El sábado en el palacio de La Moneda se dieron cita el Ministro José Antonio Viera-Gallo, la Ministra de Cultura Paulina Urrutia y una serie de “artistas” agrupados en la Sociedad Chilena de Derecho de Autor. Allí, en una actitud incomprensible, y que torpemente confirma todo lo que se ha venido diciendo en blogs y cartas a periódicos en los últimos días, el Gobierno se cuadra con sólo una de las tantas posiciones que existen respecto de la regulación del derecho de autor en Chile, una posición que va en derecho detrimento de los intereses ciudadanos a favor de un puñado de artistas asociados a su entidad de gestión colectiva.
Pero lo más grave no fue eso sino que el Gobierno se preste para uno de los espectáculos más extraños, ordinarios y patéticos que se tenga memoria sobre este tema, dándole tribuna a una descontrolada Denisse Malebrán (una asidua lectora de este blog) quien las emprendió contra este, su seguro servidor.
Todo esto, mis amigos, me he recordado esa antigua frase que se le atribuye a Ghandi.
Primero te ignoran.
A pesar de reiteradas invitaciones, los representantes de Trato Justo Artistas y la Sociedad Chilena de Derecho de Autor (SCD) declinaron a asistir al foro a presentar sus argumentos a la opinión pública.
Luego se ríen de ti . (bueno, yo agregaría, de todos nosotros)
Después te atacan.
(hasta por Facebook, yo agregaría.)
Entonces ganas.
Ojalá así sea. Sepan que no nos interesan las amenazas ni las mentiras.
Y que estaremos más preparados que nunca.
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El final de esta historia es que el Gobierno tiene un concepto bien torcido de democracia y muy extraño de lo que es un gobierno ‘ciudadano’. Los primeros párrafos de este cuento los escribe la Ministra de Cultura reconociendo públicamente acuerdos que antes habían sido negados y reconociendo cual será la pauta del gobierno en estos temas de acá en adelante. El final de esta historia, mis amigos, se escribe desde los cuarteles generales de la Sociedad Chilena de Derecho de Autor (SCD), desde donde se ha escrito y se está escribiendo en este instante el futuro del derecho de autor en Chile. A costa de Internet, del desarrollo tecnológico y a costa de todos nosotros, por supuesto.
Sabemos que se encuentra en el Senado una de las reformas más importantes a la Ley de Propiedad Intelectual desde el año 1970. Esta reforma pretende adaptar esta ley que data de 1970 a los desafíos del mundo digital y evitar así una serie de absurdos. Además, pretende hacer esta ley razonable desde el punto de vista de las excepciones y limitaciones al derecho de autor que se contemplan en todo el mundo y que en Chile somos meros expectadores. Porque claro, cada una de las reformas que se le ha hecho a esta ley ha sido hecha previa aprobación de la SCD y todas ellas pretenden fortalecer derechos de autor vetustos y añejos en detrimento de los derechos del público. Esta ley pretendía equilibrar de una vez por todas esos intereses.
Pero esto ha provocado una reacción histérica, desinformada y patética. Mientras existía un esfuerzo para lograr una ley que fuera justa para todos, otros han salido a la calle con carteles y pitos a pedir una ley justa sólo para ellos. No una ley que se adapte al mundo de internet, sino que una ley que se adapte a sus propios bolsillos e intereses.
Pero en fin, vamos al grano, dijo el dermatólogo. Los acuerdos a los que ha llegado el gobierno con la SCD a escondidas de la ciudadanía, con el fin de que esta ley salga adelante sin ruido, son los siguientes [descargar versión original]:
1.- No apoyar indicaciones que exigen que exista uso efectivo de obras para que haya cobro por parte de la SCD. Se lo pongo con un ejemplo. Si yo a usted lo demando porque me golpeó luego de una discusión, seré yo quien tengo que probar que tengo un golpe y que ese golpe me lo propinó usted. Esto es muy razonable, porque de lo contrario nos pasaríamos demandando los unos a los otros exigiéndole pruebas de lo contrario al demandado.
Bueno, la SCD quiere lo contrario. El acuerdo supone que el gobierno acepta que la SCD no tenga que acreditar uso efectivo de las obras, sino que se pueda basar sólo en supuestos, para proceder al cobro. Lo que resulta interesante considerado que viene de quienes son los principales promotores de demandas judiciales por derechos de autor en Chile.
