Estoy en Iquique luego de pasar por Arica, donde estuve dictando un taller para Bibliotecas públicas del programa Biblioredes (una experiencia fantástica de la que probablemente les contaré en algún momento) y con un paso por la Facultad de Derecho de la Universidad de Atacama Tarapacá.

La explicación es que ONG Derechos Digitales, en conjunto con el Colegio de Bibliotecarios, está organizando charlas abiertas para introducir y sensibilizar sobre los temas de Propiedad Intelectual y Acceso al Conocimiento y la Cultura. Esto es aún más relevante, si consideramos que esta semana se retoma la discusión parlamentaria de la nueva ley de propiedad intelectual, a la que incluso se le podría aplicar “suma urgencia” en las próximas horas.

Para los lectores de regiones, les comparto el calendario de charlas que tenemos planficadas. En algunas voy yo, en otras otros miembros del equipo de Derechos Digitales.

La Serena
28 de abril 2009
Universidad de La Serena
Horario: 15:00 a 16:30 hrs.

Talca
04 de mayo 2009
Universidad de Talca

Temuco
21 ó 29 abril 2009
Universidad Católica de Temuco
Por confirmar

Valdivia
07 de Mayo 2009
Universidad Austral de Chile
Horario: 14:30 a 16:30 Hrs

Puerto Montt
12 de Mayo 2009
Por confirmar

Puerto Montt
05 de Mayo 2009
Horario: 14:30 a 16:30 Hrs.

Lugar por confirmar.

Punta Arenas
17 de abril 2009
Universidad de Magallanes
Horario: 15:30 a 16:30

Foto CC@sindicato de la imagen

Todo el mundo tiene sus informantes. Por el correo de las brujas nos enteramos que ayer por la noche se iba a realizar una cena en un humilde restaurant de la capital ubicado al borde del Cerro San Cristóbal llamado Divertimento donde se darían cita una serie de personajes ligados a la SCD para mostrar su “campaña” por un trato justo sólo para algunos.

Pero claro, la noticia no era esa, sino que estaban también invitados varios Senadores de la República, sí, esos mismos que han sido escogidos por todos nosotros para representar el interés común de toda la sociedad. No obstante la negativa de varios de ellos (todos supongo por razones de diversa índole), respondieron afirmativamente a la invitación los Senadores Alberto Espina y Carlos Ominami.

El ojo del crítico de cine Gonzalo Maza también estuvo ahí y reporteó todo lo que pasó después de la “regada” cena.

Alberto Espina salió a hablar primero. No digamos que tenía un público favorable. Una pequeñas pifias se escucharon al comienzo. Pero Espina fue astuto y dijo lo que presentes esperaban: que apoyaba a los artistas en su causa, que conocía sus trabajos, y que desde siempre los ha apoyado porque “los derechos intelectuales son parte de los derechos de propiedad”. Quizás su argumento más convincente fue cuando dijo que ya en el pasado había escuchado que “cosas malas” ocurrirían si se obligaba a los restaurantes y discotecas a pagar derechos de autor por la música… y finalmente nada pasó. Los restaurantes y discotecas siguen funcionando sin problemas. Espina sacó aplausos.

Con el público ya “caliente”, Carlos Ominami tenía que refrendar las palabras de su antecesor para salir con aplausos similares. Pero en una jugada incomprensible, Ominami empezó a decir que había que tener ojo con este proyecto, porque los artistas tenían que entender que había bienes sociales “superiores” que defender antes que los propios. Y mencionó los derechos de las radios comunales (ante lo que Ubiergo dijo: “no tenemos ningún problema con las radios comunales, tenemos problemas con los consorcios radiales”), y siguió diciendo que había límites para el derecho de propiedad (lo que no cayó nada bien y comenzó algunas pifias) y luego Ominami perdió el control, y en una onda muy laguista, empezó a retar a los asistentes por no saber dialogar ni escuchar algo distinto a lo que querían escuchar.

Y ahí todo explotó.

La pifiadera inundó la sala. Y Ana María Gazmuri, la actriz, tomó el micrófono e hizo la interpelación más impresionante que haya visto en alguna parte. La Gazmuri le dijo a Ominami que no podía decirles que no sabían conversar, porque para conversar primero ellos esperaban que el senador hubiera tenido algo que proponer. La Gazmuri se llevó los aplausos. Y Ubiergo, como un guanaco, dio por terminado el asunto y disipó a la multitud que consternada partió para su casa.

Claro, la misma entidad que pide un trato justo para algunos, la misma entidad que es la principal promotora de juicios por cobro de derechos de autor a pequeños locales comerciales, la misma que ha dicho que quienes pretendemos un derecho de autor equilibrado somos comunistas y comeguaguas, la misma que quiere hacerle creer que hay otros (porque no son ellos, claro que no) poderosos lobbys tras la ley, es la que quiere dirigir una vez más el debate sobre el derecho de autor en Chile.

