Vendíamos harto: calcetas, lentes, de todo. [Bastián] Era súper buen comerciante, llamaba la atención de la gente. Se daba cuenta altiro cuando bajaban las ventas y había que cambiar de producto por la temporada. En Halloween, por ejemplo, se le ocurrió lo de las calabazas. El único problema que tenía era cuando había que arrancar: por lo guatón lo pillaban siempre los pacos. Cuando lo agarraban era bien respetuoso, les decía: oiga, ¿por qué no me deja trabajar tranquilo?
Hace un par de semanas atrás, la revista El Sábado de El Mercurio publicó un muy buen reportaje (enlace con paywall) hecho por el periodista Rodrigo Fluxá sobre la muerte de Bastián Arriagada, el muchacho muerto en el incendio de la cárcel de San Miguel que estaba detenido por venta de discos piratas.
Es una historia de pobreza, de precariedad y también, lamentablemente, de propiedad intelectual.
“No piratiemos (sic) la familia, creación registrada por Dios”
Visto en una pancarta en la “marcha por tus valores”, protesta “pro-familia” organizada por comunidades cristianas en Santiago de Chile. Cuando se dice pro-familia, claro, lo que quieren decir en realidad es anti-familia homosexual. La fotografía es de Kena Lorenzini.
Hace algunos días se hizo pública la decisión de la Cámara de Apelaciones en lo criminal donde se confirmó el procesamiento de los propietarios del portal Taringa! al considerar que serían partícipes necesarios en la difusión y reproducción de contenidos protegidos por derecho de autor. Se ha escrito mucho respecto del tema -y acá concuerdo con Mariano- utilizando argumentos falaces de un lado y de otro. Por un lado, es dudoso que Taringa! sea un pobre portal compuesto por contenidos de terceros, un páramo de la libertad de expresión, que de pronto se ve enfrentado a la maquinaria judicial y a la conspiración judeomasónica. Pero también es abusivo que se pretenda hacer responsables por default a los administradores de sitios web por hechos de terceros, incluyendo la criminalización por enlazar. Tengo la impresión que no se trata ni de una cosa ni de la otra.
Parto de la base que es repulsivo que se utilice la vía criminal para llevar adelante la persecución de ilícitos de derechos de autor. Este tipo de ilícitos (cuando existen) debieran resolverse en sede civil y salvo en hipótesis de excepción ser promovidas en sede criminal. No existen buenas razones para sostener lo contrario (¿cuándo ha sido un buen argumento cuando se trata de propiedad intelectual la razonabilidad? ;) ). También creo firmemente que -y no sólo por razones de texto legal- es insostenible considerar que enlazar por sí solo sea un acto que la ley reserve de manera exclusiva a los titulares de derechos. Considerar aquello supone prohibir casi todo lo que hacemos en internet, que se constituye, construye y define a partir de los enlaces.
Tomando lo anterior en cuenta, y que existen cien mil aristas sobre las que echar mano, tres ideas para debatir sobre el tema:
1) ¿Nos hemos preguntado cómo construye Taringa! su cadena de valor? Taringa tiene un muy documentado procedimiento para anunciantes y estudio de mercado respecto de quienes componen la audiencia del sitio. Conocen muy bien, en definitiva, lo que ofrecen y quienes son sus usuarios. Un conocimiento tan acabado debiera suponer que además saben qué es lo que la gente llega a buscar al sitio y cuáles son los artículos más visitados. Es en base a esto que generan publicidad. Si de las 10 fuentes de tráfico que llegan a tu sitio siete se refieren a contenido protegido (software, para ser específico), queda más o menos claro cómo es la construcción de la cadena de valor.
2) El problema es y no es sobre libertad de expresión. Es, porque suponer la responsabilidad del intermediario supone una carga que muy pocos de nosotros podríamos soportar y, por tanto, supondría la desaparición de espacios que de facto se han transformado en un lugar para ejercer la libertad de expresión. Si en nuestro sistema fuéramos responsables por regla general de lo que terceros hacen en nuestras plataformas, ¿Quién de ustedes estaría dispuesto a correr el riesgo de inventar el próximo Facebook?. No es, porque es posible presumir fundadamente que los administradores sabían -y poco han hecho, porque les conviene- del tipo de contenidos ilícitos circulan en el sitio. ¿Ejemplo? Ojo con los keywords según Alexa y esta categoría.
