Fotografía por Nic_Name en Flickr

El lector asiduo de este blog sabe que tenemos una ley de propiedad intelectual nefasta y anticuada. Que casi todas las cosas que usted realiza, como pasar música a su reproductor de MP3 o iPod es ilegal, así como también es ilegal hacer una cita de más de diez líneas. Qué decir de hacer una cita de una fotografía. Por más que digamos que no hemos tomado nosotros esa fotografía de El Mercurio, la sola referencia no salva que la cita de una fotografía o imagen sea totalmente ilegal en nuestro país.

Pues bien, luego de la suscripción del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (en adelante TLC) Chile se obligó a modificar una serie de leyes, incluyendo nuestras normas de derecho de autor. Es esto lo que explica que el año 2003, entre otras reformas, se haya aumentado el plazo de protección del derecho de autor más allá del estándar internacional, a setenta años luego de la muerte del autor, siguiendo las premisas norteamericanas.

Así también nos obligamos a reformar otras normas en un lapso de tiempo establecido en el mismo TLC. Es lo que tiene en este momento al Congreso Nacional estudiando una nueva reforma a Ley 17336 de Propiedad Intelectual, donde uno de los puntos en discusión es la regulación sobre la denominada ingeniería reversa.

Como usted puede suponer, todos los lobbys tecnológicos de relevancia han tenido presencia en el Congreso. Fueron escuchadas todas esas agrupaciones llenas de siglas como la Sociedad de Derecho de Autor (SCD), la Bussiness Software Alliance (BSA), la Asociación de Distribuidores de Software (ADS), el representante de la IFPI, entre muchos otros, quienes dieron a conocer sus puntos de vista respecto de lo que debiera decir nuestra ley, apuntando por cierto a un estándar claramente más ventajoso para las empresas e industrias multinacionales del software que para todos nosotros.

Fotografía por endolith en Flickr, CC: BY-SA

Pues bien, cuando todos pensábamos que teníamos a los malos de la película identificados, en una movida sorprente aparece en escena otra sigla, la Asociación Chilena de Tecnologías de la Información (ACTI). La ACTI, agrupa a una buena parte de las empresas nacionales de tecnologías de la información, representando por tanto en múltiples foros -incluyendo la presentación de la Estrategia Digital de su Presidente- a las empresas chilenas de TI.

Como decía, uno de los puntos que se están discutiendo en el Congreso es la regulación de la famosa ingeniería reversa. En simple, se denomina de esta forma a los procedimientos para obtener información técnica a partir de un producto accesible al público, con el fin de determinar de qué está hecho, qué lo hace funcionar y cómo fue fabricado.

Es la ingeniería reversa la que permite que, por ejemplo, que se desarrollen controladores o drivers de tarjetas de video o tarjetas de sonido cuyos fabricantes no han desarrollado para sistemas operativos distintos a Windows. Es lo que permite, por ejemplo, que muchos periféricos actualmente funcionen en Linux y muchos de ellos tengan incluso mejores prestaciones que con los controladores de fábrica.

Como pueden suponer, la realización de actos de ingeniería reversa o inversa se encuentra obviamente permitida en buena parte de los países del mundo. Ciertamente, porque estas actividades permiten que se puedan desarrollar investigaciones y de esta forma desarrollar la industria del software, principalmente la industria local.

Fotografía por jm3 en Flickr, CC: BY-SA

Pero la ACTI, sorprendentemente, esta vez no rema junto con la industria nacional. Tanto en un comunicado, como cada vez que pueden hablar del tema lo señalan, proponen que esta excepción que permita la ingeniería inversa esté limitada a:

1.- Evitar medidas tecnológicas de protección.
2.- Cuyo objetivo sea únicamente interoperatividad.

Como es posible apreciar, la ACTI deja fuera expresamente el desarrollo y la investigación, interpretación que excede con creces lo que señala el TLC y que por lo demás es una excepción recogida en buena parte de los países del mundo precisamente porque el alcance de desarrollo permite que empresas del sector tecnológico puedan realizar innovación y presentar nuevos productos basados en los procesos de ingeniería reversa permitidos por la ley.

Mientras tenemos todos los lobbys que representan intereses corporativos multinacionales en el Congreso, la ACTI, que debiera velar por la defensa de los intereses de las empresas de software nacional, se cuadra con una interpretación dudosa del TLC que en cualquier caso pretende salvaguardar intereses corporativos multinacionales que ya están lo suficientemente representados en el Congreso como para seguir ayudándoles. ¿Y la industria nacional? Bien gracias.

Tristemente, cuando las cosas llegan al Congreso las razones no son suficientes. Ni siquiera cuando se trata de protección de un sector de la industria. Mientras sigamos legislando para los intereses de las empresas con las que firmamos acuerdos de cooperación, no habrá estrategia digital que nos salve.