La música es parte fundamental en mi vida, pero rara vez escucho radio. Esas pocas ocasiones coinciden casi siempre con traslados en la ciudad como el del martes pasado, cuando cerca de las 22 horas, sintonicé radio Bío-Bío. Era la primera vez que escuchaba el programa Hoy en La Radio, conducido por el periodista Juan Francisco Canales, quien conversaba en vivo sobre temas de contingencia vinculadas a la justicia criminal con Mario Schilling, hasta hace poco vocero de las acciones de la Fiscalía Oriente del Ministerio Público.
Era una conversación respecto del actuar de nuestros tribunales y del sistema penal a propósito del caso de la puesta en libertad de un menor imputado de abusar a una mujer en Lo Barnechea. El ex representante de la fiscalía era quien moderaba, no sin dificultad, el tenor del diálogo liderado por el conductor del programa, quien utilizó con talento todas las frases chichés y los prejuicios asociados al actuar de los tribunales y el problema de la delincuencia. “Pero Mario -inquiría el conductor-, ¿Y si se tratara de tu esposa?”, “Mario, yo entiendo pero y si fuera tu hija la violentada, ¿estarías tranquilo?”. O bien alocuciones falaces requiriendo más mano dura y tolerancia cero y partiendo de supuestos del tipo “tenemos un sistema penal que protege a los delincuentes y no a las víctimas”.
Mi fastidio respecto de lo que escuchaba me hizo reflexionar respecto del rol de la independencia (que la radio de hecho utiliza como slogan) para la libertad de expresión.
Una de las ideas que ha preocupado al profesor Cass Sunstein desde hace algunos años tiene que ver con la tensión existente entre el desarrollo de nuevas tecnologías y la libertad de expresión. Sunstein sugiere que el desarrollo tecnológico vinculado a la distribución de ideas en internet podría amenazar algunos aspectos claves para la política y la democracia. En Republic.com (libro de 2001) sostiene que si internet permite aislarnos de aquellas ideas que no compartimos, de aquellos pensamientos divergentes con nuestras creencias e ideas de bien, podría debilitar parte importante del diálogo democrático. La exposición de nuestras ideas y valores en público permite que ellas sean debatidas y puestas en juicio por quienes no comparten nuestros supuestos para poder así llegar a consensos políticos y construir democracia. De lo contrario, señala Sunstein, sin que nuestras ideas sean desafiadas, corremos el riesgo de tener confianza excesiva, sostener posiciones extremas, despreciar a los demás y, en ocasiones, incluso llegar a la violencia.
Si siguiéramos al pie de la letra la reflexión de Sunstein encontraríamos buenas razones para que los medios entregaran espacio importante a opiniones divergentes a su línea editorial. Si lo piensan, es quizás esa la razón por la que The Clinic en su momento y El Mostrador en estos días, le entregan tribuna a las delirantes, aunque graciosas, columnas de Hermógenes Pérez de Arce, o la razón que explica la presencia destacada de Teresa Marincovic en el diario electrónico. Pero estas no son razones suficientes.
Juan Francisco Canales, Pérez de Arce y la señora Marinovic tienen derecho a decir lo que piensan. A opinar aun si esas opiniones en realidad constituyen disparates. Incluso, recogiendo el guante de Sunstein, existen hasta razones para darles espacio y exponernos, quienes pensamos distinto, a sus ideas. El punto de fondo es que en Chile hay suficientes medios de comunicación como para escuchar discursos alarmistas, falaces, histéricos y, por si fuera poco, profundamente conservadores y clasistas respecto de las políticas criminales. Estamos rodeados de esos medios y de esos discursos que dominan además la agenda política.
Lo que debiéramos esperar de un medio independiente -sea lo que sea signifique-, por tanto, es reflexión, información y contexto. No más alarma, más prejuicios y más intuición, que encontraremos en todas partes con facilidad. Radio Bío-Bío y El Mostrador son dos importantes excepciones en nuestro mercado de medios porque se construyen desde un espacio que -intuyo- de alguna manera representa a quienes creemos en una sociedad más justa, más plural, dialogante y fundamentalmente más igualitaria. Cuando estos espacios deliberativos son cooptados por discursos hegemónicos llenos de intuición y prejuicios los discursos minoritarios se hacen aún más minoritarios y se escuchan a un volumen todavía más bajo.