2.- Apoyar un proceso de mediación previa en caso que no haya acuerdo sobre el cobro entre las partes. Hoy, quien fija las tarifas que cobra la SCD, es la propia SCD. Así, si usted tiene una discoteque u organiza un evento pequeño musical, tiene que pagarle a la SCD la tarifa que ellos mismos determinan. Como no hay otra entidad que ‘compita’ con la SCD, no queda más remedio que pagar a menos que queramos exponernos a demanda. El proyecto suponía un procedimiento de Arbitraje Forzoso, esto es, que en caso de desacuerdo sobre la tarifa, sea un tercero el que decida obligatoriamente.
Lo que ha aceptado el gobierno a solicitud de la SCD es que en caso de desacuerdo, vayamos a una “mediación previa obligatoria” en la que nos van a conminar a llegar a acuerdos. Si no llegamos a acuerdos, vamos a juicio. Es fácil de entender que esto, en buen chileno, vale hongo y no protege al más débil en la negociación, que ciertamente no es una entidad monopólica.
3.- Apoyar la eliminación de la responsabilidad de los prestadores de servicios internet. En castellano castizo, esto significa dejar la puerta abierta para que mañana la SCD dirija cobros a nuestros proveedores de acceso a Internet por las eventuales descargas que realizan sus usuarios. Los que han pasado por alguna clase de economía, saben que esto significa finalmente un cobro que vamos a terminar pagando todos nosotros.
Ahora, si a mi me preguntan, yo estaría feliz con un canon como este siempre que supusiera una excepción amplia para usos y reproducción no comercial. Pero como a algunos quieren pan y pedazo, quieren meternos un impuesto, pero no entregarnos ningún derecho. Así cualquiera.
4.- Eliminar excepciones para traducción, para usos educacionales y para usos justos. El Gobierno está de acuerdo con la SCD en eliminar esa terrible y macabra excepción que permite que piratas profesores hagan traducciones de textos que se encuentran en otros idiomas para efectos de enseñanza. También está de acuerdo en eliminar la excepción que permite reproducción de obras cortas para fines educacionales.
Lo más grave, es que además acuerda la eliminación de lo más importante de esta ley, la excepción que permite usos justos o legítimos. Que le permite a usted subir a Youtube un video de su hijo que baila una canción que suena en la radio, que le permite pasar un CD a MP3 o que le permitiría por ejemplo, hacer un collage o una presentación en Powerpoint con imágenes y música de fondo para las bodas de Oro de sus papás. Para quienes quieren tratos justos para algunos, hay que pagar.
En reunión con la Ministra de Cultura, ella reconoció que este acuerdo marcaba la pauta del Gobierno en este tema, por lo que no hay más que conversar.
Me parece lamentable que el Gobierno termine haciendo caso omiso a los reclamos de una serie de organizaciones sociales, gremiales, académicos e industriales que queremos una ley de propiedad intelectual moderna, ajustada a los desafíos de Internet, y que no trate a sus ciudadanos como delincuentes. Que no sea utilizada como privilegios para algunos sino que apunte, en definitiva, a un trato justo para todos.
Pero hay buenas noticias. La buena noticia, es que a partir de ahora, amigos míos, se nos acabó la buena onda. Pronto, muchas más noticias.
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Hace un par de días me contaba Juan Pablo Fernández de SURE de los pocos espacios que hay para el mundo audiovisual hoy por hoy y cómo la publicidad parece ser la única salida para quienes quieren producir cine. Y Juan Pablo -que estrena película a fines de Octubre- no lo decía necesariamente en una crítica simplista y llorona contra la piratería sino que lo decía porque no parece haber mayores alternativas que el product placement para una industria latinoamericana que cada día se ve más ninguneada por las salas de exhibición ante la avalancha de películas provenientes del lejano oeste norteamericano. Más todavía, cuando más del 50% de lo que pagamos en la boletería para ver la película que queremos se la lleva el dueño de la sala.
En estos días se desarrolla en México DF el 1er Congreso de Cultura Iberoamericana [pésimo sitio en Flash, están avisados] titulado “Cine y Audiovisual en latinoamérica” y se han dado cita allí una serie de representantes de la industria audiovisual, incluyendo a gente como Antonio Banderas, el cubano Reynaldo González, y el chileno Miguel Littin.
En una de las mesas, los cineastas explican como razones importantes para el momento del cine latinoamericano la desaparición de pequeñas salas de cine donde se expongan películas que no necesariamente responden a criterios comerciales, como pasa generalmente con las que provienen de esta parte del continente. “Los cines de barrio son ahora las películas piratas“, sostuvo el venezolano Román Chalbaud, para explicar la aparición de nuevos métodos de distribución informal.
