Luego de la pretenciosa promesa de revolución digital hecha por el entonces candidato presidencial Sebastián Piñera, parecía que por fin los esfuerzos realizados por los equipos técnicos durante la última década darían los frutos esperados. Contra todo pronóstico, y luego de un par de bochornos inexcusables, el ahora Presidente decidió desmembrar la Secretaría Ejecutiva de la Estrategia Digital dependiente del Ministerio de Economía para dar paso a un equipo de Modernización y Gobierno Electrónico dependiente del MINSEGPRES. Dicho equipo se encargó de diseñar un plan estratégico 2011-2014 que debiera guiar las políticas públicas en esta materia. Básicamente este plan consiste en un gobierno centrado en el ciudadano, proveer herramientas para mejorar la eficiencia, y un gobierno abierto.

Resulta interesante darle una mirada no solo a lo que dicen las líneas de acción sino también a lo que silencian. En lo concreto, este plan estratégico hace una apuesta por profundizar el rol del Estado como un prestador de servicios hacia los ciudadanos. Como si se tratara de la única forma de vincular al aparato público con la ciudadanía, los esfuerzos parecen concentrarse en aceitar los procesos y servicios que se ofrecen respecto de trámites e información a obtener por parte de instituciones del Estado. Una relación, siempre vertical, donde es la apertura (todo lo ‘open‘) el gancho para edulcorar una estrategia que francamente carece de una visión que haga suya la participación y el fomento de los derechos como eje de una táctica de futuro.

Probablemente el mayor silencio que tiene este plan tiene que ver precisamente con el ejercicio de derechos. Es cierto que han sido las prácticas y no la normativa quienes han transformado a internet en un escenario ideal para el desarrollo de los derechos fundamentales. Han sido los protocolos abiertos, la colaboración y el carácter neutro de la red los que han provocado cambios radicales en la manera en que nos relacionamos social y políticamente en el siglo veintiuno y permiten soñar en un futuro más igualitario, justo y participativo. Pero la legislación se ha transformado en un brazo armado para la protección de ciertos intereses privados. Ha sido la legislación la que ha comenzado a moldear la tecnología, adaptar internet, para la satisfacción de inquietudes diferentes. Así, hoy internet también parece ser un campo fértil para la coacción, la persecución política, restricciones abiertas al acceso al conocimiento, violaciones a la intimidad y la restricción de la libertad de expresión particularmente de los discursos críticos.

Una estrategia, un plan de acción digital, que piense en el interés público debiera tratar y no silenciar la forma en la que como sociedad queremos que nuestros ciudadanos ejerzan sus derechos en el entorno en línea. Los ciudadanos no son sólo clientes de los servicios que ofrece el Estado, sino que debieran ser el eje sobre el que se construya un plan de acción. Lamentablemente, la historia nos indica que el silencio suele ser también una estrategia.

Ilustración por Giles Lane, CC:BY-NC-SA

Llega Amazon a España y se encienden las alarmas. ¿Irá a cambiar el mercado editorial nacional? ¿Se masificarán por fin los libros electrónicos en castellano? Si es así, ¿podremos disfrutarlo?. Me pidieron la opinión para El Mercurio del domingo pasado y esto fue, más o menos, lo que respondí.

El geoblocking es un efecto que es resabio de los viejos contratos editoriales previos a la masificación de internet y de los libros electrónicos.

En base a él, los contratos que unían a autores con distribuidores suponían la exclusividad de determinadas casas editoriales para distribuir ejemplares de libros basados en coordenadas geográficas. Así, por ejemplo, una casa editorial puede negociar la exclusividad en la distribución de ciertos libros en Chile y podría existir otra distinta con las mismas facultares para México o Argentina. Esta exclusividad, en el caso de autores consagrados, tiene alcances regionales y no sólo a nivel nacional, pudiendo establecerse condiciones de distribución, entonces, para una región completa.

Esta práctica contractual, todavía vigente, supuso muchos problemas para las primeras editoriales que quisieron distribuir sus libros a través de medios electrónicos. En parte porque los contratos no contemplaban dicha forma de distribución, en parte porque existían limitaciones geográficas para un tipo de distribución que prescinde de dicha limitante (mal que mal antes era un tema también de transporte y stocks), hoy en día el mundo editorial en lugar de dar un paso para poder aprovechar esta oportunidad del entorno en línea, ha decidido mantener dichas prerrogativas geográficas del mundo analógico aplicándolas al mundo digital, con el evidente problema de distribución para ciertas regiones del mundo que no resultan muy interesantes ni para los vendedores de e-readers ni menos para los de libros electrónicos.

