
Fotografía por Lombas
Luego de la crisis económica de principios de los 80, la ciudad de Bilbao comenzó una inmensa reconstrucción donde se dio especial énfasis a los espacios públicos revitalizando completamente la ciudad. Es así como se explica la construcción de destacadas obras arquitectónicas para uso público como la sucursal del Museo Guggenheim de Frank Gehry, el diseño del Metro de la ciudad, obra de Norman Foster, el nuevo aeropuerto de Bilbao, denominado ‘La Paloma’ y el controversial puente o pasarela Zubizuri, ambas del famosísimo arquitecto valenciano Santiago Calatrava. Calatrava será, les adelanto, el protagonista de esta historia.
A pesar de ser considerado uno de los símbolos de esta nueva Bilbao, el Puente Peatonal del Campo de Volantín -su nombre original- no ha estado ajeno a una serie de críticas que contribuirán a llenar el recipiente donde los contribuyentes y ciudadanos de la ciudad de Miguel de Unamuno y Alex de la Iglesia depositan sus frustraciones y descontentos. Es que supongo -y en esto están de acuerdo conmigo los vascos- que debe haber alguna relación entre la buena arquitectura y la ‘usabilidad’. Leía en un artículo de Anatxu Zabalbeascoa que la contraposición entre esos conceptos se graficó perfectamente cuando la señora Kaufmann, dueña de la famosa casa en la cascada, se quejó ante Frank Lloyd Wright porque la maravillosa casa tenía goteras que caían sobre la mesa. El arquitecto, sin dudarlo un segundo, le dijo que entonces moviera la mesa.
En el caso del ZubiZuri -”puente blanco” en euskera- los bilbaínos concentraban sus diatribas en la composición del piso del puente, el que no se aviene al clima del país vasco: con sus sucesivas lluvias el puente se convertía en una sofisticada pista de patinaje, claro que sin hielo y sin patines afilados. A esto súmele que las calles que unía inicialmente el puente no eran las más adecuadas para el tráfico de peatones.
Pero los desencuentros entre los locales y el arquitecto tuvieron un punto de quiebre el año pasado cuando el municipio de Bilbao autorizó al japonés Arata Isozaki a construir una conexión entre las lujosas torres diseñadas por él y el puente de Calatrava. La construcción de una estructura hecha por el japonés que se integrara en el famoso puente blanco colmó la paciencia del arquitecto valenciano y lo llevó a encontrarse en tribunales con las autoridades de la ciudad de Bilbao.
Pero Calatrava no argumenta infracción contractual por parte del Ayuntamiento. Tampoco argumenta perjuicios económicos directos. Lo que alega Calatrava, es la violación de sus derechos morales de autor y solicitando una indemnización de la no despreciable suma de tres millones de euros. Porque claro, los derechos morales son una cosa muy delicada, pero como decía el personaje de Ricardo Darín en Nueve Reinas, no faltan putos, faltan financistas.

Fotografía cortesía (?) de ElMundo.es
Los derechos morales son derechos perpetuos e instransferibles que existen por la “unión espiritual” que tiene el autor con su creación. Son, en general, el derecho a inédito, derecho a evitar cualquier transformación de la obra y el derecho de integridad. Basados en estos siniestros derechos esotéricos, cabalísticos, Calatrava pretende que se vuelva al estado anterior de la obra, esto es, demoliendo las mejoras hechas para conectar el puente con la nueva explanada, o bien una indemnización de tres millones de dólares por daños derivados de este “atentado”.
La cuestión, en España, ha sido de gran importancia. Porque además de presentarse como un juicio entre un arquitecto engreído (el que recibió, por lo demás, más de 300.000 euros por la construcción del famoso puente) y el pueblo de Bilbao, se presenta como una lucha de egos entre Calatrava y Isozaki. El punto no es sólo que se construya algo en el puente que atente contra su expresión artística, sino que lo haya construido un arquitecto distinto, alguien como Isozaki.
Pero hay una tercera forma de entender el asunto, que es cómo se utilizan los derechos de autor para fines que van mucho más allá de defender esos derechos. Lo que hace Calatrava es, básicamente, usar tal vez una de las construcciones más reaccionarias que existen en materia de propiedad intelectual, en un cat fight de arquitectos engreídos que se tiran del pelo y se hunden las uñas a costa de los bolsillos de los habitantes de Bilbao. ¿Es para esto que tenemos derechos de autor?
