¿Dominio público? No, nada. Ah, se puede bajar desde acá.
5. Fortalecer el reconocimiento de los derechos de autor
5.1 Se impulsa el fortalecimiento de la legislación vigente que resguarda los derechos de autor
42. Se promueven estudios sobre la legislación vigente de derechos de autor
43. Se impulsan proyectos e iniciativas legislativas en derechos de autor
5.2 Se fomenta el conocimiento y respeto de los derechos de autor
44. Se promueve la difusión de los derechos de autor CAPÍTULO III
45. Se difunden y capacitan a los servicios públicos y sus funcionarios sobre los derechos de autor
46. Se realizan campañas educativas de capacitación y formación para el respeto de los derechos de autor
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A simple vista, la agenda pareciera estar siempre marcada por la urgencia que las tecnologías le imprimen al desarrollo o a la modernización del aparato público. Como si se tratara de un tren al que debemos subirnos de cualquier forma, los esfuerzos desde el ejecutivo suelen ser abordajes desesperados, con más anhelos que pericia, para alcanzar -en lo posible en el corto plazo- niveles de desarrollo acordes a nuestro crecimiento.
Luego de la pretenciosa promesa de revolución digital hecha por el entonces candidato presidencial Sebastián Piñera, parecía que por fin los esfuerzos realizados por los equipos técnicos durante la última década darían los frutos esperados. Contra todo pronóstico, y luego de un par de bochornos inexcusables, el ahora Presidente decidió desmembrar la Secretaría Ejecutiva de la Estrategia Digital dependiente del Ministerio de Economía para dar paso a un equipo de Modernización y Gobierno Electrónico dependiente del MINSEGPRES. Dicho equipo se encargó de diseñar un plan estratégico 2011-2014 que debiera guiar las políticas públicas en esta materia. Básicamente este plan consiste en un gobierno centrado en el ciudadano, proveer herramientas para mejorar la eficiencia, y un gobierno abierto.
Resulta interesante darle una mirada no solo a lo que dicen las líneas de acción sino también a lo que silencian. En lo concreto, este plan estratégico hace una apuesta por profundizar el rol del Estado como un prestador de servicios hacia los ciudadanos. Como si se tratara de la única forma de vincular al aparato público con la ciudadanía, los esfuerzos parecen concentrarse en aceitar los procesos y servicios que se ofrecen respecto de trámites e información a obtener por parte de instituciones del Estado. Una relación, siempre vertical, donde es la apertura (todo lo ‘open‘) el gancho para edulcorar una estrategia que francamente carece de una visión que haga suya la participación y el fomento de los derechos como eje de una táctica de futuro.
Probablemente el mayor silencio que tiene este plan tiene que ver precisamente con el ejercicio de derechos. Es cierto que han sido las prácticas y no la normativa quienes han transformado a internet en un escenario ideal para el desarrollo de los derechos fundamentales. Han sido los protocolos abiertos, la colaboración y el carácter neutro de la red los que han provocado cambios radicales en la manera en que nos relacionamos social y políticamente en el siglo veintiuno y permiten soñar en un futuro más igualitario, justo y participativo. Pero la legislación se ha transformado en un brazo armado para la protección de ciertos intereses privados. Ha sido la legislación la que ha comenzado a moldear la tecnología, adaptar internet, para la satisfacción de inquietudes diferentes. Así, hoy internet también parece ser un campo fértil para la coacción, la persecución política, restricciones abiertas al acceso al conocimiento, violaciones a la intimidad y la restricción de la libertad de expresión particularmente de los discursos críticos.
Una estrategia, un plan de acción digital, que piense en el interés público debiera tratar y no silenciar la forma en la que como sociedad queremos que nuestros ciudadanos ejerzan sus derechos en el entorno en línea. Los ciudadanos no son sólo clientes de los servicios que ofrece el Estado, sino que debieran ser el eje sobre el que se construya un plan de acción. Lamentablemente, la historia nos indica que el silencio suele ser también una estrategia.
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Ayer mismo vimos que el único que atacaba la SOPA era Google, de forma tosca y sin la fuerza que esta ley requiere… pero cuando leo que Apple y Microsoft forman parte de la avanzada de empresas de tecnología que apoyan esta ley no puedo salir de mi asombro e indignación que deberíamos hacerles sentir de alguna manera.
