Hace ya casi tres años les listaba una serie de actividades que, a pesar de lo obvias y comunes, eran consideradas ilegales por nuestra ley de propiedad intelectual (LPI). Así bibliotecarios, profesores, estudiantes e incluso algunos autores, gracias a inexplicables vericuetos legislativos, en lugar de ser protegidos son considerados piratas por una ley que tiene su origen en el año 1970.

Pero, a pesar de lo que pudiera pensarse, los absurdos de esta ley no sólo se explican por ser un vetusto cuerpo normativo. Hasta hoy, sus sucesivas reformas se han realizado con el sólo fin de aumentar la protección que gozan titulares de derechos de autor en detrimento del interés del público, de todos nosotros. Ninguna de estas reformas, de estos cambios cosméticos, ha pretendido agregar siquiera una excepción adicional que beneficie a quienes, sin ser creadores, son sin duda alguna actores claves en el desarrollo cultural del país.

Hasta Mayo de 2007. La última reforma, promovida por la presidenta Bachelet, pretendía -entre otras cosas, claro- equilibrar los intereses en juego, agregando excepciones y limitaciones hasta el momento inexistentes. Prácticas de nuestras bibliotecas, de nuestros profesores o prácticas comunes dejarían de ser consideradas ilícitas y pasarían a tener la venia de la ley. Pero no todo el mundo estuvo de acuerdo. Fundamentalmente debido a la fuerte presión de grupos vinculados a la gestión colectiva y al cobro de derechos (como la SCD o la IFPI) el gobierno pasó de ser un defensor del equilibrio a comprometerse a la eliminación de excepciones que beneficiaban a bibliotecas y a la eliminación de la, hasta hoy célebre, excepción de usos justos. Campañas tanto en internet como en el ‘mundo real’ lucharon contra esta fuerte presión, con resultados francamente notables si uno ve la tendencia legislativa de otros países que, como si de una fusta invisible se tratara, siguen el ritmo de la sobre protección de derechos a costa de los derechos de los ciudadanos.

En los próximos días, finalmente, tendremos una nueva ley, que actualiza el régimen de sanciones, establece un sistema de limitación de responsabilidad de los ISP y que contempla un nuevo sistema de excepciones y limitaciones, casos en los que, sin mediar pago ni complejos sistemas de autorización, se encuentran ahora autorizados por la ley. En resumen, podríamos decir que son:

a) Excepciones para bibliotecas, permitiendo la reproducción, en ciertos, de obras no disponibles en el mercado; la reproducción electrónica de obras protegidas y la traducción con fines de investigación. Hoy, la palabra biblioteca no aparece ni una sola vez en la ley.

b) Excepciones para discapacitados, permitiendo la copia, adaptación, distribución de obras para discapacitados visuales, auditivos u otros. Hoy, las bibliotecas para ciegos son ilegales.

c) Excepciones que permiten usos personales, como la traducción de obras, copia de software y las actividades sobre dicha copia con el de investigación, corregir su funcionamiento o la seguridad de computadores o redes, además de la ingeniería inversa.

d) Otras excepciones, que permiten la sátira o parodia, el uso ‘incidental y excepcional’ de obras con el propósito de crítica, comentario, caricatura, enseñanza, interés académico o investigación (“usos justos”). Asimismo, se autoriza la inclusión de fragmentos de una obra protegida en una nueva a título de cita o con fines de crítica, ilustración, enseñanza e investigación. Mashups, anyone?

Por supuesto que hay muchas cosas que faltan. Esta reforma sólo nos hace salir del vergonzoso lugar en que nos encontramos comparativamente en el concierto internacional. Se extraña, sin ir más lejos, un tratamiento más ordenado y un compromiso público para con la protección y difusión de aquellas obras pertenecientes al dominio público. También se extraña una norma explícita que se haga cargo de los graves problemas derivados de las denominadas obras huérfanas, aquellas obras que si bien se encuentran bajo protección, resulta materialmente imposible determinar quienes son sus titulares de derechos para así obtener los permisos que se requieran. Y evidentemente se extrañan más excepciones pero esta vez vinculadas con los usos de los usuarios en el marco de las nuevas tecnologías.

A pesar de lo que algunos sostienen, esta reforma es la más importante que se le haya hecho a la ley de 1970. Aunque insuficiente, después de casi tres años tenemos una ley que finalmente logra un precario equilibrio, un primer paso, para tener una ley que ya no nos avergüence, sino que permita generar mejores condiciones de acceso en un mundo globalizado.

Columna escrita para Fayerwayer

En el lejano mayo de 2007 -cuando éramos pocos, nadie parecía muy interesado en el tema y publicaba las desaparecidas 5 del lunes - hice una promesa que he cumplido a medias. Dije que iba a examinar el proyecto de ley de propiedad intelectual en tres partes, el nuevo sistema de penas, en la limitación de responsabilidad de los ISP y, finalmente, las nuevas excepciones y limitaciones al derecho de autor que favorecían al público. Pero mucha agua pasó bajo el puente.

Para el lector asiduo de este blog estos son temas más o menos conocidos. Sabemos que durante estos casi tres años tuvimos muchas dificultades, el gobierno llegó a acuerdos con la SCD, hicimos campañas, nos hicieron anticampañas y hubo situaciones inaceptables e hirientes. Hace un par de días, acompañado paradójicamente por la Cámara del Libro -uno de los grupos más opositores al cambio legislativo- el presidente Piñera promulgó finalmente la reforma, la que tiene una serie de puntos que cambiarán la forma en la que se entendía el derecho de autor en Chile.

Les podría enumerar las novedades del proyecto -de hecho estamos preparando una pequeña sorpresa en la ONG Derechos Digitales-, pero prefiero detenerme en otra cosa. Hace tres y más años, cuando se pensaba en propiedad intelectual sólo se pensaba en los intereses de los cantantes y artistas que aparecían en la televisión. Si yo pudiera destacar elementos de todo este proceso, destacaría dos.

1.- Cito: “La propiedad intelectual ha dejado de ser un asunto exclusivo de autores, inventores y abogados, y ha pasado a ser un tema cotidiano de nuestra sociedad”. ¿Han leido algo parecido antes?
Esto lo dijo el presidente de la República, el 23 de Abril de 2010, palabras impensables hace poco tiempo.

