Repetidamente es posible ver cómo quienes sostienen que un sistema más restrictivo de derechos de autor es mejor para los creadores, también sostienen un argumento que no por ser especialmente falaz deja de ser inquietante.

Éstos, frente a los absurdos de una ley de propiedad intelectual cada vez más repulsiva, aseveran que son ejemplos que no tienen validez toda vez que nadie ha sido demandado por esto. Sostienen, no sin algo de razón, que a nadie se le ocurriría demandar a la Biblioteca de Ciegos de Providencia por las adaptaciones que hacen de obras literarias a formato digital.

Pero en ese argumento está precisamente el corazón de su construcción errónea.

Las excepciones al derecho de autor -que permitirían, en este caso, a la misma biblioteca poder hacer esa adaptación de manera legal- son reglas mediante las que la ley es quien autoriza usos que de otra manera debieran requerir autorización o pago al titular de derechos de autor.

Es la ley, esto es, un mandato que debiera representar los intereses de toda la sociedad, la que decide cuales usos son autorizados como legítimos y cuales no. Es la ley la que determina que ante una luz roja el conductor de un vehículo debe detenerse. La ley, no el ánimo del policía de turno. Menos el del conductor que va al lado nuestro.

Esto explica por que es necesario, entre otras cosas, un sistema robusto de excepciones y limitaciones al derecho de autor. Necesitamos que sea la ley quien nos diga lo que es justo y cuando caemos en ilegalidad, no un tercero, menos si es interesado.

Esto se hace más importante, cuando consideramos que el principal promotor de demandas en materia de derecho de autor en Chile es la SCD.

No perdamos de vista esto que parece tan simple pero que uno ve olvidado en este desordenado mapa de descalificaciones, pataletas y errores.

Foto: klevstul en Flickr

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El final de esta historia es que el Gobierno tiene un concepto bien torcido de democracia y muy extraño de lo que es un gobierno ‘ciudadano’. Los primeros párrafos de este cuento los escribe la Ministra de Cultura reconociendo públicamente acuerdos que antes habían sido negados y reconociendo cual será la pauta del gobierno en estos temas de acá en adelante. El final de esta historia, mis amigos, se escribe desde los cuarteles generales de la Sociedad Chilena de Derecho de Autor (SCD), desde donde se ha escrito y se está escribiendo en este instante el futuro del derecho de autor en Chile. A costa de Internet, del desarrollo tecnológico y a costa de todos nosotros, por supuesto.

Sabemos que se encuentra en el Senado una de las reformas más importantes a la Ley de Propiedad Intelectual desde el año 1970. Esta reforma pretende adaptar esta ley que data de 1970 a los desafíos del mundo digital y evitar así una serie de absurdos. Además, pretende hacer esta ley razonable desde el punto de vista de las excepciones y limitaciones al derecho de autor que se contemplan en todo el mundo y que en Chile somos meros expectadores. Porque claro, cada una de las reformas que se le ha hecho a esta ley ha sido hecha previa aprobación de la SCD y todas ellas pretenden fortalecer derechos de autor vetustos y añejos en detrimento de los derechos del público. Esta ley pretendía equilibrar de una vez por todas esos intereses.

Pero esto ha provocado una reacción histérica, desinformada y patética. Mientras existía un esfuerzo para lograr una ley que fuera justa para todos, otros han salido a la calle con carteles y pitos a pedir una ley justa sólo para ellos. No una ley que se adapte al mundo de internet, sino que una ley que se adapte a sus propios bolsillos e intereses.

Pero en fin, vamos al grano, dijo el dermatólogo. Los acuerdos a los que ha llegado el gobierno con la SCD a escondidas de la ciudadanía, con el fin de que esta ley salga adelante sin ruido, son los siguientes [descargar versión original]:

1.- No apoyar indicaciones que exigen que exista uso efectivo de obras para que haya cobro por parte de la SCD. Se lo pongo con un ejemplo. Si yo a usted lo demando porque me golpeó luego de una discusión, seré yo quien tengo que probar que tengo un golpe y que ese golpe me lo propinó usted. Esto es muy razonable, porque de lo contrario nos pasaríamos demandando los unos a los otros exigiéndole pruebas de lo contrario al demandado.


