Lo que usted ve arriba son más de 1500 reclusos del CPDRC (Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center), de Fillipinas. Todos representando el famosísimo video de Michael Jackson.
Harta agua ha pasado bajo el puente para ser una noticia que tiene menos de 48 horas. Y algo de orgullo siento porque los dos quienes han motivado la avalancha de protestas y de discusión cibernética han sido mis dos amigos y socios en Circobit, Carlos Moffat y Christian Leal, a.k.a. El Francotirador.
No voy a descubrir la pólvora, y los invito a leer el artículo de Christian Leal, que como siempre explica con peras y manzanas algo que es ligeramente más complicado que eso. Desmenuza el texto del acuerdopunto por punto infinitamente mejor de lo que pudiera haberlo hecho yo.
Lo que tengo que decir respecto del conflicto, y que creo no se le ha dado suficiente atención, son dos.
1.- Desde el punto de vista legal, tengo la impresión que no hay mucho que hacer. Ni desde la perspectiva de las compras públicas ni tampoco desde la eventual vulneración de la privacidad o datos personales de todos nosotros, como muchos han intentado equivocadamente poner el énfasis. Les explico por qué.
a) Compras públicas: Desde el punto de vista de las compras públicas o la forma en que el Gobierno debe adquirir productos de privados, no hay discusión. Es un Acuerdo de Cooperación como el que pudiera tener el gobierno con cualquiera que le ofrezca algo conveniente a escaso costo. Bueno, sí, Microsoft está lejos de ser cualquiera. Cierto, pero esa es harina de otro costal.
b) Privacidad o datos personales: El punto quizás más comentado del Acuerdo es el famoso “Domicilio Digital” donde el Gobierno se compromete a contar un infraestructura para conectar la base de datos del Registro Civil. O algo así. Pero sepa usted que, como pasa en otros temas en Chile, el sistema de protección de nuestros datos personales es absolutamente deficiente, comparando lo que pasa con países desarrollados.
Tan deficiente es, que con el sólo carné de identidad es posible saber el nombre completo de alguien, quienes son sus padres, su fecha de nacimiento y su sexo. Estando, ninguno de estos datos, debidamente protegidos por alguna agencia gubernamental ni nada. El descampado, como le dicen.
Porque revisemos lo que Microsoft ofrece a los 15 millones de chilenos:
* Domains@live: el gobierno podré manejar su propio dominio para las cuentas de correo y mensajerías en un formato del tipo ciudadano@xxxxx.cl
* La aplicación incluyen ente otros: correo, tareas, to do, blogs, alertas, calendario
* Hosting gratuito de las aplicaciones.
* 2 gigabytes de almacenamiento por Ciudadanos soporte premier 7×24 on line para los administradores de las cuentas de correo.
* interfaces automáticas para la carga y creación de cuentas de ciudadanos.
* Acceso vía celular en modalidad WAP y Windows Mobile neutralidad tecnológica
Hasta donde sé, todas pueden ser conseguidas en Internet a precio cero. Cero. Y con prestaciones infinitamente mejores. Sí, yo también me reí con los 2 gigas de almacenamiento para ciudadanos.
2.- Lo que me parece más grave, en cualquier caso, es la falta de transparencia y la corrupción que ha mostrado el gobierno para presentar este “acuerdo marco de cooperación”. Si no es por el incontenible Senador Navarro, no se hubiera sabido absolutamente nada. Quizás nos hubiéramos enterado cuando se publicite que cada uno de nosotros tiene derecho a tener su email (dónde he escuchado esto… :P).
Segundo, el gobierno muestra una vez más una falta de rumbo impresionante. Es decir, mientras por un lado sostiene mesas de conversación con los actores más relevantes del mundo del Software Libre en Chile para analizar formas de implementar FLOSS en la administración, en la sala de al lado firma este acuerdo con Microsoft.
Sepa usted que en estos momentos uno de los temas más candentes en el Congreso Nacional es la tramitación de un proyecto de ley que pretende modificar nuestra vetusta ley de propiedad intelectual que data de 1970.
Dos son los fundamentos de gobierno para hacer esta modificación. La primera, la necesidad de aumentar las penas para la piratería (cosa que no sorprende a nadie, dado que es lo que vienen haciendo desde la vuelta a la democracia: aumentar las penas por delitos) y también equilibrar de una vez por todas los intereses de los titulares de derecho de autor con los intereses de todos nosotros.