2.- El momento del click. Fernando Ubiergo exponía en Antofagasta respecto del proyecto de ley con una versión no original de su Microsoft Office y el rápido lente de El Nortero capturó el momento.

Lo importante de esto no es necesariamente lo que desencadenó después -la renuncia de Ubiergo primero y de Santiago Schuster después- sino es el proceso que motivó que ese reportero ciudadano sacara su celular y tomara esa fotografía. Algo pasó durante este tiempo. Lo que pasó es lo que destaca el discurso del presidente Piñera, logramos entre todos. Con cada fotografía, con cada correo electrónico enviado, con cada video. Con cada conversación en la mesa del domingo.

Eso me tiene muy contento y es por lo que tenemos, por ahora y sin tener una ley perfecta, que celebrar. Salud.

Mientras en Chile el Gobierno prefiere llegar a acuerdos secretos con la SCD en lugar de seguir adelante en una agenda parlamentaria que equilibre los intereses en juego, en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Chile es el campeón del acceso al conocimiento y la cultura.

Actualmente se celebra en la hermosa ciudad suiza de Ginebra la 17º reunión del Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Mientras en Chile la sociedad civil es ninguneada y el Gobierno acuerda eliminar excepciones claves para el desarrollo tecnológico y para el acceso a la cultura como los usos justos, en los foros internacionales Chile se viste con la capa del superhéroe de las excepciones.

A continuación la intervención de los representantes de nuestro país.

Gracias Señor Presidente,

Permítame señalar que realizo esta intervención en nombre de Brasil,
Chile, Nicaragua y Uruguay, países que presentamos en la última sesión
de este Comité la propuesta sobre la labor relativa a las excepciones
y limitaciones, documento SCCR /16/2.

En primer lugar, quisiera reafirmar la gran importancia que tienen las
discusiones que se realizan en el seno del Comité de Derecho de Autor
y de Derechos de Conexos SCCR.

Creemos que el trabajo de este Comité puede tener un impacto directo
en la calidad de vida de millones de personas alrededor del mundo,
tanto en lo que se refiere al establecimiento de condiciones que
favorezcan y estimulen la actividad creativa de las personas, como en
lo relativo al establecimiento de un sistema de propiedad intelectual
que contemple reglas claras que permitan y garanticen un amplio y
legítimo acceso a bienes culturales.

Por esta razón, señor Presidente, y siendo además la primera vez que
Chile interviene durante esta 17ª Sesión, quisiera manifestar nuestra
voluntad y plena disposición a colaborar con Ud. y con la OMPI para
que esta Sesión del SCCR represente un paso concreto en el desarrollo
de las materias que convocan nuestra atención.

En segundo lugar, tal y como señaláramos en la reciente Asamblea
General, vemos con satisfacción el amplio apoyo que recibió la
propuesta para el análisis de las excepciones y limitaciones
presentada por Brasil, Chile, Nicaragua y Uruguay durante la última
sesión del SCRR y nos congratulamos de que este tema se haya
incorporado en la agenda permanente de este Comité.

El análisis y discusión de E&L sin duda forma parte del sistema de
propiedad intelectual y por tanto no puede estar ajeno al análisis del
SCCR. Incorporar esta materia amplía y refuerza el trabajo de este
Comité.

Queremos felicitar a la Secretaría por la realización a comienzos de
esta semana de la sesión informativa sobre excepciones y limitaciones.
Extendemos este reconocimiento a los expositores por el excelente
nivel de las presentaciones y estudios realizados. Ciertamente este
tipo de actividades contribuyen a un debate más profundo e informado
y, por tanto, ayudarán a una mejor toma de decisiones.

Señor presidente, el documento 16/2/ presentado en la última sesión de
este Comité por Brasil, Chile, Uruguay y Nicaragua, propone un plan de
trabajo progresivo, que contempla distintas fases de avance.

Una de las actividades contempladas en la propuesta sobre excepciones
y limitaciones, nos referimos a la sesión informativa, ya ha sido
realizada esta semana con excelentes resultados. Otra de las
sugerencias, la realización de un estudio sobre E&L con fines
educacionales también fue aprobado y entendemos que la Secretaría ya
se encuentra trabajando en él.

Por lo anterior, quisiéramos proponer que este Comité avance en el
intercambio de información y búsquedas concretas para conocer la
existencia, alcance y tipo de excepciones vigentes en los sistemas
nacionales, así como examinar su relación con las prácticas
contractuales y la gestión de derechos digitales Esto corresponde a la
fase dos del plan de trabajo sugerido en el documento 16/2.

Con este objetivo, queremos proponer que el SCCR solicite a la
Secretaría de la OMPI que elabore y distribuya entre los miembros de
este Comité un Cuestionario sobre excepciones y limitaciones con el
objeto de hacer un levantamiento de las excepciones y limitaciones
vigentes en las legislaciones nacionales de cada uno de los Estados
miembros.

Este cuestionario, a diferencia de los distintos estudios realizados
hasta este momento, tendría el enorme beneficio que información
actualizada sería entregada directamente por los países miembros de
esta Organización, lo que permitiría una comprensión más completa y
adecuada de los distintos sistemas nacionales de excepciones y
limitaciones.

La realización de cuestionarios no es una novedad en la OMPI. Este
tipo de cuestionario se ha realizado exitosamente en otros Comités de
esta Organización. A modo de ejemplo, en su 8ª sesión (2002) el
Comité sobre el Derecho de Marcas SCT- pidió a la Secretaría de la
OMPI que elaborara un cuestionario sobre el Derecho de marcas y las
prácticas relativas a las marcas (documento SCT/9/3). Dicho
cuestionario fue examinado en la 9ª sesión, donde el SCT decidió que
la Secretaría difundiera el proyecto de cuestionario en el Foro
Electrónico del SCT, invitando a los miembros a comunicar sus
observaciones

Asimismo, en la 16ª sesión el SCT (2006) solicitó a la Secretaría que
elaborase un cuestionario para ser examinado en la 17ª sesión (SCT/
17/6). Dicha sesión lo aprobó y distribuyó entre los miembros del SCT
con el título de Cuestionario sobre la legislación y la práctica en
materia de diseños industriales (Parte I). Adicionalmente, en
respuesta a la petición del SCT, la Secretaría elaboró un segundo
cuestionario a partir de las preguntas de los miembros del SCT
(Cuestionario sobre la legislación y la práctica en materia de diseños
industriales (Parte II).