En parte son este tipo de transacciones contractuales-comerciales las que suponen barreras difíciles de comprender para la masificación del comercio en línea de libros electrónicos en Chile.

Es difícil de precisar el impacto de la llegada de Amazon a España, porque su éxito va a estar vinculada a las hasta ahora lamentables decisiones de Libranda (la plataforma de comercialización de libros digitales de las editoriales españolas), que gracias a sus dudosamente legales sistemas de protección anticopia (DRM) y su incompatibilidad de formatos ha hecho imposible la masificación de la venta tradicional de libros electrónicos en castellano.

Hasta el momento, sin ir más lejos, los archivos que contienen libros que pertenecen a Libranda son incompatibles con el Kindle de Amazon y con el iPad de Apple. Es decir, por más que usted desee leer Los Detectives Salvajes de Bolaño en su nuevo Kindle Fire o en su iPad, la única alternativa que tiene es conseguirlo a través de medios informales. No hay forma de conseguirlo, en castellano, de manera legal. Y luego es esta misma industria la que se queja de la masificación de la piratería.

De hecho, la masificación de sistemas de protección anticopia (DRM) ha sido la piedra de tope no solo para la masificación de libros electrónicos sino también para cientos de otras obras intelectuales que circulan a través de medios digitales. Es más, existen casos en otros países donde la ley permite hacer ciertos usos con obras -usos que uno puede hacer libremente en el libro impreso- (derecho de cita, copia privada, préstamo, etc), son bloqueadas a través de estos sistemas informáticos. En mi opinión son estas prácticas -de la industria, por cierto-, y no otras, las causantes de la masificación de los intercambios informales de obras protegidas de derechos. Demanda hay, oferta no.

Era una conversación respecto del actuar de nuestros tribunales y del sistema penal a propósito del caso de la puesta en libertad de un menor imputado de abusar a una mujer en Lo Barnechea. El ex representante de la fiscalía era quien moderaba, no sin dificultad, el tenor del diálogo liderado por el conductor del programa, quien utilizó con talento todas las frases chichés y los prejuicios asociados al actuar de los tribunales y el problema de la delincuencia. “Pero Mario -inquiría el conductor-, ¿Y si se tratara de tu esposa?”, “Mario, yo entiendo pero y si fuera tu hija la violentada, ¿estarías tranquilo?”. O bien alocuciones falaces requiriendo más mano dura y tolerancia cero y partiendo de supuestos del tipo “tenemos un sistema penal que protege a los delincuentes y no a las víctimas”.

Mi fastidio respecto de lo que escuchaba me hizo reflexionar respecto del rol de la independencia (que la radio de hecho utiliza como slogan) para la libertad de expresión.

Una de las ideas que ha preocupado al profesor Cass Sunstein desde hace algunos años tiene que ver con la tensión existente entre el desarrollo de nuevas tecnologías y la libertad de expresión. Sunstein sugiere que el desarrollo tecnológico vinculado a la distribución de ideas en internet podría amenazar algunos aspectos claves para la política y la democracia. En Republic.com (libro de 2001) sostiene que si internet permite aislarnos de aquellas ideas que no compartimos, de aquellos pensamientos divergentes con nuestras creencias e ideas de bien, podría debilitar parte importante del diálogo democrático. La exposición de nuestras ideas y valores en público permite que ellas sean debatidas y puestas en juicio por quienes no comparten nuestros supuestos para poder así llegar a consensos políticos y construir democracia. De lo contrario, señala Sunstein, sin que nuestras ideas sean desafiadas, corremos el riesgo de tener confianza excesiva, sostener posiciones extremas, despreciar a los demás y, en ocasiones, incluso llegar a la violencia.

Si siguiéramos al pie de la letra la reflexión de Sunstein encontraríamos buenas razones para que los medios entregaran espacio importante a opiniones divergentes a su línea editorial. Si lo piensan, es quizás esa la razón por la que The Clinic en su momento y El Mostrador en estos días, le entregan tribuna a las delirantes, aunque graciosas, columnas de Hermógenes Pérez de Arce, o la razón que explica la presencia destacada de Teresa Marincovic en el diario electrónico. Pero estas no son razones suficientes.

