A lo menos esa es la conclusión a la que llegaron los lectores de The Economist en uno de los ‘debates’ a los que somete ciertas afirmaciones sobre temas tan variados como si estamos durmiendo lo suficiente, o si los ricos deben pagar más impuestos. Esta vez le tocó el turno al derecho de autor.
En el debate, los expositores principales fueron los profesores William Fisher de Harvard, a favor de la moción propuesta y Justin Hughes de Cardozo Law School, quien tuvo el rol de estar en contra de ella.
Los argumentos en general ustedes los pueden suponer. Fisher, por un lado, explicó los inconvenientes que se generan con un sistema desequilibrado de propiedad intelectual, el que tenemos debido a la influencia de los grupos de interés económicos en detrimento de los del público, a que los convenios internacionales en la materia no establecen techos sino que sólo estándares mínimos y que las mejoras que se han hecho jamás han sido de verdad importantes y de fondo.
Por su parte, Hughes sostiene -entre otras cosas- que para que los ciudadanos tengan incentivos para crear obras intelectuales deben tener cierta seguridad respecto de la explotación comercial de sus obras, y esto se logra a través de la entrega de derechos de explotación exclusiva. En otras palabras, con menos derechos, menos incentivos sociales y económicos para la creación de cultura.
Lo que me parece interesante del debate -resumen en castellano en el excelente Blawyer.com – es que la discusión parte con una pregunta fundamental. En un país como Chile, inmersos en estos días en fuertes debates en el Congreso respecto de nuestra ley de propiedad intelectual, las verdaderas preguntas parecen quedar atrás. Las verdaderas preguntas, creo, están dadas en para qué tenemos el derecho de autor y cómo la forma en lo regulamos hoy afecta o no esos objetivos iniciales. A veces pareciera ser que para algunos el copyright hubiera estado escrito en las tablas de Moisés, las preguntas sobre las razones de tener derechos de autor no tienen cabida.
Para algunos la importancia de las excepciones para bibliotecas y la existencia de usos legítimos o justos que no criminalicen a los ciudadanos parecen poner en jaque equilibrios cósmicos. Otros los denominan robos. Bueno, en otras partes, los equilibros son supuestos.
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