Hoy los actores chilenos se encuentran en movilización por el incumplimiento de la ley 20.243 por parte de los canales de TV. Me parece muy bien.

Ahora, yo me pregunto, ¿De parte de quién estaban estos mismos actores cuando se discutía respecto de los derechos del público en internet? ¿Se acuerdan?.

Claudio Narea lo sabe. El ex-prisionero ha pasado por todo. Tener que guardar el orgullo en el bolsillo por los pesos de tocar en vivo de nuevo con la banda que lo hizo famoso, una fallida candidatura al Congreso Nacional, y dubitativos pasos por la literatura son testigos de los empellones de la vida de una estrella pasada. Como sea.

Hoy parece estar embarcado en un nuevo proyecto con Miguel Tapia, y anuncia en LUN que en sus presentaciones en vivo también tocarán canciones de Los Prisioneros. Luego de indicar Miguel Tapia que le parece bien que Jorge González presente “La voz de los 80″ y que ellos también tocan los temas que les pertenecen (el destacado es mío), Narea indica que «Esas canciones no son de Jorge [González], son de todo el mundo».

Yo no tengo claro cuál es el alcance de la frase de Narea. Pero parece interesante que, mientras defiende a veces con más énfasis que el requerido ciertas posiciones proteccionistas y conservadoras en materia de derechos de autor, cuando se trata de usar las creaciones de González resulta que la cosa es milagrosamente de todo el mundo. Al final, somos todos comunistas hasta que nos tocan el bolsillo.

(Fotografía Justin Davis, CC:BY-SA)

Hace algunos días Jammie Thomas-Rasse fue condenada a pagar más de un millón y medio de dólares a la industria discográfica norteamericana por la descarga de 24 canciones desde su hogar. La misma industria que no tiene escrúpulos en inventar productos que insiste en denominar artistas y la misma que se esmera en entregar pretenciosos premios con nombres de piedras preciosas a cantantes que aun no venden ni una sola copia en las disquerías.

Esta semana recién pasada Gregg Gillis ha publicado su quinto disco. La totalidad de sus canciones son tan originales como ilegales. Según Wikipedia, en nota editada solo horas después de la publicación online, Gillis -también conocido como Girl Talk- se sirvió de 372 piezas de canciones para construir All Day, sin contar con la autorización de sus titulares de derechos de autor. Sin ir más lejos, el sello que lo publica se llama, casi como si fuera un arriesgado guiño a una industria que ha hecho de los tribunales de justicia la mesa a patear, Illegal Art. Todo comienza con uno de los riffs más famosos de la historia del rock y la quebradiza voz de Ozzy Osburne en War Pigs repentinamente comparte pista con las rimas de 2Pac y Jay-Z. Siguiendo el cálculo de los abogados de la industria discográfica -según algunos los únicos que se benefician en esta guerra del copyright- Gregg Gillis debería haber depositado en las cuentas de la industria musical más de 23 millones de dólares para hacer un disco que respetara los dictámenes de la regulación del derecho de autor. De ese derecho que al parecer tiene poco de protección a autores y mucho de defensa de la industria y sus abogados.

Varios se han preguntado por qué Gillis no ha sido llevado a alguna corte norteamericana a confesar sus delitos flagrantes. Una de las explicaciones es que Girl Talk hace rato que dejó de ser un artista inofensivo y under. Ha tenido aparición estelar en varias películas que se refieren a la reflexión crítica sobre el derecho de autor, profesores universitarios y legisladores hablan de él y en definitiva se ha convertido sin quererlo en un caso ejemplar de esta cultura del remix y el mashup. Demandarlo, sostienen algunos, implicaría encender las sirenas para grupos de defensores del fair use sirviendo como un ejemplo paradigmático de por qué tenemos que cambiar la ley. No sólo probablemente sería defendido por los abogados más prestigiosos de Estados Unidos (fundamentalmente EFF y el Berkman Center de Harvard), sino que de pasada sería un cuestionamiento radical a las prácticas de la industria. En Chile, la SCD debe estar tranquila porque, cosa curiosa, el artículo 71B de la ley de propiedad intelectual podría autorizar al uso que hace Girl Talk sin necesidad de pago alguno.