En este contexto, según lo apunta Terra España, Miguel Littin fue más allá al afirmar que él mismo distribuye a los vendedores piratas chilenos sus películas cuando el mercado oficial no las quiere exhibir.
Resulta interesante la vuelta de tuerca. Mientras algunos prefieren llorar y exigir preferencias por parte del Estado, otros encuentran métodos inteligentes de distribución. Quien sabe, quizás tal como sucede con música en principio marginal en Brasil como el tecnobrega o el bailefunk, sean los piratas el método de distribución de contenidos del futuro.
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la peor parte es que todo esto es verdad.
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Nina Paley ya ganó la versión 2008 del International Animation Festival con su película animada “Sita Sings the Blues”, una adaptación musical de la leyenda india Ramayana. En el último festival TRIBECA logró un éxito inusitado, incluso calificándola la New York Magazine como “Una de las mejores películas exhibidas en el Tribeca Film Festival este año”.
La película cuenta la historia de la leyenda Ramayana, una de las más importantes obras literarias de la India antigua, que consiste en la historia del rey-dios Rāma, y de cómo su esposa Sītā fue raptada por el demonio Rāvana y llevada a la isla de Lanka. Rāma obtiene ayuda de una tribu de monos, liderados por Sugrīva y Hanumān, que construyen un puente a través del mar y rescatan a Sita. Básicamente, la historia explica cómo dos dioses a pesar de su condición no pueden hacer funcionar su matrimonio. En un paralelo muy interesante, la película cuenta además la historia de la propia Nina Paley, cuya historia personal tiene que ver con una ruptura matrimonial bastante más alejada de antiguos dioses orientales.
Fue esta historia personal la que paradójicamente la llevó a darle sonido a ˝Sita Sings the Blues”. En uno de sus múltiples cambios de hogar luego de su separación, Nina llegó a casa de un amigo quien le mostró las particulares grabaciones de Annette Handshaw, una antigua cantante de jazz de mediados de los años veinte. Nina se fascinó por la voz de la Handshaw y la incorporó en la animación que daría vida a Sita Sings the Blues.
La película contiene 11 canciones grabadas por Annette Handshow entre los años 1927 y 1929. Las canciones, naturalmente, están en el dominio público. Como ustedes saben, la industria de los contenidos se ha encargado en todo el mundo de establecer reglas cómodas para la explotación de su negocio. En una de aquellas curvas en el complejo y peligroso camino hacia el dominio público, y a pesar de haber sido escritas hace más de setenta años, en el marco del sistema norteamericano de derecho de autor las composiciones sobre las que grabó la Handshaw aún se encuentran protegidas.
Esto ha supuesto un problema mayor para Nina Paley en estos complejos días para la especulación y el riesgo comercial. La negociación con los titulares de derechos de autor de las composiciones utilizadas, en este caso Universal Music Publishing Group, Warnel-Chapell y Sony-ATV, han solicitado un pago de us$500 por cada una de las canciones utilizadas para efectos de permitir la exhibición de la película en festivales, única forma de conseguir distribuidor y por tanto financiamiento. En el caso de la licencia para poder vender DVDs de la película, el pago de derechos a estos intermediarios ascendería en una cifra que fluctúa entre los us$15.000 y los us$26.000 por canción.
La conclusión es que la animación de Nina Paley probablemente nunca tenga una distribución regular. No por una apuesta rupturista con el sistema por parte de la creadora, sino por las barreras que suponen los intereses corporativos en la negociación de los derechos de autor que en lugar de protegerla la convierten en una delincuente.
Una historia adicional para contarles a aquellos que torpe y ciegamente insisten en que una regulación justa de los derecho de autor supone proteger con energía la propiedad intelectual y aumentar las penas frente a las infracciones. Pareciera ser que los únicos que se ven beneficiados en definitiva por un derecho de autor como el que tenemos son corporaciones que distan de velar por intereses culturales y que cuentan con lujosos directivos cuya fortuna se termina haciendo a costa de aquellos ilusos artistas que en lugar de ver las tecnologías como una oportunidad para evitar estos abusos, prefieren el camino más cómodo y políticamente correcto, levantando carteles y consignas ridículos por una lucha que han perdido hace décadas y nadie les avisó.
