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TwitterOtra vez SOPA
Majestuosa infografía de los amigos de Derecho a Leer remixeando a Quino que se me había olvidado enlazar.
La Estrategia Digital del silencio
A simple vista, la agenda pareciera estar siempre marcada por la urgencia que las tecnologías le imprimen al desarrollo o a la modernización del aparato público. Como si se tratara de un tren al que debemos subirnos de cualquier forma, los esfuerzos desde el ejecutivo suelen ser abordajes desesperados, con más anhelos que pericia, para alcanzar -en lo posible en el corto plazo- niveles de desarrollo acordes a nuestro crecimiento.
Luego de la pretenciosa promesa de revolución digital hecha por el entonces candidato presidencial Sebastián Piñera, parecía que por fin los esfuerzos realizados por los equipos técnicos durante la última década darían los frutos esperados. Contra todo pronóstico, y luego de un par de bochornos inexcusables, el ahora Presidente decidió desmembrar la Secretaría Ejecutiva de la Estrategia Digital dependiente del Ministerio de Economía para dar paso a un equipo de Modernización y Gobierno Electrónico dependiente del MINSEGPRES. Dicho equipo se encargó de diseñar un plan estratégico 2011-2014 que debiera guiar las políticas públicas en esta materia. Básicamente este plan consiste en un gobierno centrado en el ciudadano, proveer herramientas para mejorar la eficiencia, y un gobierno abierto.
Resulta interesante darle una mirada no solo a lo que dicen las líneas de acción sino también a lo que silencian. En lo concreto, este plan estratégico hace una apuesta por profundizar el rol del Estado como un prestador de servicios hacia los ciudadanos. Como si se tratara de la única forma de vincular al aparato público con la ciudadanía, los esfuerzos parecen concentrarse en aceitar los procesos y servicios que se ofrecen respecto de trámites e información a obtener por parte de instituciones del Estado. Una relación, siempre vertical, donde es la apertura (todo lo ‘open‘) el gancho para edulcorar una estrategia que francamente carece de una visión que haga suya la participación y el fomento de los derechos como eje de una táctica de futuro.
Probablemente el mayor silencio que tiene este plan tiene que ver precisamente con el ejercicio de derechos. Es cierto que han sido las prácticas y no la normativa quienes han transformado a internet en un escenario ideal para el desarrollo de los derechos fundamentales. Han sido los protocolos abiertos, la colaboración y el carácter neutro de la red los que han provocado cambios radicales en la manera en que nos relacionamos social y políticamente en el siglo veintiuno y permiten soñar en un futuro más igualitario, justo y participativo. Pero la legislación se ha transformado en un brazo armado para la protección de ciertos intereses privados. Ha sido la legislación la que ha comenzado a moldear la tecnología, adaptar internet, para la satisfacción de inquietudes diferentes. Así, hoy internet también parece ser un campo fértil para la coacción, la persecución política, restricciones abiertas al acceso al conocimiento, violaciones a la intimidad y la restricción de la libertad de expresión particularmente de los discursos críticos.
Una estrategia, un plan de acción digital, que piense en el interés público debiera tratar y no silenciar la forma en la que como sociedad queremos que nuestros ciudadanos ejerzan sus derechos en el entorno en línea. Los ciudadanos no son sólo clientes de los servicios que ofrece el Estado, sino que debieran ser el eje sobre el que se construya un plan de acción. Lamentablemente, la historia nos indica que el silencio suele ser también una estrategia.
SOPA es apoyada por la Business Software Alliance (BSA)
Ayer mismo vimos que el único que atacaba la SOPA era Google, de forma tosca y sin la fuerza que esta ley requiere… pero cuando leo que Apple y Microsoft forman parte de la avanzada de empresas de tecnología que apoyan esta ley no puedo salir de mi asombro e indignación que deberíamos hacerles sentir de alguna manera.