Para los que no saben, en España existe algo que se llama copia privada con compensación remuneratoria (conocido como canon). Esto significa que por cada pieza computacional o técnica que pueda reproducir archivos, debe cargarse a su precio una cantidad de dinero que debe ir a los titulares de derecho de autor, administrados por las entidades de gestión, en España para el caso de la música, la SGAE.
Esto significa que en España se pagan, adicionalmente a su precio, €16.67 de canon (ch$12.000 aprox.) por cada grabador de DVD que se compra, 10 euros a cada impresora multifunción, 14 euros por cada reproductor de MP3, y 140 euros por una torre de 100 dvds vírgenes.
Es una especie de impuesto que tiene destinación especial. Es como si los dueños de supermercados quisieran imponer un impuesto especial para sobreponerse ante las pérdidas de los robos hormiga. A ver cuantos de nosotros apoyaríamos la moción.
Mientras muchos rasgan vestiduras por la disminución sostenida de las ventas de los CD de música, culpando a esos piratas malolientes y sin escrúpulos, las descargas P2P se multiplican y cuando los artistas visitan países remotos como Chile, somos capaces de llenar el Victor Jara cuando toca White Stripes o The Strokes. Según datos del INE, el año 2005 más de cuatro millones de chilenos asistieron a espectáculos musicales, tanto gratuitos como pagados. Siendo que somos un país de un poco más de 16 millones, la cifra no suena del todo mal.
Las entidades de gestión de derechos de autor elevan un 511,7% sus ingresos totales procedentes del sistema de remuneración compensatoria por copia privada en apenas seis años. En 2007 podrían, incluso, cuadruplicarse.
De más está decir que la SGAE española, luego del canon tuvo ingresos de 300 millones de euros, de los que dice repartir el 80% a sus socios, pero compra diez sedes en tres años.
Más aún, desde el punto de vista de los precios, la AETIC informa de que el precio medio de un sintonizador de TDT (Televisión Digital Terrestre) con disco duro integrado se incrementaría un 78%; el de un grabador de disco duro un 80%; un dispositivo MP4 un 68%, un disco duro externo/multimedia un 55%; un reproductor MP3 más de un 70%; un ordenador portátil un 25%, y una memoria USB de 1GB casi un 10%. (fuente 20minutos)
Me imagino que a casi todos los que visitan este sitio son amantes de la música. Pero una industria que huele a naftalina, como la industria musical actual, no puede sobrevivir a costa de nuestros bolsillos. Una iniciativa como la que pretende imponer en el Congreso la SCD, más que beneficiar a los músicos de Chile, pretende gravarnos con una carga que no tenemos porqué soportar. Desde acá rechazamos completamente la medida, que injustamente pretende que seamos los amantes de la música los que tengamos que pagar los platos rotos de una industria que no sabe cómo adaptarse al siglo XXI.
Pasó cuando se inventaron los refrigeradores y quedaron sin trabajo los repartidores de cubetas de hielo. No es nuestra culpa que el modelo de negocios de la industria musical haya quedado obsoleto con la masificación de Internet.
Esto, amigos, es como del viejo Oeste. Se busca vivo o muerto. Se ofrece recompensa. O si ha visto a ese fugitivo, de cuenta a los siguientes correos y teléfonos.
Son básicamente tres los puntos a los que apunta la SCD en su intento desesperado, emocional y demagógico de obtener apoyos… cuando se acaban los argumentos. Como dijo Hans Pozo, vamos por parte:
1.- “Por nuestro derecho a establecer el valor de nuestras obras”: No a la modificación del sistema de tarifas. (leer argumento 1)
El artículo 100 que se propone, pretende simplemente que, en ciertos casos, el cobro de derechos guarde relación con la utilización de las obras. Y que si en ese supuesto existen problemas, se someta la controversia a arbitraje. ¿Le parece razonable, no? A la SCD no.
Sostiene la SCD que la acreditación del “uso efectivo” es innecesaria y perjudicial. Mire, se lo traduzco. Si yo lo acuso a usted de haberme robado mucha plata de mi caja fuerte (que no tengo, pero bueno), es razonable que sea yo el que tenga que probar que tenía plata y cuanto era. Pues bien, la SCD pretende que sea exactamente al revés: que cuando se trata de determinados usuarios deban ser los acusados los llamados a probar la supuesta infracción que se comete.