3) Taringa! es un ejemplo feroz de doble estándar de nuestros legisladores y de la industria. De los primeros, porque muchas de nuestras leyes que aplican a internet son aprobadas por ellos a propuesta de poderosos lobbys que pretenden, a través de leyes como las de derecho de autor, mantener sus cuotas de mercado en el mundo digital. El caso de la industria discográfica es de manual. En Chile, sin ir más lejos, todavía algunos representantes de la industria lloran por los pasillos por no haber instaurado un sistema de notice&takedown privado como el de la DMCA. Pero también habla del doble estándar es la industria. Los mismos que rasgan vestiduras respecto de la piratería y de la responsabilidad de estos prestadores de contenidos son quienes se anuncian en él cuando existen beneficios comerciales. ¿No me creen? Miren este ejemplo.
De todas maneras no me malinterprenten. Este no es un artículo contra Taringa. Me parece más bien que en la discusión se están mezclando peras con cachalotes y creo que es un ejercicio interesante poder despejar las variables y hablar en serio -no eliminando enlaces- respecto de la responsabilidad civil que le compete a este sitio en particular en la guerra por la piratería.
En la Apple Store no es posible encontrar la aplicación. En el Android Market, fue eliminada a principios de Abril. El resultado es que hoy no es posible acceder -a lo menos de manera fácil- a Grooveshark desde las dos mayores plataformas de teléfonos móviles en el mundo. El servicio, que consiste básicamente en ofrecer streaming de música ilimitada a través de internet, parece poner en jaque no solamente el modelo de la iTunes Store sino también las anticuadas legislaciones de derecho de autor y de protección a la libre competencia.
Luego de la eliminación de la aplicación de la plataforma de Google, Paul Geller de Grooveshark ha decidido filtrar una carta abierta a la industria de la música -traducida por Bitelia- donde aclara varios puntos relativos a la legalidad del servicio y a lo que significa Grooveshark en el ecosistema comercial de la distribución de música por internet. ¿Alguien dijo fomento a la innovación? ;)
Google no ha especificado claramente lo que significaban sus “Términos de Servicio” que presuntamente violamos, pero sí parece haber cierta confusión acerca de si Grooveshark es o no un servicio legal. Así que vamos a dejar las cosas claras: no hay nada ilegal en lo que Grooveshark ofrece a los consumidores.
Aún así, algunos están confundidos en cuanto a la forma en la que somos legales. En primer lugar, hay una distinción clara entre legal y con licencia. Las leyes vienen del Congreso. Las licencias provienen de las empresas. Grooveshark es completamente legal ya que cumple con las leyes aprobadas por el Congreso, el único problema es que no tenemos todas la licencias con los sellos (todavía). Somos una empresa de tecnología que opera dentro de los límites de la Digital Millennium Copyright (DMCA). Algunos tratan de hacer creer que nosotros hacemos un uso de la DMCA para innovar de manera incoherente bajo la infracción. No es así.
Los puertos seguros de la DMCA animan a las empresas de tecnología para innovar con la esperanza de que finalmente se resuelvan algunos de los problemas que padecen hoy en día los productores de contenidos. La disposición de puerto seguro se lee como que fuera escrita específicamente para YouTube y Grooveshark, y su necesidad sigue siendo ilustrada todos los días. Si no fuera por este concepto, muchos de los productos y servicios que ahora están tomando la piratería nunca habría nacido.