Los gurús 2.0 -casi siempre más preocupados de inventar conceptos que parezcan nuevos que del rigor- dicen que estamos en una etapa extraña en la historia, superando el llamado paréntesis de Gutenberg. La idea, en resumen, sostiene que la masificación de la tecnología implica una vuelta al principio, un rompimiento con las lógicas de la era moderna en lo que se refiere a la producción cultural. Estaríamos ante una vuelta de la producción propia, de lo artesanal, la fragmentariedad y, sorpresa, el remix. En esta vuelta a las raíces, Girl Talk viene a ser el perfecto negativo, el doppelgänger, del artista del renacimiento europeo. El creador renacentista, ese ermitaño malgenio y vividor que soñaba con la aparición del ‘genio’ que le ilustrara el camino de la creatividad, es hoy un ingeniero químico que debe plastificar su computador para evitar algún percance derivado del sudor o de la cerveza desperdiciada por los aires al calor de su energético show en vivo.

Pero tratamos con las leyes que querían proteger al idealizado artista clásico al artista del futuro que hace de la mezcla insolente una construcción cultural valiosa, creativa y, paradójicamente, original. Desde la óptica del derecho de autor tradicional, Girl Talk está más cerca de ser un suicida que el cada día menos rockero -y más delirante y menos creativo- Claudio Narea, agresivo paladín de los intérpretes criollos. Girl Talk no sólo hace un ejercicio obsceno y provocador de rescate y remezcla cultural sino también pone en jaque las concepciones clásicas de autoría y obra original. Sin querer queriendo, y con cinco discos que parecen una extraña pero valiente inmolación, también nos muestra las fronteras del derecho de autor del futuro.

(artículo publicado en Super45.net)

imagen: Reproducción de La Zamacueca, pintura de Manuel Antonio Caro. En dominio público.

Otra vez Carlos Peña tiene razón. Parte relevante del argumento a favor del polémico proyecto de ley que se encuentra en el Congreso y que pretende obligar a las radios a programar a lo menos un 20% de música nacional, es profundamente conservadora y naturalista. Conservadora porque supone un valor especial a aquellas obras musicales que tienen la característica de ser chilenas; naturalista, porque pareciera que esas características de lo chileno estuvieran allí, delante de nuestros ojos, existieran independiente de nuestras reflexiones.

Además supone que lo que le faltara a los músicos en Chile es más difusión a través de las radios y no mejores condiciones en sus contratos discográficos, mejores lugares donde tocar y mayor difusión de sus obras. Dos ejemplos. Al día de hoy, el disco Boo-Boo del músico electrónico Francisco Pinto (Pueblo Nuevo, 2008) ha sido descargado más de 80.000 veces. ¿Cuántas veces necesitó Pinto ser tocado en las radios para dejar en ridículo el «disco de oro digital» que recibió Los Bunkers* por sus 8.000 descargas? Hoy, buena parte de la historia musical de mitad de siglo XX en Chile se encuentra sin editar, música cuyos derechos están, en muchos casos, en manos de oscuros productores gracias a contratos que hoy nos harían sonrojar. ¿Y si quizás el problema no es la distribución radial sino el acceso a esas obras?

El proyecto supone, en añadido, que va a significar un empuje a la música nacional, cuando sabemos que ni aunque obligaran por ley a usar un 80% de música nacional tocarían una canción de Congelador en FM Hit o una de Pueblo Nuevo en Radio Carolina. No nos pisemos la capa entre superhéroes. Una ley como esta acrecentará la diferencia entre los que ganan más y los que ganan menos dentro de la precaria industria musical chilena. Más dinero para Alberto Plaza, el mismo para Lluvia Ácida.