Juan Francisco Canales, Pérez de Arce y la señora Marinovic tienen derecho a decir lo que piensan. A opinar aun si esas opiniones en realidad constituyen disparates. Incluso, recogiendo el guante de Sunstein, existen hasta razones para darles espacio y exponernos, quienes pensamos distinto, a sus ideas. El punto de fondo es que en Chile hay suficientes medios de comunicación como para escuchar discursos alarmistas, falaces, histéricos y, por si fuera poco, profundamente conservadores y clasistas respecto de las políticas criminales. Estamos rodeados de esos medios y de esos discursos que dominan además la agenda política.

Lo que debiéramos esperar de un medio independiente -sea lo que sea signifique-, por tanto, es reflexión, información y contexto. No más alarma, más prejuicios y más intuición, que encontraremos en todas partes con facilidad. Radio Bío-Bío y El Mostrador son dos importantes excepciones en nuestro mercado de medios porque se construyen desde un espacio que -intuyo- de alguna manera representa a quienes creemos en una sociedad más justa, más plural, dialogante y fundamentalmente más igualitaria. Cuando estos espacios deliberativos son cooptados por discursos hegemónicos llenos de intuición y prejuicios los discursos minoritarios se hacen aún más minoritarios y se escuchan a un volumen todavía más bajo.

Some people see rock & roll as youth culture, and when youth culture becomes monopolized by big business, what are the youth to do?

I think we should destroy the bogus capitalist process that is destroying youth culture by mass marketing, and commercial paranoia behavior control. And the first step is to destroy the record companies.

(Thurston Moore, en 1991 – The Year Punk Broke). Sampleado en uno de los momentos musicales más bonitos del último tiempo:

A raíz del profundo cambio que sufriese hace unos días la Secretaría de Desarrollo Digital, liderada hasta entonces por el Ministerio de Economía, no deja de sorprendernos cómo el país sigue dándose el lujo de perder día a día más terreno y oportunidades. El Estado de Chile tenía un CIO (máxima autoridad informática) a cargo de coordinar exclusivamente las materias digitales del Estado ¡Ahora no! ¿Qué pasó? Algo que parecía muy importante para nuestros gobernantes, quedó internalizado como una de las 50 iniciativas de la agenda de Modernización del Estado. O sea, se perdió inexplicablemente el carácter de política prioritaria y estratégica, pasando a ser una más entre medio centenar de medidas pro-desarrollo.”

(Cristian Ocaña, Colegio de Ingenieros de Chile. Vía El Mostrador)

De acuerdo en casi toda la columna, pero especialmente en el primer párrafo, que cito.

Y yo agregaría, como ejemplo, que el Consejo Consultivo de la Estrategia Digital (del que soy parte como director de la ONG Derechos Digitales), no se ha reunido en los últimos 3 años.

Cuando se acerca el temido -aunque inútil y al parecer poco disuasivo- reporte 301 de la USTR (Office of the United States Trade Representative) comienzan a aparecer las notas de prensa haciendo ver a Chile como un paraíso para el comercio ilegal de mercancías y la piratería rampante. Notas de prensa alentadas por los departamentos de relaciones públicas locales de garantes de la competencia y el libre mercado como son Business Software Alliance (BSA) y Microsoft, cuyos representantes parecen ser los únicos validados para dar por verdades certificadas dudosos estudios encargados por ellos mismos y ratificar la gravedad de un reporte -el 301- que ayuda a redactar la propia industria norteamericana y que pretende presionar comercialmente a países pequeños como Chile para endurecer cada vez más sus leyes de propiedad intelectual.

Las oficinas de relaciones públicas de estos voraces lobbys parecen estar bastante cerca de la redacción de El Mercurio, que -de manera paradójica, si lo piensa- copypastea comunicados de prensa haciendo ver la gravedad de la situación. Las fuentes, una vez más, siguen siendo las mismas y anuncian lo impresentable que es este pequeño país al lado de las economías de aquellos países con los que ansiamos codearnos y compartir pisco sour en los cócteles con nuestros tuxedos de segunda mano.

