La música es parte fundamental en mi vida, pero rara vez escucho radio. Esas pocas ocasiones coinciden casi siempre con traslados en la ciudad como el del martes pasado, cuando cerca de las 22 horas, sintonicé radio Bío-Bío. Era la primera vez que escuchaba el programa Hoy en La Radio, conducido por el periodista Juan Francisco Canales, quien conversaba en vivo sobre temas de contingencia vinculadas a la justicia criminal con Mario Schilling, hasta hace poco vocero de las acciones de la Fiscalía Oriente del Ministerio Público.
Era una conversación respecto del actuar de nuestros tribunales y del sistema penal a propósito del caso de la puesta en libertad de un menor imputado de abusar a una mujer en Lo Barnechea. El ex representante de la fiscalía era quien moderaba, no sin dificultad, el tenor del diálogo liderado por el conductor del programa, quien utilizó con talento todas las frases chichés y los prejuicios asociados al actuar de los tribunales y el problema de la delincuencia. “Pero Mario -inquiría el conductor-, ¿Y si se tratara de tu esposa?”, “Mario, yo entiendo pero y si fuera tu hija la violentada, ¿estarías tranquilo?”. O bien alocuciones falaces requiriendo más mano dura y tolerancia cero y partiendo de supuestos del tipo “tenemos un sistema penal que protege a los delincuentes y no a las víctimas”.
Mi fastidio respecto de lo que escuchaba me hizo reflexionar respecto del rol de la independencia (que la radio de hecho utiliza como slogan) para la libertad de expresión.
Una de las ideas que ha preocupado al profesor Cass Sunstein desde hace algunos años tiene que ver con la tensión existente entre el desarrollo de nuevas tecnologías y la libertad de expresión. Sunstein sugiere que el desarrollo tecnológico vinculado a la distribución de ideas en internet podría amenazar algunos aspectos claves para la política y la democracia. En Republic.com (libro de 2001) sostiene que si internet permite aislarnos de aquellas ideas que no compartimos, de aquellos pensamientos divergentes con nuestras creencias e ideas de bien, podría debilitar parte importante del diálogo democrático. La exposición de nuestras ideas y valores en público permite que ellas sean debatidas y puestas en juicio por quienes no comparten nuestros supuestos para poder así llegar a consensos políticos y construir democracia. De lo contrario, señala Sunstein, sin que nuestras ideas sean desafiadas, corremos el riesgo de tener confianza excesiva, sostener posiciones extremas, despreciar a los demás y, en ocasiones, incluso llegar a la violencia.
Si siguiéramos al pie de la letra la reflexión de Sunstein encontraríamos buenas razones para que los medios entregaran espacio importante a opiniones divergentes a su línea editorial. Si lo piensan, es quizás esa la razón por la que The Clinic en su momento y El Mostrador en estos días, le entregan tribuna a las delirantes, aunque graciosas, columnas de Hermógenes Pérez de Arce, o la razón que explica la presencia destacada de Teresa Marincovic en el diario electrónico. Pero estas no son razones suficientes.
Juan Francisco Canales, Pérez de Arce y la señora Marinovic tienen derecho a decir lo que piensan. A opinar aun si esas opiniones en realidad constituyen disparates. Incluso, recogiendo el guante de Sunstein, existen hasta razones para darles espacio y exponernos, quienes pensamos distinto, a sus ideas. El punto de fondo es que en Chile hay suficientes medios de comunicación como para escuchar discursos alarmistas, falaces, histéricos y, por si fuera poco, profundamente conservadores y clasistas respecto de las políticas criminales. Estamos rodeados de esos medios y de esos discursos que dominan además la agenda política.
Lo que debiéramos esperar de un medio independiente -sea lo que sea signifique-, por tanto, es reflexión, información y contexto. No más alarma, más prejuicios y más intuición, que encontraremos en todas partes con facilidad. Radio Bío-Bío y El Mostrador son dos importantes excepciones en nuestro mercado de medios porque se construyen desde un espacio que -intuyo- de alguna manera representa a quienes creemos en una sociedad más justa, más plural, dialogante y fundamentalmente más igualitaria. Cuando estos espacios deliberativos son cooptados por discursos hegemónicos llenos de intuición y prejuicios los discursos minoritarios se hacen aún más minoritarios y se escuchan a un volumen todavía más bajo.
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Muchos se alarmaron con la publicidad de Hidroaysén que repentinamente comenzó a mostrar el periódico electrónico El Mostrador. Algunos, de hecho, intentaron hacer cruces y relacionarlo con la partida de la periodista de medio ambiente a la competencia.
Mirko Macari, director de El Mostrador, escribe una editorial para hacer frente al tema pero termina diciendo un par de verdades respecto del estado actual del debate público en Chile. Les recomiendo la columna completa y comparto un extracto del final.