Creemos que esta positiva experiencia puede replicarse con éxito en
este Comité.

Para facilitar la elaboración de este documento, queremos compartir
con la Secretaría y con los Miembros del SCCR la experiencia de Chile
en la elaboración del “Cuestionario sobre excepciones y limitaciones
al derecho de autor” que Chile presentó el año 2007 en el Grupo de
Expertos de Propiedad Intelectual del Foro de Cooperación de Asia
Pacífico APEC.

Este documento, que es de acceso público y puede ser descargado del
sitio web de APEC (www.apec.org), fue aprobado por las 21 Economías
que forman APEC y respondido por un importante número de ellas. Se
espera que el análisis de los resultados de este cuestionario esté
listo en febrero de 2009.

El cuestionario incluye, entre otras, preguntas relativas a
excepciones con fines educativos, ingeniería inversa, excepciones para
bibliotecas y para facilitar el acceso a personas discapacitadas.
Creemos que este cuestionario puede ser útil como antecedente para el
trabajo de la Secretaría, por lo que esperamos contar con apoyo a
esta iniciativa.

Con relación a otra importante materia, quisiéramos referirnos a la
propuesta de la Unión Mundial de Ciegos para contar con un Tratado de
la OMPI sobre un mejor acceso para los ciegos, las personas con
deficiencias visuales y otras con discapacidad para la lectura, de la
que hemos tomado conocimiento por cartas enviadas a nuestras
autoridades nacionales. Agradecemos y valoramos el trabajo de la Unión
Mundial de Ciegos y de sus respectivas asociaciones nacionales con
relación a esta materia. Creemos que una iniciativa de este tipo es
plenamente compatible con las discusiones sobre excepciones y
limitaciones que se están realizando en este Comité y también en el
sentido de las propuestas que Chile viene haciendo desde el año 2004,
la última de las cuales está en el documento SCCR 16/2/.

Señor presidente, las personas con discapacidad representan un grupo
de nuestra sociedad que está injusta e innecesariamente afectado en el
acceso a bienes culturales de primera necesidad y esta es una
situación que puede y debe ser corregida. Por lo anterior apoyamos el
que los miembros de este Comité estudien la idea de contar con un
Tratado de la OMPI sobre discapacitados y estamos disponibles para
trabajar en una iniciativa de este tipo. En este contexto el documento
elaborado por la mencionada unión internacional, que a la fecha se
encuentra disponible en inglés francés y español, puede servir como
un antecedente para este objetivo. Por eso celebramos el hecho que la
Secretaría haya puesto a disposición de los Miembros copias de esta
propuesta y quisiéramos solicitar, que de ser posible, también se
distribuyan copias en otros idiomas de la Organización.

Por último señor presidente, quisiera referirme brevemente al punto de
la agenda relativo a la protección de los organismos de radiodifusión.
Sobre esta materia, agradecemos el documento oficioso preparado por el
Presidente del SCCR. Creemos se trata de un documento que resume de
forma adecuada las distintas posturas de los miembros y las
discusiones que se han realizado en torno a esta materia.

Sin embargo creemos que las divergencias respecto a la protección de
los organismos de radiodifusión son aún bastante amplias. En
consecuencia, creemos que la decisión sobre la convocación a una
Conferencia Diplomática para la adopción de un tratado de
radiodifusores se encuentra aún lejana y que, tal y como ha sido
manifestado en el reporte de este Comité a la Asamblea General (doc.
WO/GA/36/5 ), esta decisión deberá ser tomada solamente una vez que
exista acuerdo sobre los objetivos, el ámbito específico de aplicación
y el objeto de protección.

Gracias Señor Presidente.

Impresentable.

El final de esta historia es que el Gobierno tiene un concepto bien torcido de democracia y muy extraño de lo que es un gobierno ‘ciudadano’. Los primeros párrafos de este cuento los escribe la Ministra de Cultura reconociendo públicamente acuerdos que antes habían sido negados y reconociendo cual será la pauta del gobierno en estos temas de acá en adelante. El final de esta historia, mis amigos, se escribe desde los cuarteles generales de la Sociedad Chilena de Derecho de Autor (SCD), desde donde se ha escrito y se está escribiendo en este instante el futuro del derecho de autor en Chile. A costa de Internet, del desarrollo tecnológico y a costa de todos nosotros, por supuesto.

Sabemos que se encuentra en el Senado una de las reformas más importantes a la Ley de Propiedad Intelectual desde el año 1970. Esta reforma pretende adaptar esta ley que data de 1970 a los desafíos del mundo digital y evitar así una serie de absurdos. Además, pretende hacer esta ley razonable desde el punto de vista de las excepciones y limitaciones al derecho de autor que se contemplan en todo el mundo y que en Chile somos meros expectadores. Porque claro, cada una de las reformas que se le ha hecho a esta ley ha sido hecha previa aprobación de la SCD y todas ellas pretenden fortalecer derechos de autor vetustos y añejos en detrimento de los derechos del público. Esta ley pretendía equilibrar de una vez por todas esos intereses.

Pero esto ha provocado una reacción histérica, desinformada y patética. Mientras existía un esfuerzo para lograr una ley que fuera justa para todos, otros han salido a la calle con carteles y pitos a pedir una ley justa sólo para ellos. No una ley que se adapte al mundo de internet, sino que una ley que se adapte a sus propios bolsillos e intereses.

Pero en fin, vamos al grano, dijo el dermatólogo. Los acuerdos a los que ha llegado el gobierno con la SCD a escondidas de la ciudadanía, con el fin de que esta ley salga adelante sin ruido, son los siguientes [descargar versión original]:

1.- No apoyar indicaciones que exigen que exista uso efectivo de obras para que haya cobro por parte de la SCD. Se lo pongo con un ejemplo. Si yo a usted lo demando porque me golpeó luego de una discusión, seré yo quien tengo que probar que tengo un golpe y que ese golpe me lo propinó usted. Esto es muy razonable, porque de lo contrario nos pasaríamos demandando los unos a los otros exigiéndole pruebas de lo contrario al demandado.


