Repetidamente es posible ver cómo quienes sostienen que un sistema más restrictivo de derechos de autor es mejor para los creadores, también sostienen un argumento que no por ser especialmente falaz deja de ser inquietante.
Éstos, frente a los absurdos de una ley de propiedad intelectual cada vez más repulsiva, aseveran que son ejemplos que no tienen validez toda vez que nadie ha sido demandado por esto. Sostienen, no sin algo de razón, que a nadie se le ocurriría demandar a la Biblioteca de Ciegos de Providencia por las adaptaciones que hacen de obras literarias a formato digital.
Pero en ese argumento está precisamente el corazón de su construcción errónea.
Las excepciones al derecho de autor -que permitirían, en este caso, a la misma biblioteca poder hacer esa adaptación de manera legal- son reglas mediante las que la ley es quien autoriza usos que de otra manera debieran requerir autorización o pago al titular de derechos de autor.
Es la ley, esto es, un mandato que debiera representar los intereses de toda la sociedad, la que decide cuales usos son autorizados como legítimos y cuales no. Es la ley la que determina que ante una luz roja el conductor de un vehículo debe detenerse. La ley, no el ánimo del policía de turno. Menos el del conductor que va al lado nuestro.
Esto explica por que es necesario, entre otras cosas, un sistema robusto de excepciones y limitaciones al derecho de autor. Necesitamos que sea la ley quien nos diga lo que es justo y cuando caemos en ilegalidad, no un tercero, menos si es interesado.
Esto se hace más importante, cuando consideramos que el principal promotor de demandas en materia de derecho de autor en Chile es la SCD.
No perdamos de vista esto que parece tan simple pero que uno ve olvidado en este desordenado mapa de descalificaciones, pataletas y errores.
Foto: klevstul en Flickr
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Ley de Derecho de Autor Uruguaya:
Art. 58. Las asociaciones constituidas o que se constituyan para defender y gestionar los derechos patrimoniales reconocidos en la presente ley, necesitan, a efectos de su funcionamiento como tales, de la expresa autorización del Poder Ejecutivo de conformidad con lo establecido en esta ley y en el decreto reglamentario.
Dichas asociaciones que se denominarán de gestión colectiva deberán ser asociaciones civiles sin fines de lucro, tendrán personería jurídica y patrimonio propio y no podrán ejercer ninguna actividad de carácter político o religioso.
A punta de porrazos uno a veces entiende el sentido de ciertas leyes.
foto: Juan Pedro Catepillán
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El sábado en el palacio de La Moneda se dieron cita el Ministro José Antonio Viera-Gallo, la Ministra de Cultura Paulina Urrutia y una serie de “artistas” agrupados en la Sociedad Chilena de Derecho de Autor. Allí, en una actitud incomprensible, y que torpemente confirma todo lo que se ha venido diciendo en blogs y cartas a periódicos en los últimos días, el Gobierno se cuadra con sólo una de las tantas posiciones que existen respecto de la regulación del derecho de autor en Chile, una posición que va en derecho detrimento de los intereses ciudadanos a favor de un puñado de artistas asociados a su entidad de gestión colectiva.
Pero lo más grave no fue eso sino que el Gobierno se preste para uno de los espectáculos más extraños, ordinarios y patéticos que se tenga memoria sobre este tema, dándole tribuna a una descontrolada Denisse Malebrán (una asidua lectora de este blog) quien las emprendió contra este, su seguro servidor.
Todo esto, mis amigos, me he recordado esa antigua frase que se le atribuye a Ghandi.
Primero te ignoran.
A pesar de reiteradas invitaciones, los representantes de Trato Justo Artistas y la Sociedad Chilena de Derecho de Autor (SCD) declinaron a asistir al foro a presentar sus argumentos a la opinión pública.
Luego se ríen de ti . (bueno, yo agregaría, de todos nosotros)
Después te atacan.
(hasta por Facebook, yo agregaría.)
Entonces ganas.
Ojalá así sea. Sepan que no nos interesan las amenazas ni las mentiras.