Basta de mentiras y abusos. Queremos un trato justo para todos*.

Giacomo Rizzolatti es uno de los neurobiólogos más importantes del mundo. Entre otras cosas, descubrió las denominadas “neuronas espejo“, neuronas que se activan cuando un animal o persona desarrolla la misma actividad que está observando ejecutar por otro individuo. Según expertos “El descubrimiento de las neuronas espejo hará por la psicología lo que el ADN por la biología”. En entrevista recién publicada en España, Rizzolatti se refirió a las formas de creatividad, la copia y la cultura

¿Y la creatividad? ¿La historia se reduce a la mera imitación?

Copiar es la base de nuestro aprendizaje, gracias al sistema espejo. Sin imitación no habría cultura. Es más, somos grandes imitadores, no como los monos. Hacemos como los viejos pintores: iban al taller, la bottega del artista, aprendían y luego desarrollaban su estilo. ¡Veamos los primeros cuadros de Picasso! Una vez interiorizado, mejoramos, inventamos. Ahí llega la originalidad.

Ups, parece que la creatividad no aparece por generación espontánea. Si los desarrollos científicos se basan en descubrimientos anteriores, ¿Alguien podría sostener seriamente que los nuevos científicos debiesen pagar un royalty a quienes hicieron descubrimientos con anterioridad? ¿Los científicos al matrimonio Curie o a Fleming? ¿Los astrónomos a Copérnico y Newton? ¿Jorge González a The Clash? ¿Huasonic a Leo Prieto?

Hace un par de semanas, la sociedad de gestión de derechos colectivos española (SGAE) anunció la creación de la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, la cual pretende representar dos intereses, en principio disímiles, en pos de lograr una adecuada protección de los derechos de los autores frente al florecimiento de la piratería favorecida por la masificación tecnológica. La creación de este tipo de organizaciones, bajo el alero de las sociedades de gestión no es un caso aislado, y se han creado grupos similares en otros países, como Chile, sin ir más lejos.

Lo anterior da muestra de una extraña relación entre dos de los grupos de interés involucrados en la regulación de los derechos de autor. Pareciera ser que, al contrario de lo que uno podría suponer, los intereses de los miles de artistas y creadores se identifican con los intereses de las transnacionales discográficas de la música y del software; que Adobe y Microsoft levantan las mismas banderas que nuestros artistas plásticos y poetas. Pareciera que súbitamente somos testigos de un milagro, de un momento mágico, donde quienes han negociado condiciones nefastas para los artistas durante décadas se transforman en el brazo derecho de la creación de cultura.

La regulación actual de los derechos de autor, a niveles internacional, regional y local, responde a una importante y triste tendencia, que pretende acrecentar progresiva y violentamente unos derechos que fueron pensados para proteger al autor en los tiempos del mundo analógico en detrimento de los derechos de acceso. Es que los derechos de autor no son sino monopolios de explotación exclusiva por un lapso de tiempo. Como sociedad creemos que la creación intelectual es algo importante para nuestra cultura, y por ello inventamos estos derechos, para que nuestros autores puedan explotar comercialmente sus obras intelectuales por un tiempo determinado. Pero esta garantía ha sido entregada a los autores en el entendido que sus obras intelectuales circulen a través del público. Si el autor mantiene sus obras escondidas en un cajón con siete llaves, no tendría sentido alguno que lo beneficiemos con este monopolio de explotación exclusiva.

Lo cierto es que esta tendencia mundial hacia la sobreprotección de los derechos de autor ha llevado a la creación de titulares sui generis de cierto tipo de derechos y a la amputación de las excepciones y limitaciones a los derechos de autor, que pretenden equilibrar el interés de los autores con el interés del público, de todos nosotros. Esto explica que, si analizamos las normativas de la región, veremos un número críticamente insuficiente de excepciones, que supone que muchas de las actividades que diariamente realizamos en Internet se tornan ilegales. Que en ciertos países el acto de transformar las canciones de un disco compacto a un archivo digital o la digitalización de libros con fines de recuperación patrimonial que hacen bibliotecas sean actos de piratería.

Esta regulación la verdad es que dista de proteger a los autores. Una regulación desequilibrada, que no responda a las necesidades de la sociedad de la información, además de perjudicar al público termina perjudicando a nuevas formas de creatividad que se ven facilitadas por la tecnología. Cada día que pasa se avanza en la superación de la denominada brecha digital, que permite además de otorgar acceso a miles de personas que de otra forma no tendrían cómo acceder al contenido que se ofrece en la red, la creación de obras intelectuales a un costo infinitamente menor de lo que sucedía en el mundo analógico; hoy no es necesario tener un piano de cola para poder escribir obras musicales y cada vez es posible acceder a cámaras fotográficas a más bajo precio, las que permiten generar fotografías y por tanto crear obras intelectuales. Pero mientras la tecnología apunta hacia la apertura, esta regulación desequilibrada apunta hacia el control.

