Hace un par de semanas, la sociedad de gestión de derechos colectivos española (SGAE) anunció la creación de la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, la cual pretende representar dos intereses, en principio disímiles, en pos de lograr una adecuada protección de los derechos de los autores frente al florecimiento de la piratería favorecida por la masificación tecnológica. La creación de este tipo de organizaciones, bajo el alero de las sociedades de gestión no es un caso aislado, y se han creado grupos similares en otros países, como Chile, sin ir más lejos.

Lo anterior da muestra de una extraña relación entre dos de los grupos de interés involucrados en la regulación de los derechos de autor. Pareciera ser que, al contrario de lo que uno podría suponer, los intereses de los miles de artistas y creadores se identifican con los intereses de las transnacionales discográficas de la música y del software; que Adobe y Microsoft levantan las mismas banderas que nuestros artistas plásticos y poetas. Pareciera que súbitamente somos testigos de un milagro, de un momento mágico, donde quienes han negociado condiciones nefastas para los artistas durante décadas se transforman en el brazo derecho de la creación de cultura.

La regulación actual de los derechos de autor, a niveles internacional, regional y local, responde a una importante y triste tendencia, que pretende acrecentar progresiva y violentamente unos derechos que fueron pensados para proteger al autor en los tiempos del mundo analógico en detrimento de los derechos de acceso. Es que los derechos de autor no son sino monopolios de explotación exclusiva por un lapso de tiempo. Como sociedad creemos que la creación intelectual es algo importante para nuestra cultura, y por ello inventamos estos derechos, para que nuestros autores puedan explotar comercialmente sus obras intelectuales por un tiempo determinado. Pero esta garantía ha sido entregada a los autores en el entendido que sus obras intelectuales circulen a través del público. Si el autor mantiene sus obras escondidas en un cajón con siete llaves, no tendría sentido alguno que lo beneficiemos con este monopolio de explotación exclusiva.

Lo cierto es que esta tendencia mundial hacia la sobreprotección de los derechos de autor ha llevado a la creación de titulares sui generis de cierto tipo de derechos y a la amputación de las excepciones y limitaciones a los derechos de autor, que pretenden equilibrar el interés de los autores con el interés del público, de todos nosotros. Esto explica que, si analizamos las normativas de la región, veremos un número críticamente insuficiente de excepciones, que supone que muchas de las actividades que diariamente realizamos en Internet se tornan ilegales. Que en ciertos países el acto de transformar las canciones de un disco compacto a un archivo digital o la digitalización de libros con fines de recuperación patrimonial que hacen bibliotecas sean actos de piratería.

Esta regulación la verdad es que dista de proteger a los autores. Una regulación desequilibrada, que no responda a las necesidades de la sociedad de la información, además de perjudicar al público termina perjudicando a nuevas formas de creatividad que se ven facilitadas por la tecnología. Cada día que pasa se avanza en la superación de la denominada brecha digital, que permite además de otorgar acceso a miles de personas que de otra forma no tendrían cómo acceder al contenido que se ofrece en la red, la creación de obras intelectuales a un costo infinitamente menor de lo que sucedía en el mundo analógico; hoy no es necesario tener un piano de cola para poder escribir obras musicales y cada vez es posible acceder a cámaras fotográficas a más bajo precio, las que permiten generar fotografías y por tanto crear obras intelectuales. Pero mientras la tecnología apunta hacia la apertura, esta regulación desequilibrada apunta hacia el control.

Artistas como Warhol o Duchamp, que cambiaron la forma de entender las artes plásticas en el siglo XX lo hicieron lejanos a las rígidas formas que impone la creación cultural de este derecho de autor desequilibrado. Así, hoy artistas que hacen mashups, collages o artes integradas a través de tecnología son denominados también piratas por una regulación que está lejos de querer proteger la creatividad, sino que pretende proteger una determinada industria cultural bajo el nombre de los artistas.

En este contexto, son las entidades de gestión colectiva en conjunto con la industria multinacional de la cultura y el software las que llevan adelante un discurso anticuado y punitivo respecto de cómo debiera ser el derecho de autor del futuro. Mientras el mundo ve oportunidades y acceso, ellos parecen ver piratería, destrucción y ciertamente menos dinero para sus arcas. Probablemente azuzados por los mismos, es común ver connotados creadores rasgar vestiduras por una nueva regulación que -según ellos- destruirá la cultura y a los artistas, exigiendo con histeria más protección de sus derechos, cueste lo que cueste, y abogando por subir al paredón a quienes pretenden un sistema más justo y razonable.