Que no se me malinterprete. Cuando se trata de resolver deficiencias del mercado, como ciertamente existe en el caso de la difusión de música chilena en las radios, las cuotas no son a priori una mala idea. No es un misterio que las plantas gerenciales de nuestro concentrado mercado radial no se caracterizan por su empuje hacia la programación de música nacional (sea lo que sea que eso signifique). La pregunta que nadie se ha hecho, además de aquella a la que da respuesta Carlos Peña, es si es cierto que la deuda más urgente que tengamos en Chile para con nuestros músicos sea su distribución radial.

¿No será quizás un buen momento para dejar de pensar sólo en formas de recaudación -la evidente preocupación de la SCD- y darle una mirada también al acceso?

*Gracias Germán por la corrección.

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Neutralidad significa que los prestadores de servicios de internet no pueden discriminar entre distintos tipos de contenidos y aplicaciones en línea. Garantiza las mismas reglas del juego para todos los sitios web y tecnologías web.

Con esas palabras, la ONG norteamericana Freepress define lo que entiende por neutralidad de la red, ese controvertido concepto que ha concentrado la atención de la web durante los últimos días. Google, hasta ahora férreo defensor de la idea de neutralidad, ha anunciado una confusa propuesta con Verizon (uno de los más importantes ISP norteamericanos), lo que ha provocado una masiva reacción del público como también de expertos respecto del tema de moda.

Mientras en Estados Unidos rasgan vestiduras, el lector desprevenido pensará que para qué nos preocupamos tanto si acá tenemos una flamante ley de neutralidad de la red. Quizás debiéramos llevarle a los políticos y activistas norteamericanos esta solución con sabor a empanadas y vino tinto que dejó contentos a moros y cristianos. A activistas, al gobierno y a prestadores de servicio. Pero no.

Si en un ejercicio hipotético lleváramos nuestra ley como propuesta a la gente de Save the Internet, seguramente nos preguntarían de qué tipo de neutralidad estamos hablando. Porque claro, una de las dificultades que tiene el tema tiene que ver con el aspecto conceptual. ¿Queremos una ley contra el traffic shapping, una ley contra el bloqueo de puertos, una ley que mejore la velocidad y la latencia de nuestras conexiones? ¿O una ley que obligue a la neutralidad?

Dejando de lado por el momento que de alguna manera se requiere cierto tipo de intervención para que la internet funcione, una ley de neutralidad en rigor debiera apuntar a establecer restricciones precisas sobre lo que el ISP puede y no puede hacer con los paquetes que transporta de un lado a otro. Y eso no pasa en la ley chilena. En Derechos Digitales publicamos un pequeño informe sobre el punto donde se tratan varios de estos aspectos con más detención. Yo quisiera detenerme sólo en dos de ellos. Dice la ley,

Art. 24 H.- (…) [Los ISP] No podrán arbitrariamente bloquear, interferir, discriminar, entorpecer ni restringir el derecho de cualquier usuario de Internet para utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio legal a través de Internet, así como cualquier otro tipo de actividad o uso legal realizado a través de la red.

1.- Impide que los ISP «arbitrariamente» restrinjan la red. Este eufemismo quiere decir que si el ISP da razones que justifiquen sus medidas de bloqueo o discriminación, entonces está autorizado por la ley. La jurisprudencia chilena es clara respecto de lo que «arbitrariamente» quiere decir respecto del recurso de protección, sosteniendo que algo es arbitrario cuando responde al «mero capricho». Luego, si no responde al mero capricho sino que a cierta justificación (mejor uso de la red, por seguridad, o lo que sea), el ISP está autorizado a bloquear.

2.- Se refiere a actividades, servicios o aplicaciones «legales». Este es un punto que ha provocado importantes reacciones en la discusión norteamericana. Hasta campañas han hecho para evitar una restricción como esta. En Chile, sorpresivamente a todos parece venirle bien. La ley se preocupa de no definir lo que considera actividades «legales» en el contexto de la ley de neutralidad, lo que le deja la mesa servida a que la SCD y/o la IFPI lleguen a acuerdos con los ISP para bloquear puertos y tecnología que eventualmente permita bloquear estos usos considerados «ilegales».  Si usted creía que esta ley le iba a permitir exigir a su ISP que le deje de bloquear sus puertos destinados a bajar películas por Bittorrent, piénselo de nuevo.