Buscar el informe de la consultora IDC es una empresa complicada. La noticia, además, no aparece más que en El Mercurio. Google News no da resultados y el buscador de la propia consultora no entrega información relevante. Donde sí existe información relevante es en el sitio de la propia BSA, donde aparece la misma información que publica El Mercurio con fecha de hoy 1 de febrero en un comunicado de prensa enviado desde Washington DC el 11 de mayo de 2010. Sí, hace más de ocho meses.

En dicha fecha, además, el matutino ya titulaba la nota de prensa como «Piratería de software en Chile baja tres puntos y llega a 64%», una paráfrasis un poco floja de la bajada de la nota de hoy.

Chile, en un estudio que ni siquiera aparece en la página web de la consultura, al parecer tendría una tasa de 64% de piratería de software, aunque sin especificar con claridad qué significa ello. Al mismo tiempo, pareciera ser un elemento sin importancia las diferencias de ingreso per cápita de los mismos países socios o las diferencias vergonzosas en los niveles de penetración digital que aparecen en la comparación. Para qué hablar de los estándares normativos que se intentan promover, donde Chile parece ser el alumno más aventajado de la región gracias a sus tratados internacionales de libre comercio.

A estas alturas del partido exigir en Chile un periodismo medianamente crítico se parece más a un ejercicio de nostalgia que una necesidad para nuestra democracia. Sobre todo en febrero.

Actualización:

A la nota de El Mercurio se le agrega el copypaste de:

- Revista Capital.

- El Universal de México.

Lo que sigue es una columna escrita para la web de la ONG Derechos Digitales.

§ §

A mediados del año 2010, publicamos nuestras dudas respecto de la entonces recién promulgada ley de neutralidad de la red. Pese a la euforia inicial, acrecentada por la idea de ser la primera legislación sobre neutralidad de la red en el mundo, la normativa que modificaba la Ley General de Telecomunicaciones (LGT) mostraba una serie de problemas, además de entregar muy amplia discrecionalidad al ejecutivo al momento de redactar el reglamento de la ley. Varios meses después, con el reglamento a la vista, se hace necesario volver a analizar cómo los principios de neutralidad se ven o no insertos en la normativa y si, en definitiva, es o no una reglamentación que impida la discriminación entre tipos de contenidos y aplicaciones por parte de los prestadores de servicios de Internet.

El reglamento establece una regla general, de la misma forma que lo hace el artículo 24h a) de la LGT, negando a los ISP la posibilidad de intervenir “arbitrariamente” en el uso de Internet por sus usuarios. A continuación, establece en el Artículo 8º ciertos casos en que se puede vulnerar el principio de neutralidad, señalando que los ISP podrán llevar a cabo medidas de gestión de tráfico y administración de red siempre que ello no tenga por objeto afectar la libre competencia. En dicho caso, agrega el inciso segundo, ello deberá ser informado previamente a los usuarios.

Adicionalmente, el inciso final del Artículo 8º -en una confusa redacción- indica qué considerará como acción restrictiva a la neutralidad, entendiendo como tal aquellas medidas de gestión de tráfico y/o de administración de red que tiendan a bloquear, interferir, priorizar -entre otras acciones- el acceso a servicios, aplicaciones y contenidos de la red no informadas a los usuarios o bien ejecutadas de manera arbitraria o discriminatoria. Finaliza el artículo indicando que entenderá por arbitraria y/o discriminatoria aquellas acciones que apunten a un tratamiento injustificadamente diferenciado entre proveedores de aplicaciones y/o usuarios.

Cabe destacar que publicado el reglamento, se extraña un proceso más participativo en su redacción –como ha sucedido en otras áreas-, toda vez que es un texto complejo, lleno de tecnicismos pero crucial para el desarrollo de Internet en el país. Una participación abierta de diversos actores sin lugar a dudas habría evitado algunas lecturas apresuradas y habría permitido tener un texto más rico y consistente.

Con todo, si bien siguen existiendo normas problemáticas, como la referencia a las actividades de carácter “legal” o la débil mención a la protección de los datos personales de los usuarios, ello no parece ser producto del texto del reglamento, sino de inconsistencias que ya están presentes en el texto legal. Es decir, de las carencias aún existentes en la regulación de la neutralidad de la red en Chile, no se colige que el texto del reglamento sea un paso atrás, sino por el contrario: la determinación clara de aquellos actos que se consideran “arbitrarios” (mucho más acotado que lo esbozado por la ley), y la exigencia a todo evento de información previa sobre los actos contrarios a la neutralidad autorizados por ley, hacen pensar que estamos dando un paso adelante hacia la consagración de un principio fuerte de neutralidad de la red en Chile.