Artistas como Warhol o Duchamp, que cambiaron la forma de entender las artes plásticas en el siglo XX lo hicieron lejanos a las rígidas formas que impone la creación cultural de este derecho de autor desequilibrado. Así, hoy artistas que hacen mashups, collages o artes integradas a través de tecnología son denominados también piratas por una regulación que está lejos de querer proteger la creatividad, sino que pretende proteger una determinada industria cultural bajo el nombre de los artistas.

En este contexto, son las entidades de gestión colectiva en conjunto con la industria multinacional de la cultura y el software las que llevan adelante un discurso anticuado y punitivo respecto de cómo debiera ser el derecho de autor del futuro. Mientras el mundo ve oportunidades y acceso, ellos parecen ver piratería, destrucción y ciertamente menos dinero para sus arcas. Probablemente azuzados por los mismos, es común ver connotados creadores rasgar vestiduras por una nueva regulación que -según ellos- destruirá la cultura y a los artistas, exigiendo con histeria más protección de sus derechos, cueste lo que cueste, y abogando por subir al paredón a quienes pretenden un sistema más justo y razonable.

Pero la verdad de las cosas es que la necesidad de tener un derecho de autor equilibrado dista de ser una necesidad sólo del público. Debe ser una necesidad para el público, para los nuevos creadores y para los nuevos emprendimientos. Mientras la tecnología supone grandes oportunidades de desarrollo y avance de las ciencias y de la distribución de las ideas, algunos lo enfrentan poniendo obstáculos en el camino, parecen preferir avanzar con las anteojeras de un caballo de carreras, evitando observar el flujo de información, acceso y oportunidades que presenta la tecnología para el futuro de la innovación y de la creatividad.

Columna escrita originalmente para Terra Magazine.

Cuatro años después de esta flagrante y perniciosa violación a los derechos de propiedad intelectual de Turismo y Comunicaciones S.A., el delincuente Juan Pablo recibe una llamativa carta certificada del estudio de abogados que representa a la empresa, donde lo insta amablemente al retiro de “toda cartografía” que se encuentre alojada en su sitio web a menos que quiera arriesgarse a las penas que establece la ley de propiedad intelectual, las que ascienden hasta 50 UTM además de penas de presidio.

Juan Pablo no hizo mención alguna a Turistel. Tampoco lucró de manera alguna con el contenido ajeno utilizado. Menos hizo una reproducción que pudiera atentar contra la explotación normal de las guías camineras que se distribuyen por todo el país por parte de Turistel. A pesar de eso, para nuestra ley de propiedad intelectual, Juan Pablo es un delincuente.

Pero hay una buena y dos malas noticias.

La buena, es que efectivamente existe en el Congreso un proyecto de ley que pretende reformar la Ley de Propiedad Intelectual que por primera vez en muchos años pretende establecer un régimen de excepciones al derecho de autor que, entre otras, permita algunos usos con fines de ilustración y enseñanza. Que por primera vez está pensando en equilibrar los intereses comprometidos, para no transformarse en una herramienta que le de la razón a pretensiones absurdas como las de Turismo y Comunicaciones S.A.

La mala, es que dicho proyecto de ley se encuentra en el Congreso. Claro, eso es bueno y malo al mismo tiempo. Es una mala noticia porque a pesar de las buenas intenciones del Ministerio de Cultura y de algunos parlamentarios que entienden los problemas que derivan de un sistema de derecho de autor desequilibrado, quienes de verdad influyen para tener un sistema de derechos de autor nefasto, apolillado y caduco, son los representantes de ciertos titulares de derechos de autor, que gracias a campañas del terror que recuerdan tiempos que queremos olvidar, pretenden mantener un status quo que sólo beneficia a unos pocos y que no responde a los intereses públicos que deben estar comprometidos en toda regulación.

La segunda mala noticia, es que si la empresa quisiera perseguir a Juan Pablo, tendría todas las de ganar desde un punto de vista exclusivamente legal. Porque claro, las leyes de derechos de autor las terminan haciendo los mismos quienes después persiguen criminalmente su infracción.