“La Business Software Alliance elogió hoy al presidente del Comité Judicial de la Cámara Lamar Smith (R-Texas) por la introducción de la “Stop Online Piracy Act” (HR 3261) para frenar la erupción de crecimiento de la piratería de software y otras formas de robo de propiedad intelectual que se cometen por sitios web ilegales.” via TNW
¿Quienes son la Software Business Alliance? Adobe; Apple; Autodesk; AVEVA; AVG; Bentley Systems; CA; Cadence Design Systems; CNC Software – Mastercam; Compuware; Corel; Dassault Systèmes SolidWorks Corporation; Dell; Intel; Intuit; Kaspersky; McAfee; Microsoft; Minitab; Progress Software; PTC; Quark; Quest; Rosetta Stone; Siemens PLM Software, Inc.; Sybase; Symantec; TechSmith y The MathWorks.
Mariano lo explica así, luego de escribir un muy buen resumen de la nefasta “Stop Online Piracy Act” (SOPA). Nosotros desde este rincón solo recordaremos que la BSA es la asociación que está detrás de las mentirosas cifras sobre piratería en nuestros países y de presionar también a nuestros gobiernos para tener leyes desequilibradas que solo pretenden mantener privilegios industriales en contra de la innovación.
Enlazar es bueno
La teoría legal ocupó muchos años en determinar el alcance del derecho de propiedad sobre la tierra. Durante décadas, particularmente en Estados Unidos, hubo mucha discusión respecto de si la propiedad de un terreno implicaba o no propiedad sobre lo que se posaba sobre él o sobre aquellas cosas preciosas que se pudiera eventualmente encontrar en el subsuelo. Lejos de ser una discusión inútil (de hecho hoy tenemos reglas precisas respecto de la caza de animales en terrenos de otros o de la propiedad de las minas que se encuentren bajo tierra), la determinación del límite de la propiedad fue desafiada por la creciente industria aeronáutica a principios del siglo pasado. Si la propiedad de los terrenos, como señalaba una de las tesis imperantes, implicaba control de todo lo que estuviera bajo y sobre tierra al infinito, nada obstaría a que las compañías de aviación tuvieran que conseguir permiso de cada uno de los terratenientes dueños de los terrenos donde sobrevaloran los aviones.
Suena una historia de laboratorio, pero fue algo que de hecho tuvo que decidir la Corte Suprema norteamericana en 1954, en un caso donde los campesinos Thomas Lee y Tinie Causby demandaron por la muerte de los pollos que criaban en su granja, provocado al parecer por los vuelos a baja altura de aviones militares. Naturalmente, argumentaban la “propiedad” que tendrían al ser dueños de la tierra, de todo aquello que se extienda indefinidamente hacia el cielo y, por tanto, control, respecto de lo que pasara por sobre sus sombreros. El juez Douglas, resumió en una frase la decisión final de la Corte diciendo que la idea -la vieja idea de la propiedad desde el subsuelo hasta el infinito- “repugnaba el sentido común”.
Pero en el siglo veintiuno algunos todavía pretenden esgrimir derechos parecidos a los que Lee y Causby pretendían sobre el espacio aéreo pero esta vez sobre terrenos intelectuales.
Internet es enlazar. Parte del valor que constituye a internet como un lugar abierto para la innovación, la creación y el conocimiento es el lenguaje HTML, que permite ir de un lugar a otro y contextualizar conocimiento a través de hiperenlaces. Ha permitido la generación y adaptación de diversos modelos de negocio y nuevos modelos de colaboración, gracias fundamentalmente a su naturaleza abierta. Enlazar es parte de un lenguaje que hemos hecho propio durante los últimos años, es parte de las prácticas que permiten no sólo apuntar a contenidos de otros sino también contextualizar y generar valor.