Hoy, tenemos la declaración oficial del Estado de Chile al respecto. Los destacados son del suscrito.

Gracias señora presidenta,

Chile ve con preocupación el lento progreso que se ha logrado en el Comité Permanente de Derecho de Autor, incluso en aquellas materias sobre la cuales existe amplio grado de consenso sobre la conveniencia de avanzar .

Chile ha promovido fuertemente la agenda de dicho Comité, principalmente en lo que se refiere a Excepciones y Limitaciones al derecho de autor. Por esta razón hemos apoyado la propuesta de Brasil, Ecuador, Paraguay y México ya que nos parece que es un acto de justicia el lograr acuerdos en lo referido a un instrumento internacional que permita resolver el problema de las personas con alguna discapacidad visual para acceder a la lectura. Por lo anterior, creemos que el Comité no puede seguir retrasando este tema, y buscar las vías adecuadas con el objeto de resolver prontamente esta materia.

En el mismo sentido, hemos apoyado que los temas relativos a audiovisuales y radiodifusores se mantengan en la agenda de este Comité. Confiamos en que las diferencias que aún existen en estas materias serán resueltas durante la próxima reunión de este Comité en el mes de Noviembre y por cierto seguiremos participando activamente con vistas a lograr soluciones de consenso.

Bueno, está diciendo que sí, que apoya la propuesta. Pero al mismo tiempo sostiene que el Comité debe buscar las vías adecuadas (lo que quiera que eso signifique) para resolver el problema. ¿Un tratado? ¿Acuerdos no vinculantes? No lo sabremos.

Neutralidad significa que los prestadores de servicios de internet no pueden discriminar entre distintos tipos de contenidos y aplicaciones en línea. Garantiza las mismas reglas del juego para todos los sitios web y tecnologías web.

Con esas palabras, la ONG norteamericana Freepress define lo que entiende por neutralidad de la red, ese controvertido concepto que ha concentrado la atención de la web durante los últimos días. Google, hasta ahora férreo defensor de la idea de neutralidad, ha anunciado una confusa propuesta con Verizon (uno de los más importantes ISP norteamericanos), lo que ha provocado una masiva reacción del público como también de expertos respecto del tema de moda.

Mientras en Estados Unidos rasgan vestiduras, el lector desprevenido pensará que para qué nos preocupamos tanto si acá tenemos una flamante ley de neutralidad de la red. Quizás debiéramos llevarle a los políticos y activistas norteamericanos esta solución con sabor a empanadas y vino tinto que dejó contentos a moros y cristianos. A activistas, al gobierno y a prestadores de servicio. Pero no.

Si en un ejercicio hipotético lleváramos nuestra ley como propuesta a la gente de Save the Internet, seguramente nos preguntarían de qué tipo de neutralidad estamos hablando. Porque claro, una de las dificultades que tiene el tema tiene que ver con el aspecto conceptual. ¿Queremos una ley contra el traffic shapping, una ley contra el bloqueo de puertos, una ley que mejore la velocidad y la latencia de nuestras conexiones? ¿O una ley que obligue a la neutralidad?

Dejando de lado por el momento que de alguna manera se requiere cierto tipo de intervención para que la internet funcione, una ley de neutralidad en rigor debiera apuntar a establecer restricciones precisas sobre lo que el ISP puede y no puede hacer con los paquetes que transporta de un lado a otro. Y eso no pasa en la ley chilena. En Derechos Digitales publicamos un pequeño informe sobre el punto donde se tratan varios de estos aspectos con más detención. Yo quisiera detenerme sólo en dos de ellos. Dice la ley,

Art. 24 H.- (…) [Los ISP] No podrán arbitrariamente bloquear, interferir, discriminar, entorpecer ni restringir el derecho de cualquier usuario de Internet para utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio legal a través de Internet, así como cualquier otro tipo de actividad o uso legal realizado a través de la red.