Es por eso que casos como el de Juan Pablo ayudan a entender los absurdos del derecho de autor, los absurdos de la propiedad intelectual cuando se pretende aplicar al entorno digital. Ayuda a entender además por qué el tema de los derechos de autor ya no es un tema que tengamos que dejar a los expertos discutir, sino que es un asunto que compromete las formas como entendemos internet y la distribución del conocimiento en red. La lucha por un derecho de autor equilibrado es, en definitiva, una pelea difícil y complicada, pero que tenemos que dar todos con dientes y muelas.

Mis recuerdos de infancia son siempre en sepia. Como si lo que hubiera pasado antes de cumplir la mayoría de edad, el mundo hubiera estado coloreado entre beige y paletas de grises. Ahora que lo pienso bien, para todos quienes crecimos durante los ochenta en Chile, estos recuerdos no deben haber estado muy lejos de la realidad militar y las lacas de las conductoras de noticias de televisión que teníamos que sufrir.

Uno de los recuerdos más claros que tengo fueron mis primeras aproximaciones a la música. De chico -como muchos de ustedes, podría apostar-, gracias a mis padres y a los cassettes TDK fui parte de esa gran masa de niños que crecieron con Victor Jara y Violeta Parra a la par con el diario de Cooperativa y los éxitos de José Luis Perales y Nicola di Bari. Sin siquiera sospechar que constituiría la hebra de una gran madeja profesional, mis primeras escaramuzas para descubrir cual era la música que realmente me gustaba fue dada por los cassettes pirateados y por mi afición a los recitales en vivo de mis grupos favoritos.

Así, como si fuera parte de la aventura de educarme en colegio de hombres, surfié entre fanáticos irremediables de Poison -como mi cercano amigo Toradji que intentaba sin mayor éxito unirme a sus hordas-, pequeños punketas que, según ellos, frecuentaban la Picá de don Chito y las grandes masas de amantes del rock pesado y gutural, desde Anthrax a Carcass, por decir algo. Por el contrario, mis gustos en esa época eran bastante más eclécticos, pero si había algo que me interesaba era sin lugar a dudas cuando estos grupos mostraban sus armas en aquel ring invisible que era el recital y la amplificación, que llegaba a mis oídos ochenteros a través de aquellas febles grabaciones en cassette.

Y así alguna vez llegué al paseo Las Palmas, y principalmente al Eurocentro, atraído por aquellas poleras, pins y afiches que por supuesto no podía comprar. Tropezando, llegué casi por casualidad, a una disquería que se especializaba en importar alguno de los discos que tenían catalogados en grandes archivadores con páginas plastificadas. Así adquirí mis primeros cassettes en vivo de Nine Inch Nails (que escuchaba imaginando a Trent Reznor sólo mostrando su sombra, como indicaba la leyenda) y de Rollins Band. Y me acuerdo que en aquella época, -donde la forma más sofisticada de ‘piratear’ era a través de un destartalado grabador de doble cassetera que había que ocupar mientras no estuviera en uso el secador de pelo- ya se hablaba que estos discos enteramente ‘piratas’ -que luego denominaría bootlegs- que compraba para mi solaz, ayudaban a financiar a lejanos terroristas irlandeses. De más está decir que fue infructuosa mi búsqueda de referencias al IRA en esas carátulas hechizas de una sola plana, en las letras o en mensajes subliminales.

Hasta que leí ayer la noticia en EMOL y aquellos recuerdos en sepia volvieron de nuevo. Es que parece que MIA y Diplo tenían razón, que la piratería financia el terrorismo, que cada vez que compras discos en la cuneta parte de ese dinero va a los bolsillos de guerreros afganos y no a financiar la cerveza aguada y el cigarro del ambulante.

Porque pareciera ser que la repetida noticia sobre los famosos perros antipiratería (ver la misma noticia en Mayo de 2006, en Septiembre de 2006, en Enero del 2008 y en Marzo del 2008) es un signo de los tiempos. Si demandar a menores de edad no sirve para convencer a la gente de lo incorrecto que es descargar de internet, si no sirve repetir noticias sobre pelos con olfato privilegiado, pues entonces resulta más fácil imaginarse a Bin Laden disparando morteros con audífonos y Anthrax de fondo.

Desde hace unos años en Chile, si usted quiere renovar o sacar por primera vez permiso de conducir le hace firmar un papelito donde usted declara si es o no donante de órganos. Suena un poco creepy al principio, pero resulta de suma relevancia para efectos de eventuales transplantes de alguno de los órganos que queden útiles luego de un accidente de tránsito que le cueste la vida.

Así también mi abuela, que es testigo de Jehová, tiene un autoadhesivo bien poco discreto en la parte trasera de su cédula de identidad donde, con grandes letras rojas, expresa su voluntad de no recibir transplante de sangre alguno, sea cual sea el motivo, por razones religiosas.