Pero la verdad de las cosas es que la necesidad de tener un derecho de autor equilibrado dista de ser una necesidad sólo del público. Debe ser una necesidad para el público, para los nuevos creadores y para los nuevos emprendimientos. Mientras la tecnología supone grandes oportunidades de desarrollo y avance de las ciencias y de la distribución de las ideas, algunos lo enfrentan poniendo obstáculos en el camino, parecen preferir avanzar con las anteojeras de un caballo de carreras, evitando observar el flujo de información, acceso y oportunidades que presenta la tecnología para el futuro de la innovación y de la creatividad.

Columna escrita originalmente para Terra Magazine.

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No voy a descubrir acá la relación directa que existe entre democracia y disidencia. Esta idea que explica que la democracia supone la existencia de grupos de disidentes, de descontentos, que ponen en duda y cuestionan continuamente esos sospechosos acuerdos generales entre quienes toman decisiones.

Y claro, la democracia moderna supone además, entre otras cosas, que los intereses públicos se vean legítimamente reflejados en esta toma de decisiones, sea a nivel parlamentario, sea a nivel de gobierno. De no ser así, de no cumplirse estos estándares formales y materiales simplemente no estaríamos frente a una democracia verdadera.

Todo esto a partir del hecho que marcó la semana en Chile. El martes pasado se desarrollaba la Jornada de Clausura de Diálogos Participativos por la Educación Pública que convocaba a estudiantes, profesores y autoridades frente a las eventuales reformas a la Ley General de Educación. Cuando la Ministra de Educación Mónica Jiménez estaba en plena exposición, fue interrumpida por estudiantes encarándola por defender la famosa ley. En el marco de esa batahola, María Música Sepúlveda, una escolar de 14 años se acercó a la Ministra y le vació un jarro lleno de agua a la autoridad.

Como usted se podrá imaginar, luego del bochornoso episodio todo el mundo opinó, desde la presidenta hasta la conferencia episcopal (?). Todos, por supuesto, estuvieron de acuerdo en repudiar el acto de la estudiante así como también la torpe reacción del colegio de profesores frente al asunto.

En uno de los mejores highlights de la jornada, el senador Eduardo Frei, apuntó seriamente que el hecho revelaba “la existencia de una escalada de violencia” y agregó sin arrugarse que

“Si seguimos por este otro camino vamos a la anarquía, vamos al caos, vamos a la violencia institucionalizada y lo más grave es que los profesores justifican esa violencia”

En el mismo tenor, el alcalde de la comuna donde estudia María pidió su expulsión del colegio como medida disciplinaria, la que fue respaldada por la Dirección de Educación. Como había cámaras de televisión, el siempre hiperventilado alcalde de La Florida Pablo Zalaquett no pudo evitar opinar y sostuvo que frente a la falta de arrepentimiento de la menor de edad, “lo mínimo que puede haber es la expulsión del colegio“.

Como decía al principio, tiendo a levantar las antenas y a sospechar cuando todo el mundo está de acuerdo. Es que la verdad de las cosas es que yo no le veo tanta gravedad al jarrazo de la María Música. Me parece mal. Pero más bochornoso es utilizar el hecho para reprimir discurso disidente de una serie de actores que durante años han tratado de ser escuchados en una reforma educativa como es el caso de estudiantes y profesores. E infinitamente más bochornoso me parece que la Ministra se mofe de los estudiantes después del episodio agradeciendo ser mojada con agua y no por el “guanaco“.

No estoy diciendo que el lanzar jarros de agua sea una forma correcta de expresarse en democracia. Lo que me sí parece inaceptable es que se demonice la reacción de una chica de catorce años que incluso ha terminado declarando ante los tribunales de familia por haber “atentado contra la autoridad”. Todo esto porque actores políticos sostienen sin un atisbo de duda que el problema es que la chica no se ha arrepentido y por tanto es necesario una “condena moral” e incluso algunos sostuvieron la necesidad de “sanciones formativas” (lo que sea que ello signifique).

Más inaceptable me parece que una Ministra de estado se luzca con la siguiente declaración que ha pasado aséptica por buena parte de la prensa nacional y que demuestra una concepción de la educación y de la democracia que no quiero compartir con mis hijos.

“Yo le preguntaría qué pasó antes de la violencia. ¿Qué pasó? ¿por qué anda en la calle desde los 11 años? ¿por qué ella se ha convertido en una activista desde los 11 años?. ¿Es eso lo que esperamos de un niño de 11 años, que ande reclamando como decían ellos, hoy por las ballenas, mañana por la Ley General, pasado mañana por la causa mapuche?”

Una sociedad realmente democrática cuida a sus hijos, no los envía a la policía ni los expulsa de los colegios cuando cometen faltas. Por lo demás, una sociedad sana se sentiría orgullosa con que sus hijos sean capaces de participar en política desde temprana edad. Cuando quienes están en el poder sugieren poner límites arbitrarios a la libertad de expresión, perdemos parte del corazón de la democracia y nos transformamos en una sociedad más pobre, abúlica y enfermiza. Las María Música de este mundo, a pesar de los excesos ciertamente evitables, nos sirven para testear qué tanto creen nuestros políticos y nuestra sociedad en una democracia deliberativa. Lamentablemente, esta vez en esto salimos reprobados.

