Por si usted no lo sabe, en Chile buena parte de la biblioteca para ciegos de Providencia es ilegal. Es ilegal también fotocopiar el libro que compraste para poder subrayar y destacar con colores amarillos ese capítulo que tienes que estudiar para una prueba. Es igual de ilegal comprar un CD de Kudai y pasarlo a MP3 para poder escucharlo en un pendrive. Es ilegal hacer un collage o samples de canciones sin autorización. Es ilegal publicar en tu blog una foto del volcán Llaima que viste en El Mercurio para ilustrar un post. Aunque dejes clarito que quien sacó la foto fue un fotógrafo del diario y no tú. Igual de ilegal es hacer una cita que supere las diez líneas. Sí, leíste bien, diez líneas. Para la legislación chilena de propiedad intelectual hacer reproducciones de obras intelectuales sin autorización (MP3, libros, películas, etc) es ilegal. Sea que lo hagas para vender o que lo hagas para uso personal. Igual de ilícito. Igual de pirata.

Todo lo anterior resulta de aplicar al día de hoy una ley que se redactó antes del año 1970, antes que siquiera se pensara en ver televisión a color. Si bien esta ley ha sufrido varias modificaciones, todas ellas han sido para sobre proteger a los titulares de derechos de autor (más bien a las transnacionales de la música y del espectáculo que a los autores, dado que son ellas quienes detentan estos derechos), aumentando las penas en forma desmesurada frente a las infracciones a la ley y aumentando los plazos de protección de 30 a 70 años luego de la muerte del autor, yendo bastante más allá que los estándares internacionales, entre otras cosas. Para ponerlo en contexto, en Estados Unidos, los 70 años son gracias a una ley llamada por algunos Mickey Mouse Protection Act, que aumentó los plazos para evitar que el ratón Mickey pasara al dominio público. En otras palabras, para proteger los bolsillos de la Disney Corp. y no el de los pobres dibujantes.

Los derechos de autor son derechos que la sociedad le entrega a los autores de una obra para que la exploten comercialmente por un lapso de tiempo. Una vez que expira ese lapso de tiempo, la obra pasa a ser patrimonio cultural común, patrimonio de todos. Lo que es obvio, dado que ninguna obra se ha creado por generación espontánea, todas se crean emulando a otro, mejorando ideas anteriores y utilizando patrones existentes. Los Prisioneros no hubieran existido sin The Clash, y nadie en su sano juicio desearía que Jorge González le pagase un impuesto a Joe Strummer o a Mick Jones. Por eso, una vez expirado el plazo, la obra pasa a lo que se denomina dominio público. Y por eso el derecho de autor no es lo mismo que la propiedad que tiene un músico sobre su guitarra.

Pero si hay una tendencia en el derecho de autor en los últimos cincuenta años ésta es aumentar la protección y eliminar progresivamente las excepciones que benefician al público, tendencia de la que Chile no ha estado ajeno. Por eso llama la atención que en este momento se esté discutiendo una reforma a la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) que pretende de una vez por todas restablecer el equilibrio y la cordura perdidas, estableciendo excepciones que permitan funcionar a las bibliotecas, que favorezca a los discapacitados y, en definitiva, que no nos convierta en delincuentes por usar internet. Es una reforma que pretende volver las cosas a su equilibrio. Tomar en cuenta de una vez al público.

Pero aunque ustedes no lo crean, en Chile hay quienes piensan lo contrario .

Donde se aprecia apertura y coherencia, algunos ven violaciones. Donde yo veo equilibrios, algunos ven destrucción. Donde usted ve internet y acceso, algunos ven robo.

Así es como durante los últimos días hemos visto desfilar con pancartas y chapitas a conocidos artistas nacionales como Juan Carlos Duque, Horacio Saavedra, Denisse Malebrán y muchos otros en contra de esta reforma a la LPI. Según ellos, esta reforma privilegiaría a “las grandes empresas de internet” dejando desprotegidos a los creadores. Han armado grupos en Facebook y pagado caros insertos en diarios de circulación nacional. Se han encargado de llenar las casillas de los medios nacionales haciendo saber su enojo por una ley que según ellos se ha hecho a espaldas de los artistas y que llevará a la muerte de la cultura en Chile.

De hecho, montaron una página web -un newsletter, en estricto rigor- donde expresan su malestar exigiendo un TRATO JUSTO para los artistas de Chile con las siguientes palabras

El proyecto de ley de propiedad intelectual que se tramita en el Congreso maltrata a los artistas y autores; destruye sus organizaciones; contradice los hermosos discursos oficiales en favor de la cultura y de las organizaciones ciudadanas; da la espalda a la tradición nacional de apoyo a autores y artistas; abre las puertas a la pillería, el abuso y el dominio sin contrapesos de las grandes empresas multinacionales perjudicando a los creadores; y daña finalmente al país completo porque un país que trata mal a sus creadores se trata mal a si mismo. Tal como está, esta ley no garantiza un trato justo.