Delia Derbyshire fue una pionera de la música electrónica. No sólo fue la creadora de la melodía de la serie Doctor Who, fue la madre putativa de Broadcast y Stereolab, sino que hasta sus últimos días se mantuvo activa colaborando con Alphex Twin.
En el video de arriba explica para la BBC algo así como los fundamentos del remixing.
¿Será cierto que las leyes diseñadas hace más de tres siglos, para crear incentivos para la innovación mediante la protección de derechos de los creadores, en la actualidad dificulte la innovación y el crecimiento económico? ¿Será que tenemos normativa que responde a intereses de lobbys económicos más que a evidencia empírica?
Estas dos son sólo dos de las preguntas que pretende responder el Review of Intellectual Property and Growth, estudio encargado por el gobierno británico a un grupo de expertos independientes liderados por el profesor Ian Hargreaves con el fin de evaluar el estado actual de la normativa británica de derechos de autor a la luz de la innovación y el crecimiento económico.
El informe (PDF, 132 páginas, 1.1MB, en inglés) es revelador y contundente. Concluye que efectivamente el sistema británico de derechos de autor no favorece la innovación ni la competencia y debiera ser reformado radicalmente, yendo incluso más allá de los estándares de la UE debiendo incluir excepciones que permitan el cambio de formatos y la realización de copias de archivo, no ponerle trabas a la investigación científica y fortaleciendo las excepciones de parodia y crítica. Además es contundente -sin perder la ironía propia de la isla- respecto del lobby de grupos económicos. Señala:
El lobby es una característica de todos los sistemas políticos y, como una manera de informar y organizar el debate, trae muchos beneficios. En el caso de la política de propiedad intelectual y específicamente la política de derechos de autor, sin embargo, no hay duda de que el poder de persuasión de las celebridades e importantes empresas del mundo del entretenimiento del Reino Unido han distorsionado los resultados de la política. Distorsión adicional surge del hecho (no exclusiva de este sector) que hay una asimetría notable entre los intereses de los titulares de derechos, para quienes las cuestiones de PI son de suma importancia, y los consumidores, quienes han pasado de ser un interés secundario sólo hasta la aparición de internet como un foco de conflictos tecnológicos, económicos, comerciales y culturales.
El estudio contiene diez recomendaciones para la futura política de propiedad intelectual británica, a saber:
1.- Evidencia. El sistema de derechos de autor debiera estar basado, en lo posible, en evidencia empírica y equilibrar los intereses sociales con los intereses privados.
2.- Prioridades internacionales. El Reino Unido debiera impulsar una agenda internacional con economías emergentes basadas en evidencia económica.
3.- Licenciamiento de derecho de autor. a) Establecer un “Digital Copyright Exchange” (un sistema interconectado de bases de datos públicas y privadas relativas a derechos de autor) inter-sectorial para fomentar la transparencia del mercado. b) El Reino Unido debiera ayudar a establecer un sistema de licenciamiento internacional en la UE, que requiera a las entidades de gestión códigos de conducta que apunten al desarrollo de mercados abiertos y eficientes.
4.- Obras huérfanas. Solucionar el problema a través de licenciamientos masivos junto con un sistema expedito de limpieza («clearance») de derechos.
5.- Límites al derecho de autor. Dentro de esta, varias propuestas, entre ellas que el gobierno debe resistirse a adoptar medidas que no perjudiquen la generación de incentivos para los creadores, y el establecimiento de más y mejores excepciones para bibliotecas, archivos, investigación, parodia y cambios de formato.
6.- Enredos de patentes y otras obstrucciones a la innovación. a) Liderar esfuerzos a nivel internacional para evitar problemas derivados de la proliferación de patentes. b) asegurarse de no extender patentamiento sin que exista clara evidencia de sus beneficios. c) Investigar formas de resolver las adversas consecuencias de las marañas de patentes.
7.- Industria de diseño. Se ha subestimado el rol de la propiedad intelectual en este sector y debiera avanzarse en medidas conducidas por la evidencia que exista en la relación entre derechos e innovación.
8.- Cumplimiento. El gobierno debiera tomar medidas basadas en el cumplimiento, educación y crucialmente, medidas para fortalecer el crecimiento de mercados legítimos.
9.- Acceso a pequeñas empresas a asesoría legal. Planes que ayuden a mejorar la accesibilidad del sistema para PYMEs.
10.- Un sistema legal que se adapte al cambio. Se le debiera entregar los poderes necesarios a la oficina de propiedad intelectual para que asegure que el sistema legal apunte a promover la innovación y el crecimiento de mercados eficientes.
