Los libros educativos tienen su propia brecha

Fotografía por Xin Li, CC:BY-NC-ND

Conversando sobre el precio de los libros en Chile, un amigo librero me comentaba de las prácticas de algunas editoriales multinacionales. Planeta, por ejemplo, trae a Chile la trilogía best seller del sueco Stieg Larsson. Recuerdo haber pagado por él cerca de 57 dólares en una librería en Santiago (Nota para los lectores extranjeros: sí, eso cuestan los libros en Chile) por la edición española. Al venderse tan bien, los ejemplares que hoy uno puede encontrar en cualquier librería de Santiago es una edición nacional, impresa en Chile. Si hacemos el ejercicio y rebajamos al valor del libro importado el valor de aduanas, importación, traslado, bodega e impresión que supone la impresión en Chile, el sentido común nos llevaría a pensar que el libro se vende sustancialmente más barato. El mercado nos dice lo contrario y se vende a valor similar.

Similar cosa -y todavía peor, si me apuran- pasa en la educación. Libros caros que, más allá de las naturales actualizaciones que algunos requieren, debieran poder usarse por años, resultan misteriosamente desfasados año a año. En la educación universitaria podemos encontrar ejemplos todavía más gráficos.

El sentido común, ese invitado de piedra, también pareciera hacernos creer que la digitalización de un libro implicaría la posibilidad de acceder a un texto a un precio considerablemente menor que la edición tradicional. Las pocas editoriales que han dado el paso a la digitalización hoy ponen a disposición del público ejemplares digitales con feroces DRM o bien ofrecen a las bibliotecas (los mayores compradores de libros) la posibilidad de “acceder” a dichos libros en línea sin posibilidad de impresión ni utilización más allá de la pantalla del terminal universitario.

Tomando en cuenta que en Estados Unidos un estudiante universitario gasta aproximadamente entre 700 y 1000 dólares al año en textos, resulta razonable que muchos actores comiencen a reaccionar frente a las rígidas condiciones de mercado que imponen las grandes editoriales y que terminan siendo cargadas a los estudiantes.

En nuestras universidades vemos una serie de prácticas dinámicas que apuntan a mejorar la experiencia de los textos y apuntes de clases a través de la tecnología como son los apuntes colectivos, que o son marginales o bien chocan estrepitosamente con la letra de la ley. Quizás dirigiendo la mirada a nuestras prácticas podremos descubrir vías para superar brechas educativas que, en nuestros países, son simplemente vergonzosas.

Para la Ministra de Educación, la educación online no es prioridad

Mientras países como Korea han hecho de la educación unida a las nuevas tecnologías una de las claves para su desarrollo económico, en Chile no parece ser una prioridad.

En declaraciones a Cooperativa, la Ministra de Educación chilena ha explicado que el tema no es prioridad debido a que “No somos Europa ni EEUU“.

Considerando los altos niveles de penetración que tienen las nuevas tecnologías en Chile y lo disgregado de nuestra geografía, pareciera ser que ellas suponen un instrumento muy valioso para lograr avances sustantivos en nuestros niveles educativos. Más aún, la experiencia del programa Biblioredes es un ejemplo concreto de cómo políticas públicas serias en materia tecnológica implican superar brechas importantes gracias a los avances tecnológicos.

En cualquier caso, las declaraciones son desafortunadas por la ignorancia que esbozan, donde pareciera que en lugar de estar hablando de oportunidades reales de superar brechas, le estuvieran preguntando por educación por hologramas o algo más parecido a la ciencia ficción que a una sala de clases.

Dejando de lado asuntos no menos importantes como políticas tecnológicas educativas desde la educación abierta, la verdad es que habría que la verdadera pregunta para nuestra ministra es si sabe, en realidad, en qué consiste la inclusión de tecnología en el proceso educativo. Yo tengo miedo de la respuesta.

El Gobierno acepta las pautas de la SCD y acepta una ley abusiva para todos

El final de esta historia es que el Gobierno tiene un concepto bien torcido de democracia y muy extraño de lo que es un gobierno ‘ciudadano’. Los primeros párrafos de este cuento los escribe la Ministra de Cultura reconociendo públicamente acuerdos que antes habían sido negados y reconociendo cual será la pauta del gobierno en estos temas de acá en adelante. El final de esta historia, mis amigos, se escribe desde los cuarteles generales de la Sociedad Chilena de Derecho de Autor (SCD), desde donde se ha escrito y se está escribiendo en este instante el futuro del derecho de autor en Chile. A costa de Internet, del desarrollo tecnológico y a costa de todos nosotros, por supuesto.