Pero como sabemos para algunos, fundamentalmente la industria de contenidos e instituciones de cobro de derechos, internet no es una tierra abierta a oportunidades e innovación sino algo parecido a un tenedor libre (su conexión a internet) donde piratas (usted) le roban (comparten) y por tanto lucran -qué buen momento parece ser hoy para profundizar sobre el lucro- sobre el contenido que les pertenece. Ante este escenario, que está provocando (según ellos) la muerte de la industria y la decadencia de la música y la cultura, es necesario que la ley (todos nosotros) proteja con fuerza (con cárcel en lo posible) estas industrias que ha hecho ganancias millonarias durante casi un siglo gracias a la comercialización de soportes y formatos (vinilos, cassettes, CDs) que almacenan contenido protegido por la ley. En resumen, que todos protejamos un modelo de negocio de unos pocos (muy pocos) que no han sabido adaptarse a la realidad del mundo digital y pretenden mantener, por ley, aquellos privilegios que ya no tienen sentido en la era de internet.
Como si no fuera suficiente la presión y el lobby en el Congreso, desde hace algunos meses han comenzado a enviar a bloggers y editores de contenido en internet cartas de cobro por el pago de una licencia de streaming que permitiría legalmente (según una torcida interpretación de la ley) hacer embebed de videos de Youtube. Cobrar por enlazar, en resumen, videos que usuarios y titulares publican en Youtube.
Establecer un cobro por enlazar es inaceptable porque equivalente a establecer un impuesto -administrado, además por privados- por ejercer la libertad de expresión en internet. El ejercicio de la libertad de expresión, y de cualquier derecho fundamental, no puede estar sujeto a las condiciones que establezcan arbitrariamente privados, menos si se trata de quienes precisamente son objeto del contenido, como es el caso de los titulares de derechos de autor que pretenden controlar lo que se dice respecto de sus obras estableciendo una tarifa.
La discusión respecto de si enlazar es bueno tiene que ver finalmente con el ejercicio de nuestros derechos en internet. Con ejercerlos, contextualizarlos y hacerlos propios. Tomar partido a favor de nuestros derechos y en contra de prácticas agresivas que pretenden limitar el alcance de la libertad de expresión en internet.
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Quizás es este un buen momento de explicar por qué enlazar es bueno, compartir tus ideas en twitter usando el hashtag #enlazaresbueno, y, si puedes, compartiendo alguno de estos banners y unirte al grupo en Facebook.
El derecho a protestar
La foto es de bdeboikot con licencia CC:BY-NC
Tradicionalmente la libertad de expresión suele ser asociada con el ejercicio de la libertad de prensa y de la libertad informativa. Pero si analizamos desde la óptica de los derechos fundamentales, pilar de la democracia, veremos que la expresión o manifestación de discursos suele tener caminos sinuosos incluso para la institucionalidad. Sin ir más lejos, hasta hace pocos años era difícil de pensar en el ejercicio de derechos a través de medios electrónicos y hoy la emergencia de las redes sociales ha sido muchas veces herramienta fundamental para canalizar desconteto y disenso político.
Una de las formas, quizás de las más radicales, en que se ejerce este derecho es a través de la protesta. Y resulta radical no solo por su método, sino fundamentalmente porque en la gran mayoría de los casos resulta ser la única salida para expresar posiciones políticas que el sistema democrático de otra manera le impide expresar. Mientras los grupos privilegiados gozan de variedad de instancias de participación e influencia en la toma de decisiones políticas a través de centros de estudios, Universidades, gremios y lobbies, la democracia promete a los grupos más desaventajados una participación temporal, difusa -y en Chile en muchos casos simbólica-, a través del voto.
Las demandas estudiantiles tienen mucho de esto último. La comunidad compuesta por profesores, estudiantes y funcionarios, poco tuvieron que decir durante los profundos cambios realizados en dictadura no solo respecto del proceso de municipalización de la enseñanza durante la década de los ochenta sino a propósito del proceso de liberalización de la educación superior. Hoy, víctimas de los resultados de dichas medidas, no tienen instancia de participación formal alguna para promover modificaciones a un sistema que careció de cualquier tipo de contrapeso deliberativo. Visto así, no resulta sino corolario de lo anterior que la forma en la que estas pretensiones se manifiesten en la esfera pública sea a través de marchas y protestas en el espacio público.
