Esta guerra del copyright chilensis en la que estamos es bien particular. Se huele a la distancia la violencia verbal, los comunicados llenos de verborrea vacía y la manipulación del discurso. Hablando desde los artistas para defender modelos de negocio y sistemas legales fundados en la defensa de intereses corporativos de las multinacionales del espectáculo.

Para enfrentar esta campaña de desinformación que lleva a la natural alarma de los artistas bajo el alero de su entidad de cobro de derechos, montamos Trato Justo Para Todos*, que pretende precisamente relevar el interés público en temas de derecho de autor sobre todo en una discusión donde pareciera ser que todo este problema se reduce en cómo cobrar y no en cómo hacemos para fomentar la creatividad y el acceso a la cultura.

A estas alturas del partido, cuando el choclo ya se está desgranando y estamos entrando en la parte más importante de la discusión parlamentaria, me parece importante poner énfasis en los cinco elementos que considero claves para tener una ley moderna, equilibrada y justa para todos. Hoy, me detendré en la importancia de las excepciones para bibliotecas y archivos.

1) Excepciones para Bibliotecas

Chile comparte con Burundi, Camerún, Burkina Faso, Irak y Costa de Marfil, entre otros, una vergonzosa ley de propiedad intelectual que carece de excepciones para Bibliotecas y archivos. Resulta derechamente impresentable que un país que pretende mirar hacia el futuro no cuente con un sistema robusto de excepciones que permita a las bibliotecas, pese a que la gran mayoría de los tratados internacionales sobre propiedad intelectual garantizan este tratamiento de excepción.

Hoy, cientos de libros que son parte de nuestro acervo cultural se están deteriorando y perdiendo para siempre en las bodegas de Bibliotecas que no tienen herramientas legales para su conservación para las generaciones futuras.

Es por eso que dentro de estas excepciones resulta clave considerar cuatro puntos fundamentales:

1.- Las excepciones deben referirse a todas las bibliotecas y no sólo a aquellas “abiertas al público” y “de titularidad pública”.

Limitar las excepciones a estos supuestos supondría dejar arbitrariamente a una buena parte de los centros documentales del país fuera de ser sujeto de la excepción, como muchas bibliotecas universitarias y, sin ir más lejos, todas las bibliotecas escolares del país. Limitarla sólo a “abiertas al público” supondría dejar fuera a la Biblioteca Nacional o a la Biblioteca del Congreso, dado que si bien son “abiertas”, establecen requisitos como la edad para disfrutar de sus colecciones. No parece razonable que la Biblioteca Nacional no pueda hacer uso de las excepciones que contempla esta ley.

2.- La copia de fragmentos debe ser sin remuneración de por medio.

La regla general es que para hacer una copia, se requiere la autorización del autor, la que en la gran mayoría de los casos, significará pagar una cantidad de dinero. Establecer una autorización para las bibliotecas, pero previo pago de una remuneración supondría volver a la regla general haciendo inútil la excepción. Por lo demás, es una práctica internacionalmente reconocida el permitir a las bibliotecas hacer copias de fragmentos -naturalmente sin fines comerciales- de obras para investigación y enseñanza, como un capítulo de un libro o un artículo de una revista. No existe razón para que en Chile nuestros profesores no puedan enseñar a leer a sus alumnos con poemas de Pablo Neruda o de Gabriela Mistral debido a eventuales cobros de sus titulares de derechos.

3.- Debe permitirse la práctica de digitalización de obras.

Estamos legislando para adaptarnos a las nuevas tecnologías, no para que la legislación sea una barrera para el desarrollo cultural. No permitir que las bibliotecas puedan digitalizar ejemplares y por tanto entregar acceso remoto fuera de la sala de lectura es lisa y llanamente poner obstáculos insalvables para la ruta hacia el acceso que nos muestran las nuevas tecnologías. Los últimos años han mostrado que el concepto de Biblioteca que conocimos está cambiando radicalmente (basta ir a darse una vuelta a la Biblioteca de Santiago) que trasciende el recinto cerrado y permite salvar las distancias físicas que muchas veces separan la biblioteca de sus usuarios, particularmente en regiones de difícil acceso.

4.- Debe permitirse la traducción de obras por bibliotecas y usuarios.

Hoy, si un libro de una biblioteca no se encuentra en el mercado y está escrito en lengua extranjera, se rige por las reglas generales del derecho de autor. Un derecho de autor coherente debiera permitir tanto a bibliotecas como a investigadores, profesores y usuarios poder hacer traducción de dichas obras para fines de investigación y difusión cultural. No parece razonable que nuestras bibliotecas acumulen ejemplares de libros y revistas en idioma extranjero que no puede ser comprendidos por sus usuarios.