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Para nadie es una sorpresa que necesitamos una reforma urgente a la ley de propiedad intelectual. Ni siquiera para el gobierno, que hace algunos meses envió al Congreso un proyecto que pretende actualizar la vetusta ley 17.336 a las necesidades sociales y a los requerimientos de un mundo globalizado e informatizado. Este proyecto de ley pretende, entre otras cosas, establecer una serie de excepciones y limitaciones al derecho de autor para que bibliotecas, archivos y público en general pueda realizar ciertos usos de obras sin ser considerados por esto delincuentes. Este proyecto no es el primer cambio que recibe la ley, pero es la primera vez que el cambio que se propone hacerle no va solo destinado a incrementar las penas ante las infracciones ni a inventar nuevos derechos de autor, sino que pretende incrementar el precario estándar de excepciones que favorezcan el interés público del que carece nuestra ley. Resulta indispensable que un régimen democrático de propiedad intelectual logre balancear los intereses de los autores con los intereses del resto de la sociedad, estableciendo excepciones para usos legítimos o justos y excepciones específicas para establecimientos educacionales y bibliotecas.
Pero sorpresivamente no todos están de acuerdo con estas obviedades.
Me contaba alguien que cuando conversó con un Ministro respecto de la importancia de esta reforma, éste lo miró atentamente y luego le dijo con sorpresa que pensaba que esta era una ley para los cantantes, artistas y actores, y por tanto no entendía por que él estaba allí. Es que en la discusión de la propiedad intelectual hay quienes durante los últimos años se han atribuido la exclusividad de opinión en el tema y por lo demás tienen el poder suficiente como para opacar voces disidentes. Esta visión de la propiedad intelectual -como un asunto exclusivo de creadores que necesitan cada vez más protección de sus creaciones- discretamente desautoriza y margina la necesidad de tener excepciones específicas que favorezcan el interés público, ese que decididamente han defendido, entre otros, las bibliotecas del país. No resulta casual que Chile sea uno de los pocos países de la región que no cuente con un estatuto específico de excepciones para discapacitados visuales, para la enseñanza o para la conservación patrimonial.
Tras esta idealización de la propiedad intelectual de los organismos que agrupan a titulares de derechos -pero utilizando a los “autores” como máscara de baile- hay pocas ideas interesantes, pero hay una que destaca con facilidad, la idealización ilustrada de la creación intelectual. Así, en los bordes de la argumentación en contra de la existencia de excepciones que favorezcan al público, algunos esgrimen que la única forma de creación cultural implica necesariamente mayores protecciones a los autores. Dicen, en otras palabras, que sin protección a los autores, se muere la cultura. Dejando de lado el maniqueísmo simplista de la argumentación, resulta irrisorio al sólo pensar en las más ricas expresiones artísticas generadas antes del medioevo o en buena parte de los artistas pop de la segunda mitad del siglo XX, quienes tuvieron una serie de otras motivaciones distintas al dinero para generar obras de inmenso valor estético. Resulta incrédulo además, pensar en el siglo XXI que sólo tenemos que entregar valor a una cultura oficial, o una generación de cultura creada por un grupo de privilegiados. Mientras nuestros artistas de salón pretenden convencer a nuestros representantes políticos de esto, cada día que pasa hay más niños generando obras artísticas y compartiéndolas a través de internet.
Pero a pesar de lo que muchos entusiastas de las nuevas tecnologías quieran creer, los cambios normativos no se harán sólo a través de buena voluntad y fotografías en Flickr. Para que no nos veamos atrapados por una legislación del pasado ni tampoco por unos lobbystas del derecho de autor del presente hay que tomarse en serio los derechos de autor. Y tomárselos en serio significa, entre otras cosas, luchar por lo que creemos que es justo y por nuestros derechos en el entorno digital.
El anterior es un artículo escrito por mi en Cadaunadas, el blog de Enzo Abbagliati, director de Biblioredes, en su primer aniversario.
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De la misma manera, la propiedad intelectual se está convirtiendo cada vez más en una mercancía a la venta dentro del mercado global. Sin embargo no ha traído felicidad a quienes la poseen, porque en este sistema, el placer se basa en tener cada vez más. Bajo la globalización, capturar y focalizar los deseos de la gente de tener cada vez más, fomenta una cultura de consumo. Hoy, este es un mundo en el cual el valor de la persona se mide por su habilidad de consumir. El mercado des-regulado se utiliza como mecanismo para crear un sin fin de deseos para que las personas consuman más bienes producidos para el comercio. Para fomentar esto, es primordial una cultura de competencia en el mercado.