El problema, mis amigos, es que ellos están hablando a nombre de todos nosotros, porque todos somos creadores. Desde el momento en el que sacamos una fotografía o cuando escribimos en nuestros blogs. Lo que ellos están exigiendo es un trato justo para algunos. Nosotros debemos exigir un trato justo para todos.

A pesar de lo que ellos dicen, las reformas que están hoy en el Congreso no quieren eliminar a los artistas, quieren entregar derechos al público. No suprime a los autores, sino que integra a los usuarios. No fomenta la piratería, sino que pretende no criminalizar todo lo que hacemos en Internet. No decirte pirata si pasas un CD a MP3. No llamar delincuente a la biblioteca si copia un libro para proteger el original de los ratones o la humedad.

La pelea por un derecho de autor hace rato dejó de ser una discusión de expertos. Tampoco es una discusión entre artistas. Es una cuestión de interés público y que afecta nuestro día a día. Por eso hay que estar atento a lo que pasa en el Congreso y atentos a la desinformación que algunos pretenden imponer en la opinión pública.

Si alguien pide un trato justo para algunos, entre todos digamos que necesitamos un trato justo para todos.

Hace un par de semanas, la sociedad de gestión de derechos colectivos española (SGAE) anunció la creación de la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, la cual pretende representar dos intereses, en principio disímiles, en pos de lograr una adecuada protección de los derechos de los autores frente al florecimiento de la piratería favorecida por la masificación tecnológica. La creación de este tipo de organizaciones, bajo el alero de las sociedades de gestión no es un caso aislado, y se han creado grupos similares en otros países, como Chile, sin ir más lejos.

Lo anterior da muestra de una extraña relación entre dos de los grupos de interés involucrados en la regulación de los derechos de autor. Pareciera ser que, al contrario de lo que uno podría suponer, los intereses de los miles de artistas y creadores se identifican con los intereses de las transnacionales discográficas de la música y del software; que Adobe y Microsoft levantan las mismas banderas que nuestros artistas plásticos y poetas. Pareciera que súbitamente somos testigos de un milagro, de un momento mágico, donde quienes han negociado condiciones nefastas para los artistas durante décadas se transforman en el brazo derecho de la creación de cultura.

La regulación actual de los derechos de autor, a niveles internacional, regional y local, responde a una importante y triste tendencia, que pretende acrecentar progresiva y violentamente unos derechos que fueron pensados para proteger al autor en los tiempos del mundo analógico en detrimento de los derechos de acceso. Es que los derechos de autor no son sino monopolios de explotación exclusiva por un lapso de tiempo. Como sociedad creemos que la creación intelectual es algo importante para nuestra cultura, y por ello inventamos estos derechos, para que nuestros autores puedan explotar comercialmente sus obras intelectuales por un tiempo determinado. Pero esta garantía ha sido entregada a los autores en el entendido que sus obras intelectuales circulen a través del público. Si el autor mantiene sus obras escondidas en un cajón con siete llaves, no tendría sentido alguno que lo beneficiemos con este monopolio de explotación exclusiva.

Lo cierto es que esta tendencia mundial hacia la sobreprotección de los derechos de autor ha llevado a la creación de titulares sui generis de cierto tipo de derechos y a la amputación de las excepciones y limitaciones a los derechos de autor, que pretenden equilibrar el interés de los autores con el interés del público, de todos nosotros. Esto explica que, si analizamos las normativas de la región, veremos un número críticamente insuficiente de excepciones, que supone que muchas de las actividades que diariamente realizamos en Internet se tornan ilegales. Que en ciertos países el acto de transformar las canciones de un disco compacto a un archivo digital o la digitalización de libros con fines de recuperación patrimonial que hacen bibliotecas sean actos de piratería.

Esta regulación la verdad es que dista de proteger a los autores. Una regulación desequilibrada, que no responda a las necesidades de la sociedad de la información, además de perjudicar al público termina perjudicando a nuevas formas de creatividad que se ven facilitadas por la tecnología. Cada día que pasa se avanza en la superación de la denominada brecha digital, que permite además de otorgar acceso a miles de personas que de otra forma no tendrían cómo acceder al contenido que se ofrece en la red, la creación de obras intelectuales a un costo infinitamente menor de lo que sucedía en el mundo analógico; hoy no es necesario tener un piano de cola para poder escribir obras musicales y cada vez es posible acceder a cámaras fotográficas a más bajo precio, las que permiten generar fotografías y por tanto crear obras intelectuales. Pero mientras la tecnología apunta hacia la apertura, esta regulación desequilibrada apunta hacia el control.