Usted podría pensar que sólo riñones, hígados o glóbulos rojos/plaquetas pueden ser objeto de un esfuerzo previo del futuro occiso para expresar de manera tangible su decisión respecto del destino de aquellos elementos que le son constitutivos. Pero no, un grupo de creativos activistas (que también han montado un countdown que muestra la cantidad de años que falta para que la obra de Notorious B.I.G. pase al dominio público(?)) ha ideado una forma práctica para hacerse cargo de antemano de toda la propiedad intelectual sobre las valiosas obras que hemos aportado a la humanidad.

Así, puede usted descargar fácilmente un set de pegatinas para pegar en su carné de conducir o en su cédula de identidad expresando su decisión de donar toda su obra intelectual al dominio público. Así, se ahorra abogados, problemas y aprovechadores que quieran ganar su pedazo con la gestión de su obra intelectual. Supongo que a Pablo Neruda no le habría gustado que los dineros recaudados por sus derechos de autor sean hoy administrados por un íntimo de Ricardo Claro, de manera perpetua.

Esta anécdota me trae a colación uno de los más bonitos absurdos de nuestra añeja, vetusta y desequilibrada ley de propiedad intelectual. Resulta que en general usted puede renunciar a los derechos que la ley le entrega, siempre que mire sólo a su interés individual y no esté, obviamente, prohibida su renuncia. Así, usted puede renunciar a la pensión alimenticia que la ley establece a su favor y mandarle la plata de vuelta a su papito corazón, pero no puede renunciar a sus derechos laborales.

Así, suena lógico que usted pueda renunciar a sus derechos patrimoniales de autor. Es decir, al derecho que la ley a usted le entrega de beneficiarse de la explotación comercial de su creación intelectual. Tanto así, que la propia ley sostiene que cuando se perfecciona una renuncia, la obra de aquel autor pasa a lo que se denomina patrimonio cultural común (artículo 11.c.). Entre nosotros, dominio público.

Todo bien hasta que leemos la tramposa norma del artículo 86, escondida en la parte final de la ley que señala:

“Son irrenunciables los derechos patrimoniales que esta ley otorga a los titulares de los derechos de autor y conexos, especialmente los porcentajes a que se refiere los artículos 50, 61, 62 y 67.”

Así, mientras el artículo 11 nos dice que si renunciamos a los derechos de autor nuestra obra pasa al dominio público, el artículo 86 nos dice que la renuncia está prohibida (!). No voy a darles la lata explicando detalladamente cómo, en mi modesta opinión, esta flagrante y absurda contradicción debe resolverse, pero desde ya tenemos que asumir que es necesario eliminar derechamente la norma del artículo 86 o bien restringirla a los derechos morales que sí son irrenunciables o bien a los porcentajes a los que hace referencia. Eso sí que es más lógico y razonable. No parece razonable que una ley me prohiba regalarle a alguno de ustedes, por ejemplo, el lindo afiche de Wilco que adorna mi oficina.

Ya a estas alturas lo sabe: Los caminos del Señor y del derecho de autor son muy sinuosos y los gobiernan extraños intereses, todos a nombre de los autores y muchas veces contra los autores.

Cuando Gabriela Mistral murió en Estados Unidos en 1957 había a lo menos dos certezas. La primera, que su deseo fue que los dineros que se obtengan por la venta póstuma de sus libros en latinoamérica iría para los niños de Montegrande. La segunda, que su obra pasaría al dominio público el año 2007, cincuenta años luego de su muerte.

Hoy, ninguna de esas dos certezas son tales. La administración de los derechos de la poetisa es digna de un thriller legal cinematográfico, donde últimamente se ha dicho mucho, pero poco se ha hecho desde el punto de vista de la preservación y difusión de la obra de la premio Nobel. Si usted lee lo que se ha escrito en la prensa al respecto, por ejemplo, verá prácticamente una sola forma de analizar el problema: lo importante es quien va a recibir los inéditos encontrados en South Hadley y cómo se va a repartir el dinero de los derechos de autor.

Pero la historia es aún más entretenida. Y tiene en un diputado un protagonista inesperado.

A la muerte de Gabriela Mistral se hizo público su testamento donde la premio Nobel, consciente de los problemas que podían provocarse con su herencia luego de su muerte, días antes de su muerte decidió dejar estipulado el destino de muchos de sus bienes, documento que entre otras cosas sostenía que

(…) todos los dineros que se me deban que provengan de la venta de mis obras literarias en América del Sur, se los lego a los niños pobres del pueblo de Montegrande, Valle de Elqui, Chile. Dichos dineros deberán ser pagados a la referida Orden de San Francisco la que los recibirá y distribuirá, y la que decidirá acerca de qué niño o niños han de recibir este beneficio (…)

Hasta acá todo bien. Los dineros de la venta de los derechos en latinoamérica a los niños de Montegrande, administrados por los franciscanos. Trece años luego de la muerte de la Mistral, Chile tiene una nueva ley de propiedad intelectual, la hasta hoy vigente 17.336, que entre otras cosas estipulaba que el plazo de protección de las obras intelectuales sería durante toda la vida del autor más treinta años luego de su muerte. Esto significaba que, a la fecha de la publicación de dicha ley, había certeza que la obra de la poetisa pasaría al dominio público el año 1987. Pero tenía que pasar algo antes.