Dicho esto, Grooveshark no sólo se basa en la protección de la ley, se basa en el otorgamiento de licencias en todo el mundo en más de un millar de sellos, grandes y pequeños. Pagamos a las tres principales organizaciones de EE.UU, cumpliendo con los derechos, así como a algunos organismos internacionales, y estamos trabajando activamente en acuerdos con los que no lo hacemos. Recientemente hemos firmado con Merlín. Este fue un día particularmente feliz para nosotros, porque nos trajo a The Arcade Fire a la familia. Nosotros pagamos por nuestro streaming, y negociamos activamente con prácticamente todos los propietarios de contenido único. Hemos tumbado más de 1,76 millones de archivos y suspendido los privilegios de subida a 22.274 usuarios. Desde luego, estas no son las características de una empresa “dedicada a la infracción de derechos de autor”. A medida que trabajamos con los artistas y los sellos para hacer más contenidos a disposición de nuestros usuarios, Grooveshark se vuelve más competitiva, una alternativa a la piratería.
Los socios de contenido utilizan Grooveshark para hacer marketing dirigido, visitas de apoyo y ventas, singles de prueba, encuestas y paneles exclusivos. El modelo de Grooveshark nos pone en una posición única como la única fuente de datos sobre el consumo puro de más de veinticinco millones de usuarios únicos mensuales en más de 150 países. Estamos traducidos en 24 idiomas, lo que nos ayuda a obtener beneficios económicos de las economías en desarrollo y entregar los ingresos a los propietarios de contenido desde territorios donde antes era demasiado difícil. Las sellos, los sociedades gestoras y los artistas que se aprovechan de nuestra gama completa de servicios deben saber el grado de eficacia que tiene la aplicación de Grooveshark, la cual puede racionalizar los gastos y generar ingresos.
En vista de las noticias engañosas relativas a la aplicación de Grooveshark, es importante dejar claro que vamos a defender nuestro servicio y la letra y el espíritu de la ley en los tribunales y en el Congreso. Vamos a defender nuestro nombre y nuestros ideales por el bien de nuestros usuarios, que esperan los modernos sistemas de difusión y el acceso global a través de dispositivos, por el bien de los artistas y propietarios de contenido, que temen una década de declive, y para otros innovadores que siguen aportando nuevas ideas al mercado a través de la expresión de la creatividad en forma de tecnología.
Pedimos a Google y Apple que abracen el espíritu de la competencia y hagan el bien por los propios usuarios, aceptando nuestras aplicaciones disponibles para los consumidores de inmediato.
Cuando se acerca el temido -aunque inútil y al parecer poco disuasivo- reporte 301 de la USTR (Office of the United States Trade Representative) comienzan a aparecer las notas de prensa haciendo ver a Chile como un paraíso para el comercio ilegal de mercancías y la piratería rampante. Notas de prensa alentadas por los departamentos de relaciones públicas locales de garantes de la competencia y el libre mercado como son Business Software Alliance (BSA) y Microsoft, cuyos representantes parecen ser los únicos validados para dar por verdades certificadas dudosos estudios encargados por ellos mismos y ratificar la gravedad de un reporte -el 301- que ayuda a redactar la propia industria norteamericana y que pretende presionar comercialmente a países pequeños como Chile para endurecer cada vez más sus leyes de propiedad intelectual.
Las oficinas de relaciones públicas de estos voraces lobbys parecen estar bastante cerca de la redacción de El Mercurio, que -de manera paradójica, si lo piensa- copypastea comunicados de prensa haciendo ver la gravedad de la situación. Las fuentes, una vez más, siguen siendo las mismas y anuncian lo impresentable que es este pequeño país al lado de las economías de aquellos países con los que ansiamos codearnos y compartir pisco sour en los cócteles con nuestros tuxedos de segunda mano.
Chile, en un estudio que ni siquiera aparece en la página web de la consultura, al parecer tendría una tasa de 64% de piratería de software, aunque sin especificar con claridad qué significa ello. Al mismo tiempo, pareciera ser un elemento sin importancia las diferencias de ingreso per cápita de los mismos países socios o las diferencias vergonzosas en los niveles de penetración digital que aparecen en la comparación. Para qué hablar de los estándares normativos que se intentan promover, donde Chile parece ser el alumno más aventajado de la región gracias a sus tratados internacionales de libre comercio.
A estas alturas del partido exigir en Chile un periodismo medianamente crítico se parece más a un ejercicio de nostalgia que una necesidad para nuestra democracia. Sobre todo en febrero.