(…)
El punto es que este no es un hecho aislado sino uno de los síntomas más nítidos de la decadencia de la discusión pública en Chile, convertida en un espacio sin espontaneidad ni alma, donde todos recitan clichés y frases huecas calculadas por asesores bien pagados. Un lugar donde nadie está dispuesto a dejarse convencer, ni a escuchar, ni menos seducir.
Y aunque uno esté cada vez más viejo y por lo mismo crea cada vez en menos cosas, en lo que sí sigo comulgando a pie juntillas es en el periodismo que cuenta buenas historias sin calcular objetivos. En el periodismo que se hace sin razón de Estado, en el periodismo que renunció a cambiar el mundo, pero quiere comprender los procesos. En el oficio que se resiste hasta el final al guión de los buenos contra los malos y tiene clara conciencia de sus limitaciones y falibilidades. Que vive feliz en la incertidumbre y se niega a disparar desde una trinchera preestablecida, como lo fue la prensa partisana del siglo XX.
Sorry si los decepciono pero no escribo calculando la huella de carbono del notebook. Perdón si duermo tranquilo y no tengo pesadillas por el duopolio ni me deprimo por el avance de las transnacionales. Excúsenme si abuso de mi libertad de responder.
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A pesar de las sospechas de muchos, a estas alturas nadie parece cuestionar la carencia de justificación para la guerra de Irak. Por otro lado, muchos intuían que la guerra era bastante más cruenta de lo que contaban los cables de prensa y los fríos comunicados del gobierno norteamericano, pero hoy muchos tenemos claridad respecto de muchos de los abusos que se produjeron.
La diferencia entre uno y otro caso es la forma en que llegamos a esas conclusiones. En el primero, fue a través de la falta de evidencia de armas de destrucción masiva pese a la larga ocupación militar. En el segundo, sin embargo, tuvimos certeza de la muerte de inocentes a través del filtrado de un video que mostraba un helicóptero Apache piloteado por oficiales norteamericanos masacrando civiles desarmados en Bagdad. Ese video fue filtrado, a través de fuentes secretas, por Wikileaks.
Algunos han argumentado que se trata de documentación confidencial y que los Estados tienen derecho a declarar cierta documentación secreta, pero la verdad es en principio no puede existir secretismo en los actos del Estado. Es perfectamente legítimo que el Estado declare ciertos documentos como reservados, pero la filtración de los últimos días nos ha enseñado que los criterios para tomar la decisión de ocultar información son bastante más confusos de lo que uno pudiera pensar en principio y no han tenido por objeto la seguridad del país sino ocultar serias evidencias de manipulación de la opinión pública o derechamente ocultar actividades delictivas. Actividades diplomáticas más cercanas al espionaje que a mejorar la convivencia internacional y presiones oficiales al gobierno español para cerrar investigaciones sobre torturas de Guantánamo no parecen ser razones suficientes para que dicha información no sea revelada. Como debiera ser una lección aprendida en Chile el secreto, la confidencialidad de cierta documentación, no puede jamás en una democracia ser una excusa para ocultar abusos de privilegiados agentes del Estado. En una democracia no existe la “vida privada” de los estados.
Por otro lado, existe una relación directa entre calidad de la democracia y la transparencia del actuar de los funcionarios públicos. Por cierto mucha de la documentación filtrada es información que no reviste más interés que develar ciertos fisgoneos innecesarios y la arrogancia de algunos funcionarios diplomáticos norteamericanos. Pero muchos de esos documentos también nos dan cuenta de prácticas que creíamos olvidadas, de presiones políticas a gobiernos y de abusos inaceptables. Una de las enseñanzas fundamentales es que tanto la prensa como los ciudadanos tenemos derecho a saber lo que el gobierno y los organismos del Estado hacen a nombre de todos y a costa del erario público. Particularmente tenemos derecho a saber cuando los funcionarios del estado, además, han utilizado dichos recursos para mentirle a la población.
Por último, la repentina decisión de Amazon de dejar de prestar el servicio de hosting a Wikileaks debido a presiones del gobierno norteamericano devela además la fragilidad de la defensa de los derechos fundamentales en internet y demuestra el poder actual de los gobiernos por sobre el estado de derecho. Esto último, curiosamente, lo que Wikileaks parece informarle a gritos al mundo con su filtración. Wikileaks nos enseña el valor del escrutinio de los actos públicos y la importancia del control del poder. En una democracia robusta, la libertad de expresión, la transparencia y el acceso a la información pública son herramientas fundamentales para el control del poder. El que hoy ambos conceptos sean puestos por algunos en tela de juicio para proteger ambiguos conceptos como seguridad nacional o la estabilidad internacional es el gran triunfo, y la gran enseñanza, de Wikileaks.