Porque el que el puente sea o no una obra artística, la verdad es que no es el tema fundamental, a lo menos para mi reflexión. En Chile, este tema estaría saldado con lo que señala el artículo 46 de la Ley de Propiedad Intelectual, que señala que
Art. 46. En las obras de arquitectura el autor no podrá impedir la introducción de modificaciones que el
propietario decida realizar, pero podrá oponerse a la mención de su nombre como autor del proyecto.
Punto. Se le saca el nombre Calatrava y ya está. Más cuando le agregamos el dato que fue un puente construido con dineros públicos, lo que le agrega pimienta a la cuestión. Dejando de lado que en Chile normativamente esté resuelto el asunto, quedan elementos boteando. ¿El que la obra de arquitectura esté regulada por derecho de autor autoriza a Calatrava a oponerse a cualquier modificación que se le haga? ¿Sólo él puede añadirle o quitarle elementos? ¿El que esté protegido por derecho de autor, impide que el ayuntamiento pueda realizarle modificaciones para que sus ciudadanos -quienes financiaron su construcción- puedan usar el puente y no resbalarse cuando llueve?
Los invito a encontrar argumentos al respecto. Porque, la verdad, es que en nuestro mundo del derecho de autor con anabólicos y esteroides posible argumentar para lado y lado.
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Foto por editormouse
Con un artículo en el servicio de hospedaje gratuito de blogs Blogger, el 1 de octubre la Secretaría Ejecutiva del Comité de Ministros para el Desarrollo Digital publicó un documento que ha denominado Estrategia de Desarrollo Digital, donde pretenden sentar las directrices sobre el Chile digital para el período 2007-2012.
Más allá de los asuntos formales que uno podría puntualizar, tratándose de una iniciativa de tal magnitud, parece ser una gran necesidad de país asumir seriamente las políticas gubernamentales en relación con la tecnología, por cómo éstas pueden propender a hacernos un país más competitivo, como también por los impactos que éstas tienen en el desarrollo de los derechos fundamentales de miles de chilenos.
Parece destacable que la iniciativa pretenda abrir la discusión más allá de los fríos escritorios ministeriales, pero esto debe ir de la mano con estrategias de participación que lleven a cabo todos los discursos sociales involucrados, no sólo los intereses gremiales y corporativos tradicionales. Esta iniciativa debiera suponer una participación amplia de organizaciones representativas de la sociedad civil que mucho tienen que decir respecto del desarrollo digital para el país.
Más todavía, asuntos como una adecuada regulación de delitos informáticos, de tratamiento de datos personales y de propiedad intelectual es evidente que resultan partes claves de esta estrategia. Pero nos merece atención que el documento no clarifique cuales serán los énfasis que las políticas públicas promoverán a este respecto, suscitándose dudas sobre todo al analizar la actual regulación y las actuales propuestas de reforma. Todas ellas han dejado de lado en forma importante el interés público comprometido.
La estrategia gubernamental parece ser un buen comienzo, pero es necesario destacar también algunos temas jurídicos de relevancia que han sido omitidos y parece urgente agregar. Una estrategia como la que se plantea debiera asumir un rol activo respecto de la regulación de un principio fuerte de neutralidad de la tecnológica y en Internet, evitando así abusos por parte de actores con control dentro del mercado y permitiendo el nacimiento de nuevos modelos de negocio.
Para todo lo anterior, resulta urgente que la Estrategia considere la participación activa de no sólo del mundo académico y gremial, sino que también una participación activa de la sociedad civil, tal como sucede en los foros multilaterales alentados por la Unión Europea y el Mercosur. No es sino a partir de establecer objetivos específicos claros y medibles, mayores estándares de participación social y un marcado énfasis en el interés público comprometido que podemos tomarnos realmente en serio una estrategia como la planteada, lo que sería sin lugar a dudas una excelente noticia para el país.
*Columna publicada en el diario El Mostrador, que todos rogamos alguna vez cambie su modelo de negocios y abra sus contenidos al público.
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Estudiar la historia de una ley suele ser una tarea tediosa y sin mayores brillos. Saber qué dijo cada diputado, qué énfasis puso este otro, para algunos permite descifrar el sentido último de una ley. Más allá de lo equivocado que esto resulta (si fuera cierto no tendríamos necesidad de leyes, sólo de actas de discusiones sobre temas), algunas veces esta búsqueda nos gratifica con pequeñas joyas, sutiles perlas que nos obligan a ser guardadas en la misma gaveta donde tenemos los chascarros de Sábados Gigantes, las macabras bromas de don Francisco, el episodio de Patio Plum visitados por Los Prisioneros y aquella cámara oculta del profesor Rossa y Guru Guru tratándose como mortales.