Y que estaremos más preparados que nunca.
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El final de esta historia es que el Gobierno tiene un concepto bien torcido de democracia y muy extraño de lo que es un gobierno ‘ciudadano’. Los primeros párrafos de este cuento los escribe la Ministra de Cultura reconociendo públicamente acuerdos que antes habían sido negados y reconociendo cual será la pauta del gobierno en estos temas de acá en adelante. El final de esta historia, mis amigos, se escribe desde los cuarteles generales de la Sociedad Chilena de Derecho de Autor (SCD), desde donde se ha escrito y se está escribiendo en este instante el futuro del derecho de autor en Chile. A costa de Internet, del desarrollo tecnológico y a costa de todos nosotros, por supuesto.
Sabemos que se encuentra en el Senado una de las reformas más importantes a la Ley de Propiedad Intelectual desde el año 1970. Esta reforma pretende adaptar esta ley que data de 1970 a los desafíos del mundo digital y evitar así una serie de absurdos. Además, pretende hacer esta ley razonable desde el punto de vista de las excepciones y limitaciones al derecho de autor que se contemplan en todo el mundo y que en Chile somos meros expectadores. Porque claro, cada una de las reformas que se le ha hecho a esta ley ha sido hecha previa aprobación de la SCD y todas ellas pretenden fortalecer derechos de autor vetustos y añejos en detrimento de los derechos del público. Esta ley pretendía equilibrar de una vez por todas esos intereses.
Pero esto ha provocado una reacción histérica, desinformada y patética. Mientras existía un esfuerzo para lograr una ley que fuera justa para todos, otros han salido a la calle con carteles y pitos a pedir una ley justa sólo para ellos. No una ley que se adapte al mundo de internet, sino que una ley que se adapte a sus propios bolsillos e intereses.
Pero en fin, vamos al grano, dijo el dermatólogo. Los acuerdos a los que ha llegado el gobierno con la SCD a escondidas de la ciudadanía, con el fin de que esta ley salga adelante sin ruido, son los siguientes [descargar versión original]:
1.- No apoyar indicaciones que exigen que exista uso efectivo de obras para que haya cobro por parte de la SCD. Se lo pongo con un ejemplo. Si yo a usted lo demando porque me golpeó luego de una discusión, seré yo quien tengo que probar que tengo un golpe y que ese golpe me lo propinó usted. Esto es muy razonable, porque de lo contrario nos pasaríamos demandando los unos a los otros exigiéndole pruebas de lo contrario al demandado.
Bueno, la SCD quiere lo contrario. El acuerdo supone que el gobierno acepta que la SCD no tenga que acreditar uso efectivo de las obras, sino que se pueda basar sólo en supuestos, para proceder al cobro. Lo que resulta interesante considerado que viene de quienes son los principales promotores de demandas judiciales por derechos de autor en Chile.
2.- Apoyar un proceso de mediación previa en caso que no haya acuerdo sobre el cobro entre las partes. Hoy, quien fija las tarifas que cobra la SCD, es la propia SCD. Así, si usted tiene una discoteque u organiza un evento pequeño musical, tiene que pagarle a la SCD la tarifa que ellos mismos determinan. Como no hay otra entidad que ‘compita’ con la SCD, no queda más remedio que pagar a menos que queramos exponernos a demanda. El proyecto suponía un procedimiento de Arbitraje Forzoso, esto es, que en caso de desacuerdo sobre la tarifa, sea un tercero el que decida obligatoriamente.
Lo que ha aceptado el gobierno a solicitud de la SCD es que en caso de desacuerdo, vayamos a una “mediación previa obligatoria” en la que nos van a conminar a llegar a acuerdos. Si no llegamos a acuerdos, vamos a juicio. Es fácil de entender que esto, en buen chileno, vale hongo y no protege al más débil en la negociación, que ciertamente no es una entidad monopólica.