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Tres reflexiones a la luz de nuestras políticas públicas tecnológicas.
UNO. De las 132 páginas del informe Hargreaves, en sólo 36 usan la palabra enforcement; en 71 la palabra evidence.
DOS. Pese a que parece algo obvio, el informe indica claramente que las decisiones políticas en materia de derechos de autor debieran ser tomadas en base a evidencias empíricas y no a intuiciones. Es gracioso (James Boyle ironiza preguntándose si no es así, cómo se toman las decisiones, ¿según la astrología?), pero en materia de derechos de autor en Chile la evidencia jamás ha sido un criterio para tomar decisiones. Nos gustan más los petardos y cohetes.
TRES. Desde hace un tiempo estoy obsesionado con nuestras abúlicas políticas tecnológicas. Teniendo en cuenta el ambicioso programa del presidente Piñera, y que existe una orgánica desde hace años respecto de la estrategia digital de Chile, me pregunto ¿Cuántos proyectos de ley se encuentran en el Congreso que hayan salido de los equipos de la Estrategia-Agenda Digital en los últimos dos años? ¿Cuántos proyectos de ley está en este momento el Ministerio de Cultura gestionando por su aprobación en Valparaíso? ¿En base a cuántos estudios se decidió proponer la ridícula licencia GPL-CL? ¿Y por qué se desechó? En Chile, la intuición gana por goleada a la evidencia.
Como se sabe, el submundo de la reventa de entradas es sólo el primer eslabón de una cadena delictiva que pone en serio riesgo el negocio de los promotores de shows y, fundamentalmente, el de esos precarios emprendimientos llamados Ticketmaster y Feriaticket. Es gracias a la reventa que se producen no solo robos sino también manoseos en los accesos y las odiosas tarifas de los cuidadores de autos del Caupolicán y el precio de la Coca Cola Light.
Quisiera que nos detuviéramos un segundo en el tema de los manoseos. Sabido es que los manoseos son provocados por las aglomeraciones, las aglomeraciones a su vez son provocadas por la reventa, la reventa es provocada por los precios de las entradas, los precios de las entradas son responsabilidad de la inflación y la codicia, la codicia es gracias a vaya usted saber qué, pero la inflación se produce gracias a medidas erráticas del Banco Central. El Banco Central es dirigido por un consejero, quien a su vez es nombrado por el Presidente de la República. El manoseo, mis amigos, es causado por el Presidente.
Los legisladores, respecto del proyecto de ley en comento, explican así la conexión entre reventa y muerte:
b) Porque, si así fuera, se provocarían mayores aglomeraciones de personas, caldo de cultivo para generar disturbios en la vía pública, con el consecuente peligro inminente de resultar personas dañadas en su integridad física o síquica, o incluso poner innecesariamente en peligro la vida de asistentes y vecinos del recinto donde se desarrollará el espectáculo.
La noble tarea de criminalizar la lacra de la reventa debiera evitar que nos detuviéramos en detalles, como los procedimientos y la técnica legislativa. Chaqueteros son quienes pretenden echar por tierra el encomiable esfuerzo de nuestros políticos en el Congreso por detallitos, nimiedades, como son confundir artículos del Código Penal. Multas, cuasidelitos, presidio, muerte. Todo vale para conseguir lo correcto, la perfección.
Este es un proyecto que debemos apoyar y promover porque, además de luchar contra diversos flagelos, se hace cargo de los problemas reales de la clase media. Proteger el negocio de esos negocitos familiares llamados Ticketmaster y Feriaticket debiera ser prioridad no sólo de nuestro poder legislativo sino también de nuestra policía y nuestros tribunales. Es un asunto de interés general, de seguridad nacional. La apoyamos, en definitiva, porque creemos firmemente en el bien común, en dios y en el orden público, el mercado y la familia.
Some people see rock & roll as youth culture, and when youth culture becomes monopolized by big business, what are the youth to do?
I think we should destroy the bogus capitalist process that is destroying youth culture by mass marketing, and commercial paranoia behavior control. And the first step is to destroy the record companies.