Luego de cambiarle el nombre al Edificio construido por el presidente Allende, posteriormente conocido como “Diego Portales”, Maximiano Errázuriz, por entonces un oscuro funcionario de la dictadura que se desempeñaba como sub-gerente de la editorial Universitaria tuvo una genial idea. Luego de haber llegado a sus manos una serie de cartas de amor escritas por Manuel Magallanes Moure a Gabriela Mistral, sospechó lo relevante que dichas misivas fueran publicadas por su editorial. Se puso en contacto, entonces, con Doris Dana, heredera universal de la poetisa, quien le negó el permiso para hacerlo.

Al no tener el permiso, el hoy ingenioso diputado Errázuriz ideó una fórmula para poder publicar de todos modos ya no sólo las cartas, sino que también toda la obra de la poetisa, pasando por alto la autorización de la legítima administradora de los derechos de la premio Nobel. Dicha fórmula fue materializada a través del Decreto Ley 2560 del 24 de Abril de 1979, el que en un artículo único sostenía

Artículo único.- Autorízase la reproducción en Chile de la obra literaria de Gabriela Mistral, en forma total o parcial, ya se trate de obras inéditas o publicadas con anterioridad a este decreto ley.
Los interesados en realizar tales reproducciones deberán celebrar, previamente, con la Orden Franciscana de Chile, el correspondiente contrato de edición, el que se regirá por las normas de la ley Nº 17.336.

En otras palabras, y sin que existiera Congreso Nacional, se autorizaba la publicación en Chile de la obra de la Mistral obviando la autorización de Doris Dana. La respuesta de Doris Dana, claro, fue negar el agua y la sal a Chile. La respuesta de las editoriales, editar y publicar sin cesar.

El año 1992, habiéndose cumplido treinta y cinco años de la muerte de la poetisa, Chile realiza una modificación a la ley 19.336 del año 1970, aumentando el plazo de protección de derecho de autor a cincuenta años luego de la muerte del titular.

¡Hey, momento!
En el año 1992, aplicaba la regla establecida en la ley de 1970, que establecía un plazo de protección de treinta años luego de la muerte del autor. Esto significa que, oh sorpresa, no aplica para la obra de Gabriela Mistral en Chile, dado que la obra de Gabriela Mistral pasó al dominio público el año 1987, esto es, treinta años luego de su muerte.

Esto significa que desde el año 1987 en adelante, es posible usar libre y gratuitamente la obra de Gabriela Mistral sin pagar derechos de autor, porque estos derechos de autor le pertenecen al patrimonio cultural común. Pero la historia está lejos de terminar aquí.

En las últimas semanas ha habido muchísimo revuelo periodístico por las obras inéditas de la Mistral que se hallaron a la muerte de Doris Dana. Luego de una serie de contactos y trámites, el argentino Guillermo Scallan y Luis Binimellis pasaron a ser representantes de Doris Dana en Chile y Latinoamérica, pensando en crear una fundación que, a la usanza de la Fundación Neruda, administre el dinero que por concepto de derechos le correspondería a la sucesión de Gabriela Mistral. Incluso equipos de investigadores se ha preocupado de ordenar y catalogar esta obra inédita que incluso reparticiones públicas se han encargado de repartir.

Y se ha ido más allá. En un nuevo arrebato de originalidad, y probablemente algo extasiados luego de tanto baile del koala, hace un par de semanas un par de diputados presentaron un proyecto de ley que pretende aumentar el plazo de protección de la obra inédita que se ha descubierto hasta setenta años de la publicación de la ley. Esto es, este par de diputados, uno Álvaro Escobar, el otro, que vuelve a la escena del crimen, Maximiano Errázuriz, pretenden que la obra de la Mistral pase al dominio público más allá del año 2077.

Más allá de la tontera, irresponsabilidad y frivolidad que supone este proyecto de ley, la discusión es ligeramente más importante, y se trata del rescate del dominio público. Una idea que rondó en influyentes legisladores como el a la postre Presidente Patricio Aylwin, quien sostuvo en la discusión parlamentaria de la ley de 1970 que “En verdad, una creación intelectual, por genial que sea su autor, no es sólo fruto de la mente de un hombre. Ese hombre pertenece a la comunidad. (…) Toda creación artística o intelectual, en alguna medida, pertenece a ese patrimonio cultural común, enriquece a toda la comunidad”.