Bueno, la SCD quiere lo contrario. El acuerdo supone que el gobierno acepta que la SCD no tenga que acreditar uso efectivo de las obras, sino que se pueda basar sólo en supuestos, para proceder al cobro. Lo que resulta interesante considerado que viene de quienes son los principales promotores de demandas judiciales por derechos de autor en Chile.

2.- Apoyar un proceso de mediación previa en caso que no haya acuerdo sobre el cobro entre las partes. Hoy, quien fija las tarifas que cobra la SCD, es la propia SCD. Así, si usted tiene una discoteque u organiza un evento pequeño musical, tiene que pagarle a la SCD la tarifa que ellos mismos determinan. Como no hay otra entidad que ‘compita’ con la SCD, no queda más remedio que pagar a menos que queramos exponernos a demanda. El proyecto suponía un procedimiento de Arbitraje Forzoso, esto es, que en caso de desacuerdo sobre la tarifa, sea un tercero el que decida obligatoriamente.

Lo que ha aceptado el gobierno a solicitud de la SCD es que en caso de desacuerdo, vayamos a una “mediación previa obligatoria” en la que nos van a conminar a llegar a acuerdos. Si no llegamos a acuerdos, vamos a juicio. Es fácil de entender que esto, en buen chileno, vale hongo y no protege al más débil en la negociación, que ciertamente no es una entidad monopólica.

3.- Apoyar la eliminación de la responsabilidad de los prestadores de servicios internet. En castellano castizo, esto significa dejar la puerta abierta para que mañana la SCD dirija cobros a nuestros proveedores de acceso a Internet por las eventuales descargas que realizan sus usuarios. Los que han pasado por alguna clase de economía, saben que esto significa finalmente un cobro que vamos a terminar pagando todos nosotros.

Ahora, si a mi me preguntan, yo estaría feliz con un canon como este siempre que supusiera una excepción amplia para usos y reproducción no comercial. Pero como a algunos quieren pan y pedazo, quieren meternos un impuesto, pero no entregarnos ningún derecho. Así cualquiera.

4.- Eliminar excepciones para traducción, para usos educacionales y para usos justos. El Gobierno está de acuerdo con la SCD en eliminar esa terrible y macabra excepción que permite que piratas profesores hagan traducciones de textos que se encuentran en otros idiomas para efectos de enseñanza. También está de acuerdo en eliminar la excepción que permite reproducción de obras cortas para fines educacionales.

Lo más grave, es que además acuerda la eliminación de lo más importante de esta ley, la excepción que permite usos justos o legítimos. Que le permite a usted subir a Youtube un video de su hijo que baila una canción que suena en la radio, que le permite pasar un CD a MP3 o que le permitiría por ejemplo, hacer un collage o una presentación en Powerpoint con imágenes y música de fondo para las bodas de Oro de sus papás. Para quienes quieren tratos justos para algunos, hay que pagar.

En reunión con la Ministra de Cultura, ella reconoció que este acuerdo marcaba la pauta del Gobierno en este tema, por lo que no hay más que conversar.

Me parece lamentable que el Gobierno termine haciendo caso omiso a los reclamos de una serie de organizaciones sociales, gremiales, académicos e industriales que queremos una ley de propiedad intelectual moderna, ajustada a los desafíos de Internet, y que no trate a sus ciudadanos como delincuentes. Que no sea utilizada como privilegios para algunos sino que apunte, en definitiva, a un trato justo para todos.

Pero hay buenas noticias. La buena noticia, es que a partir de ahora, amigos míos, se nos acabó la buena onda. Pronto, muchas más noticias.