Las últimas declaraciones del Ministro del Interior, señalando que no autorizará la realización de nuevas marchas de estudiantes por la Alameda, nos recuerdan además nuestra vergonzosa tradición consistente en llenar de cortapisas y límites al ejercicio de la libertad de expresión basada en la defensa de derechos inexistentes (‘Última Tentación de Cristo’), el honor de autoridades públicas (‘Impunidad Diplomática’ y ‘El Libro Negro de la Justicia Chilena’) y, por cierto, la seguridad del Estado (caso de la documentalista Elena Varela). De alguna manera, pareciera ser que hemos construido una sociedad y un modelo de participación política donde son el temor y la represión nuestras formas de respuesta ante la disidencia y la participación política de grupos desaventajados. El derecho a la protesta no es sino una forma de manifestación del derecho a la libertad de expresión.
Por cierto los conflictos entre derechos constitucionales son parte de la vida en comunidad. Ante esta realidad es que resulta importante detenerse en la forma en la que iremos a resolver estos conflictos. Mientras en Chile hasta no hace mucho teníamos fallos e importantes constitucionalistas defendiendo la inquietante tesis de la jerarquización de los derechos basados en el orden establecido en el artículo 19 de la Constitución, la doctrina moderna sostiene la importancia del análisis de ponderación entre los intereses en juego de acuerdo al caso concreto. Así, no habrá decisiones canónicas y resueltas previamente, sino que, dependiendo de las circunstancias del caso, se fallará algunas veces a favor y otras en contra del derecho al honor en conflicto con la libertad de expresión.
El ejercicio del balance o ponderación de derechos como se ve es fundamental para evitar excesos discrecionales y afectación más allá de lo razonable de derechos fundamentales. Si bien, visto así, no hay derechos prima facie más importantes que otros, cuando se trata de la libertad de expresión se requiere tener muy buenas razones para resolver en su contra. Y esto por una razón muy sencilla, porque el ejercicio de la libertad de expresión de los ciudadanos está muy cerca del núcleo duro de lo que entendemos por democracia.
Por último, pero no por ello menos importante, la pertinencia o no del ejercicio de la protesta en cualquier caso va a estar determinado por lo que decidan las autoridades judiciales y en caso alguno por lo que determine la autoridad política. Resulta a lo menos grave que las autoridades públicas pretendan determinar la forma (“no vamos a prestar la Alameda“, señaló el alcalde de Santiago) y pertinencia (“los tiempos de marchas y protestas ya cumplieron su rol“, dijo el Presidente) de las manifestaciones políticas. El rol de las autoridades – importante, sin duda- debiera ser en primer lugar garantizar las condiciones para el ejercicio de estos derechos y tomar providencias necesarias para evitar actos delictuales asociados. Pero resulta cuestionable -incluso simbólicamente si se quiere- que no solo la autoridad pretenda determinar la manera de expresar descontento sino además se haga esgrimiendo normativa de tiempos de dictadura militar de dudosa constitucionalidad.
Si el ejercicio de la libertad de expresión resulta estar mediado o condicionado por una decisión de las autoridades públicas, a la libertad de expresión, en definitiva, se le vacía de todo su contenido.
(Columna publicada en Cooperativa)
¿De dónde viene el poder de la SGAE?
¿De dónde viene ese extaordinario poder del lobby SGAE? En parte, del control sobre artistas y creadores que son prestados a los partidos políticos para amenizar sus aburridos mítines electorales a ver si la gente se anima. Y para convencer a los jóvenes de la bondad de los partidos aprovechando su celebridad. Pero también se debe a la eficacia de un pequeño grupo de profesionales de la influencia política, muy bien organizado y con una estrategia diseñada para ocupar el espacio cultural del país con las ministras de Cultura como sus valedoras en el Gobierno.
Manuel Castells, tratando de explicarse el poder de la SGAE. Titula su columna Sin decencia y yo creo que aplica no solo para España.
Paro de Actores
Hoy los actores chilenos se encuentran en movilización por el incumplimiento de la ley 20.243 por parte de los canales de TV. Me parece muy bien.