Todo esto sin siquiera tomar en consideración que la norma que se propone no sería aplicable ni a usted ni a restaurants ni a fuentes de soda ni a establecimientos educacionales, quienes según el criterio que la SCD ha intentado hacer efectivo en tribunales, sin éxito, es que cuando son acusados de infracción, son los acusados quienes deben probar lo que se dice que están infringiendo. Insólito, injusto y abusivo.
2.- “Por el respeto a la propiedad de los autores”: No a la “super excepción” (sic) a los derechos de autor. (leer argumento 2)
Dejando de lado la discusión sobre la “propiedad” y el derecho de autor, que hemos explicadoantes en este mismo blog, son los argumentos de este segundo punto los más llamativos por inaceptables y groseramente errados.
Señala la SCD que el artículo 71R que se propone sería una suerte de “fair use” norteamericano a la chilena, lo que es absolutamente falso.
O sea, ojalá se estableciera una excepción general de “fair use” en Chile y nos permitiera pasar a MP3 nuestros CDs antes que se sigan rayando. Lo que hace la norma que se propone es simplemente traer a nuestra legislación criterios que están establecidos en tratados internacionales como el Convenio de Berna, que por lo demás no creo que pueda ser leído como un tratado anti-autores.
Además, y dado que las sentencias en Chile tienen sólo efecto para el caso del que se trate y no necesariamente para otros, el alcance real que pudiera tener esta norma en Chile es absolutamente menor, dado que sólo le aplicaría a quien lo alegase, implicando un costo altísimo para poder acogerse a esta “excepción”
Esto es una leguleyada, pero sostienen que atentaría contra el principio de “reserva legal” porque se establecen limitaciones a la propiedad intelectual “que no se encuentran determinados en la ley”, como si de lo que se discutiera no es de una modificación a LA LEY de propiedad intelectual 17.336 de 1970. Que no le pasen cuchufletas.
3.- “Por el justo equilibrio entre autores y consumidores”: Sí a la copia privada libre pero con compensación para los autores. (leer argumento 3)
Este debe ser el punto más impresentable de todos los que hacen alusión. Primero, porque en ninguna parte del proyecto de ley que se envió al Congreso se contempla la copia privada con canon. Segundo, porque este tema lo quiere traer a colación a como de lugar la SCD y quiere imponerlo en esta reforma legal. Sí, escuchó bien, como en España: copia privada con canon compensatorio es lo que quiere la SCD.
Dice el comunicado de la SCD que “el proyecto introduce por primera vez en nuestra legislación una excepción de copia privada. Esto es, permitir realizar copias sin pedir autorización al autor“.
Yo no sé dónde aprendieron a leer, pero como ya les comenté, en ninguna parte del proyecto se contempla la copia privada, por lo que esa frase es falsa. Segundo, la explicación de copia privada es totalmente tergiversada, porque esa definición a la que hacen alusión es la definición de lo que es una excepción, no una copia privada.
Les presento la copia privada española que tanto le gusta a la SCD, regulada en el Artículo 31 Ley 22/1987 España:
Las obras ya divulgadas podrán reproducirse sin autorización del autor en los siguientes casos:
(…)
2. Para uso privado del copista y siempre que la copia no sea objeto de utilización colectiva ni lucrativa.
Repita conmigo: Copia privada es la copia para el uso privado del copista y siempre que no sea un uso colectivo ni de lucro. ¿Dónde sale esto en el proyecto de ley?
Además, si comenzamos con tecnicismos es una suerte de impuesto revolucionario que debiéramos pagar por cada máquina o soporte que eventualmente podría servir para la reproducción de obras protegidas. ¿Leyeron, dirigentes de la UDI? Un impuesto y más encima con un objetivo específico. Vamos diputados de la UDI, que confiamos en ustedes ;)
No voy a seguir con los millones de argumentos que se pueden esbozar en contra de esto que está proponiendo la SCD porque es darles la razón e insertar el tema en la discusión antes que los ciudadanos tengan tiempo para organizarse y oponerse. El mensaje es: si lo que quieren es guerra, guerra tendrán.