Sólo estos dos puntos, además de otras observaciones que puede hacérsele al contenido del proyecto, son lo suficientemente problemáticos como para ser una solución adecuada al problema de la neutralidad de la red en nuestro país. Es más, si una mira el análisis que hizo EFF de la propuesta Google-Verizon, veremos que dos de sus observaciones tienen que ver exactamente con lo mismo que tendremos en nuestra ley de neutralidad, que denominan «Reasonable Network management» y «“Lawful” Content and Wireless Exclusions».

Yo sí creo que es posible tener una regulación en Chile aun cuando en Estados Unidos no se haya resuelto legislativamente. Pero esa regulación debiera ser en serio y no sólo un saludo a la bandera que, finalmente, implica una normativa llena de vacíos y que parece estar más preocupada de entregar mejor información de los planes de banda ancha (algo importante, pero que poco tiene que ver con la idea global de neutralidad de la red) que de entregar garantías eficaces de no intervención.

Hace ya casi tres años les listaba una serie de actividades que, a pesar de lo obvias y comunes, eran consideradas ilegales por nuestra ley de propiedad intelectual (LPI). Así bibliotecarios, profesores, estudiantes e incluso algunos autores, gracias a inexplicables vericuetos legislativos, en lugar de ser protegidos son considerados piratas por una ley que tiene su origen en el año 1970.

Pero, a pesar de lo que pudiera pensarse, los absurdos de esta ley no sólo se explican por ser un vetusto cuerpo normativo. Hasta hoy, sus sucesivas reformas se han realizado con el sólo fin de aumentar la protección que gozan titulares de derechos de autor en detrimento del interés del público, de todos nosotros. Ninguna de estas reformas, de estos cambios cosméticos, ha pretendido agregar siquiera una excepción adicional que beneficie a quienes, sin ser creadores, son sin duda alguna actores claves en el desarrollo cultural del país.

Hasta Mayo de 2007. La última reforma, promovida por la presidenta Bachelet, pretendía -entre otras cosas, claro- equilibrar los intereses en juego, agregando excepciones y limitaciones hasta el momento inexistentes. Prácticas de nuestras bibliotecas, de nuestros profesores o prácticas comunes dejarían de ser consideradas ilícitas y pasarían a tener la venia de la ley. Pero no todo el mundo estuvo de acuerdo. Fundamentalmente debido a la fuerte presión de grupos vinculados a la gestión colectiva y al cobro de derechos (como la SCD o la IFPI) el gobierno pasó de ser un defensor del equilibrio a comprometerse a la eliminación de excepciones que beneficiaban a bibliotecas y a la eliminación de la, hasta hoy célebre, excepción de usos justos. Campañas tanto en internet como en el ‘mundo real’ lucharon contra esta fuerte presión, con resultados francamente notables si uno ve la tendencia legislativa de otros países que, como si de una fusta invisible se tratara, siguen el ritmo de la sobre protección de derechos a costa de los derechos de los ciudadanos.

En los próximos días, finalmente, tendremos una nueva ley, que actualiza el régimen de sanciones, establece un sistema de limitación de responsabilidad de los ISP y que contempla un nuevo sistema de excepciones y limitaciones, casos en los que, sin mediar pago ni complejos sistemas de autorización, se encuentran ahora autorizados por la ley. En resumen, podríamos decir que son:

a) Excepciones para bibliotecas, permitiendo la reproducción, en ciertos, de obras no disponibles en el mercado; la reproducción electrónica de obras protegidas y la traducción con fines de investigación. Hoy, la palabra biblioteca no aparece ni una sola vez en la ley.

b) Excepciones para discapacitados, permitiendo la copia, adaptación, distribución de obras para discapacitados visuales, auditivos u otros. Hoy, las bibliotecas para ciegos son ilegales.

c) Excepciones que permiten usos personales, como la traducción de obras, copia de software y las actividades sobre dicha copia con el de investigación, corregir su funcionamiento o la seguridad de computadores o redes, además de la ingeniería inversa.