Bueno, la SCD quiere lo contrario. El acuerdo supone que el gobierno acepta que la SCD no tenga que acreditar uso efectivo de las obras, sino que se pueda basar sólo en supuestos, para proceder al cobro. Lo que resulta interesante considerado que viene de quienes son los principales promotores de demandas judiciales por derechos de autor en Chile.

2.- Apoyar un proceso de mediación previa en caso que no haya acuerdo sobre el cobro entre las partes. Hoy, quien fija las tarifas que cobra la SCD, es la propia SCD. Así, si usted tiene una discoteque u organiza un evento pequeño musical, tiene que pagarle a la SCD la tarifa que ellos mismos determinan. Como no hay otra entidad que ‘compita’ con la SCD, no queda más remedio que pagar a menos que queramos exponernos a demanda. El proyecto suponía un procedimiento de Arbitraje Forzoso, esto es, que en caso de desacuerdo sobre la tarifa, sea un tercero el que decida obligatoriamente.

Lo que ha aceptado el gobierno a solicitud de la SCD es que en caso de desacuerdo, vayamos a una “mediación previa obligatoria” en la que nos van a conminar a llegar a acuerdos. Si no llegamos a acuerdos, vamos a juicio. Es fácil de entender que esto, en buen chileno, vale hongo y no protege al más débil en la negociación, que ciertamente no es una entidad monopólica.

3.- Apoyar la eliminación de la responsabilidad de los prestadores de servicios internet. En castellano castizo, esto significa dejar la puerta abierta para que mañana la SCD dirija cobros a nuestros proveedores de acceso a Internet por las eventuales descargas que realizan sus usuarios. Los que han pasado por alguna clase de economía, saben que esto significa finalmente un cobro que vamos a terminar pagando todos nosotros.

Ahora, si a mi me preguntan, yo estaría feliz con un canon como este siempre que supusiera una excepción amplia para usos y reproducción no comercial. Pero como a algunos quieren pan y pedazo, quieren meternos un impuesto, pero no entregarnos ningún derecho. Así cualquiera.

4.- Eliminar excepciones para traducción, para usos educacionales y para usos justos. El Gobierno está de acuerdo con la SCD en eliminar esa terrible y macabra excepción que permite que piratas profesores hagan traducciones de textos que se encuentran en otros idiomas para efectos de enseñanza. También está de acuerdo en eliminar la excepción que permite reproducción de obras cortas para fines educacionales.

Lo más grave, es que además acuerda la eliminación de lo más importante de esta ley, la excepción que permite usos justos o legítimos. Que le permite a usted subir a Youtube un video de su hijo que baila una canción que suena en la radio, que le permite pasar un CD a MP3 o que le permitiría por ejemplo, hacer un collage o una presentación en Powerpoint con imágenes y música de fondo para las bodas de Oro de sus papás. Para quienes quieren tratos justos para algunos, hay que pagar.

En reunión con la Ministra de Cultura, ella reconoció que este acuerdo marcaba la pauta del Gobierno en este tema, por lo que no hay más que conversar.

Me parece lamentable que el Gobierno termine haciendo caso omiso a los reclamos de una serie de organizaciones sociales, gremiales, académicos e industriales que queremos una ley de propiedad intelectual moderna, ajustada a los desafíos de Internet, y que no trate a sus ciudadanos como delincuentes. Que no sea utilizada como privilegios para algunos sino que apunte, en definitiva, a un trato justo para todos.

Pero hay buenas noticias. La buena noticia, es que a partir de ahora, amigos míos, se nos acabó la buena onda. Pronto, muchas más noticias.

Pero sorpresivamente no todos están de acuerdo con estas obviedades.

Me contaba alguien que cuando conversó con un Ministro respecto de la importancia de esta reforma, éste lo miró atentamente y luego le dijo con sorpresa que pensaba que esta era una ley para los cantantes, artistas y actores, y por tanto no entendía por que él estaba allí. Es que en la discusión de la propiedad intelectual hay quienes durante los últimos años se han atribuido la exclusividad de opinión en el tema y por lo demás tienen el poder suficiente como para opacar voces disidentes. Esta visión de la propiedad intelectual -como un asunto exclusivo de creadores que necesitan cada vez más protección de sus creaciones- discretamente desautoriza y margina la necesidad de tener excepciones específicas que favorezcan el interés público, ese que decididamente han defendido, entre otros, las bibliotecas del país. No resulta casual que Chile sea uno de los pocos países de la región que no cuente con un estatuto específico de excepciones para discapacitados visuales, para la enseñanza o para la conservación patrimonial.

Tras esta idealización de la propiedad intelectual de los organismos que agrupan a titulares de derechos -pero utilizando a los “autores” como máscara de baile- hay pocas ideas interesantes, pero hay una que destaca con facilidad, la idealización ilustrada de la creación intelectual. Así, en los bordes de la argumentación en contra de la existencia de excepciones que favorezcan al público, algunos esgrimen que la única forma de creación cultural implica necesariamente mayores protecciones a los autores. Dicen, en otras palabras, que sin protección a los autores, se muere la cultura. Dejando de lado el maniqueísmo simplista de la argumentación, resulta irrisorio al sólo pensar en las más ricas expresiones artísticas generadas antes del medioevo o en buena parte de los artistas pop de la segunda mitad del siglo XX, quienes tuvieron una serie de otras motivaciones distintas al dinero para generar obras de inmenso valor estético. Resulta incrédulo además, pensar en el siglo XXI que sólo tenemos que entregar valor a una cultura oficial, o una generación de cultura creada por un grupo de privilegiados. Mientras nuestros artistas de salón pretenden convencer a nuestros representantes políticos de esto, cada día que pasa hay más niños generando obras artísticas y compartiéndolas a través de internet.

Pero a pesar de lo que muchos entusiastas de las nuevas tecnologías quieran creer, los cambios normativos no se harán sólo a través de buena voluntad y fotografías en Flickr. Para que no nos veamos atrapados por una legislación del pasado ni tampoco por unos lobbystas del derecho de autor del presente hay que tomarse en serio los derechos de autor. Y tomárselos en serio significa, entre otras cosas, luchar por lo que creemos que es justo y por nuestros derechos en el entorno digital.