El 10 de Octubre de este año hubo discusión en Sala del proyecto de ley que reforma la ley de propiedad intelectual. En esta instancia legislativa es posible que nuestros honorables pidan la palabra para puntualizar sus dudas, sugerencias y aportes. Y esta es la parte más deliciosa. Saque papel y lápiz, a continuación los highlights.
Episodio Uno: Hail to the Thief

El primero en pedir la palabra fue Ramón Farías, PPD, diputado por el distrito 30.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ramón Farías.
El señor FARÍAS.- Señor Presidente, en primer lugar, saludo a las delegaciones de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, SCD, y de Chileactores, presentes en las tribunas, y a los artistas Fernando Ubiergo, Eduardo Gatti, Enrique “Quique” Neira, Eduardo Peralta, Nano Acevedo, Manuel Luna, Arturo Duclos, Esperanza Silva, presidenta de Chileactores; Marcela Medel, Santiago Schuster, César Cuadra, Jorge Mahú, Catalina Ibáñez, Ana Luisa Pérez, Pablo Herrera, Francisco Saso, Denisse Malebrán y Horacio Saavedra.
Mi saludo cordial para todos ellos.
(Aplausos en las tribunas)
(…)
La señora VIDAL (doña Ximena).-Quiero saludar a los representantes de Chileactores, de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, a los actores, a las actrices, a los músicos y a los artistas en general, así como a los abogados y a otros profesionales que han hecho suyo el baluarte de proteger el derecho de propiedad intelectual en nuestro país, sin cuyo compromiso este debate no sería posible, puesto que con paciencia, unidad y eficiencia han sabido empujar al Estado para que se haga cargo del tema.
(…)
El señor LATORRE.- Señor Presidente, quiero partir saludando no sólo a quienes nos acompañan en las tribunas, sino también muy especialmente a quienes, en representación de nuestra comunidad de artistas e intelectuales, están presentes para atender a un proyecto de ley que tiene sentido en la medida de que fortalezca los derechos de autor y de propiedad intelectual, que se manifiesta en los derechos de artistas, intérpretes o ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones, los derechos de productores de fonogramas sobre sus grabaciones y los derechos de los organismos de radiodifusión sobre los programas de radio y televisión.
Doña Ximena Vidal, don Juan Carlos Latorre y el diputado Farías, como ve, comienzan sus diatribas con saludos a la hinchada que atestaba las tribunas, en un gesto antideportivo y torcido. Es el árbitro saludando a la barra del club local. Por lo demás, el diputado Farías, demás de autodenominarse artista -cosa que digo no por despreciar su previa carrera actoral/musical, sino porque le pagamos el sueldo para ser Diputado, no saltimbanqui- comienza su intervención con esta arenga que no me puede dejar sino con los pelos de punta.
Imagine, estimado lector, que durante la discusión de la ley de Pesca el senador Andrés Zaldívar salude en sala a todos los empresarios pesqueros y a los directores de empresas relativas a la pesca. O si durante la discusión de la ley del Royalty minero, un diputado salude efusivamente a los integrantes del Consejo Minero y a los representantes de la Sociedad Nacional de Minería.
Don Juan Latorre, Ramón Farías y su señora, doña Ximena Vidal, surfeando la acusación constitucional.
Episodio dos: Los piratas del caribe o ¿Dónde está Jack Sparrow?

Todos sabemos lo que dice la industria: que Internet va a matar la música, que debido a la piratería se pierden fuentes laborales, que hay grupos de piratas que asolan las redes y que provocan que nuestros artistas se mueran de hambre.
El señor CHAHUÁN.- Atendida la circunstancia de que la piratería ha alcanzado su mayor dimensión en las redes digitales, es preciso establecer tipos penales especiales que la repriman. Es del caso que el proyecto no contempla claramente dichos tipos penales especiales, razón por la cual a la piratería en redes digitales debería aplicarse los tipos penales genéricos contemplados en el artículo 79 del proyecto, referidos a utilizaciones no autorizadas de obras y producciones protegidas por derechos de autor y conexos, en cuyo caso las penas se establecen en relación al monto del perjuicio sufrido por el titular de los derechos afectados. Es sabido que la piratería, por regla general, constituye una actividad clandestina y en la que muchas veces resulta extraordinariamente difícil determinar la magnitud de las transacciones ilícitas, más aún tratándose de la piratería on line. Exigir a los titulares afectados acreditar tales perjuicios para los fines de disponer la pena asignada al delito, constituye una muy pesada carga para ellos y de muy difícil prueba, situación que en la ley no existe.