Sabemos que se encuentra en el Senado una de las reformas más importantes a la Ley de Propiedad Intelectual desde el año 1970. Esta reforma pretende adaptar esta ley que data de 1970 a los desafíos del mundo digital y evitar así una serie de absurdos. Además, pretende hacer esta ley razonable desde el punto de vista de las excepciones y limitaciones al derecho de autor que se contemplan en todo el mundo y que en Chile somos meros expectadores. Porque claro, cada una de las reformas que se le ha hecho a esta ley ha sido hecha previa aprobación de la SCD y todas ellas pretenden fortalecer derechos de autor vetustos y añejos en detrimento de los derechos del público. Esta ley pretendía equilibrar de una vez por todas esos intereses.

Pero esto ha provocado una reacción histérica, desinformada y patética. Mientras existía un esfuerzo para lograr una ley que fuera justa para todos, otros han salido a la calle con carteles y pitos a pedir una ley justa sólo para ellos. No una ley que se adapte al mundo de internet, sino que una ley que se adapte a sus propios bolsillos e intereses.

Pero en fin, vamos al grano, dijo el dermatólogo. Los acuerdos a los que ha llegado el gobierno con la SCD a escondidas de la ciudadanía, con el fin de que esta ley salga adelante sin ruido, son los siguientes [descargar versión original]:

1.- No apoyar indicaciones que exigen que exista uso efectivo de obras para que haya cobro por parte de la SCD. Se lo pongo con un ejemplo. Si yo a usted lo demando porque me golpeó luego de una discusión, seré yo quien tengo que probar que tengo un golpe y que ese golpe me lo propinó usted. Esto es muy razonable, porque de lo contrario nos pasaríamos demandando los unos a los otros exigiéndole pruebas de lo contrario al demandado.


Bueno, la SCD quiere lo contrario. El acuerdo supone que el gobierno acepta que la SCD no tenga que acreditar uso efectivo de las obras, sino que se pueda basar sólo en supuestos, para proceder al cobro. Lo que resulta interesante considerado que viene de quienes son los principales promotores de demandas judiciales por derechos de autor en Chile.

2.- Apoyar un proceso de mediación previa en caso que no haya acuerdo sobre el cobro entre las partes. Hoy, quien fija las tarifas que cobra la SCD, es la propia SCD. Así, si usted tiene una discoteque u organiza un evento pequeño musical, tiene que pagarle a la SCD la tarifa que ellos mismos determinan. Como no hay otra entidad que ‘compita’ con la SCD, no queda más remedio que pagar a menos que queramos exponernos a demanda. El proyecto suponía un procedimiento de Arbitraje Forzoso, esto es, que en caso de desacuerdo sobre la tarifa, sea un tercero el que decida obligatoriamente.

Lo que ha aceptado el gobierno a solicitud de la SCD es que en caso de desacuerdo, vayamos a una “mediación previa obligatoria” en la que nos van a conminar a llegar a acuerdos. Si no llegamos a acuerdos, vamos a juicio. Es fácil de entender que esto, en buen chileno, vale hongo y no protege al más débil en la negociación, que ciertamente no es una entidad monopólica.

3.- Apoyar la eliminación de la responsabilidad de los prestadores de servicios internet. En castellano castizo, esto significa dejar la puerta abierta para que mañana la SCD dirija cobros a nuestros proveedores de acceso a Internet por las eventuales descargas que realizan sus usuarios. Los que han pasado por alguna clase de economía, saben que esto significa finalmente un cobro que vamos a terminar pagando todos nosotros.

Ahora, si a mi me preguntan, yo estaría feliz con un canon como este siempre que supusiera una excepción amplia para usos y reproducción no comercial. Pero como a algunos quieren pan y pedazo, quieren meternos un impuesto, pero no entregarnos ningún derecho. Así cualquiera.

4.- Eliminar excepciones para traducción, para usos educacionales y para usos justos. El Gobierno está de acuerdo con la SCD en eliminar esa terrible y macabra excepción que permite que piratas profesores hagan traducciones de textos que se encuentran en otros idiomas para efectos de enseñanza. También está de acuerdo en eliminar la excepción que permite reproducción de obras cortas para fines educacionales.

Lo más grave, es que además acuerda la eliminación de lo más importante de esta ley, la excepción que permite usos justos o legítimos. Que le permite a usted subir a Youtube un video de su hijo que baila una canción que suena en la radio, que le permite pasar un CD a MP3 o que le permitiría por ejemplo, hacer un collage o una presentación en Powerpoint con imágenes y música de fondo para las bodas de Oro de sus papás. Para quienes quieren tratos justos para algunos, hay que pagar.

En reunión con la Ministra de Cultura, ella reconoció que este acuerdo marcaba la pauta del Gobierno en este tema, por lo que no hay más que conversar.

Me parece lamentable que el Gobierno termine haciendo caso omiso a los reclamos de una serie de organizaciones sociales, gremiales, académicos e industriales que queremos una ley de propiedad intelectual moderna, ajustada a los desafíos de Internet, y que no trate a sus ciudadanos como delincuentes. Que no sea utilizada como privilegios para algunos sino que apunte, en definitiva, a un trato justo para todos.