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Para nadie es una sorpresa que necesitamos una reforma urgente a la ley de propiedad intelectual. Ni siquiera para el gobierno, que hace algunos meses envió al Congreso un proyecto que pretende actualizar la vetusta ley 17.336 a las necesidades sociales y a los requerimientos de un mundo globalizado e informatizado. Este proyecto de ley pretende, entre otras cosas, establecer una serie de excepciones y limitaciones al derecho de autor para que bibliotecas, archivos y público en general pueda realizar ciertos usos de obras sin ser considerados por esto delincuentes. Este proyecto no es el primer cambio que recibe la ley, pero es la primera vez que el cambio que se propone hacerle no va solo destinado a incrementar las penas ante las infracciones ni a inventar nuevos derechos de autor, sino que pretende incrementar el precario estándar de excepciones que favorezcan el interés público del que carece nuestra ley. Resulta indispensable que un régimen democrático de propiedad intelectual logre balancear los intereses de los autores con los intereses del resto de la sociedad, estableciendo excepciones para usos legítimos o justos y excepciones específicas para establecimientos educacionales y bibliotecas.

Pero sorpresivamente no todos están de acuerdo con estas obviedades.

Me contaba alguien que cuando conversó con un Ministro respecto de la importancia de esta reforma, éste lo miró atentamente y luego le dijo con sorpresa que pensaba que esta era una ley para los cantantes, artistas y actores, y por tanto no entendía por que él estaba allí. Es que en la discusión de la propiedad intelectual hay quienes durante los últimos años se han atribuido la exclusividad de opinión en el tema y por lo demás tienen el poder suficiente como para opacar voces disidentes. Esta visión de la propiedad intelectual -como un asunto exclusivo de creadores que necesitan cada vez más protección de sus creaciones- discretamente desautoriza y margina la necesidad de tener excepciones específicas que favorezcan el interés público, ese que decididamente han defendido, entre otros, las bibliotecas del país. No resulta casual que Chile sea uno de los pocos países de la región que no cuente con un estatuto específico de excepciones para discapacitados visuales, para la enseñanza o para la conservación patrimonial.

Tras esta idealización de la propiedad intelectual de los organismos que agrupan a titulares de derechos -pero utilizando a los “autores” como máscara de baile- hay pocas ideas interesantes, pero hay una que destaca con facilidad, la idealización ilustrada de la creación intelectual. Así, en los bordes de la argumentación en contra de la existencia de excepciones que favorezcan al público, algunos esgrimen que la única forma de creación cultural implica necesariamente mayores protecciones a los autores. Dicen, en otras palabras, que sin protección a los autores, se muere la cultura. Dejando de lado el maniqueísmo simplista de la argumentación, resulta irrisorio al sólo pensar en las más ricas expresiones artísticas generadas antes del medioevo o en buena parte de los artistas pop de la segunda mitad del siglo XX, quienes tuvieron una serie de otras motivaciones distintas al dinero para generar obras de inmenso valor estético. Resulta incrédulo además, pensar en el siglo XXI que sólo tenemos que entregar valor a una cultura oficial, o una generación de cultura creada por un grupo de privilegiados. Mientras nuestros artistas de salón pretenden convencer a nuestros representantes políticos de esto, cada día que pasa hay más niños generando obras artísticas y compartiéndolas a través de internet.

Pero a pesar de lo que muchos entusiastas de las nuevas tecnologías quieran creer, los cambios normativos no se harán sólo a través de buena voluntad y fotografías en Flickr. Para que no nos veamos atrapados por una legislación del pasado ni tampoco por unos lobbystas del derecho de autor del presente hay que tomarse en serio los derechos de autor. Y tomárselos en serio significa, entre otras cosas, luchar por lo que creemos que es justo y por nuestros derechos en el entorno digital.

El anterior es un artículo escrito por mi en Cadaunadas, el blog de Enzo Abbagliati, director de Biblioredes, en su primer aniversario.

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