Llama la atención que lo que más se haya repetido en la prensa es el deseo de la Mistral que los niños de Montegrande se beneficien de las ventas de sus obras. Y se ha repetido que el hecho que falten aún 20 años más para que sus obras pasen al dominio público es una buena noticia para estos niños que no han podido disfrutar de los beneficios según los deseos de nuestra premio Nobel.

La idea del dominio público es, precisamente, que la sociedad entrega a los autores una especie de monopolio de explotación por un lapso de tiempo de las obras que crean. Fundamentalmente, porque se cree que de esa forma se promueve la creación de nuevas obras. La figura del dominio público, por tanto, pretende equilibrar los intereses en juego, tanto los de los autores como el del público relativo al acceso público.

El que la obra de Gabriela Mistral esté en el dominio público es por tanto una gran noticia no sólo para los niños de Montegrande, sino para todos los niños toda vez que podrán usar, reproducir, y crear sobre la obra de la Premio Nobel, sin necesidad de retribución monetaria. Pretender que la obra de la poetisa se encuentre en el dominio privado, para de esta forma perseguir una explotación comercial de su obra, no es sino una forma más de apropiación del conocimiento y patrimonio cultural común. Cuando algunos hablan de protección, a veces quieren decir lucro y abuso.

foto por arustom en Flickr

No, no es día de los inocentes. Incluso debo reconocer que me pasó por la cabeza en algún momento que podía haber sido obra de algún hacker simpaticón. Pero no. La noticia es que la semana pasada nada menos que el presidente de la Sociedad Chilena de Derecho de Autor (SCD, y amigos de este blog), Fernando Ubiergo ha subido a su web personal tres de sus últimos discos en formato MP3 con el fin de poder ser descargados libremente.

Impresiona principalmente debido a la campaña del terror promovida por la sociedad que dirige en contra de la nueva ley de propiedad intelectual, que ya comentamos críticamente tanto acá como en SUPER45 respecto, en particular, de la genial idea de traer el canon por copia privada desde España a Chile. Si no está muy al tanto, les recomiendo los comentarios de ese artículo en Super45, donde aparece incluso Denisse Malebrán a hacer sus descargos. Muy interesante.

Ahora, llama la atención que la iniciativa de Fernando Ubiergo deja al desnudo buena parte de los problemas de tener un derecho de autor desequilibrado como el chileno. Más aún, deja pone en evidencia los beneficios del licenciamiento abierto para los creadores, dado que el subir los temas de la forma como lo hace Ubiergo deja planteada una serie de interrogantes respecto de las implicancias jurídicas de esta acción. Más todavía cuando la noticia en el sitio Musica.cl -de la propia SCD- sostiene que Ubiergo REGALA sus canciones en Internet.

¿Qué podemos hacer con los MP3 quienes llegamos a dicha página y descargamos los archivos?

Dado que el acto de descomprimir el archivo ZIP es técnicamente un acto de reproducción ¿Estamos autorizados a realizar dicha reproducción en nuestros computadores?

¿Podemos grabar esos MP3 en un disco compacto?

¿y un compilado?

¿Podemos subirlo a una red p2p para compartirlo con más personas que, dicho sea de paso,
también lo pueden adquirir por descarga directa en el sitio del cantautor nacional?

¿Podemos hacer samples con estas canciones?

¿Podemos hacer covers de esas canciones?

¿Podemos hacer usos comerciales de ellas?

Misterios sin resolver

¿Por qué decides regalar tu música?

“Esta es una decisión que tomé hace bastante tiempo y que hoy se materializa. De algún modo sentía que era un injustificable desperdicio tener guardada toda esa música, pudiendo entregarla y compartirla con tantas personas, elegí hacerlo sin intermediarios ni publicidades asociadas, del modo más simple, en mi sitio web.”

¿Pero esto no está reñido con los derechos de autor que defiendes como Presidente de la SCD?

“Soy un cantautor independiente que defiendo y promuevo los derechos de mis compañeros autores y músicos. Y justamente aquí es donde suelen confundirse bastante las cosas. Yo estoy haciendo uso del derecho más preciado de un autor, que es disponer libremente sobre el destino de sus obras sin la imposición de terceros, y esto es legítimo como parte esencial de los derechos de un autor. La música es mi vida y me alegra profundamente poder hacer esto.”

Como se puede imaginar, una de las gracias del licenciamiento con licencias abiertas como Creative Commons, es todas estas preguntas se encuentran resueltas de antemano, positiva o negativamente.

