo del crítico de cine Gonzalo Maza también estuvo ahí y reporteó todo lo que pasó después de la “regada” cena.
Alberto Espina salió a hablar primero. No digamos que tenía un público favorable. Una pequeñas pifias se escucharon al comienzo. Pero Espina fue astuto y dijo lo que presentes esperaban: que apoyaba a los artistas en su causa, que conocía sus trabajos, y que desde siempre los ha apoyado porque “los derechos intelectuales son parte de los derechos de propiedad”. Quizás su argumento más convincente fue cuando dijo que ya en el pasado había escuchado que “cosas malas” ocurrirían si se obligaba a los restaurantes y discotecas a pagar derechos de autor por la música… y finalmente nada pasó. Los restaurantes y discotecas siguen funcionando sin problemas. Espina sacó aplausos.
Con el público ya “caliente”, Carlos Ominami tenía que refrendar las palabras de su antecesor para salir con aplausos similares. Pero en una jugada incomprensible, Ominami empezó a decir que había que tener ojo con este proyecto, porque los artistas tenían que entender que había bienes sociales “superiores” que defender antes que los propios. Y mencionó los derechos de las radios comunales (ante lo que Ubiergo dijo: “no tenemos ningún problema con las radios comunales, tenemos problemas con los consorcios radiales”), y siguió diciendo que había límites para el derecho de propiedad (lo que no cayó nada bien y comenzó algunas pifias) y luego Ominami perdió el control, y en una onda muy laguista, empezó a retar a los asistentes por no saber dialogar ni escuchar algo distinto a lo que querían escuchar.
Y ahí todo explotó.
La pifiadera inundó la sala. Y Ana María Gazmuri, la actriz, tomó el micrófono e hizo la interpelación más impresionante que haya visto en alguna parte. La Gazmuri le dijo a Ominami que no podía decirles que no sabían conversar, porque para conversar primero ellos esperaban que el senador hubiera tenido algo que proponer. La Gazmuri se llevó los aplausos. Y Ubiergo, como un guanaco, dio por terminado el asunto y disipó a la multitud que consternada partió para su casa.
Claro, la misma entidad que pide un trato justo para algunos, la misma entidad que es la principal promotora de juicios por cobro de derechos de autor a pequeños locales comerciales, la misma que ha dicho que quienes pretendemos un derecho de autor equilibrado somos comunistas y comeguaguas, la misma que quiere hacerle creer que hay otros (porque no son ellos, claro que no) poderosos lobbys tras la ley, es la que quiere dirigir una vez más el debate sobre el derecho de autor en Chile.
Basta de mentiras y abusos. Queremos un trato justo para todos*.
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(Siempre pensé que era claro que este era un blog personal. Que el que tenía dudas se dirigiría silenciosamente a leer el link correspondiente. Pero bueno, parece que no. Lo aclaro acá mismo entonces: esto que usted ve aquí ES UN BLOG PERSONAL).
Durante la dictadura en Chile, los prohombres que dirigían este país debían esforzarse por explicar las fechorías que cometían en nombre de la libertad. Y para explicarle a la dueña de casa y al trabajador desempleado de qué se trataba esta lucha dirigida desde los cuarteles y CEMA Chile solían recurrir a ingeniosas formas.
Pero había dos metáforas que eran por lejos las favoritas de Pinochet y sus amigos.
La primera, era tratar de mostrar a las autoridades castrenses con alguna ligazón al ideario religioso nacional. “El demonio es manejado desde Moscú“, solía decir la máxima autoridad del ejército. Nombrar a la Virgen del Carmen como patrona, incluso su aparición en Villa Alemana en los momentos más escabrosos de la represión política y que su imagen pudiera verse entre las trizaduras de uno de los vidrios del Mercedes Benz luego del atentado en El Melocotón son sólo perlas que explicaban un mandato metafísico, espiritual de la Junta Militar. La segunda metáfora recurrente era caricaturizar con fineza militar a quienes no estaban de acuerdo con el régimen. “Auquénidos metamorfoseados” para referirse a los bolivianos que pedían salida al mar, “marihuaneros, drogadictos, melenudos, homosexuales y sindicalistas” apuntando al ejército de la RFA de postguerra. Moscotivas y humanoides a quienes osaban levantar la vista y preguntar por las violaciones a los derechos humanos.
“El diálogo es un juego que tienen los comunistas. A mi no me interesa”
comentó alguna vez el desaparecido general.
Todo esto a propósito de las discusiones aparecidas por la reforma a la ley de propiedad intelectual hoy en curso. Algunos han utilizado añejas tácticas para enturbiar la discusión a través, entre otras cosas, de ese viejo amigo que es el miedo . El miedo al cambio de paradigma era lo que impedía a los navegantes de la antigüedad entender por que yendo hacia el occidente era posible llegar a oriente. La arrogancia y la desinformación las nuevas herramientas utilizadas por algunos para evitar estar de acuerdo.