Actualización:
A la nota de El Mercurio se le agrega el copypaste de:
Según el artículo, mientras en 2008 las pérdidas por piratería de software habrían sido de US$202 millones, Chile habría perdido (cómo me encantan estos eufemismos) US$315 millones en 2009, lo que sería un crecimiento de un 55,9%.
Con premura, el abogado Rodrigo Bulnes, de la Business Software Alliance (curiosamente la única fuente citada en casi todos estos artículos), incluso se atreve a comparar estas pérdidas con número de mediaguas y con los fondos que se esperaban recaudar con el royalty a la gran minería del cobre.
Curioso.
Cada vez que se publican estas cifras, vuelvo a mirar el artículo que en 2008 escribió Julian Sanchez para Ars Technica, quien hizo una investigación respecto de estas cifras con las que periódicamente nos bombardea la industria. ¿Su conclusión? No tienen ningún asidero en la realidad.
La naturaleza ilícita de la falsificación y piratería hace que estimar el impacto económico de infracciones a la propiedad intelectual sea extremadamente difícil”, señala el documento. Además, el valor en dinero que se le asigna a lo que supuestamente se perdió por esta actividad son “suposiciones… que pueden tener gran impacto en los resultados estimados”.
Recomiendo el análisis del informe hecho por Derecho a Leer, donde además se destacan los efectos positivos que incluso podría tener para la economía la piratería, los cuales deberían ser evaluados también.
Así se acaba lo curioso y aparece la falta de rigurosidad que, al parecer, no es sólo responsable el gremio de los periodistas.
A la larga, me interesa cómo la economía informal (pirata, ilegal, como le quiera llamar) muchas veces resulta una salida creativa a problemas de distribución y de acceso.
Extraña la carta que Alex Pessó, director legal de Microsoft en Chile, envía al director de El Mercurio.
Es cierto que ser parte de la OCDE nos obliga a elevar varios de nuestros estándares legales, pero sorprende la liviandad con la que la industria del software nos quiere hacer creer que ascienden las pérdidas derivadas de la piratería.
En la misma nota, la diputada Ximena Vidal, ex-actriz y recurrente defensora de estándares restrictivos en materia de derecho de autor, opinaba lo contrario diciendo que era partidaria no de retirarlo sino de revisarlo, debido a las observaciones hechas llegar por correo electrónico.
Sinceramente creo que el proyecto de ley era horrible. Impresentable e irreflexivo. Pero lo más grave, creo yo, y algo en lo que ningún periodista, salvo Leal, ha reparado, que es en cual es la vinculación de estudios jurídicos con diputados y senadores. En este caso, tenemos más que indicios que este lamentable proyecto fue redactado en las oficinas de un prestigioso estudio de abogados y que a días de hacerse público, fue retirado por los mismos diputados que felices firmaron el proyecto hace una semana atrás.
Supongo que a nivel público cuando se trata de complejos temas legales, se licitan servicios jurídicos para la redacción de proyectos de ley. A lo menos esa vinculación es transparente y uno puede acceder a esa información a través de recursos legales. Pero ¿y en este caso? ¿Cuál es la vinculación entre Carey y Cia. y el grupo de diputados PPD? De existir, ¿Cómo resuelven los evidentes conflictos de intereses entre un estudio jurídico que defiende intereses económicos y los intereses públicos de nuestros representantes en el Congreso? Me parece que las preguntas más importantes en toda esta historia siguen sin ser resueltas.
Y para añadirle más merkén al asunto, resulta que el proyecto que pretendía aumentar radicalmente las penas frente a la mal llamada piratería, fue redactado en una versión de Windows pirateada. ¿Es que acaso nadie repara en ello? Hoy estamos inmersos en un tremendo proyecto de ley que pretende reformar nuestra anticuada ley de propiedad intelectual, entre otras cosas, aumentando las penas frente a las infracciones y con lobbys inmensos de empresas varias, organizaciones sociales, pero fundamentalmente de entidades de cobro de derechos de autor.
La pregunta que resuena de fondo, y a la que nadie ha dado una respuesta satisfactoria, es a quien realmente beneficia una legislación cada vez más protectora de derechos de autor en detrimento del público.
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