Obviamente lo anterior es sólo un barniz de excepciones que son de alta complejidad. Pero lo importante es poner sobre la mesa los puntos importantes y los puntos que vamos a defender hasta el final. Esta es sólo la primera entrega. Pronto las cuatro siguientes.

(fotografía Biblioteca José Vasconcelos por Clinker. CC:BY-SA)

El final de esta historia es que el Gobierno tiene un concepto bien torcido de democracia y muy extraño de lo que es un gobierno ‘ciudadano’. Los primeros párrafos de este cuento los escribe la Ministra de Cultura reconociendo públicamente acuerdos que antes habían sido negados y reconociendo cual será la pauta del gobierno en estos temas de acá en adelante. El final de esta historia, mis amigos, se escribe desde los cuarteles generales de la Sociedad Chilena de Derecho de Autor (SCD), desde donde se ha escrito y se está escribiendo en este instante el futuro del derecho de autor en Chile. A costa de Internet, del desarrollo tecnológico y a costa de todos nosotros, por supuesto.

Sabemos que se encuentra en el Senado una de las reformas más importantes a la Ley de Propiedad Intelectual desde el año 1970. Esta reforma pretende adaptar esta ley que data de 1970 a los desafíos del mundo digital y evitar así una serie de absurdos. Además, pretende hacer esta ley razonable desde el punto de vista de las excepciones y limitaciones al derecho de autor que se contemplan en todo el mundo y que en Chile somos meros expectadores. Porque claro, cada una de las reformas que se le ha hecho a esta ley ha sido hecha previa aprobación de la SCD y todas ellas pretenden fortalecer derechos de autor vetustos y añejos en detrimento de los derechos del público. Esta ley pretendía equilibrar de una vez por todas esos intereses.

Pero esto ha provocado una reacción histérica, desinformada y patética. Mientras existía un esfuerzo para lograr una ley que fuera justa para todos, otros han salido a la calle con carteles y pitos a pedir una ley justa sólo para ellos. No una ley que se adapte al mundo de internet, sino que una ley que se adapte a sus propios bolsillos e intereses.

Pero en fin, vamos al grano, dijo el dermatólogo. Los acuerdos a los que ha llegado el gobierno con la SCD a escondidas de la ciudadanía, con el fin de que esta ley salga adelante sin ruido, son los siguientes [descargar versión original]:

1.- No apoyar indicaciones que exigen que exista uso efectivo de obras para que haya cobro por parte de la SCD. Se lo pongo con un ejemplo. Si yo a usted lo demando porque me golpeó luego de una discusión, seré yo quien tengo que probar que tengo un golpe y que ese golpe me lo propinó usted. Esto es muy razonable, porque de lo contrario nos pasaríamos demandando los unos a los otros exigiéndole pruebas de lo contrario al demandado.


Bueno, la SCD quiere lo contrario. El acuerdo supone que el gobierno acepta que la SCD no tenga que acreditar uso efectivo de las obras, sino que se pueda basar sólo en supuestos, para proceder al cobro. Lo que resulta interesante considerado que viene de quienes son los principales promotores de demandas judiciales por derechos de autor en Chile.

2.- Apoyar un proceso de mediación previa en caso que no haya acuerdo sobre el cobro entre las partes. Hoy, quien fija las tarifas que cobra la SCD, es la propia SCD. Así, si usted tiene una discoteque u organiza un evento pequeño musical, tiene que pagarle a la SCD la tarifa que ellos mismos determinan. Como no hay otra entidad que ‘compita’ con la SCD, no queda más remedio que pagar a menos que queramos exponernos a demanda. El proyecto suponía un procedimiento de Arbitraje Forzoso, esto es, que en caso de desacuerdo sobre la tarifa, sea un tercero el que decida obligatoriamente.

Lo que ha aceptado el gobierno a solicitud de la SCD es que en caso de desacuerdo, vayamos a una “mediación previa obligatoria” en la que nos van a conminar a llegar a acuerdos. Si no llegamos a acuerdos, vamos a juicio. Es fácil de entender que esto, en buen chileno, vale hongo y no protege al más débil en la negociación, que ciertamente no es una entidad monopólica.

3.- Apoyar la eliminación de la responsabilidad de los prestadores de servicios internet. En castellano castizo, esto significa dejar la puerta abierta para que mañana la SCD dirija cobros a nuestros proveedores de acceso a Internet por las eventuales descargas que realizan sus usuarios. Los que han pasado por alguna clase de economía, saben que esto significa finalmente un cobro que vamos a terminar pagando todos nosotros.