Trato Justo para los Artistas chilenos es el nuevo eslogan. La exigencia para un gobierno que ha sido electo gracias a ellos y no gracias a los votos de todos nosotros, según su particular forma de entender la democracia.
Como militares en dictadura, han recurrido a las mismas metáforas para explicarle a la gente común de la justicia de sus peticiones. Al mismo tiempo que sostienen carteles en marchas a favor de derechos que creen violentados por un proyecto de reforma que a todas luces en su mayoría no han leído, señalan con el dedo a quienes piensan diferente manoseando el ideario religioso y utilizando repetidamente las palabras comunismo y anarquismo para referirse a quienes plantean diálogo y una postura moderada y diferente. Desacreditando gratuitamente a quien piensa distinto en lugar de discrepar. Primero te ignoran. Luego se ríen de ti. Después te atacan. Entonces ganas.
Justificar una posición utilizando las palabras despojo, indefensión, hipocresía, abuso patronal, expropiación, doble estándar, pillería, escándalo y multinacionales nos debiera hacer reaccionar a todos, qué duda cabe. Diciendo que existe gente que pretende destruir a los artistas. Que hay una serie de ideas que destruirán a los artistas chilenos y que son enumeradas por donde pasamos.
Dicen que todo el proyecto de ley se ha hecho a espaldas de los artistas. Que no han sido oídos. Que la Ministra de un momento a otro perdió la cordura y se olvidó de sus colegas, de artistas, cantantes y saltimbanquis. Que los colmillos de las multinacionales ha llegado al Congreso y ha arrasado a los artistas con su lobby.
Lo siento, pero llegó el momento de decir las cosas como son, de transparentar.
- Que el proyecto de ley no pretende exterminar a los artistas, sino que pretende romper desequilibros inaceptables en una normativa de derecho de autor. A tatuárselo en el brazo, compañeros.
- Que si hay alguien que ha sido oído tanto en el Congreso como en la Moneda misma, consiguiendo entrevistas privadas con políticos -de las que por lo demás se jactan- han sido los mismos artistas que levantan carteles y quedan disfónicos de tanto gritar contra las multinacionales.
- Que los que más han visitado el Congreso en el marco de esta ley han sido las sociedades de gestión que agrupan precisamente a los que más fuerte sostienen los carteles denunciando depredación y destrucción.
Entonces llega el momento de decir basta de tergiversaciones, demonizaciones y caricaturas. En democracia tenemos derecho a disentir y a poner argumentos sobre la mesa. Pero la mesa de la discusión sobre la propiedad intelectual en Chile está separada entre quienes aportan propuestas e información y quienes avanzan con anteojeras hacia la concesión de privilegios sin propuestas normativas claras.
En esta democracia de salón, donde todos son condes, duques y príncipes, la única forma de disentir parece ser a través de la descalificación ad hominem y la ofensa. A través del monólogo y la burla soterrada. A través del silencio cómplice y el cuchicheo tras las bambalinas del poder.
En una democracia de verdad los ciudadanos tenemos derecho a exigir que las políticas públicas sean dictadas en base al bien colectivo y no a intereses gremiales de un grupo de ciudadanos. Por eso no se puede discutir ni puede haber intercambio de ideas sobre lo que es mejor para el país cuando no hay propuestas del otro lado de la mesa. Cuando las únicas propuestas parecen estar del lado de la billetera antes que del corazón, descalificando de paso a quien se ponga en frente acusándolo de delirantes alianzas con empresas multinacionales y extraños e imaginarios anarquismos.
Frente a eso, queridos lectores de este humilde blog, no queda más que rebelarse. Rebelarse frente a estos demócratas de salón que con discursos trasnochados e insostenibles no pretenden convencernos, no pretenden hacernos entrar en razón.
Pretenden imponernos una versión particular de la realidad que sólo es posible ser visualizada a través de anteojos 3D especialmente diseñados al efecto. Mientras todo el mundo ve una táctica magistral de Radiohead para saltarse a las multinacionales de la música que históricamente han maltratado a los artistas, ellos ven insólitamente fracasos. Un poco como la democracia del general, donde si no estábamos con él estábamos contra él, donde quienes disienten son infiltrados de multinacionales.
El derecho de autor requiere de un trato justo para todos. Para príncipes, para artistas, para periodistas, blogers, fotógrafos. Para amateurs y profesionales. Para bibliotecarios, profesores y hermanos chicos.
Pero en este debate, los que tenemos que exigir respeto y un trato justo y digno somos todos los ciudadanos. Basta de permanecer inmóviles frente a panfletos con desinformación y delirios, los ciudadanos tenemos que exigir información.
La ilustración de arriba es una ilustración de la edición de 1550 de la "De sphaera mundi", libro de astronomía más influyente del siglo XIII. En el dominio público, naturalmente.