El anterior es un artículo escrito por mi en Cadaunadas, el blog de Enzo Abbagliati, director de Biblioredes, en su primer aniversario.

Suponga usted que se reuniera la policía del país y asegurara que los mayores índices de consumo y tráfico de drogas duras se hace dentro de los hogares. Asegurarían, presumiblemente, que ello hace muy complicada la persecución de estos ilícitos. Claro, la intimidad y esas cosas extrañas llamadas derechos fundamentales son siempre problemas para poder capturar a los delincuentes.

Frente a esta realidad, se reúne con otras instituciones, incluidas aquellas pro-familia y acuerdan que la mejor forma para poder pesquisar dicho tráfico -y además evitar la desintegración de las familias del país por el flagelo de la droga- es que comenzarán a monitorear con cámaras ocultas lo que sucede en las oficinas de empresas privadas, baños y camarines de clubes deportivos y en las salas de estar y comedores de todos los hogares del país. Ahora suponga que eso no lo quiere hacer la policía, sino que un grupo de privados.

Probablemente lo anterior suene raro, abusivo y hasta orwelliano, diría alguno. Hay una buena y una mala noticia respecto de esto. La buena, es que una vez más la literatura demuestra su de poder adelantarse a lo que sucederá en la sociedad. La mala noticia, naturalmente, es que lo que acabo de parafrasear podría estar ocurriendo, y para proteger un bien jurídico infinitamente menos relevante que la lucha contra la droga. Menos relevante sin duda, pero económicamente rentable para muchos: las descargas a través de Internet.

Así es como la semana recién pasada se reunieron en Aspen, Colorado, representantes de los más importantes titulares de derechos de autor, esto es, productores fonográficos y multinacionales de la música y el espectáculo comandados por Warner, la RIAA y la MPAA. La industria pretende establecer alianzas con los proveedores de acceso a Internet con el fin de filtrar el contenido que circula a través de la red y de esta forma dar un golpe de efecto a la creciente y desastrosa -según sus propios cálculos, claro- proliferación de las descargas de contenido protegido por derecho de autor.

Lo anterior no es sino una demostración de dos hechos fundamentales en la lucha contra la piratería en Internet. El primero, es que es claro que todas estas decisiones comerciales no responden necesariamente a proteger a los autores. Quienes promueven estas medidas representan intereses más bien comerciales que artísticos y resulta natural y obvia la reunión entre dichos intereses y los intereses de quienes proveen conexiones a Internet. Más aún cuando ellos mismos se han ido transformando, a su vez, también en proveedores de contenidos. El segundo hecho fundamental que queda al descubierto, es que para esta industria -que por cada día que pasa ve cómo se desmorona tras de sí un modelo de negocio que los sustentó durante más de un siglo- la persecución de infracciones a derechos de autor debe hacerse a como dé lugar, sin importar otros derechos civiles tan importantes como la privacidad o la inviolabilidad de las comunicaciones privadas.

En un mundo donde las grandes industrias que gestionan derechos de autor se han transformado en importantes grupos de presión y ostentan un poder económico que es capaz de intimidar a los gobiernos más probos de la región, los grandes perdedores de esta lucha son quienes han tenido menos oportunidades de opinar y accionar, el público. Para nuestra sociedad resulta importante proteger los derechos de autor, son sin lugar a dudas claves para la preservación de la cultura. Pero cuando esta necesidad de sobre protección pretende destruir a su paso la construcción republicana de los derechos fundamentales, en pos de la preservación de privilegios comerciales, es el momento de re-estudiarlos y re-estructurarlos en forma severa y radical.

–

Artículo publicado por Terra Magazine bajo Licencia Creative Commons Chile

Imagen: Sometimes I invade her privacy por oh that rachel!, CC:BY-NC-SA

Durante la dictadura en Chile, los prohombres que dirigían este país debían esforzarse por explicar las fechorías que cometían en nombre de la libertad. Y para explicarle a la dueña de casa y al trabajador desempleado de qué se trataba esta lucha dirigida desde los cuarteles y CEMA Chile solían recurrir a ingeniosas formas.

Pero había dos metáforas que eran por lejos las favoritas de Pinochet y sus amigos.

La primera, era tratar de mostrar a las autoridades castrenses con alguna ligazón al ideario religioso nacional. “El demonio es manejado desde Moscú“, solía decir la máxima autoridad del ejército. Nombrar a la Virgen del Carmen como patrona, incluso su aparición en Villa Alemana en los momentos más escabrosos de la represión política y que su imagen pudiera verse entre las trizaduras de uno de los vidrios del Mercedes Benz luego del atentado en El Melocotón son sólo perlas que explicaban un mandato metafísico, espiritual de la Junta Militar. La segunda metáfora recurrente era caricaturizar con fineza militar a quienes no estaban de acuerdo con el régimen. “Auquénidos metamorfoseados” para referirse a los bolivianos que pedían salida al mar, “marihuaneros, drogadictos, melenudos, homosexuales y sindicalistas” apuntando al ejército de la RFA de postguerra. Moscotivas y humanoides a quienes osaban levantar la vista y preguntar por las violaciones a los derechos humanos.

“El diálogo es un juego que tienen los comunistas. A mi no me interesa”

comentó alguna vez el desaparecido general.

Todo esto a propósito de las discusiones aparecidas por la reforma a la ley de propiedad intelectual hoy en curso. Algunos han utilizado añejas tácticas para enturbiar la discusión a través, entre otras cosas, de ese viejo amigo que es el miedo . El miedo al cambio de paradigma era lo que impedía a los navegantes de la antigüedad entender por que yendo hacia el occidente era posible llegar a oriente. La arrogancia y la desinformación las nuevas herramientas utilizadas por algunos para evitar estar de acuerdo.

Trato Justo para los Artistas chilenos es el nuevo eslogan. La exigencia para un gobierno que ha sido electo gracias a ellos y no gracias a los votos de todos nosotros, según su particular forma de entender la democracia.