d) Otras excepciones, que permiten la sátira o parodia, el uso ‘incidental y excepcional’ de obras con el propósito de crítica, comentario, caricatura, enseñanza, interés académico o investigación (“usos justos”). Asimismo, se autoriza la inclusión de fragmentos de una obra protegida en una nueva a título de cita o con fines de crítica, ilustración, enseñanza e investigación. Mashups, anyone? ;-)

Por supuesto que hay muchas cosas que faltan. Esta reforma sólo nos hace salir del vergonzoso lugar en que nos encontramos comparativamente en el concierto internacional. Se extraña, sin ir más lejos, un tratamiento más ordenado y un compromiso público para con la protección y difusión de aquellas obras pertenecientes al dominio público. También se extraña una norma explícita que se haga cargo de los graves problemas derivados de las denominadas obras huérfanas, aquellas obras que si bien se encuentran bajo protección, resulta materialmente imposible determinar quienes son sus titulares de derechos para así obtener los permisos que se requieran. Y evidentemente se extrañan más excepciones pero esta vez vinculadas con los usos de los usuarios en el marco de las nuevas tecnologías.

A pesar de lo que algunos sostienen, esta reforma es la más importante que se le haya hecho a la ley de 1970. Aunque insuficiente, después de casi tres años tenemos una ley que finalmente logra un precario equilibrio, un primer paso, para tener una ley que ya no nos avergüence, sino que permita generar mejores condiciones de acceso en un mundo globalizado.

Columna escrita para Fayerwayer

En el lejano mayo de 2007 -cuando éramos pocos, nadie parecía muy interesado en el tema y publicaba las desaparecidas 5 del lunes ;)- hice una promesa que he cumplido a medias. Dije que iba a examinar el proyecto de ley de propiedad intelectual en tres partes, el nuevo sistema de penas, en la limitación de responsabilidad de los ISP y, finalmente, las nuevas excepciones y limitaciones al derecho de autor que favorecían al público. Pero mucha agua pasó bajo el puente.

Para el lector asiduo de este blog estos son temas más o menos conocidos. Sabemos que durante estos casi tres años tuvimos muchas dificultades, el gobierno llegó a acuerdos con la SCD, hicimos campañas, nos hicieron anticampañas y hubo situaciones inaceptables e hirientes. Hace un par de días, acompañado paradójicamente por la Cámara del Libro -uno de los grupos más opositores al cambio legislativo- el presidente Piñera promulgó finalmente la reforma, la que tiene una serie de puntos que cambiarán la forma en la que se entendía el derecho de autor en Chile.

Les podría enumerar las novedades del proyecto -de hecho estamos preparando una pequeña sorpresa en la ONG Derechos Digitales-, pero prefiero detenerme en otra cosa. Hace tres y más años, cuando se pensaba en propiedad intelectual sólo se pensaba en los intereses de los cantantes y artistas que aparecían en la televisión. Si yo pudiera destacar elementos de todo este proceso, destacaría dos.

1.- Cito: “La propiedad intelectual ha dejado de ser un asunto exclusivo de autores, inventores y abogados, y ha pasado a ser un tema cotidiano de nuestra sociedad”. ¿Han leido algo parecido antes? ;)
Esto lo dijo el presidente de la República, el 23 de Abril de 2010, palabras impensables hace poco tiempo.

2.- El momento del click. Fernando Ubiergo exponía en Antofagasta respecto del proyecto de ley con una versión no original de su Microsoft Office y el rápido lente de El Nortero capturó el momento.

Lo importante de esto no es necesariamente lo que desencadenó después -la renuncia de Ubiergo primero y de Santiago Schuster después- sino es el proceso que motivó que ese reportero ciudadano sacara su celular y tomara esa fotografía. Algo pasó durante este tiempo. Lo que pasó es lo que destaca el discurso del presidente Piñera, logramos entre todos. Con cada fotografía, con cada correo electrónico enviado, con cada video. Con cada conversación en la mesa del domingo.

Eso me tiene muy contento y es por lo que tenemos, por ahora y sin tener una ley perfecta, que celebrar. Salud.