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Hace un par de semanas, la sociedad de gestión de derechos colectivos española (SGAE) anunció la creación de la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, la cual pretende representar dos intereses, en principio disímiles, en pos de lograr una adecuada protección de los derechos de los autores frente al florecimiento de la piratería favorecida por la masificación tecnológica. La creación de este tipo de organizaciones, bajo el alero de las sociedades de gestión no es un caso aislado, y se han creado grupos similares en otros países, como Chile, sin ir más lejos.
Lo anterior da muestra de una extraña relación entre dos de los grupos de interés involucrados en la regulación de los derechos de autor. Pareciera ser que, al contrario de lo que uno podría suponer, los intereses de los miles de artistas y creadores se identifican con los intereses de las transnacionales discográficas de la música y del software; que Adobe y Microsoft levantan las mismas banderas que nuestros artistas plásticos y poetas. Pareciera que súbitamente somos testigos de un milagro, de un momento mágico, donde quienes han negociado condiciones nefastas para los artistas durante décadas se transforman en el brazo derecho de la creación de cultura.
La regulación actual de los derechos de autor, a niveles internacional, regional y local, responde a una importante y triste tendencia, que pretende acrecentar progresiva y violentamente unos derechos que fueron pensados para proteger al autor en los tiempos del mundo analógico en detrimento de los derechos de acceso. Es que los derechos de autor no son sino monopolios de explotación exclusiva por un lapso de tiempo. Como sociedad creemos que la creación intelectual es algo importante para nuestra cultura, y por ello inventamos estos derechos, para que nuestros autores puedan explotar comercialmente sus obras intelectuales por un tiempo determinado. Pero esta garantía ha sido entregada a los autores en el entendido que sus obras intelectuales circulen a través del público. Si el autor mantiene sus obras escondidas en un cajón con siete llaves, no tendría sentido alguno que lo beneficiemos con este monopolio de explotación exclusiva.
Lo cierto es que esta tendencia mundial hacia la sobreprotección de los derechos de autor ha llevado a la creación de titulares sui generis de cierto tipo de derechos y a la amputación de las excepciones y limitaciones a los derechos de autor, que pretenden equilibrar el interés de los autores con el interés del público, de todos nosotros. Esto explica que, si analizamos las normativas de la región, veremos un número críticamente insuficiente de excepciones, que supone que muchas de las actividades que diariamente realizamos en Internet se tornan ilegales. Que en ciertos países el acto de transformar las canciones de un disco compacto a un archivo digital o la digitalización de libros con fines de recuperación patrimonial que hacen bibliotecas sean actos de piratería.
Esta regulación la verdad es que dista de proteger a los autores. Una regulación desequilibrada, que no responda a las necesidades de la sociedad de la información, además de perjudicar al público termina perjudicando a nuevas formas de creatividad que se ven facilitadas por la tecnología. Cada día que pasa se avanza en la superación de la denominada brecha digital, que permite además de otorgar acceso a miles de personas que de otra forma no tendrían cómo acceder al contenido que se ofrece en la red, la creación de obras intelectuales a un costo infinitamente menor de lo que sucedía en el mundo analógico; hoy no es necesario tener un piano de cola para poder escribir obras musicales y cada vez es posible acceder a cámaras fotográficas a más bajo precio, las que permiten generar fotografías y por tanto crear obras intelectuales. Pero mientras la tecnología apunta hacia la apertura, esta regulación desequilibrada apunta hacia el control.
Artistas como Warhol o Duchamp, que cambiaron la forma de entender las artes plásticas en el siglo XX lo hicieron lejanos a las rígidas formas que impone la creación cultural de este derecho de autor desequilibrado. Así, hoy artistas que hacen mashups, collages o artes integradas a través de tecnología son denominados también piratas por una regulación que está lejos de querer proteger la creatividad, sino que pretende proteger una determinada industria cultural bajo el nombre de los artistas.
En este contexto, son las entidades de gestión colectiva en conjunto con la industria multinacional de la cultura y el software las que llevan adelante un discurso anticuado y punitivo respecto de cómo debiera ser el derecho de autor del futuro. Mientras el mundo ve oportunidades y acceso, ellos parecen ver piratería, destrucción y ciertamente menos dinero para sus arcas. Probablemente azuzados por los mismos, es común ver connotados creadores rasgar vestiduras por una nueva regulación que -según ellos- destruirá la cultura y a los artistas, exigiendo con histeria más protección de sus derechos, cueste lo que cueste, y abogando por subir al paredón a quienes pretenden un sistema más justo y razonable.
Pero la verdad de las cosas es que la necesidad de tener un derecho de autor equilibrado dista de ser una necesidad sólo del público. Debe ser una necesidad para el público, para los nuevos creadores y para los nuevos emprendimientos. Mientras la tecnología supone grandes oportunidades de desarrollo y avance de las ciencias y de la distribución de las ideas, algunos lo enfrentan poniendo obstáculos en el camino, parecen preferir avanzar con las anteojeras de un caballo de carreras, evitando observar el flujo de información, acceso y oportunidades que presenta la tecnología para el futuro de la innovación y de la creatividad.
Columna escrita originalmente para Terra Magazine.
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