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Foto por effigie en Flickr

Hace algunas semanas, por un error de algún tipo la página de la empresa de computadores DELL permitió la venta de computadores Inspiron 1525 a USD$150, siendo que su precio normal parte en los $279.001 pesos chilenos o USD$535.

Me di cuenta del asunto estando en Colombia revisando el correo electrónico, con muchas personas avisándome de la noticia y otros preguntándome qué hacer, cómo podían exigir que les llegue un computador pagando el 10% de lo que se suele pagar por un notebook nuevo.

Varios han salido comentando el asunto, hasta el propio Director del SERNAC quien afirmó que la empresa debe respetar el precio informado tal como lo señala la Ley del Consumidor.

Y eso es cierto. Pero está mal.

Es que la ley del Consumidor, así como el Código del Trabajo, pretende proteger los intereses de quienes están más desprotegidos en una relación. A los consumidores, en el primer caso; a los trabajadores en el caso de relaciones laborales. Es que la ley supone, con mucha razón en ciertos casos, que debe propender a proteger a quienes no tienen la mejor posición de negociación en una relación que en principio es privada, y como tal debiera proteger la autonomía de la voluntad de los involucrados. Así, por mucho que un trabajador pretenda trabajar más de 48 horas semanales, e incluso esté dispuesto a esclavizarse y a formar un contrato que así lo estipule, la legislación laboral se lo impedirá por razones que van desde derechos inalienables establecidos en la Constitución, hasta el entender que muchas de esas condiciones fueron acordadas en condiciones desfavorables para el más débil.

Apuesto a que muchos empleadores y empresas serían felices sin pagar las cotizaciones previsionales de los trabajadores y sin darles horarios de colación. Y todos estaríamos en contra y probablemente miraríamos con regaño y algo de desprecio a esos empleadores sin corazón ni ética. Y con razón.

Pero en Chile estamos acostumbrados a beneficiar al pillo, al vivaz, al oportunista. En Chile pareciera ser un valor el talento para funcionar al borde de lo permitido y beneficiarse del desorden ajeno. Así es como por ejemplo nos parece tolerable y hasta justificamos al niño que aprovecha la más mínima desatención de su amigo para quitarle parte del postre, y aplaudimos a las empresas que para evitar pagar impuesto a la renta crean sociedades de responsabilidad limitada filiales, a quienes envían regularmente sus excedentes.

Permitimos que los pillos se suban a las micros del Transantiago por las puertas traseras y seguimos leyendo el diario, o aprovechamos de cambiar la canción del MP3 asegurándonos de esquivar alguna perdida mirada escrupulosa que no esté de acuerdo silenciosamente con el actuar del héroe que es capaz de evitar pagar el mismo viaje por el que nosotros sí pagamos.

Y en el caso de DELL y sus computadores a 77 mil pesos es igual. Una ley que pretende y ha beneficiado a una serie de consumidores de todo el país de los abusos que regularmente realizan multitiendas, supermercados, tarjetas de crédito y bancos, esta vez pretende beneficiar no al consumidor sino al pillo.

Es que los derechos de quienes enhorabuena compraron los computadores no son derechos que deriven de su calidad de consumidores. Son ‘intereses’ que derivan de su calidad de oportunistas, en el buen sentido de la palabra. De su talento para haberse ubicado en el lugar preciso y haber seguido el conjunto de instrucciones y la seguidilla de clicks que permitía que el sistema de compras de DELL le entregara un regalo navideño a precio de huevo.

Y así como creo firmemente la necesidad de resguardar los intereses de los consumidores ante las compras en línea, también creo que es necesario tomarnos en serio la ley que sugiere protegernos para que no se transforme, como puede suceder, en un arma de doble filo. De doble filo porque mientras por un lado es posible conseguir un beneficio ante la torpe digitalización del precio por parte del programador de la página de DELL, por otro puede implicar efectos desastrosos.

No me sorprendería que de ser condenado DELL a entregar todos esos computadores a un precio irrisorio, una serie de empresas de tecnología y de las otras piensen muy bien antes de embarcarse en un negocio en internet. Claro, porque ante cada desatención del digitador de precios, va a haber una jauría de geeks esperando el descuido para atacar en grupo.

Y la verdad de las cosas es que la ley está hecha para proteger a los consumidores de las empresas que sin escrúpulos publicaban precios baratos en catálogos de día domingo para lugar publicar erratas en letra Arial 9 el día martes. Pero la ley, ni esta ni cualquiera, está para proteger el aprovechamiento, la frescura y al pillo que todos llevamos dentro.

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