“La Business Software Alliance elogió hoy al presidente del Comité Judicial de la Cámara Lamar Smith (R-Texas) por la introducción de la “Stop Online Piracy Act” (HR 3261) para frenar la erupción de crecimiento de la piratería de software y otras formas de robo de propiedad intelectual que se cometen por sitios web ilegales.” via TNW
¿Quienes son la Software Business Alliance? Adobe; Apple; Autodesk; AVEVA; AVG; Bentley Systems; CA; Cadence Design Systems; CNC Software – Mastercam; Compuware; Corel; Dassault Systèmes SolidWorks Corporation; Dell; Intel; Intuit; Kaspersky; McAfee; Microsoft; Minitab; Progress Software; PTC; Quark; Quest; Rosetta Stone; Siemens PLM Software, Inc.; Sybase; Symantec; TechSmith y The MathWorks.
Mariano lo explica así, luego de escribir un muy buen resumen de la nefasta “Stop Online Piracy Act” (SOPA). Nosotros desde este rincón solo recordaremos que la BSA es la asociación que está detrás de las mentirosas cifras sobre piratería en nuestros países y de presionar también a nuestros gobiernos para tener leyes desequilibradas que solo pretenden mantener privilegios industriales en contra de la innovación.
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SOPA es la sigla para denominar la Stop Online Piracy Act, propuesta de legislación federal que está en discusión en estos días en el Senado norteamericano. SOPA, bajo la excusa de regular la ‘piratería’ en internet pretende, entre otras, establecer un mecanismo rápido con escaso control judicial para bajar ciertos sitios web, aplicar filtrado de DNS para sitios eventualmente infractores, obliga a tomar medidas activas a proveedores de contenido y acceso y pretende bloquear actividades bancarias y de pago en internet de supuestos infractores al derecho de autor.
Ha habido una fuerte reacción a nivel local en Estados Unidos por parte no solo de organizaciones de la sociedad civil como Electronic Frontier Foundation, Public Knowledge, Creative Commons o la Free Software Foundation, sino también de empresas de tecnología como Google, Facebook, Yahoo, eBay y Twitter (ver PDF). Sin ir más lejos, también profesores de derecho -como Yochai Benkler, Michael Carroll, Julie Cohen, Sean Flynn y Pamuela Samuelson, ente muchos otros- se han manifestado al respecto (ver PDF), toda vez que este tipo de iniciativas, que cuentan con el apoyo y promoción de los lobbys de la industria del espectáculo, promueven una forma de entender internet donde la libertad de expresión, la privacidad y otros derechos fundamentales debieran ceder ante intereses comerciales particulares de ciertas industrias que entienden la ley como un instrumento de control. (…)
Más sobre este tema en ONG Derechos Digitales.
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- ¿Copiar es lo mismo que robar?
- No, es mucho peor. Al delito penal añade la alevosía del eufemismo. Los parásitos de internet, como cualquier pirata, segregan ideología y llaman al robo “compartir cultura”, otro bonito animalito eufemístico.
Lea las respuestas de Arcadi Espada. Un moderado, como puede observar.
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“La actual normativa del derecho de autor se convierte en instrumento de censura. Si el astro, su editorial o su disquera pueden negar el uso de sus canciones o grabaciones, disponen de un veto inapelable. Y no dudan en aplicarlo: en 2005 se estrenó Stoned, largometraje con actores sobre la tumultuosa vida y sospechosa muerte de Brian Jones, inicialmente cabecilla de los Rolling Stones. Dado que Jones fue despedido por sus exasperados compañeros, todo aquello es material sensible. (…)
Aquí entramos en territorio sacrílego. Los actuales beneficiarios se indignarán con solo mencionarlo, pero en algún momento, no muy lejano, debe repensarse el derecho de propiedad intelectual, tan desajustado a la realidad. En el campo que nos ocupa, convendría ampliar el concepto de lo que los anglosajones denominan fair use, que potencia la libertad de expresión y crítica. El uso razonable permitiría recurrir mínimamente a material protegido para desarrollar documentales con visiones heterodoxas.”
Diego Manrique reflexionando desde El País respecto del ‘rockumental’ y el derecho de autor como herramienta de censura.
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“Hay una cosa buena de la crisis de la industria: que la gente que quiere hacer dinero se dedica a otra cosa”
Estupenda entrevista a Björk en El País cuya bajada dice “La culpa del ‘crash’ ha sido la conjunción de los vejestorios de la banca y los niñatos de 20 y 30″.
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