3.- Apoyar la eliminación de la responsabilidad de los prestadores de servicios internet. En castellano castizo, esto significa dejar la puerta abierta para que mañana la SCD dirija cobros a nuestros proveedores de acceso a Internet por las eventuales descargas que realizan sus usuarios. Los que han pasado por alguna clase de economía, saben que esto significa finalmente un cobro que vamos a terminar pagando todos nosotros.
Ahora, si a mi me preguntan, yo estaría feliz con un canon como este siempre que supusiera una excepción amplia para usos y reproducción no comercial. Pero como a algunos quieren pan y pedazo, quieren meternos un impuesto, pero no entregarnos ningún derecho. Así cualquiera.
4.- Eliminar excepciones para traducción, para usos educacionales y para usos justos. El Gobierno está de acuerdo con la SCD en eliminar esa terrible y macabra excepción que permite que piratas profesores hagan traducciones de textos que se encuentran en otros idiomas para efectos de enseñanza. También está de acuerdo en eliminar la excepción que permite reproducción de obras cortas para fines educacionales.
Lo más grave, es que además acuerda la eliminación de lo más importante de esta ley, la excepción que permite usos justos o legítimos. Que le permite a usted subir a Youtube un video de su hijo que baila una canción que suena en la radio, que le permite pasar un CD a MP3 o que le permitiría por ejemplo, hacer un collage o una presentación en Powerpoint con imágenes y música de fondo para las bodas de Oro de sus papás. Para quienes quieren tratos justos para algunos, hay que pagar.
En reunión con la Ministra de Cultura, ella reconoció que este acuerdo marcaba la pauta del Gobierno en este tema, por lo que no hay más que conversar.
Me parece lamentable que el Gobierno termine haciendo caso omiso a los reclamos de una serie de organizaciones sociales, gremiales, académicos e industriales que queremos una ley de propiedad intelectual moderna, ajustada a los desafíos de Internet, y que no trate a sus ciudadanos como delincuentes. Que no sea utilizada como privilegios para algunos sino que apunte, en definitiva, a un trato justo para todos.
Pero hay buenas noticias. La buena noticia, es que a partir de ahora, amigos míos, se nos acabó la buena onda. Pronto, muchas más noticias.
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Hace un par de días me contaba Juan Pablo Fernández de SURE de los pocos espacios que hay para el mundo audiovisual hoy por hoy y cómo la publicidad parece ser la única salida para quienes quieren producir cine. Y Juan Pablo -que estrena película a fines de Octubre- no lo decía necesariamente en una crítica simplista y llorona contra la piratería sino que lo decía porque no parece haber mayores alternativas que el product placement para una industria latinoamericana que cada día se ve más ninguneada por las salas de exhibición ante la avalancha de películas provenientes del lejano oeste norteamericano. Más todavía, cuando más del 50% de lo que pagamos en la boletería para ver la película que queremos se la lleva el dueño de la sala.
En estos días se desarrolla en México DF el 1er Congreso de Cultura Iberoamericana [pésimo sitio en Flash, están avisados] titulado “Cine y Audiovisual en latinoamérica” y se han dado cita allí una serie de representantes de la industria audiovisual, incluyendo a gente como Antonio Banderas, el cubano Reynaldo González, y el chileno Miguel Littin.
En una de las mesas, los cineastas explican como razones importantes para el momento del cine latinoamericano la desaparición de pequeñas salas de cine donde se expongan películas que no necesariamente responden a criterios comerciales, como pasa generalmente con las que provienen de esta parte del continente. “Los cines de barrio son ahora las películas piratas“, sostuvo el venezolano Román Chalbaud, para explicar la aparición de nuevos métodos de distribución informal.
En este contexto, según lo apunta Terra España, Miguel Littin fue más allá al afirmar que él mismo distribuye a los vendedores piratas chilenos sus películas cuando el mercado oficial no las quiere exhibir.
Resulta interesante la vuelta de tuerca. Mientras algunos prefieren llorar y exigir preferencias por parte del Estado, otros encuentran métodos inteligentes de distribución. Quien sabe, quizás tal como sucede con música en principio marginal en Brasil como el tecnobrega o el bailefunk, sean los piratas el método de distribución de contenidos del futuro.
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