Artistas como Warhol o Duchamp, que cambiaron la forma de entender las artes plásticas en el siglo XX lo hicieron lejanos a las rígidas formas que impone la creación cultural de este derecho de autor desequilibrado. Así, hoy artistas que hacen mashups, collages o artes integradas a través de tecnología son denominados también piratas por una regulación que está lejos de querer proteger la creatividad, sino que pretende proteger una determinada industria cultural bajo el nombre de los artistas.

En este contexto, son las entidades de gestión colectiva en conjunto con la industria multinacional de la cultura y el software las que llevan adelante un discurso anticuado y punitivo respecto de cómo debiera ser el derecho de autor del futuro. Mientras el mundo ve oportunidades y acceso, ellos parecen ver piratería, destrucción y ciertamente menos dinero para sus arcas. Probablemente azuzados por los mismos, es común ver connotados creadores rasgar vestiduras por una nueva regulación que -según ellos- destruirá la cultura y a los artistas, exigiendo con histeria más protección de sus derechos, cueste lo que cueste, y abogando por subir al paredón a quienes pretenden un sistema más justo y razonable.

Pero la verdad de las cosas es que la necesidad de tener un derecho de autor equilibrado dista de ser una necesidad sólo del público. Debe ser una necesidad para el público, para los nuevos creadores y para los nuevos emprendimientos. Mientras la tecnología supone grandes oportunidades de desarrollo y avance de las ciencias y de la distribución de las ideas, algunos lo enfrentan poniendo obstáculos en el camino, parecen preferir avanzar con las anteojeras de un caballo de carreras, evitando observar el flujo de información, acceso y oportunidades que presenta la tecnología para el futuro de la innovación y de la creatividad.

Columna escrita originalmente para Terra Magazine.

Si hay alguna red social que ha dado que hablar en el primer mundo últimamente es Facebook. Facebook es un invento de un estudiante de Harvard para poder contactarse con sus amigos y compañeros de universidad. Pasó el tiempo y se ha convertido en la red social favorita de más de 47 millones de personas, permitiendo, claro, poder contactarse con amigos que creías olvidados y también determinar complejas cuestiones como qué clase de personaje de Star Wars eres.

Si bien Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, aceptó una oferta de más de 200 millones de dólares por menos del 2 por ciento de la empresa por parte del gigante del software Microsoft, aún no está claro cuál será el modelo de sustentabilidad del sitio en el futuro. En noviembre de 2007, Facebook lanzó Beacon, una plataforma de publicidad interna con más de cuarenta compañías involucradas y que permite a estas compañías enviar información del público a la red Facebook con el fin de generar campañas publicitarias ’sociales’, esto es, dentro de los contactos internos de Facebook. Por ejemplo, si compras el último libro de Cory Doctorow en Amazon, tus contactos pueden enterarse de aquello a través del newsfeed de Facebook, sin necesidad ni requerimiento por parte del usuario.

Lo que parece ser para muchos una estrategia donde todos ganan, desde el punto de vista de la privacidad de los usuarios ciertamente hay barreras que superar. Mientras en muchos otros ámbitos como delitos informáticos, propiedad intelectual y libertad de expresión, sólo por nombrar algunos, es la ley la que mira estas iniciativas desde una lógica del pasado y analógica, en el caso de los datos personales sucede precisamente lo contrario. Los países que han avanzado en establecer plataformas para el desarrollo de industrias tecnológicas son quienes con mayor ahínco protegen los datos personales y sensibles de sus ciudadanos.

El desarrollo de industrias relativas a tecnología y a nuevos emprendimientos no pueden hacerlo poniendo en riesgo la seguridad de los datos de sus usuarios. Es más, es precisamente producto de la escasa protección legal que tienen los datos personales en Latinoamérica que muchas compañías evitan invertir nuestros países en emprendimientos que suponen la manipulación de datos de sus usuarios. Mientras no tengamos una regulación de datos personales que asegure una manipulación de datos respetuosa con la privacidad de los usuarios, no será posible ni el desarrollo de industria de tecnología ni tampoco un desarrollo tecnológico acorde con los derechos fundamentales de los ciudadanos digitales.

Columna escrita para Terra Magazine.