En definitiva, da entre risa y rabia el mensaje de la SCD. Risa, porque un panfleto como este, con argumentos de escaso rigor técnico y apareciendo como los pobres y oprimidos me causa una mezcla de risa y repulsión, principalmente, cuando son ellos quienes han monopolizado el discurso sobre derecho de autor en los últimos quince años, un discurso anquilosado, viejo y desequilibrado, jamás cuestionándose la posibilidad de equilibrarlo con los intereses de todos nosotros.
Pretenden hablar a nombre de los autores y creadores, cuando todavía no entienden que en el siglo XXI , bienvenidos a Internet, todos somos creadores. Usted, yo y ellos. Y los intereses de Shakira, ciertamente no son nuestros intereses. Acá estaremos: armados y esperando.
3.- Estoy curco con los Moais y la tontera de las nuevas siete maravillas del mundo. Que alguien me diga si Heródoto le preguntó a alguien para elegir, no sé, los jardines colgantes de Babilonia.
4.- También estoy curco con el circular tema de la delincuencia. Que si es o no un peligro para la sociedad, que si estamos rodeados por delincuentes, etc. Aquí alguien está ganando y no es usted.
5.- Esta es pregunta: ¿Soy yo no más o los últimos discos de Cerati y la vuelta de Soda Stereo es una reverenda y soberana lata? Cerati debe ser el artista latinoamericano más sobrevalorado de los últimos cincuenta años. No se me ocurre otro. No, Alberto Plaza no cuenta.
La Business Software Alliance (BSA) está lejos de ser una defensora de los derechos humanos. Está lejos, también, de estar a favor del reforzamiento de los derechos de los consumidores. Por si fuera poco, está alejadísima de estar a favor de mejorar la relación entre los productores de software y sus clientes, quienes en definitiva hacen a las empresas que producen programas, millonarias.
Según sus propios dichos, “BSA entrena a los usuarios de ordenadores acerca de los derechos de autor y la seguridad cibernética, aboga por la política pública que promueve la innovación y expande las oportunidades comerciales, y combate la piratería de software.”
Y claro, es obvio porque la BSA debe ser de las pocas organizaciones que tiene en sus filas a enemigos acérrimos e incluso competidores en el campo de la tecnología, como Adobe, Apple, Autodesk, Borland, Cisco, Dell, HP, IBM, Intel, McAfee, Microsoft, Symantec, entre otras más.
Todo, con el fin de promover la innovación y, no olvidar, combatir la piratería del software.
Y es precisamente este último objetivo el que ha hecho famosa a esta organización. Cartas, propagandas, encuestas de dudosa rigurosidad y campañas, sin contar los feroces lobbys parlamentarios para fortalecer las leyes de propiedad intelectual, son sólo algunas de las tácticas que la BSA ha utilizado para conseguir combatir a la piratería. Claro, porque hay otras estrategias, llamémoslas más “creativas”. Desde filtrar contenidos defectuosos en redes P2P hasta demandar a ancianos, sin contar lo siguiente.
“Denunciar la piratería de software es lo correcto y la BSA se complace en recompensar a las personas que salen adelante con información creíble,” dijo en una declaración Jenny Blank de BSA. “Las empresas a menudo tiene millones de excusas de por que tienen software sin licencia en las computadoras de sus oficinas, BSA ahora esta ofreciendo hasta un millón de dólares a los empleados que los entreguen,” ella agrego.
Así que ya sabe.
Si ya le parece que nuestras leyes no son lo suficientemente duras para combatir estos delitos.
Si le parece que además nuestra policía y el gobierno no hacen nada para combatir a estos malhechores.
Si además se da cuenta del tremendo daño que le hace a estas empresas que forman la BSA que pierden cada día millones de dólares por piratas.
Entonces tome la calculadora, vaya al PC más cercano y póngase a calcular. Invítese solo a tomar té donde su mejor amigo y mire de reojo su PC y calcule cuantos programas usa ilegalmente. Vaya al trabajo de su papá, salúdelo afectuosamente, abrácelo y con la otra mano muévale el mouse hasta mirar la licencia del Outlook.
De repente se gana unas buenas lucas apoyando una buena causa que permitirá que no mueran estas empresas que día a día pierden tanto dinero por estos malhechores. No sea cosa que algunos de ellos empiecen a hacer BUENOS PROGRAMAS.
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