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No voy a descubrir acá la relación directa que existe entre democracia y disidencia. Esta idea que explica que la democracia supone la existencia de grupos de disidentes, de descontentos, que ponen en duda y cuestionan continuamente esos sospechosos acuerdos generales entre quienes toman decisiones.
Y claro, la democracia moderna supone además, entre otras cosas, que los intereses públicos se vean legítimamente reflejados en esta toma de decisiones, sea a nivel parlamentario, sea a nivel de gobierno. De no ser así, de no cumplirse estos estándares formales y materiales simplemente no estaríamos frente a una democracia verdadera.
Todo esto a partir del hecho que marcó la semana en Chile. El martes pasado se desarrollaba la Jornada de Clausura de Diálogos Participativos por la Educación Pública que convocaba a estudiantes, profesores y autoridades frente a las eventuales reformas a la Ley General de Educación. Cuando la Ministra de Educación Mónica Jiménez estaba en plena exposición, fue interrumpida por estudiantes encarándola por defender la famosa ley. En el marco de esa batahola, María Música Sepúlveda, una escolar de 14 años se acercó a la Ministra y le vació un jarro lleno de agua a la autoridad.
Como usted se podrá imaginar, luego del bochornoso episodio todo el mundo opinó, desde la presidenta hasta la conferencia episcopal (?). Todos, por supuesto, estuvieron de acuerdo en repudiar el acto de la estudiante así como también la torpe reacción del colegio de profesores frente al asunto.
En uno de los mejores highlights de la jornada, el senador Eduardo Frei, apuntó seriamente que el hecho revelaba “la existencia de una escalada de violencia” y agregó sin arrugarse que
“Si seguimos por este otro camino vamos a la anarquía, vamos al caos, vamos a la violencia institucionalizada y lo más grave es que los profesores justifican esa violencia”
En el mismo tenor, el alcalde de la comuna donde estudia María pidió su expulsión del colegio como medida disciplinaria, la que fue respaldada por la Dirección de Educación. Como había cámaras de televisión, el siempre hiperventilado alcalde de La Florida Pablo Zalaquett no pudo evitar opinar y sostuvo que frente a la falta de arrepentimiento de la menor de edad, “lo mínimo que puede haber es la expulsión del colegio“.
Como decía al principio, tiendo a levantar las antenas y a sospechar cuando todo el mundo está de acuerdo. Es que la verdad de las cosas es que yo no le veo tanta gravedad al jarrazo de la María Música. Me parece mal. Pero más bochornoso es utilizar el hecho para reprimir discurso disidente de una serie de actores que durante años han tratado de ser escuchados en una reforma educativa como es el caso de estudiantes y profesores. E infinitamente más bochornoso me parece que la Ministra se mofe de los estudiantes después del episodio agradeciendo ser mojada con agua y no por el “guanaco“.
No estoy diciendo que el lanzar jarros de agua sea una forma correcta de expresarse en democracia. Lo que me sí parece inaceptable es que se demonice la reacción de una chica de catorce años que incluso ha terminado declarando ante los tribunales de familia por haber “atentado contra la autoridad”. Todo esto porque actores políticos sostienen sin un atisbo de duda que el problema es que la chica no se ha arrepentido y por tanto es necesario una “condena moral” e incluso algunos sostuvieron la necesidad de “sanciones formativas” (lo que sea que ello signifique).
Más inaceptable me parece que una Ministra de estado se luzca con la siguiente declaración que ha pasado aséptica por buena parte de la prensa nacional y que demuestra una concepción de la educación y de la democracia que no quiero compartir con mis hijos.
“Yo le preguntaría qué pasó antes de la violencia. ¿Qué pasó? ¿por qué anda en la calle desde los 11 años? ¿por qué ella se ha convertido en una activista desde los 11 años?. ¿Es eso lo que esperamos de un niño de 11 años, que ande reclamando como decían ellos, hoy por las ballenas, mañana por la Ley General, pasado mañana por la causa mapuche?”
Una sociedad realmente democrática cuida a sus hijos, no los envía a la policía ni los expulsa de los colegios cuando cometen faltas. Por lo demás, una sociedad sana se sentiría orgullosa con que sus hijos sean capaces de participar en política desde temprana edad. Cuando quienes están en el poder sugieren poner límites arbitrarios a la libertad de expresión, perdemos parte del corazón de la democracia y nos transformamos en una sociedad más pobre, abúlica y enfermiza. Las María Música de este mundo, a pesar de los excesos ciertamente evitables, nos sirven para testear qué tanto creen nuestros políticos y nuestra sociedad en una democracia deliberativa. Lamentablemente, esta vez en esto salimos reprobados.
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