Según indica el manoseado sentido común, o lo que diría el famoso hombre medio empírico, la mejor alternativa es la descarga gratuita a través de algún sitio en Internet. Ir directo a The Pirate Bay y ahorrarnos problemas. Indica el sentido común que todos quienes quisieran conseguir el disco, lo conseguirían a través de los sistemas de descarga, muchos de ellos ilegales, que existen en la red. Fuera de todos estos supuestos, esta semana el grupo norteamericano Nine Inch Nails ha decidido hacerse cargo de la distribución en formato digital de su último trabajo al que denominaron Ghost I-IV, ofreciendo la posibilidad de conseguirlo a través de descarga directa a un precio mínimo de cinco dólares por el disco completo y la opción de compra de la versión Super Deluxe limitada y autografiada por trescientos de la divisa norteamericana. En menos de veinticuatro horas, y más allá de cualquier ejercicio de suposiciones económicas, se agotaron los 2.500 ejemplares disponibles de dicha edición.

Lo que ha hecho Nine Inch Nails no es sino un paso más allá de lo ya experimentado en el archi comentado lanzamiento del In Rainbows de Radiohead y los últimos videos lanzados por REM. Lo que podemos apreciar es un movimiento audaz y lúcido de músicos que hace rato dejaron de navegar en las aguas del underground y que están todavía más lejos de ser simples amateurs con ansias de promoción. En una de las últimas ediciones de Wired, el propio David Byrne traía a colación que en algún momento el negocio de la música pasó a transformarse en el negocio de la venta de plástico con contenido musical, y pareciera ser que es precisamente ese modelo de negocio de explotación musical el que está mostrando sus últimos estertores a través de iniciativas como la de Nine Inch Nails o Radiohead.

Pero el paso adicional, y tal vez el más importante, que ha dado el grupo liderado por Trent Reznor se ilustra por las condiciones en las que ha puesto a disposición su último disco. Porque no basta con poner la música a disposición del público en Internet. Tanto así, que cuando Radiohead permite incluso la descarga gratuita de su disco no queda claro para quienes queremos descargarlo qué podemos y qué no podemos hacer con él. Y la pregunta está lejos de ser irrelevante, puesto que no obstante autorizar la descarga enviando un enlace a través del correo electrónico, los usuarios no somos informados si podemos grabarlo en un disco compacto, si estamos autorizados a hacer reproducciones de ese archivo que hemos descargado en diferentes computadores, si podemos pasarle el archivo a nuestro amigo que no tiene conexión a Internet, ni tampoco si podemos subir el volumen de nuestros parlantes al máximo y de esa forma disfrutar del excelente In Rainbows con nuestros padres y amigos. El sólo envío del archivo no nos dice más que eso, tome y descárguelo. En estricto rigor, ni siquiera nos autoriza a darle al ‘play’.

Así como el derecho de autor ha supuesto históricamente -y con muchísima razón, por lo demás- que existen usos de una obra que no van a estar regulados por la ley, tales como vender un libro usado o dormir sobre un disco compacto, la nefasta tendencia a la sobre protección y sobre regulación de estos derechos lleva al absurdo que si nos atenemos al texto de nuestras leyes de derecho de autor, probablemente sea ilegal pasar el disco compacto a archivo MP3. Y es precisamente acá donde se distingue la decisión de Radiohead de la puesta a disposición del último disco de Nine Inch Nails. Mientras Radiohead nada dijo sobre lo que podemos y no hacer con los archivos descargados, Nine Inch Nails lo aclara licenciando el disco con una licencia Creative Commons, permitiendo reproducciones y adaptaciones siempre que no sean con fin de lucro.

Pareciera ser que el próximo paso en este novedoso camino seguido por músicos de todo el mundo es determinar las condiciones con las que dejan su música a disposición nuestra en Internet. Porque mientras la industria tradicional de la música ha dedicado buena parte de su presupuesto a demandar en tribunales a gente como usted o como yo por compartir música a través de sus computadores -y a tratar de convencernos mediante costosas campañas publicitarias que descargar por Internet es similar a robar autos, casas y joyas- los músicos, los artistas parecieran estar comenzando a entender que de lo que se trata no es de proteger un obtuso concepto de propiedad privada, sino la oportunidad que entrega Internet para la difusión y distribución del conocimiento y la cultura. Mientras la industria tradicional de la música sigue anunciando la caída sostenida en la venta de discos y la crisis de la industria, hoy tenemos más recitales y conciertos que nunca antes. Mientras nos intentan convencer que estamos en crisis terminal y que la música se muere, Nine Inch Nails gana más de 750.000 dólares en menos de 24 horas. Y sin poner disco alguno en las estanterías.

Columna publicada en la revista Terra Magazine.