Esta cultura, sin embargo, contrasta marcadamente con la cultura de solidaridad y amistad que buscan las personas de fe. En esta cultura, la propiedad intelectual es algo para compartir. Vale la penar mencionar que aún hay muchas comunidades, tales como las comunidades indígenas, que comparten su propiedad intelectual. Compartir la propiedad intelectual en tiempos de globalización es algo que comenzó a emerger con la Internet. Creative Commons es uno de los mecanismos que permiten un compartir más abierto de la propiedad intelectual a nivel mundial (ver Cáp. 5)
Love to Share. No lo dice ningún grupo de fanáticos anarko comunistas financiados por multinacionales malvadas y traga niños. Lo dice el Concilio Mundial de Iglesias. El documento completo, que se refiere a aspectos de derecho de autor y propiedad intelectual relativas a las iglesias del mundo se puede bajar completito desde su sitio web, todo hermosamente licenciado con una Creative Commons BY-NC-ND.
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Hoy sentí el mismo aroma a tiza que sentía en la Escuela Platón D 284 de Quinta Normal. A las dos cuadras, sentí ese olor que traían los juegos y cassetteras nuevas del Atari 800Xl que tanto me gustaba. Primera conclusión, hay que salir más seguido en bicicleta por Providencia más allá del área casa-oficina. Segunda conclusión, a veces uno es tan conservador, tan feliz con ciertos recuerdos claves. Con tan poco, en definitiva.
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Suponga usted que se reuniera la policía del país y asegurara que los mayores índices de consumo y tráfico de drogas duras se hace dentro de los hogares. Asegurarían, presumiblemente, que ello hace muy complicada la persecución de estos ilícitos. Claro, la intimidad y esas cosas extrañas llamadas derechos fundamentales son siempre problemas para poder capturar a los delincuentes.
Frente a esta realidad, se reúne con otras instituciones, incluidas aquellas pro-familia y acuerdan que la mejor forma para poder pesquisar dicho tráfico -y además evitar la desintegración de las familias del país por el flagelo de la droga- es que comenzarán a monitorear con cámaras ocultas lo que sucede en las oficinas de empresas privadas, baños y camarines de clubes deportivos y en las salas de estar y comedores de todos los hogares del país. Ahora suponga que eso no lo quiere hacer la policía, sino que un grupo de privados.
Probablemente lo anterior suene raro, abusivo y hasta orwelliano, diría alguno. Hay una buena y una mala noticia respecto de esto. La buena, es que una vez más la literatura demuestra su de poder adelantarse a lo que sucederá en la sociedad. La mala noticia, naturalmente, es que lo que acabo de parafrasear podría estar ocurriendo, y para proteger un bien jurídico infinitamente menos relevante que la lucha contra la droga. Menos relevante sin duda, pero económicamente rentable para muchos: las descargas a través de Internet.
Así es como la semana recién pasada se reunieron en Aspen, Colorado, representantes de los más importantes titulares de derechos de autor, esto es, productores fonográficos y multinacionales de la música y el espectáculo comandados por Warner, la RIAA y la MPAA. La industria pretende establecer alianzas con los proveedores de acceso a Internet con el fin de filtrar el contenido que circula a través de la red y de esta forma dar un golpe de efecto a la creciente y desastrosa -según sus propios cálculos, claro- proliferación de las descargas de contenido protegido por derecho de autor.
Lo anterior no es sino una demostración de dos hechos fundamentales en la lucha contra la piratería en Internet. El primero, es que es claro que todas estas decisiones comerciales no responden necesariamente a proteger a los autores. Quienes promueven estas medidas representan intereses más bien comerciales que artísticos y resulta natural y obvia la reunión entre dichos intereses y los intereses de quienes proveen conexiones a Internet. Más aún cuando ellos mismos se han ido transformando, a su vez, también en proveedores de contenidos. El segundo hecho fundamental que queda al descubierto, es que para esta industria -que por cada día que pasa ve cómo se desmorona tras de sí un modelo de negocio que los sustentó durante más de un siglo- la persecución de infracciones a derechos de autor debe hacerse a como dé lugar, sin importar otros derechos civiles tan importantes como la privacidad o la inviolabilidad de las comunicaciones privadas.
En un mundo donde las grandes industrias que gestionan derechos de autor se han transformado en importantes grupos de presión y ostentan un poder económico que es capaz de intimidar a los gobiernos más probos de la región, los grandes perdedores de esta lucha son quienes han tenido menos oportunidades de opinar y accionar, el público. Para nuestra sociedad resulta importante proteger los derechos de autor, son sin lugar a dudas claves para la preservación de la cultura. Pero cuando esta necesidad de sobre protección pretende destruir a su paso la construcción republicana de los derechos fundamentales, en pos de la preservación de privilegios comerciales, es el momento de re-estudiarlos y re-estructurarlos en forma severa y radical.
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Artículo publicado por Terra Magazine bajo Licencia Creative Commons Chile
Imagen: Sometimes I invade her privacy por oh that rachel!, CC:BY-NC-SA
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