A simple vista, la agenda pareciera estar siempre marcada por la urgencia que las tecnologías le imprimen al desarrollo o a la modernización del aparato público. Como si se tratara de un tren al que debemos subirnos de cualquier forma, los esfuerzos desde el ejecutivo suelen ser abordajes desesperados, con más anhelos que pericia, para alcanzar -en lo posible en el corto plazo- niveles de desarrollo acordes a nuestro crecimiento.
Luego de la pretenciosa promesa de revolución digital hecha por el entonces candidato presidencial Sebastián Piñera, parecía que por fin los esfuerzos realizados por los equipos técnicos durante la última década darían los frutos esperados. Contra todo pronóstico, y luego de un par de bochornos inexcusables, el ahora Presidente decidió desmembrar la Secretaría Ejecutiva de la Estrategia Digital dependiente del Ministerio de Economía para dar paso a un equipo de Modernización y Gobierno Electrónico dependiente del MINSEGPRES. Dicho equipo se encargó de diseñar un plan estratégico 2011-2014 que debiera guiar las políticas públicas en esta materia. Básicamente este plan consiste en un gobierno centrado en el ciudadano, proveer herramientas para mejorar la eficiencia, y un gobierno abierto.
Resulta interesante darle una mirada no solo a lo que dicen las líneas de acción sino también a lo que silencian. En lo concreto, este plan estratégico hace una apuesta por profundizar el rol del Estado como un prestador de servicios hacia los ciudadanos. Como si se tratara de la única forma de vincular al aparato público con la ciudadanía, los esfuerzos parecen concentrarse en aceitar los procesos y servicios que se ofrecen respecto de trámites e información a obtener por parte de instituciones del Estado. Una relación, siempre vertical, donde es la apertura (todo lo ‘open‘) el gancho para edulcorar una estrategia que francamente carece de una visión que haga suya la participación y el fomento de los derechos como eje de una táctica de futuro.
Probablemente el mayor silencio que tiene este plan tiene que ver precisamente con el ejercicio de derechos. Es cierto que han sido las prácticas y no la normativa quienes han transformado a internet en un escenario ideal para el desarrollo de los derechos fundamentales. Han sido los protocolos abiertos, la colaboración y el carácter neutro de la red los que han provocado cambios radicales en la manera en que nos relacionamos social y políticamente en el siglo veintiuno y permiten soñar en un futuro más igualitario, justo y participativo. Pero la legislación se ha transformado en un brazo armado para la protección de ciertos intereses privados. Ha sido la legislación la que ha comenzado a moldear la tecnología, adaptar internet, para la satisfacción de inquietudes diferentes. Así, hoy internet también parece ser un campo fértil para la coacción, la persecución política, restricciones abiertas al acceso al conocimiento, violaciones a la intimidad y la restricción de la libertad de expresión particularmente de los discursos críticos.
Una estrategia, un plan de acción digital, que piense en el interés público debiera tratar y no silenciar la forma en la que como sociedad queremos que nuestros ciudadanos ejerzan sus derechos en el entorno en línea. Los ciudadanos no son sólo clientes de los servicios que ofrece el Estado, sino que debieran ser el eje sobre el que se construya un plan de acción. Lamentablemente, la historia nos indica que el silencio suele ser también una estrategia.
Hay una antigua discusión respecto del rol que debe asumir el Estado respecto de ciertos derechos fundamentales. Por ejemplo respecto de la libertad de expresión, para algunos el rol del Estado se agota en no interferir en el ejercicio de tal derecho, mientras que para otros, dicho rol debiera ser activo en orden a, además, establecer condiciones igualitarias para el debate de ideas en el foro público, a través de, por ejemplo, el fomento de opiniones disidentes a las mayoritarias.
De esto me acordé al leer el acierto de Gonzalo Maza respecto de la opinión del candidato presidencial de la derecha chilena Sebastián Piñera -y gran favorito para las elecciones de diciembre- respecto de las políticas culturales de su eventual gobierno, en particular respecto de los fondos públicos destinados a proyectos culturales, una de las formas en las que ese rol activo del Estado se manifiesta en estos temas.
“Nosotros vamos a crear un Fondo de la Promoción de la Cultura y el Arte Chileno (…). En lugar de asignarlo con cuoteo político, como ocurre hoy día, lo vamos a asignar democráticamente. Le vamos a pedir a la propia gente para que, a través de encuestas de opinión pública, ellos decidan hacia donde quieren ellos que vayan estos fondos de promoción de la cultura. Que la propia gente decida qué cultura es la que quiere promover.
- Sin jurados especialistas…
– No, no, no. Si los jurados especialistas al final tú sabís que de especialistas tienen re poco y al final termina siendo puro cuoteo político… Nosotros pretendemos hacer una cosa mucho más democrática. Preguntarle a la gente, a través de una consulta, cuáles son los artistas, cuáles son las áreas de la cultura chilena que se quiera promover.
Además de lo sorpresivo de estas declaraciones, resulta notable considerar que esta debe ser de las pocas ocasiones donde el candidato se ha referido a las políticas culturales que su eventual gobierno promovería. Sobre todo en estos días donde se hace cada vez más patente la escasa importancia que tienen los temas culturales en el programa presidencial de la derecha.
Por lo demás, estas declaraciones sorprenden por varias razones. Les comparto dos.
Primero, porque las propuestas artísticas más interesantes y de vanguardia -las que requieren recursos- no siempre son populares. Casos hay para regodearse, pero es cosa de pensar desde los pintores flamencos hasta el graffitti pasando por los impresionistas y el arte pop. La misma experiencia nos dice que estas propuestas suelen ser críticas respecto de las estructuras sociales y de poder. La pregunta es si la sola elección popular es un criterio suficiente para apoyar propuestas artísticas valiosas. Y la experiencia nos dice que no es así. Si lo que queremos es financiar sólo éxitos probados, pues entonces esa debiera ser una directriz política.
Segundo, porque pareciera ser que para algunos la democracia se consume con la elección popular. Y mientras más asuntos complejos resolvamos de acuerdo a la regla de la mayoría, más apegados somos a los estándares democráticos, lo que está lejos de ser un supuesto. En primer lugar, hay ciertos derechos que hemos denominado fundamentales que están lejos del juego de las mayorías, porque como sociedad así lo hemos querido. El tener este tipo de derechos no nos hace menos democráticos. Y en segundo lugar, si utilizáramos la regla de mayoría para resolver -por ejemplo- casos judiciales, en buena cantidad de oportunidades veremos que los ánimos del momento nos llevarían a situaciones extremas que no son razonables desde la lupa del derecho constitucional.
Soy de los primeros interesados en conocer las propuestas de política cultural por parte de los candidatos presidenciales. Pero la verdad es que con la información que nos llega no nos queda otra que seguir mirando el futuro con resignación y molestia.
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