Como militares en dictadura, han recurrido a las mismas metáforas para explicarle a la gente común de la justicia de sus peticiones. Al mismo tiempo que sostienen carteles en marchas a favor de derechos que creen violentados por un proyecto de reforma que a todas luces en su mayoría no han leído, señalan con el dedo a quienes piensan diferente manoseando el ideario religioso y utilizando repetidamente las palabras comunismo y anarquismo para referirse a quienes plantean diálogo y una postura moderada y diferente. Desacreditando gratuitamente a quien piensa distinto en lugar de discrepar. Primero te ignoran. Luego se ríen de ti. Después te atacan. Entonces ganas.

Justificar una posición utilizando las palabras despojo, indefensión, hipocresía, abuso patronal, expropiación, doble estándar, pillería, escándalo y multinacionales nos debiera hacer reaccionar a todos, qué duda cabe. Diciendo que existe gente que pretende destruir a los artistas. Que hay una serie de ideas que destruirán a los artistas chilenos y que son enumeradas por donde pasamos.

Dicen que todo el proyecto de ley se ha hecho a espaldas de los artistas. Que no han sido oídos. Que la Ministra de un momento a otro perdió la cordura y se olvidó de sus colegas, de artistas, cantantes y saltimbanquis. Que los colmillos de las multinacionales ha llegado al Congreso y ha arrasado a los artistas con su lobby.

Lo siento, pero llegó el momento de decir las cosas como son, de transparentar.

• Que el proyecto de ley no pretende exterminar a los artistas, sino que pretende romper desequilibros inaceptables en una normativa de derecho de autor. A tatuárselo en el brazo, compañeros.

• Que si hay alguien que ha sido oído tanto en el Congreso como en la Moneda misma, consiguiendo entrevistas privadas con políticos -de las que por lo demás se jactan- han sido los mismos artistas que levantan carteles y quedan disfónicos de tanto gritar contra las multinacionales.

• Que los que más han visitado el Congreso en el marco de esta ley han sido las sociedades de gestión que agrupan precisamente a los que más fuerte sostienen los carteles denunciando depredación y destrucción.

Entonces llega el momento de decir basta de tergiversaciones, demonizaciones y caricaturas. En democracia tenemos derecho a disentir y a poner argumentos sobre la mesa. Pero la mesa de la discusión sobre la propiedad intelectual en Chile está separada entre quienes aportan propuestas e información y quienes avanzan con anteojeras hacia la concesión de privilegios sin propuestas normativas claras.

En esta democracia de salón, donde todos son condes, duques y príncipes, la única forma de disentir parece ser a través de la descalificación ad hominem y la ofensa. A través del monólogo y la burla soterrada. A través del silencio cómplice y el cuchicheo tras las bambalinas del poder.

En una democracia de verdad los ciudadanos tenemos derecho a exigir que las políticas públicas sean dictadas en base al bien colectivo y no a intereses gremiales de un grupo de ciudadanos. Por eso no se puede discutir ni puede haber intercambio de ideas sobre lo que es mejor para el país cuando no hay propuestas del otro lado de la mesa. Cuando las únicas propuestas parecen estar del lado de la billetera antes que del corazón, descalificando de paso a quien se ponga en frente acusándolo de delirantes alianzas con empresas multinacionales y extraños e imaginarios anarquismos.

Frente a eso, queridos lectores de este humilde blog, no queda más que rebelarse. Rebelarse frente a estos demócratas de salón que con discursos trasnochados e insostenibles no pretenden convencernos, no pretenden hacernos entrar en razón.

Pretenden imponernos una versión particular de la realidad que sólo es posible ser visualizada a través de anteojos 3D especialmente diseñados al efecto. Mientras todo el mundo ve una táctica magistral de Radiohead para saltarse a las multinacionales de la música que históricamente han maltratado a los artistas, ellos ven insólitamente fracasos. Un poco como la democracia del general, donde si no estábamos con él estábamos contra él, donde quienes disienten son infiltrados de multinacionales.

El derecho de autor requiere de un trato justo para todos. Para príncipes, para artistas, para periodistas, blogers, fotógrafos. Para amateurs y profesionales. Para bibliotecarios, profesores y hermanos chicos.

Pero en este debate, los que tenemos que exigir respeto y un trato justo y digno somos todos los ciudadanos. Basta de permanecer inmóviles frente a panfletos con desinformación y delirios, los ciudadanos tenemos que exigir información.

La ilustración de arriba es una ilustración de la edición de 1550 de la "De sphaera mundi", libro de astronomía más influyente del siglo XIII. En el dominio público, naturalmente.

Por si usted no lo sabe, en Chile buena parte de la biblioteca para ciegos de Providencia es ilegal. Es ilegal también fotocopiar el libro que compraste para poder subrayar y destacar con colores amarillos ese capítulo que tienes que estudiar para una prueba. Es igual de ilegal comprar un CD de Kudai y pasarlo a MP3 para poder escucharlo en un pendrive. Es ilegal hacer un collage o samples de canciones sin autorización. Es ilegal publicar en tu blog una foto del volcán Llaima que viste en El Mercurio para ilustrar un post. Aunque dejes clarito que quien sacó la foto fue un fotógrafo del diario y no tú. Igual de ilegal es hacer una cita que supere las diez líneas. Sí, leíste bien, diez líneas. Para la legislación chilena de propiedad intelectual hacer reproducciones de obras intelectuales sin autorización (MP3, libros, películas, etc) es ilegal. Sea que lo hagas para vender o que lo hagas para uso personal. Igual de ilícito. Igual de pirata.

Todo lo anterior resulta de aplicar al día de hoy una ley que se redactó antes del año 1970, antes que siquiera se pensara en ver televisión a color. Si bien esta ley ha sufrido varias modificaciones, todas ellas han sido para sobre proteger a los titulares de derechos de autor (más bien a las transnacionales de la música y del espectáculo que a los autores, dado que son ellas quienes detentan estos derechos), aumentando las penas en forma desmesurada frente a las infracciones a la ley y aumentando los plazos de protección de 30 a 70 años luego de la muerte del autor, yendo bastante más allá que los estándares internacionales, entre otras cosas. Para ponerlo en contexto, en Estados Unidos, los 70 años son gracias a una ley llamada por algunos Mickey Mouse Protection Act, que aumentó los plazos para evitar que el ratón Mickey pasara al dominio público. En otras palabras, para proteger los bolsillos de la Disney Corp. y no el de los pobres dibujantes.