Ahora, yo me pregunto, ¿De parte de quién estaban estos mismos actores cuando se discutía respecto de los derechos del público en internet? ¿Se acuerdan?.
Una elite que pierde el monopolio de la palabra y el control de la realidad
Amador Fernández-Savater dirige en España una editorial llamada Acuarela Libros, donde suele publicar libros que distribuye con licencia Creative Commons. Por alguna razón que desconoce fue invitado a una cena con gente del mundo de la cultura -que me imagino debe ser parecido a nuestra «familia del tenis»- a discutir la posición del sector respecto de las descargas en internet y las horrorosas propuestas legislativas a las que nos tiene acostumbrados la el reino de la península.
Amador publicó un artículo que ha sido, en un guiño que no deja de ser interesante, profusamente copypasteado a través de internet, donde cuenta sus impresiones respecto de la reunión. Les recomiendo leer el artículo completo, pero les comparto un párrafo que de manera escalofriante refleja lo que suele pasar con las elites del mundo cultural también en nuestro país.
Lo que hay aquí es una élite que está perdiendo el monopolio de la palabra y de la configuración de la realidad. Y sus discursos traducen una mezcla de disgusto y rabia hacia esos actores desconocidos que entran en escena y desbaratan lo que estaba atado y bien atado. Ay, qué cómodas eran las cosas cuando no había más que audiencias sometidas. Pero ahora los públicos se rebelan: hablan, escriben, se manifiestan, intervienen, abuchean, pitan, boicotean, silban. En la reunión se podía palpar el pánico: “nos están enfrentando con nuestro público, esto es muy grave”. Pero, ¿quién es ese “nos” que “nos enfrenta a nuestro público”? Misterio. ¿Seguro que el público no tiene ninguna razón verdadera para el cabreo? ¿No es esa una manera de seguir pensando al público como una masa de borregos teledirigida desde algún poder maléfico? ¿Y si el público percibe perfectamente el desprecio con el que se le concibe cuando se le trata como a un simple consumidor que sólo debe pagar y callar?
La cultura del todo gratis
La fundación Wikimedia acaba de recaudar 16 millones de dólares en su campaña de recaudación de fondos, dinero donado por más de medio millón de personas alrededor de más de 140 países. En promedio, cada uno donó 22 dólares a la fundación que maneja, entre otros, la ubicua y maravillosa Wikipedia.
Además de ser una gran noticia (no sólo por llegar a la meta sino también para dejar de ver la cara de perro apaleado de Wales), me ha hecho recordar los rabiosos argumentos por los paladines del derecho de autor en Chile sobre esa extraña cultura del todo gratis que esgrimen algunos y que pareciera ir en contra de la cultura y nuestros autores.
Esta cultura, que pareciera ser una campaña orquestada quién sabe en qué oficina de odiosa multinacional, estaría llevando a una crisis en nuestra industria cultural, que pareciera estar pereciendo cada minuto que pasa producto de estos malditos internautas que no pagan lo que debieran.
Tres ideas. (1) En Chile se editaron 70 nuevos discos chilenos el 2010, sólo dos de ellos por multinacionales: Los Bunkers (Universal) e Inti Illimani (Warner). (2) No se recuerda en Chile otro año con más conciertos en vivo que el 2010. (3) Si Wikimedia recauda 16 millones de dólares, quizás el problema no es que la gente no quiera pagar. El problema quizás está en que no les ofrecen algo por lo que valga la pena pagar, que es diferente.
La fotografía es de Mike Perez, CC:BY
Jesús como límite a la libertad de expresión
Fotograma de la película Life of Brian de Monty Python.
Además de ser democratacristiano y agnóstico, Genaro Arriagada lleva sobre sí la paradoja de ser miembro del Consejo Nacional de Televisión (CNTV) y haber sido uno de los líderes políticos de la transición a la democracia. Esta semana, nos enteramos que fue uno de los que votó a favor de la formulación de cargos (ojo, PDF que astutamente no se puede copypastear) al programa humorístico El Club de la Comedia de Chilevisión por una serie de sketchs en clave cómica donde se hace mofa de jesucristo.