Hace algunos días se hizo pública la decisión de la Cámara de Apelaciones en lo criminal donde se confirmó el procesamiento de los propietarios del portal Taringa! al considerar que serían partícipes necesarios en la difusión y reproducción de contenidos protegidos por derecho de autor. Se ha escrito mucho respecto del tema -y acá concuerdo con Mariano- utilizando argumentos falaces de un lado y de otro. Por un lado, es dudoso que Taringa! sea un pobre portal compuesto por contenidos de terceros, un páramo de la libertad de expresión, que de pronto se ve enfrentado a la maquinaria judicial y a la conspiración judeomasónica. Pero también es abusivo que se pretenda hacer responsables por default a los administradores de sitios web por hechos de terceros, incluyendo la criminalización por enlazar. Tengo la impresión que no se trata ni de una cosa ni de la otra.
Parto de la base que es repulsivo que se utilice la vía criminal para llevar adelante la persecución de ilícitos de derechos de autor. Este tipo de ilícitos (cuando existen) debieran resolverse en sede civil y salvo en hipótesis de excepción ser promovidas en sede criminal. No existen buenas razones para sostener lo contrario (¿cuándo ha sido un buen argumento cuando se trata de propiedad intelectual la razonabilidad? ;) ). También creo firmemente que -y no sólo por razones de texto legal- es insostenible considerar que enlazar por sí solo sea un acto que la ley reserve de manera exclusiva a los titulares de derechos. Considerar aquello supone prohibir casi todo lo que hacemos en internet, que se constituye, construye y define a partir de los enlaces.
Tomando lo anterior en cuenta, y que existen cien mil aristas sobre las que echar mano, tres ideas para debatir sobre el tema:
1) ¿Nos hemos preguntado cómo construye Taringa! su cadena de valor? Taringa tiene un muy documentado procedimiento para anunciantes y estudio de mercado respecto de quienes componen la audiencia del sitio. Conocen muy bien, en definitiva, lo que ofrecen y quienes son sus usuarios. Un conocimiento tan acabado debiera suponer que además saben qué es lo que la gente llega a buscar al sitio y cuáles son los artículos más visitados. Es en base a esto que generan publicidad. Si de las 10 fuentes de tráfico que llegan a tu sitio siete se refieren a contenido protegido (software, para ser específico), queda más o menos claro cómo es la construcción de la cadena de valor.
2) El problema es y no es sobre libertad de expresión. Es, porque suponer la responsabilidad del intermediario supone una carga que muy pocos de nosotros podríamos soportar y, por tanto, supondría la desaparición de espacios que de facto se han transformado en un lugar para ejercer la libertad de expresión. Si en nuestro sistema fuéramos responsables por regla general de lo que terceros hacen en nuestras plataformas, ¿Quién de ustedes estaría dispuesto a correr el riesgo de inventar el próximo Facebook?. No es, porque es posible presumir fundadamente que los administradores sabían -y poco han hecho, porque les conviene- del tipo de contenidos ilícitos circulan en el sitio. ¿Ejemplo? Ojo con los keywords según Alexa y esta categoría.
3) Taringa! es un ejemplo feroz de doble estándar de nuestros legisladores y de la industria. De los primeros, porque muchas de nuestras leyes que aplican a internet son aprobadas por ellos a propuesta de poderosos lobbys que pretenden, a través de leyes como las de derecho de autor, mantener sus cuotas de mercado en el mundo digital. El caso de la industria discográfica es de manual. En Chile, sin ir más lejos, todavía algunos representantes de la industria lloran por los pasillos por no haber instaurado un sistema de notice&takedown privado como el de la DMCA. Pero también habla del doble estándar es la industria. Los mismos que rasgan vestiduras respecto de la piratería y de la responsabilidad de estos prestadores de contenidos son quienes se anuncian en él cuando existen beneficios comerciales. ¿No me creen? Miren este ejemplo.
De todas maneras no me malinterprenten. Este no es un artículo contra Taringa. Me parece más bien que en la discusión se están mezclando peras con cachalotes y creo que es un ejercicio interesante poder despejar las variables y hablar en serio -no eliminando enlaces- respecto de la responsabilidad civil que le compete a este sitio en particular en la guerra por la piratería.
Desde Chile un vuelo a Europa, tranquilamente, puede durar sobre trece horas. El valor, dependiendo de la fecha, cercano a los mil quinientos dólares. Por las mismas trece horas de vuelo -y en el mismo avión, hacia el mismo destino, y con llegada a la misma hora- hay quienes están dispuestos a pagar dos o tres veces ese valor. Pagan por comodidad, por servicios extras y, seguramente, por cierta posición de estatus. Son pasajeros Bussiness Class. Pagan por una mejora en la experiencia en su vuelo.