Lamentablemente, hoy no podemos decir lo mismo con la iniciativa de Fernando Ubiergo, que debido a los problemas que tiene nuestra antigua ley de propiedad intelectual, a veces publicar en Internet más que significar acceso, muchas veces significa dudas y cortapisas tanto para el público como para eventuales creadores.

Para una ley vetusta, antigua y desequilibrada, a veces subir música en Internet es hasta mala idea.

Sepa usted que en estos momentos uno de los temas más candentes en el Congreso Nacional es la tramitación de un proyecto de ley que pretende modificar nuestra vetusta ley de propiedad intelectual que data de 1970.

Dos son los fundamentos de gobierno para hacer esta modificación. La primera, la necesidad de aumentar las penas para la piratería (cosa que no sorprende a nadie, dado que es lo que vienen haciendo desde la vuelta a la democracia: aumentar las penas por delitos) y también equilibrar de una vez por todas los intereses de los titulares de derecho de autor con los intereses de todos nosotros.

Pero como se podrán imaginar, son todos comunistas hasta que les tocan el bolsillo. En una actitud desesperada e histérica, la Sociedad Chilena de Derecho de Autor (SCD) hizo circular internamente entre sus asociados un comunicado donde intentan explicar porqué esta modificación sería perjudicial para los músicos de Chile. Lo resumen en tres puntos que en otro lado explico con detalle: se oponen a la modificación del sistema de tarifas, se oponen a la existencia de una “super excepción” (sic) y, acá viene lo bueno, apoyan la existencia de un canon por copia privada, igualito de lo que existe en España.

Para los que no saben, en España existe algo que se llama copia privada con compensación remuneratoria (conocido como canon). Esto significa que por cada pieza computacional o técnica que pueda reproducir archivos, debe cargarse a su precio una cantidad de dinero que debe ir a los titulares de derecho de autor, administrados por las entidades de gestión, en España para el caso de la música, la SGAE.

Esto significa que en España se pagan, adicionalmente a su precio, €16.67 de canon (ch$12.000 aprox.) por cada grabador de DVD que se compra, 10 euros a cada impresora multifunción, 14 euros por cada reproductor de MP3, y 140 euros por una torre de 100 dvds vírgenes.

Es una especie de impuesto que tiene destinación especial. Es como si los dueños de supermercados quisieran imponer un impuesto especial para sobreponerse ante las pérdidas de los robos hormiga. A ver cuantos de nosotros apoyaríamos la moción.

Mientras muchos rasgan vestiduras por la disminución sostenida de las ventas de los CD de música, culpando a esos piratas malolientes y sin escrúpulos, las descargas P2P se multiplican y cuando los artistas visitan países remotos como Chile, somos capaces de llenar el Victor Jara cuando toca White Stripes o The Strokes. Según datos del INE, el año 2005 más de cuatro millones de chilenos asistieron a espectáculos musicales, tanto gratuitos como pagados. Siendo que somos un país de un poco más de 16 millones, la cifra no suena del todo mal.

Pero el canon no solamente tiene esos efectos. En España, según datos de la revista Expansión

Las entidades de gestión de derechos de autor elevan un 511,7% sus ingresos totales procedentes del sistema de remuneración compensatoria por copia privada en apenas seis años. En 2007 podrían, incluso, cuadruplicarse.

De más está decir que la SGAE española, luego del canon tuvo ingresos de 300 millones de euros, de los que dice repartir el 80% a sus socios, pero compra diez sedes en tres años.

Más aún, desde el punto de vista de los precios, la AETIC informa de que el precio medio de un sintonizador de TDT (Televisión Digital Terrestre) con disco duro integrado se incrementaría un 78%; el de un grabador de disco duro un 80%; un dispositivo MP4 un 68%, un disco duro externo/multimedia un 55%; un reproductor MP3 más de un 70%; un ordenador portátil un 25%, y una memoria USB de 1GB casi un 10%. (fuente 20minutos)

Me imagino que a casi todos los que visitan este sitio son amantes de la música. Pero una industria que huele a naftalina, como la industria musical actual, no puede sobrevivir a costa de nuestros bolsillos. Una iniciativa como la que pretende imponer en el Congreso la SCD, más que beneficiar a los músicos de Chile, pretende gravarnos con una carga que no tenemos porqué soportar. Desde acá rechazamos completamente la medida, que injustamente pretende que seamos los amantes de la música los que tengamos que pagar los platos rotos de una industria que no sabe cómo adaptarse al siglo XXI.

Pasó cuando se inventaron los refrigeradores y quedaron sin trabajo los repartidores de cubetas de hielo. No es nuestra culpa que el modelo de negocios de la industria musical haya quedado obsoleto con la masificación de Internet.

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Artículo publicado también en Super45