Los derechos de autor son derechos que la sociedad le entrega a los autores de una obra para que la exploten comercialmente por un lapso de tiempo. Una vez que expira ese lapso de tiempo, la obra pasa a ser patrimonio cultural común, patrimonio de todos. Lo que es obvio, dado que ninguna obra se ha creado por generación espontánea, todas se crean emulando a otro, mejorando ideas anteriores y utilizando patrones existentes. Los Prisioneros no hubieran existido sin The Clash, y nadie en su sano juicio desearía que Jorge González le pagase un impuesto a Joe Strummer o a Mick Jones. Por eso, una vez expirado el plazo, la obra pasa a lo que se denomina dominio público. Y por eso el derecho de autor no es lo mismo que la propiedad que tiene un músico sobre su guitarra.

Pero si hay una tendencia en el derecho de autor en los últimos cincuenta años ésta es aumentar la protección y eliminar progresivamente las excepciones que benefician al público, tendencia de la que Chile no ha estado ajeno. Por eso llama la atención que en este momento se esté discutiendo una reforma a la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) que pretende de una vez por todas restablecer el equilibrio y la cordura perdidas, estableciendo excepciones que permitan funcionar a las bibliotecas, que favorezca a los discapacitados y, en definitiva, que no nos convierta en delincuentes por usar internet. Es una reforma que pretende volver las cosas a su equilibrio. Tomar en cuenta de una vez al público.

Pero aunque ustedes no lo crean, en Chile hay quienes piensan lo contrario .

Donde se aprecia apertura y coherencia, algunos ven violaciones. Donde yo veo equilibrios, algunos ven destrucción. Donde usted ve internet y acceso, algunos ven robo.

Así es como durante los últimos días hemos visto desfilar con pancartas y chapitas a conocidos artistas nacionales como Juan Carlos Duque, Horacio Saavedra, Denisse Malebrán y muchos otros en contra de esta reforma a la LPI. Según ellos, esta reforma privilegiaría a “las grandes empresas de internet” dejando desprotegidos a los creadores. Han armado grupos en Facebook y pagado caros insertos en diarios de circulación nacional. Se han encargado de llenar las casillas de los medios nacionales haciendo saber su enojo por una ley que según ellos se ha hecho a espaldas de los artistas y que llevará a la muerte de la cultura en Chile.

De hecho, montaron una página web -un newsletter, en estricto rigor- donde expresan su malestar exigiendo un TRATO JUSTO para los artistas de Chile con las siguientes palabras

El proyecto de ley de propiedad intelectual que se tramita en el Congreso maltrata a los artistas y autores; destruye sus organizaciones; contradice los hermosos discursos oficiales en favor de la cultura y de las organizaciones ciudadanas; da la espalda a la tradición nacional de apoyo a autores y artistas; abre las puertas a la pillería, el abuso y el dominio sin contrapesos de las grandes empresas multinacionales perjudicando a los creadores; y daña finalmente al país completo porque un país que trata mal a sus creadores se trata mal a si mismo. Tal como está, esta ley no garantiza un trato justo.

El problema, mis amigos, es que ellos están hablando a nombre de todos nosotros, porque todos somos creadores. Desde el momento en el que sacamos una fotografía o cuando escribimos en nuestros blogs. Lo que ellos están exigiendo es un trato justo para algunos. Nosotros debemos exigir un trato justo para todos.

A pesar de lo que ellos dicen, las reformas que están hoy en el Congreso no quieren eliminar a los artistas, quieren entregar derechos al público. No suprime a los autores, sino que integra a los usuarios. No fomenta la piratería, sino que pretende no criminalizar todo lo que hacemos en Internet. No decirte pirata si pasas un CD a MP3. No llamar delincuente a la biblioteca si copia un libro para proteger el original de los ratones o la humedad.

La pelea por un derecho de autor hace rato dejó de ser una discusión de expertos. Tampoco es una discusión entre artistas. Es una cuestión de interés público y que afecta nuestro día a día. Por eso hay que estar atento a lo que pasa en el Congreso y atentos a la desinformación que algunos pretenden imponer en la opinión pública.

Si alguien pide un trato justo para algunos, entre todos digamos que necesitamos un trato justo para todos.

Hace un par de semanas, la sociedad de gestión de derechos colectivos española (SGAE) anunció la creación de la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, la cual pretende representar dos intereses, en principio disímiles, en pos de lograr una adecuada protección de los derechos de los autores frente al florecimiento de la piratería favorecida por la masificación tecnológica. La creación de este tipo de organizaciones, bajo el alero de las sociedades de gestión no es un caso aislado, y se han creado grupos similares en otros países, como Chile, sin ir más lejos.

Lo anterior da muestra de una extraña relación entre dos de los grupos de interés involucrados en la regulación de los derechos de autor. Pareciera ser que, al contrario de lo que uno podría suponer, los intereses de los miles de artistas y creadores se identifican con los intereses de las transnacionales discográficas de la música y del software; que Adobe y Microsoft levantan las mismas banderas que nuestros artistas plásticos y poetas. Pareciera que súbitamente somos testigos de un milagro, de un momento mágico, donde quienes han negociado condiciones nefastas para los artistas durante décadas se transforman en el brazo derecho de la creación de cultura.

La regulación actual de los derechos de autor, a niveles internacional, regional y local, responde a una importante y triste tendencia, que pretende acrecentar progresiva y violentamente unos derechos que fueron pensados para proteger al autor en los tiempos del mundo analógico en detrimento de los derechos de acceso. Es que los derechos de autor no son sino monopolios de explotación exclusiva por un lapso de tiempo. Como sociedad creemos que la creación intelectual es algo importante para nuestra cultura, y por ello inventamos estos derechos, para que nuestros autores puedan explotar comercialmente sus obras intelectuales por un tiempo determinado. Pero esta garantía ha sido entregada a los autores en el entendido que sus obras intelectuales circulen a través del público. Si el autor mantiene sus obras escondidas en un cajón con siete llaves, no tendría sentido alguno que lo beneficiemos con este monopolio de explotación exclusiva.