Señor Director,

Don Juan Pablo Silva se hace eco de “recientes noticias llegadas desde España” señalando que las grandes distribuidoras de DVD norteamericanas estarían pensando en retirarse del mercado español debido al ingobernable pirateo de películas en la península. Además sostiene preocupación por las pérdidas que tendría la industria del software por este mismo concepto, agregando números que, de ser ciertos, serían seguramente alarmantes.

El debate sobre el mal denominado “pirateo” es complejo y lleno de matices, por lo que es necesario evitar generalizaciones que enturbien el debate. En este caso, sin ir más lejos, el señor Silva utiliza una noticia publicada en el blog de un periódico, reproducida en España, y desmentida categóricamente hace varios días atrás por la fuente. Además, las cifras que hace mención distan de ser verdades irrebatibles, toda vez que aun suponiendo que el porcentaje de copias ilícitas que se indican en la carta sea cierto, no hay prueba ni estudio alguno que sostenga que una copia de software obtenida irregularmente sea equivalente a una venta menos del original.

En lo que sí tiene razón el abogado Silva es en el problema que supone que las empresas utilicen software sin sus respectivas licencias, obteniendo de esta forma ventajas competitivas en el mercado. Quizás sea el momento para que nuestras empresas, en lugar de utilizar masivamente copias ilícitas de software -como pareciera ser el caso según el señor Silva- hagan apuestas innovadoras en el uso de programas de computación, utilizando alternativas como las que entrega el software libre o abierto que incluso en ambientes corporativos han resultado, además de perfectamente competitivos, eventualmente más baratos que las alternativas propietarias existentes en el mercado.

Esta semana se anunció con bombos y platillos la visita a Chile del cantante Robin Gibb, integrante de la banda británica Bee Gees, quien hoy se desempeña como presidente de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (Cisac), la multinacional que agrupa a las entidades de gestión colectiva alrededor del mundo.

Según la nota de prensa publicada, Gibb vendría a Chile a ser homenajeado (?) por la USACH, la que le daría un doctorado honoris causa (?), además de -en palabras de doña Tatiana Urrutia directiva de la SCD- “reposicionar a la Unión Nacional de Artistas (UNA) como la organización que representa a todos los creadores en Chile, reunidos en diversas organizaciones“.

Ya. Interesante que tengan que traer a un artista de extraños y dudosos éxitos a explicar lo que los líderes de la autodenominada “UNA” intentaron hacer hace un tiempo con tristes resultados. Me llama la atención cómo algunos necesitan tener verdades reveladas por un artista que, por lo demás, está lejos de la realidad de la gran mayoría de los creadores culturales de nuestros países.

Es que a menos que el señor Gibb comparta el secreto de su éxito -digámoslo, más vinculado a la tantas veces esquiva suerte y al decidido apoyo de la industria discográfica de los setenta que a otra cosa- resulta a lo menos paradójico que comparta el valor de la asociatividad de un sistema de distribución de regalías por derecho de autor que dista de ser equitativo y que beneficia fundamentalmente a los Gibbs de este mundo y no a la gran mayoría de artistas y creadores de ignotos y lejanos lugares como Chile.

Bueno, la noticia -si es que lo fue en algún momento- es que el señor Gibb canceló finalmente su visita, dejándonos sin la oportunidad de compartir su sabiduría y, de pasada, construyendo una noticia desde el humo. De la intención de venir. Si es que, en realidad, alguna vez la tuvo, claro.

Fotografía de Paul Easton CC:BY-NC-ND

En estos días ha aparecido en prensa la existencia de un proyecto de ley que pretendería establecer censura en internet, cortar la conexión a internet y dejaría a los prestadores de internet (ISP) como policías para perseguir infracciones a la ley de propiedad intelectual.

Dos noticias. La primera es que existe un proyecto de ley, pero de propiedad intelectual. La segunda es que el proyecto no contempla ninguna de esas tres cosas. No existe, en definitiva, ningún proyecto de censura en Internet.