En larga carta al director de El Mercurio, Arriagada hace sus descargos, explicando las razones de su votación, argumentando que los sketchs son de mal gusto y ofensivos para los valores religiosos de muchas personas, «valor superior en la jerarquía de valores». Además, que la formulación de cargos hecha por el CNTV no es censura, y que «la libertad de expresión no puede ser un medio para coartar la libertad religiosa».
En mi opinión, si hay algo contrario al «principio democrático» en toda esta historia son las facultades que tiene por ley el CNTV. Adicionalmente, creo que más allá del “mal gusto” que puedan tener los chistes -algo a todas luces subjetivo- esto pone en evidencia los extraños caminos que a veces tiene la libertad de expresión y la importancia de su defensa. Sólo tres comentarios.
Es dudoso que exista una «jerarquía de valores», y más dudoso todavía es que se sostenga que estas jerarquías tienen respaldo normativo. Por cierto que un sistema legal contiene ciertos valores que como sociedad nos parece razonable proteger. La igualdad, la libertad de expresión, la propiedad, la vida, son elementos tan importantes que los hemos establecido como derechos constitucionales, pero de ello no se colige que haya algunos valores sagrados que a priori sean más importantes que otros. Así como ni siquiera la vida no es un derecho absoluto (piense en la legítima defensa, por ejemplo), habrá algunos casos en que por cierto la honra cederá ante la libertad de expresión. En el caso concreto, incluso suponiendo que existieran estos valores, se necesitan muchos argumentos -que no he visto- para sostener que los valores religiosos de las personas son parte de ellos y todavía un estándar argumentativo superior para decir que la libertad de expresión debiera estar limitado por esos valores. Nada de eso hemos visto en el CNTV para apoyar su decisión.
Por otro lado, y esto lo debe saber perfectamente Genaro Arriagada, la censura no es la única forma de limitar la libertad de expresión. De hecho está en lo correcto, el CNTV no censura, sino que actúa a posteriori, una vez que se ha expresado el contenido. El punto es que de esto no se sigue que sancionar a canales de televisión por el contenido de sus emisiones no sea un acto de limitación de la libertad de expresión. De hecho, las nuevas tecnologías son al mismo tiempo que una importantísima herramienta para desarrollar derechos, una herramienta de control. Las reglas del derecho de autor muchas veces se utilizan para acallar discurso crítico. El celo con que algunos gobiernos supervisan los medios de comunicación son también una forma de limitarla. La concentración de medios de comunicación es una forma de control. Incluso hasta el sistema de asignación de nombres de dominio muchas veces lo es. Si es o no censura, por tanto, no es el punto a discutir. El punto a discutir es si es o no una limitación ilegítima a la libertad de expresión.
Finalmente, la libertad de expresión es una de las bases del sistema democrático. Con libertad de expresión limitada tenemos menos debate público de ideas y menos control del poder. Para limitarla, siempre se nos ocurren razones. Para proteger al pueblo de la herejía, para proteger a nuestros niños, para proteger la nación, la patria o la raza. Incluso no hace mucho se domicilió a Jesús en una oficina de abogados del paseo Ahumada de Santiago para evitar la proyección de una película. La libertad de expresión implica permitir que se publiquen especialmente aquellas cosas que no nos gustan. Frente a los problemas derivados de la libertad de expresión, la respuesta debiera ser más libertad de expresión, no limitarla.
Esta no debiera ser una lucha respecto de si los chistes de Ruminot son o no divertidos. Sirve para evaluar qué tan fuerte es nuestra democracia. La existencia de un ente que no aceptaríamos para regular el «correcto funcionamiento» de las radios, periódicos, libros o blogs, no se justifica desde la óptica de la democracia constitucional. Parafraseando a un querido profesor, el estado de la libertad de expresión en un país es un test de embarazo democrático. Chile -all ways surprising- en este test sale lamentablemente negativo.
(Me muero por saber qué opina el Consejo Nacional de Televisión sobre Life of Brian).