Lo cierto es que esta tendencia mundial hacia la sobreprotección de los derechos de autor ha llevado a la creación de titulares sui generis de cierto tipo de derechos y a la amputación de las excepciones y limitaciones a los derechos de autor, que pretenden equilibrar el interés de los autores con el interés del público, de todos nosotros. Esto explica que, si analizamos las normativas de la región, veremos un número críticamente insuficiente de excepciones, que supone que muchas de las actividades que diariamente realizamos en Internet se tornan ilegales. Que en ciertos países el acto de transformar las canciones de un disco compacto a un archivo digital o la digitalización de libros con fines de recuperación patrimonial que hacen bibliotecas sean actos de piratería.

Esta regulación la verdad es que dista de proteger a los autores. Una regulación desequilibrada, que no responda a las necesidades de la sociedad de la información, además de perjudicar al público termina perjudicando a nuevas formas de creatividad que se ven facilitadas por la tecnología. Cada día que pasa se avanza en la superación de la denominada brecha digital, que permite además de otorgar acceso a miles de personas que de otra forma no tendrían cómo acceder al contenido que se ofrece en la red, la creación de obras intelectuales a un costo infinitamente menor de lo que sucedía en el mundo analógico; hoy no es necesario tener un piano de cola para poder escribir obras musicales y cada vez es posible acceder a cámaras fotográficas a más bajo precio, las que permiten generar fotografías y por tanto crear obras intelectuales. Pero mientras la tecnología apunta hacia la apertura, esta regulación desequilibrada apunta hacia el control.

Artistas como Warhol o Duchamp, que cambiaron la forma de entender las artes plásticas en el siglo XX lo hicieron lejanos a las rígidas formas que impone la creación cultural de este derecho de autor desequilibrado. Así, hoy artistas que hacen mashups, collages o artes integradas a través de tecnología son denominados también piratas por una regulación que está lejos de querer proteger la creatividad, sino que pretende proteger una determinada industria cultural bajo el nombre de los artistas.

En este contexto, son las entidades de gestión colectiva en conjunto con la industria multinacional de la cultura y el software las que llevan adelante un discurso anticuado y punitivo respecto de cómo debiera ser el derecho de autor del futuro. Mientras el mundo ve oportunidades y acceso, ellos parecen ver piratería, destrucción y ciertamente menos dinero para sus arcas. Probablemente azuzados por los mismos, es común ver connotados creadores rasgar vestiduras por una nueva regulación que -según ellos- destruirá la cultura y a los artistas, exigiendo con histeria más protección de sus derechos, cueste lo que cueste, y abogando por subir al paredón a quienes pretenden un sistema más justo y razonable.

Pero la verdad de las cosas es que la necesidad de tener un derecho de autor equilibrado dista de ser una necesidad sólo del público. Debe ser una necesidad para el público, para los nuevos creadores y para los nuevos emprendimientos. Mientras la tecnología supone grandes oportunidades de desarrollo y avance de las ciencias y de la distribución de las ideas, algunos lo enfrentan poniendo obstáculos en el camino, parecen preferir avanzar con las anteojeras de un caballo de carreras, evitando observar el flujo de información, acceso y oportunidades que presenta la tecnología para el futuro de la innovación y de la creatividad.

Columna escrita originalmente para Terra Magazine.

Cuatro años después de esta flagrante y perniciosa violación a los derechos de propiedad intelectual de Turismo y Comunicaciones S.A., el delincuente Juan Pablo recibe una llamativa carta certificada del estudio de abogados que representa a la empresa, donde lo insta amablemente al retiro de “toda cartografía” que se encuentre alojada en su sitio web a menos que quiera arriesgarse a las penas que establece la ley de propiedad intelectual, las que ascienden hasta 50 UTM además de penas de presidio.

Juan Pablo no hizo mención alguna a Turistel. Tampoco lucró de manera alguna con el contenido ajeno utilizado. Menos hizo una reproducción que pudiera atentar contra la explotación normal de las guías camineras que se distribuyen por todo el país por parte de Turistel. A pesar de eso, para nuestra ley de propiedad intelectual, Juan Pablo es un delincuente.

Pero hay una buena y dos malas noticias.

La buena, es que efectivamente existe en el Congreso un proyecto de ley que pretende reformar la Ley de Propiedad Intelectual que por primera vez en muchos años pretende establecer un régimen de excepciones al derecho de autor que, entre otras, permita algunos usos con fines de ilustración y enseñanza. Que por primera vez está pensando en equilibrar los intereses comprometidos, para no transformarse en una herramienta que le de la razón a pretensiones absurdas como las de Turismo y Comunicaciones S.A.

La mala, es que dicho proyecto de ley se encuentra en el Congreso. Claro, eso es bueno y malo al mismo tiempo. Es una mala noticia porque a pesar de las buenas intenciones del Ministerio de Cultura y de algunos parlamentarios que entienden los problemas que derivan de un sistema de derecho de autor desequilibrado, quienes de verdad influyen para tener un sistema de derechos de autor nefasto, apolillado y caduco, son los representantes de ciertos titulares de derechos de autor, que gracias a campañas del terror que recuerdan tiempos que queremos olvidar, pretenden mantener un status quo que sólo beneficia a unos pocos y que no responde a los intereses públicos que deben estar comprometidos en toda regulación.

La segunda mala noticia, es que si la empresa quisiera perseguir a Juan Pablo, tendría todas las de ganar desde un punto de vista exclusivamente legal. Porque claro, las leyes de derechos de autor las terminan haciendo los mismos quienes después persiguen criminalmente su infracción.

Es por eso que casos como el de Juan Pablo ayudan a entender los absurdos del derecho de autor, los absurdos de la propiedad intelectual cuando se pretende aplicar al entorno digital. Ayuda a entender además por qué el tema de los derechos de autor ya no es un tema que tengamos que dejar a los expertos discutir, sino que es un asunto que compromete las formas como entendemos internet y la distribución del conocimiento en red. La lucha por un derecho de autor equilibrado es, en definitiva, una pelea difícil y complicada, pero que tenemos que dar todos con dientes y muelas.