En castellano: lo que propuso el señor Chaguán es que se establezcan penas especiales para lo que él denomina piratería online, dado que es una actividad clandestina y donde no es posible establecer con claridad los perjuicios habidos, lo que sería difícil de probar por los titulares de derechos. Resulta interesante destacar que el proyecto que Chaguán critica establece que si usted, querido lector, descarga con inocencia un mp3 que encontró en Google tiene como piso mínimo de pena prisión en cualquiera de sus grados o multa de 5 a 100 UTM (de CL$170.000.- a CL$3.400.000.-). Suavecito, ah?
Episodio tres: Legislando con blackberry en mano

Pero no es sino el honorable Jorge Burgos, diputado por Providencia, el que se lleva todos los kudos de la noche.
El señor BURGOS.- (…) Conocí el proyecto ayer en la noche. Traté de leerlo en el blackberry cuando me detenían las luces rojas de los semáforos. Ésa no es la forma de legislar una materia de esta envergadura.
Hey! momento. ¿Está el diputado Burgos diciendo que no alcanzó a leer el proyecto de ley? ¿Que lo conoció la noche antes de votarse en sala? ¿Que lo leyó en los semáforos en su blackberry? Considerando que la dieta parlamentaria de un diputado sobrepasa los seis millones de pesos, sólo me resta decir un gran OMG.
Después de todo, queridos amigos, no sé cual es la moraleja de estas tres historias. Ni siquiera sé si son tristes. Entre la sutil corrupción de la primera historia, el extremismo de la segunda y la desidia de la tercera, podemos construir cómo nuestros diputados enfrentan el proceso legislativo de una materia tan delicada como es la Propiedad Intelectual.
La pregunta final es si vamos a tener una reforma que defienda los intereses de los poderosos de siempre o si vamos a tener una ley de propiedad intelectual que equilibre por fin los intereses de todos los involucrados. Por más que tengamos diputados usando su Blackberry, si pretenden que vayamos todos presos por descargar un miserable MP3, estamos legislando para el pasado y no a favor de los ciudadanos.
Para tomarlo en cuenta cuando tengamos que poner la rayita en las elecciones. No se olviden nunca que al final los que decidimos somos nosotros. A lo menos en teoría.
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Hace algunos meses atrás, justo cuando recién se estaba discutiendo en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de reforma a la Ley de Propiedad
Intelectual, les contaba del numerito que se mandó la Biblioteca del Congreso Nacional BCN, con un artículo que parecía haber salido de las cavernas mismas de los talibanes del derecho de autor.
Menos de 24 horas duró el artículo en el portal de BCN y fue bajado. No hubo información oficial, pero la información que me entregó la propia gente de BCN luego de preguntar por correo electrónico, era que iban a trabajar en un nuevo texto, que equilibrara las visiones en juego. Tanto que hasta me pidieron entrevista por mi trabajo en ONG Derechos Digitales.

La cosa es que hoy me llega al feed el artículo nuevo, en la sección Profundidad Legislativa. Bastante más equilibrado y con entrevista a otros involucrados en el asunto. Es, en definitiva, un artículo de verdad informativo, que es lo que se pide, nada más. Quizás faltó la visión de gente ligada a la industria, pero como el mismo artículo señala al final, se intentó conseguir ciertas declaraciones pero no fue posible.
En estas cosas uno se cansa de pelear. Si les contara en lo que va el famoso proyecto de ley, tendría para escribir no un blog sino un libro. Quizás si los talibanes me sueltan las amarras de las muñecas y me animo a escribir algo en estos días. No prometo nada.
El dato freak lo ponen sus links a Prensa Online Relacionada, donde pensaba encontrarme con una serie de enlaces a medios online, pero sorprendentemente me encuentro con que sólo enlazan a… El Mostrador (?!). Sí, El Mostrador, ese diario online que sigue creyendo que cerrando y cobrando por contenido es un modelo de negocio sustentable en el futuro. Quizás ganan dinero a través de estos enlaces. Quien sabe.
Por lo pronto, recomiendo el básico, pero equilibrado artículo de BCN. Bienvenidos al mundo del copypaste. Bienvenidos al mundo donde las instituciones públicas no defienden intereses corporativos. Sí, lo anterior lo escribo sin ninguna convicción.
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