El proyecto de ley, por el contrario, es el primer esfuerzo serio de tener un sistema de derechos de autor equilibrado y justo, con excepciones y limitaciones para bibliotecas, establecimientos educacionales y público en general. Un proyecto que adapte de una buena vez la ley que data de 1970 y que, a estas alturas, es insuficiente para la realidad del siglo veintiuno.

En el contexto de la ley ha habido dos grandes debates. El primero, respecto del establecimiento de una excepción que garantice usos justos, al que en un principio se opuso fuertemente la SCD y los sellos discográficos. El segundo, el sistema de notificación y bajada del sistema de limitación de responsabilidad de los ISP. Resabio del TLC con Estados Unidos de 2003, Chile está obligado a regular un régimen especial de limitación de la responsabilidad de los ISP por los eventuales ilícitos que se realicen a través de sus redes. La SCD junto con los sellos discográficos hicieron fuerte lobby a favor de un sistema de notificación privada para que el ISP se viera obligado a bajar contenidos eventualmente infractores. Por medio de una mera carta certificada, proponían, el ISP debía bajar esos contenidos o de lo contrario sería él el responsable de dichas infracciones.

Como ese tipo de notificación adolece de problemas constitucionales, finalmente lo que el Senado adoptó fue un sistema mediante el cual cualquier bajada de contenidos debe suponer previamente una resolución judicial. Es decir, no cualquier notificación ni carta certificada, sino el estudio previo por parte de un juez que garantice la idoneidad de la medida restrictiva de derechos.

Pero se les coló el artículo 85 T, que en una redacción confusa señala que:

Artículo 85 T. (…) El prestador de servicio que voluntariamente o ante un requerimiento, de buena fe, retira, inhabilita o bloquea el acceso a material, basándose en una infracción aparente o presunta, estará exento de responsabilidad ante cualquier reclamo por esas acciones en la medida que, tratándose de material alojado en sus sistema o red, notifique sin demora al proveedor del material, que se ha retirado, inhabilitado o bloqueado el acceso a éste. Si el proveedor del material realiza una comunicación informando su sometimiento a la jurisdicción del tribunal competente de su domicilio en un proceso por supuesta infracción, el prestador de servicio deberá reestablecer el material en línea, a menos que en el intertanto el requirente haya presentado una medida prejudicial o una demanda ante el tribunal competente que ordene o ratifique el retiro, inhabilitación o bloqueo de acceso al material.

El artículo, según mi opinión, adolece de una serie de defectos y, por lo demás, no guarda relación con la lógica de notificación judicial para cualquier bajada de contenido. Efectivamente puede suponer una puerta para abusos de los ISP. Pero de ahí a sostener que se está autorizando al ISP para bajar contenidos y cortar conexiones, hay un buen trecho. Ni siquiera este artículo, de deficiente técnica legislativa, supone la censura en la red, como algunos han señalado.

Por otro lado, el proyecto de ley tiene muchas deficiencias, como la inexistencia de sistema público de protección del patrimonio cultural común, o resolver el problema de las obras huérfanas, por sólo dar dos. Pero pretender echar por tierra un proyecto de ley que por primera vez en la historia de Chile va a equilibrar los intereses del público estableciendo excepciones claras para el público es absurda y, como bien dice Carlos, sería el gran triunfo de quienes quieren un sistema extremista de propiedad intelectual sin excepciones.

Por otro lado, las campañas que han aparecido en internet, lejos de alentar un sistema adecuado o justo de propiedad intelectual al parecer no hacen sino poner obstáculos a la compresión de los derechos de autor no sólo como protección de propiedad, sino también como garantías de acceso al conocimiento y la cultura. Saturar las casillas de correo de los diputados con mensajes equívocos y otros derechamente equivocados respecto del proyecto, lo único que hacen es darle razones a quienes quieren seguir discutiendo esto entre cuatro paredes, de espaldas a la gente. Un activismo digital de verdad, es un activismo que se haga responsable y con la verdad, no con supuestos ni con intuiciones. Y eso veo que hace mucha falta en estos días.

Foto: St3f4n, CC:BY-NC-SA