Ahora, si a mi me preguntan, yo estaría feliz con un canon como este siempre que supusiera una excepción amplia para usos y reproducción no comercial. Pero como a algunos quieren pan y pedazo, quieren meternos un impuesto, pero no entregarnos ningún derecho. Así cualquiera.

4.- Eliminar excepciones para traducción, para usos educacionales y para usos justos. El Gobierno está de acuerdo con la SCD en eliminar esa terrible y macabra excepción que permite que piratas profesores hagan traducciones de textos que se encuentran en otros idiomas para efectos de enseñanza. También está de acuerdo en eliminar la excepción que permite reproducción de obras cortas para fines educacionales.

Lo más grave, es que además acuerda la eliminación de lo más importante de esta ley, la excepción que permite usos justos o legítimos. Que le permite a usted subir a Youtube un video de su hijo que baila una canción que suena en la radio, que le permite pasar un CD a MP3 o que le permitiría por ejemplo, hacer un collage o una presentación en Powerpoint con imágenes y música de fondo para las bodas de Oro de sus papás. Para quienes quieren tratos justos para algunos, hay que pagar.

En reunión con la Ministra de Cultura, ella reconoció que este acuerdo marcaba la pauta del Gobierno en este tema, por lo que no hay más que conversar.

Me parece lamentable que el Gobierno termine haciendo caso omiso a los reclamos de una serie de organizaciones sociales, gremiales, académicos e industriales que queremos una ley de propiedad intelectual moderna, ajustada a los desafíos de Internet, y que no trate a sus ciudadanos como delincuentes. Que no sea utilizada como privilegios para algunos sino que apunte, en definitiva, a un trato justo para todos.

Pero hay buenas noticias. La buena noticia, es que a partir de ahora, amigos míos, se nos acabó la buena onda. Pronto, muchas más noticias.

Pero sorpresivamente no todos están de acuerdo con estas obviedades.

Me contaba alguien que cuando conversó con un Ministro respecto de la importancia de esta reforma, éste lo miró atentamente y luego le dijo con sorpresa que pensaba que esta era una ley para los cantantes, artistas y actores, y por tanto no entendía por que él estaba allí. Es que en la discusión de la propiedad intelectual hay quienes durante los últimos años se han atribuido la exclusividad de opinión en el tema y por lo demás tienen el poder suficiente como para opacar voces disidentes. Esta visión de la propiedad intelectual -como un asunto exclusivo de creadores que necesitan cada vez más protección de sus creaciones- discretamente desautoriza y margina la necesidad de tener excepciones específicas que favorezcan el interés público, ese que decididamente han defendido, entre otros, las bibliotecas del país. No resulta casual que Chile sea uno de los pocos países de la región que no cuente con un estatuto específico de excepciones para discapacitados visuales, para la enseñanza o para la conservación patrimonial.

Tras esta idealización de la propiedad intelectual de los organismos que agrupan a titulares de derechos -pero utilizando a los “autores” como máscara de baile- hay pocas ideas interesantes, pero hay una que destaca con facilidad, la idealización ilustrada de la creación intelectual. Así, en los bordes de la argumentación en contra de la existencia de excepciones que favorezcan al público, algunos esgrimen que la única forma de creación cultural implica necesariamente mayores protecciones a los autores. Dicen, en otras palabras, que sin protección a los autores, se muere la cultura. Dejando de lado el maniqueísmo simplista de la argumentación, resulta irrisorio al sólo pensar en las más ricas expresiones artísticas generadas antes del medioevo o en buena parte de los artistas pop de la segunda mitad del siglo XX, quienes tuvieron una serie de otras motivaciones distintas al dinero para generar obras de inmenso valor estético. Resulta incrédulo además, pensar en el siglo XXI que sólo tenemos que entregar valor a una cultura oficial, o una generación de cultura creada por un grupo de privilegiados. Mientras nuestros artistas de salón pretenden convencer a nuestros representantes políticos de esto, cada día que pasa hay más niños generando obras artísticas y compartiéndolas a través de internet.

Pero a pesar de lo que muchos entusiastas de las nuevas tecnologías quieran creer, los cambios normativos no se harán sólo a través de buena voluntad y fotografías en Flickr. Para que no nos veamos atrapados por una legislación del pasado ni tampoco por unos lobbystas del derecho de autor del presente hay que tomarse en serio los derechos de autor. Y tomárselos en serio significa, entre otras cosas, luchar por lo que creemos que es justo y por nuestros derechos en el entorno digital.

El anterior es un artículo escrito por mi en Cadaunadas, el blog de Enzo Abbagliati, director de Biblioredes, en su primer aniversario.