Tras una conversación con un cliente, a Oliver Reichenstein comenzó a hacerle sentido aplicar el mismo modelo al negocio de las noticias. A resolver el acertijo de los modelos de negocio de los medios en internet, ese puzzle que sólo parece poder ser resuelto por genios publicitarios y por modelos de pago por acceso.
Los supuestos son más o menos evidentes. Asumiendo la desoladora realidad de la calidad en los textos periodísticos en Chile, leer sitios de noticias es sumergirse en una bañera de banners invasivos, videos con autoplay, escasa preocupación por la tipografía y calidad de lectura. Sin contar, además, que muchos de ellos están inexplicablemente basados en Flash y serán imposibles de enlazar. Leer noticias en internet es, casi en cualquier caso, equivalente a viajar en micro a Puerto Montt. Hubo un momento (¿en realidad hubo?) en que el negocio del periodismo estuvo basado en la producción de información a una amplia audiencia. Hoy, parecer ser más una alocada carrera por conseguir más clicks, más atención gracias al dominio y combinación de extrañassiglas y -últimamente, favorecidos por la esperanza de que cada nuevo chiche tecnológico de moda sea la solución a sus tormentos- apuestas por hacer granjas de contenido y poner obstáculos al acceso a los artículos.
Oliver Reichenstein usa el ejemplo del transporte aeronáutico. Tal como sucede, sea en caso que usted vuele en clase turista o en bussiness, el resultado es el mismo: siempre se trata de un viaje desde A a B. La diferencia está en la experiencia. Así como sucede en clase business y en clase turista, los sitios de noticias debieran ofrecer el mismo contenido. «La idea es crear un tipo de negocios para las noticias en línea donde no se trate de compra de información, sino de la compra a una mejor experiencia, se trata de servicio y experiencia del cliente».
El problema por cierto es determinar el valor, cuánto estaríamos (¿estaríamos?) dispuestos a pagar por ello. Pero el problema fundamental, aterrizando de nuevo en Chile, es nuevamente el supuesto. Tratar de construir un modelo de negocio que consista en ofrecer de pago algo que es posible conseguir gratuitamente es un error del que la industria de la música todavía no logra reponerse. El negocio, así como en el discográfico no parecer ser únicamente la venta de música, no debiera ser la venta de la noticia. Nos enteramos de la muerte de Bin Laden a través de Twitter, no a través de la portada matinal de LUN. Si queremos saber el resultado del partido de fútbol del fin de semana, existen cientos de mejores opciones que recurrir a un sitio pagado.
El supuesto inicial del que debiera hacerse cargo la industria periodística con urgencia -y no sólo en Chile, por cierto- no es el tráfico, es la calidad de sus textos. En un contexto de sobreabundancia, ubicuidad de la información e influencia a través de hipervínculos resulta ridículo pretender montar un modelo de negocio basado en la construcción de obstáculos para el acceso a aquellas cosas que a un click de distancia se ofrecen gratis y muchas veces con mejor calidad. Tal vez, como sugiere el ejemplo de Reichenstein, debieran los medios concentrarse en mejorar el corazón de su negocio (profundidad en el análisis, contenidos originales, periodismo de investigación, etc) y explorar modelos que no se basen en entorpecer el flujo de información, sino en mejorar la experiencia de lectura. Seguro hay quienes preferiríamos pagar por ello.
A raíz del profundo cambio que sufriese hace unos días la Secretaría de Desarrollo Digital, liderada hasta entonces por el Ministerio de Economía, no deja de sorprendernos cómo el país sigue dándose el lujo de perder día a día más terreno y oportunidades. El Estado de Chile tenía un CIO (máxima autoridad informática) a cargo de coordinar exclusivamente las materias digitales del Estado ¡Ahora no! ¿Qué pasó? Algo que parecía muy importante para nuestros gobernantes, quedó internalizado como una de las 50 iniciativas de la agenda de Modernización del Estado. O sea, se perdió inexplicablemente el carácter de política prioritaria y estratégica, pasando a ser una más entre medio centenar de medidas pro-desarrollo.”
(Cristian Ocaña, Colegio de Ingenieros de Chile. Vía El Mostrador)
De acuerdo en casi toda la columna, pero especialmente en el primer párrafo, que cito.
Nueva sección. Trataré de recopilar semanalmente los artículos que favoriteo en Instapaper. Si usted, lector desprevenido, no sabe lo que es, aguántese tantito que estoy preparando un artículo especial sobre él.
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