1.- Impide que los ISP «arbitrariamente» restrinjan la red. Este eufemismo quiere decir que si el ISP da razones que justifiquen sus medidas de bloqueo o discriminación, entonces está autorizado por la ley. La jurisprudencia chilena es clara respecto de lo que «arbitrariamente» quiere decir respecto del recurso de protección, sosteniendo que algo es arbitrario cuando responde al «mero capricho». Luego, si no responde al mero capricho sino que a cierta justificación (mejor uso de la red, por seguridad, o lo que sea), el ISP está autorizado a bloquear.

2.- Se refiere a actividades, servicios o aplicaciones «legales». Este es un punto que ha provocado importantes reacciones en la discusión norteamericana. Hasta campañas han hecho para evitar una restricción como esta. En Chile, sorpresivamente a todos parece venirle bien. La ley se preocupa de no definir lo que considera actividades «legales» en el contexto de la ley de neutralidad, lo que le deja la mesa servida a que la SCD y/o la IFPI lleguen a acuerdos con los ISP para bloquear puertos y tecnología que eventualmente permita bloquear estos usos considerados «ilegales».  Si usted creía que esta ley le iba a permitir exigir a su ISP que le deje de bloquear sus puertos destinados a bajar películas por Bittorrent, piénselo de nuevo.

Sólo estos dos puntos, además de otras observaciones que puede hacérsele al contenido del proyecto, son lo suficientemente problemáticos como para ser una solución adecuada al problema de la neutralidad de la red en nuestro país. Es más, si una mira el análisis que hizo EFF de la propuesta Google-Verizon, veremos que dos de sus observaciones tienen que ver exactamente con lo mismo que tendremos en nuestra ley de neutralidad, que denominan «Reasonable Network management» y «“Lawful” Content and Wireless Exclusions».

Yo sí creo que es posible tener una regulación en Chile aun cuando en Estados Unidos no se haya resuelto legislativamente. Pero esa regulación debiera ser en serio y no sólo un saludo a la bandera que, finalmente, implica una normativa llena de vacíos y que parece estar más preocupada de entregar mejor información de los planes de banda ancha (algo importante, pero que poco tiene que ver con la idea global de neutralidad de la red) que de entregar garantías eficaces de no intervención.

Fotografía por Joriel, CC:BY-NC-ND

El Diario Financiero hace hoy un copypaste tradicional de los comunicados de prensa de las empresas de software, titulando que Chile habría aumentado en un 56% las pérdidas por piratería de software en 2009.

Según el artículo, mientras en 2008 las pérdidas por piratería de software habrían sido de US$202 millones, Chile habría perdido (cómo me encantan estos eufemismos) US$315 millones en 2009, lo que sería un crecimiento de un 55,9%.

Con premura, el abogado Rodrigo Bulnes, de la Business Software Alliance (curiosamente la única fuente citada en casi todos estos artículos), incluso se atreve a comparar estas pérdidas con número de mediaguas y con los fondos que se esperaban recaudar con el royalty a la gran minería del cobre.

Curioso.

Cada vez que se publican estas cifras, vuelvo a mirar el artículo que en 2008 escribió Julian Sanchez para Ars Technica, quien hizo una investigación respecto de estas cifras con las que periódicamente nos bombardea la industria. ¿Su conclusión? No tienen ningún asidero en la realidad.

Más todavía, hace un par de meses nos enteramos de un informe del gobierno norteamericano que examinó estos estudios sobre piratería admitiendo que muchos de ellos son inventos y, respecto de las cifras, sostuvo que

La naturaleza ilícita de la falsificación y piratería hace que estimar el impacto económico de infracciones a la propiedad intelectual sea extremadamente difícil”, señala el documento. Además, el valor en dinero que se le asigna a lo que supuestamente se perdió por esta actividad son “suposiciones… que pueden tener gran impacto en los resultados estimados”.

Recomiendo el análisis del informe hecho por Derecho a Leer, donde además se destacan los efectos positivos que incluso podría tener para la economía la piratería, los cuales deberían ser evaluados también.

Así se acaba lo curioso y aparece la falta de rigurosidad que, al parecer, no es sólo responsable el gremio de los periodistas.

Actualización: (Ojo las fuentes que citan)

- Publimetro.

- América Economía

- El Mercurio

- La Nación

- InfoWeek (con foto).

- Terra

- El Comercio de Perú (?)

- Diario Pyme