Pero hay buenas noticias. La buena noticia, es que a partir de ahora, amigos míos, se nos acabó la buena onda. Pronto, muchas más noticias.

Requiem por María Música

No voy a descubrir acá la relación directa que existe entre democracia y disidencia. Esta idea que explica que la democracia supone la existencia de grupos de disidentes, de descontentos, que ponen en duda y cuestionan continuamente esos sospechosos acuerdos generales entre quienes toman decisiones.

Y claro, la democracia moderna supone además, entre otras cosas, que los intereses públicos se vean legítimamente reflejados en esta toma de decisiones, sea a nivel parlamentario, sea a nivel de gobierno. De no ser así, de no cumplirse estos estándares formales y materiales simplemente no estaríamos frente a una democracia verdadera.

Todo esto a partir del hecho que marcó la semana en Chile. El martes pasado se desarrollaba la Jornada de Clausura de Diálogos Participativos por la Educación Pública que convocaba a estudiantes, profesores y autoridades frente a las eventuales reformas a la Ley General de Educación. Cuando la Ministra de Educación Mónica Jiménez estaba en plena exposición, fue interrumpida por estudiantes encarándola por defender la famosa ley. En el marco de esa batahola, María Música Sepúlveda, una escolar de 14 años se acercó a la Ministra y le vació un jarro lleno de agua a la autoridad.

Como usted se podrá imaginar, luego del bochornoso episodio todo el mundo opinó, desde la presidenta hasta la conferencia episcopal (?). Todos, por supuesto, estuvieron de acuerdo en repudiar el acto de la estudiante así como también la torpe reacción del colegio de profesores frente al asunto.

En uno de los mejores highlights de la jornada, el senador Eduardo Frei, apuntó seriamente que el hecho revelaba “la existencia de una escalada de violencia” y agregó sin arrugarse que

“Si seguimos por este otro camino vamos a la anarquía, vamos al caos, vamos a la violencia institucionalizada y lo más grave es que los profesores justifican esa violencia”

En el mismo tenor, el alcalde de la comuna donde estudia María pidió su expulsión del colegio como medida disciplinaria, la que fue respaldada por la Dirección de Educación. Como había cámaras de televisión, el siempre hiperventilado alcalde de La Florida Pablo Zalaquett no pudo evitar opinar y sostuvo que frente a la falta de arrepentimiento de la menor de edad, “lo mínimo que puede haber es la expulsión del colegio“.

Como decía al principio, tiendo a levantar las antenas y a sospechar cuando todo el mundo está de acuerdo. Es que la verdad de las cosas es que yo no le veo tanta gravedad al jarrazo de la María Música. Me parece mal. Pero más bochornoso es utilizar el hecho para reprimir discurso disidente de una serie de actores que durante años han tratado de ser escuchados en una reforma educativa como es el caso de estudiantes y profesores. E infinitamente más bochornoso me parece que la Ministra se mofe de los estudiantes después del episodio agradeciendo ser mojada con agua y no por el “guanaco“.

No estoy diciendo que el lanzar jarros de agua sea una forma correcta de expresarse en democracia. Lo que me sí parece inaceptable es que se demonice la reacción de una chica de catorce años que incluso ha terminado declarando ante los tribunales de familia por haber “atentado contra la autoridad”. Todo esto porque actores políticos sostienen sin un atisbo de duda que el problema es que la chica no se ha arrepentido y por tanto es necesario una “condena moral” e incluso algunos sostuvieron la necesidad de “sanciones formativas” (lo que sea que ello signifique).

Más inaceptable me parece que una Ministra de estado se luzca con la siguiente declaración que ha pasado aséptica por buena parte de la prensa nacional y que demuestra una concepción de la educación y de la democracia que no quiero compartir con mis hijos.

“Yo le preguntaría qué pasó antes de la violencia. ¿Qué pasó? ¿por qué anda en la calle desde los 11 años? ¿por qué ella se ha convertido en una activista desde los 11 años?. ¿Es eso lo que esperamos de un niño de 11 años, que ande reclamando como decían ellos, hoy por las ballenas, mañana por la Ley General, pasado mañana por la causa mapuche?”

Una sociedad realmente democrática cuida a sus hijos, no los envía a la policía ni los expulsa de los colegios cuando cometen faltas. Por lo demás, una sociedad sana se sentiría orgullosa con que sus hijos sean capaces de participar en política desde temprana edad. Cuando quienes están en el poder sugieren poner límites arbitrarios a la libertad de expresión, perdemos parte del corazón de la democracia y nos transformamos en una sociedad más pobre, abúlica y enfermiza. Las María Música de este mundo, a pesar de los excesos ciertamente evitables, nos sirven para testear qué tanto creen nuestros políticos y nuestra sociedad en una democracia deliberativa. Lamentablemente, esta vez en esto salimos reprobados.